Tributar poco, contaminar mucho

 

Las actuaciones de la Policía Federal en noviembre de 2015 acreditaron que el curso del rio Paraná frente a la empresa Siderar-Planta General Savio se encuentra contaminado con metales pesados por encima de los parámetros legales. Las muestras fueron tomadas por los funcionarios policiales con la colaboración de la Prefectura, en cercanía de las bocas de vuelco de la planta que la trasnacional italiana Techint tiene en el partido de Ramallo. Es la misma empresa que realizó una presentación judicial objetando la tasa por inspección en seguridad e higiene que le cobra la Municipalidad. Techint —liderada por Paolo Rocca— pretende pagar poco aun cuando contamina mucho.

Las muestras del río Paraná fueron tomadas y ordenadas por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). “Más allá de que sea de 2015, que pueda parecer algo lejano, que ya pasó, todo lo que es contaminación con metales pesados es contaminación persistente, bioacumulable, no se va del suelo o el agua contaminada salvo que se someta a un tratamiento. Con el agravante de que tanto en el río Paraná como en el agua subterránea, a diferencia de lo que puede suceder en el suelo, esa contaminación se dispersa”, señala el abogado con experiencia en derecho ambiental Fabián Maggi. La intervención de la UFIMA se produjo luego de que organizaciones ambientales realizaran la denuncia.

Sobre el río Paraná se identificaron tres sitios de extracción y sobre el Arroyo Ramallo uno. Para el caso del río Paraná, todas las muestras fueron extraídas a la rivera lindante a la firma Siderar, y en cuanto a la toma de muestras, por cuestiones de seguridad no se pudo obtener directamente del vuelco ya que en el lecho del cuerpo de agua mencionado hay restos de hormigón con hierros retorcidos, lingas de acero, etc. Por eso las extracciones fueron realizadas cerca del punto de vuelco, aguas arriba y aguas abajo y en el arroyo Ramallo, sobre un efluente que provenía de una cámara de hormigón ubicada en el interior de la costa.

 

 

 

 

De la muestra surge que las determinaciones de metales pesados analizados, tales como níquel, cobre, plomo y cromo total, se hallan en concentraciones superiores a las normadas para la protección de la vida acuática constituyendo una grave amenaza para la diversidad biológica existente. También se indica que eal plomo se encuentra fuera del rango establecido por la resolución 336/03 de la Autoridad del Agua (ADA).

 

 

 

 

En términos de calidad del agua, los resultados de las determinaciones analíticas de metales (Níquel, Cobre, Plomo y Cromo Total), demuestran que el curso del río Paraná no cumple con las características mínimas necesarias para la protección de la vida acuática, según lo dispone el decreto reglamentario de la ley de residuos peligrosos a nivel nacional. Las descargas de agua y vertidos industriales están alterando la calidad del Paraná, logrando un deterioro progresivo y haciendo que esto pueda convertirse en un problema ambiental a corto plazo, cuando el impacto negativo haga que se quebrante aún más el ecosistema acuático. Si esto ocurre, será muy difícil retomar el sistema hacia el estado de origen con mayor riqueza biótica y de funcionamiento. También se destaca que la prueba inequívoca que lo antecede es el alarmante grado de deterioro en que se encuentran la mayoría de los arroyos y cursos de agua superficiales que atraviesan zonas pobladas. Ejemplo: el caso Matanza-Riachuelo.

El 6 de junio, cuando la Corte de Justicia de la Nación convocó a una audiencia en la que se debatió la autonomía de los municipios para establecer el valor de las tasas, el intendente Fernando Gray del partido de Esteban Echeverría expuso y señaló que estando intimado por la Corte para sanear el Matanza-Riachuelo por la contaminación ambiental por parte de las empresas, “quien está a cargo en la primera línea de la frontera, en el primer escalón, para sanear ese Riachuelo es el distrito Esteban Echeverría y todos los distritos que estamos en la cuenca. Acá vinieron muchos funcionarios de orden nacional y provincial con muchas ideas, nos dejaron con esos cuerpos de inspectores que iba pagar Nación, con los vehículos, y esos cuerpos de inspectores para sanear esa actividad industrial los financia hoy el municipio de Estaban Echeverría”, indicó. Gray se refirió también a los números concretos: “Recaudo por seguridad e higiene 415.000.000 y la agencia de medioambiente invierte 441.000.000. Más del 70% de la inversión en mi distrito es relativa al saneamiento del Matanza- Riachuelo”.

Siderar le objeta al Municipio el costo de la tasa por inspección en seguridad e higiene, pero al mismo tiempo su empresa impacta terriblemente sobre el ambiente. Ese costo no lo ha calculado la empresa de Rocca, que contamina el Paraná perjudicando el Ramallo turístico que desde hace años el partido explota y ofrece. “La enorme contaminación atmosférica que genera Siderar debe ser tenida en cuenta, porque no es solamente el agua y el suelo sino la atmósfera. Es habitual dirigir la mirada a la planta y ver las chimeneas tirando material particulado que tiene contenido contaminante de metales pesados sumamente nocivo, y el de Siderar lo es: por su contenido y su magnitud”, señala Fabián Maggi. “Es falta de inversión de los efluentes gaseosos, al igual que lo que ocurre con el agua y suelo”, describe el abogado. “Hay una deuda importante de la empresa. Se puede asegurar sin lugar a error que Siderar debe una cuantiosa indemnización sustitutiva por daño ambiental establecida por ley 25.675 (Ley General de Medio Ambiente). Para que esa indemnización sea una deuda exigible en términos legales hace falta el dictado de una sentencia judicial, pero Siderar debería ser sometida por el Poder Judicial a pagar esa indemnización. Lejos de estar pidiendo una rebaja de sus tributos, tendría que estar pagando la indemnización que le debe al Estado”.

Una familia que hace más de treinta años vive a orillas del Paraná —en el Cuartel V del partido de Ramallo— presentó una denuncia para que se investigue el posible delito de atentado a la salud pública. Su campo linda con el de la empresa Siderar, y dado que en  el mes de mayo tomaron conocimiento de la existencia de documentos públicos que muestran que Siderar contaminó con metales pesados el agua subterránea y el curso del río Paraná en inmediaciones de su vivienda, creen que puede ser la causa de enfermedades que padece su grupo familiar. Incluso sospechan que haya sido causa del fallecimiento de su hijo, en febrero de 2015. La familia vivió históricamente de la pesca artesanal hasta el año 2017 al pie de la barranca, pero luego de la grave contaminación se trasladaron a otro sector de su parcela alejado del río y de la empresa denunciada. La provisión de agua potable la realizaban mediante una perforación que llegaba a la napa subterránea, que debieron abandonar porque presumen está contaminada. La familia se servía del agua subterránea que Siderar contaminó dentro de su predio. Por la dinámica de traslación de esas napas, es probable que se haya contaminado el agua subterránea del predio donde viven y que utilizaban para consumo.

La denuncia señala también que Siderar contaminó el suelo y el agua linderos a sus viviendas, tal como constató el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), mediante en 2013. Esa autoridad de aplicación resolvió la clausura parcial de un sector donde se almacenaban residuos peligrosos varios, transformadores con PCB en desuso y dos cisternas que contuvieron PCB. Ese almacenamiento irregular se efectuaba sobre terreno natural y a la intemperie. El material tóxico estaba a cielo abierto y sin ningún tipo de contención, expuesto a la lluvia y vientos, generando emanaciones gaseosas. Se constataron distintas corrientes de desechos en esa zona de 1000 metros de superficie. Luego de la actuación y clausura del OPDS, Siderar envió ese PCB en buques a Francia para ser tratado.

Para el abogado, “el problema fundamental es el deseo de maximizar ganancia por parte de las empresas. Los balances de Techint revelan sus millonarias ganancias, por lo tanto fondos para realizar las obras hay. Pero no las invierten, las retiran como ganancia. Sobre eso debería trabajar el Estado fuertemente, obligarla a que realice las obras”, señala Fabián Maggi y concluye: “Si ellos construyeran las retenciones necesarias para que los líquidos no vayan de manera descontrolada sobre el río y en los puntos de vuelcos tuvieran infraestructura de depuración, el impacto sería muchísimo menor”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí