La restauración

 

El procurador interino Eduardo Casal firmó la semana pasada la resolución que designa a Sebastián Basso como el fiscal dedicado exclusivamente a la investigación del atentado de la AMIA-DAIA. Basso, que es sobrino de una de las juezas que participó del encubrimiento del ataque, debutó faltando a una audiencia que se realizó en los tribunales de Comodoro Py. Mientras tanto en la Unidad Fiscal (UFI) AMIA, gana terreno el equipo que había acompañado a Alberto Nisman.

La decisión de Casal impacta directamente sobre la modalidad de trabajo que se había inaugurado tras la muerte de Nisman. En ese entonces, la procuradora Alejandra Gils Carbó había decidido que la investigación del mayor atentado terrorista de la historia argentina no iba a quedar en manos de una única persona y había designado a un triunvirato de fiscales para hacerlo.

 

 

 

La unificación

La resolución 217/19 reconoce que de esa estructura quedó poco y nada. Dice que los fiscales Roberto Salum y Santiago Eyherabide dejaron de prestar funciones diarias en la UFI AMIA y los mantiene asignados al segundo juicio contra Carlos Telleldín –acusado de haber proporcionado la camioneta que supuestamente se usó en el atentado—, y agrega que únicamente estará Basso abocado a las tareas de la Unidad.

Del triunvirato de fiscales que había designado Gils Carbó en febrero de 2015, sólo permanecía Salum, que se hizo cargo del juicio de encubrimiento y presentó las apelaciones a la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en los últimos días. Antes habían partido Patricio Sabadini y Sabrina Namer, cuando se habilitó el tribunal oral por el que había concursado.

En su reemplazo llegaron Leonardo Filippini y Eyherabide. Filippini estuvo en la UFI AMIA hasta el año pasado, cuando Casal lo desplazó –sin muchas explicaciones— para asignarle otras tareas. Eyherabide y Salum venían pidiendo volver a sus fiscalías: Salum en Santa Fe y su colega en Azul y Tandil.

Durante esa etapa, hubo importantes avances en el relevamiento de documentación e incluso en la identificación – 22 años después – de la víctima 85, Augusto Daniel Jesús.

 

 

La exclusividad

Basso llegó oficialmente a la UFI AMIA el 29 de noviembre último. Según la resolución, venía a colaborar con Salum y Eyherabide. Pero hacia el interior de la Unidad se sabía que llegaba para hacerse cargo.

El dato saliente es que Basso es el sobrino de la ex camarista Luisa Riva Aramayo, una de las patas centrales del encubrimiento del atentado – como dejó acreditado el TOF 2 en su sentencia de este año. La Piru era quien visitaba a Telleldín mientras estaba preso. Esas visitas que eran informadas al juez de la causa, Juan José Galeano, fueron la base para que Telleldín modificara su declaración e implicara a un grupo de policías bonaerenses. En compensación recibió 400.000 dólares que salieron de los fondos reservados de la SIDE.

Basso no esconde su relación con la Piru. Dice que es prima de su madre y que él no hablaba en ese entonces de la causa con ella. La jueza, que llegó a presidenta de la Cámara Federal, falleció en 2002.

Hay quienes recuerdan que Basso dijo al llegar a la UFI AMIA que ya había conversado en la Procuración que no iba a hacerse cargo de ninguna causa que tocara al encubrimiento para que no lo recusaran por su relación con Riva Aramayo. ¿Cómo se traduce eso? Que no intervendría en la etapa de apelaciones del juicio que terminó este año ni en la causa que aun tramita ante el juzgado de Sebastián Ramos. Tampoco podría tener participación en el juicio que se sigue contra Telleldín, porque también se pondría a tiro de recusación.

 

 

El equipo Nisman

En sus primeros meses en la UFI AMIA, Basso viajó a Estados Unidos a tomar una declaración. Después de eso, se reinstaló la pista sobre Samuel Salman El Reda, un supuesto miembro del Hezbollah a quien le atribuyen haber operado como el nexo entre los agentes locales que intervinieron en el atentado y los que habrían reportado en la Triple Frontera. Esa línea fue parte de la agenda de Argentina y de los Estados Unidos al cumplirse los 25 años del atentado.

Basso se reunió solamente con un sector de los querellantes, como relató el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum. Durante su discurso del 18 de julio, Eichbaum reclamó una dedicación full-time para Basso. Casal tomó nota y lo oficializó la semana pasada. A partir de esta semana, Basso dejará su fiscalía en Morón y lo reemplazará el fiscal federal de Hurlingham, Santiago Marquevich.

El resto de los querellantes no tuvo la misma suerte. Diana Wassner, de Memoria Activa, se acercó hasta la oficina de la UFI AMIA a reclamar una documentación, pero la que terminó siendo objeto de reclamos fue ella, cuando el secretario Sebastián Ferrante le hizo saber su enojo por las críticas que la agrupación dispensaba a Nisman y a su equipo. Ferrante había sido el coordinador de la UFI mientras Nisman estaba a cargo y fue recuperando terreno cuando el triunvirato se fue. Wassner le anticipó que iban a impugnar la designación de Basso.

“Es un bochorno que Casal lo haya designado. Nosotros queremos fiscales probos que trabajen”, dijo.

 

 

 

 

Mientras tanto en la causa AMIA…

El miércoles se hizo una audiencia en Casación para determinar si se separa del juicio de encubrimiento al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy. Sus abogados alegan que no está –en realidad, estuvo– en condiciones de afrontar el juicio y piden que lo retiren. Aunque el juicio terminó, es válido que insistan con el reclamo porque la sentencia no está firme.

La sala del primer piso de los tribunales de Comodoro Py estaba prácticamente desierta, más allá de los jueces, una secretaria, el abogado de Anzorreguy y dos abogados querellantes. La secretaria notó que se había convocado al fiscal Raúl Pleé, pero que no se encontraba en la sala. Tampoco había asistido en su reemplazo alguien de la UFI AMIA. Para Diana Wassner, fue un vívido recuerdo de cuando llenaba de mails la casilla de Nisman para que fuera a las audiencias.

Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, protestó porque la táctica de la defensa del ex jefe de la SIDE menemista es sacarlo del juicio de la AMIA usando estudios médicos de otra causa, la de los sobresueldos que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos.

Casación tiene que resolver qué hace con Anzorreguy, y mientras tanto ya recibió los recursos para que revise la sentencia del TOF 2.

El fiscal Salum pidió que se revisen las absoluciones del ex Presidente Carlos Menem, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, del abogado Víctor Stinfale, y que revean las penas que recibieron los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia. Memoria Activa también reclamó que dejen sin efecto la absolución del ex comisario Jorge “Fino” Palacios.

 

 

Terrorismo

El año pasado, en la víspera del 24 aniversario del atentado de la AMIA, Casal creó una Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo (SAIT). La secretaría quedó en manos de un funcionario de su confianza, Juan Manuel Olima, y la puso bajo la órbita de la Procuración Fiscal Penal ante la Corte Suprema. En otras palabras, bajo su propia ala porque Casal es el procurador ante la Corte que atiende cuestiones penales.

En la resolución de creación, Casal explicó que la secretaría debía funcionar allí porque era la instancia que atiende en los dos casos de atentados terroristas en el país, el de la AMIA –de 1994– y en el de la embajada de Israel, que tramita directamente ante el máximo tribunal.

En el último año, la SAIT no encontró demasiados casos en los que intervenir ni que justifiquen su existencia. Tal es el caso que el 14 de agosto Casal envió una instrucción a los fiscales para que remitan información sobre causas de interés para la Secretaría de Olima.

Muchas veces las estructuras estatales no surgen para atender una urgencia, sino para mandar un mensaje. Ese parece ser el caso de la SAIT, que sigue buscando su razón de ser.

 

 

 

 

 

 

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