Arde Chubut

 

Sus grandes ingresos provenientes del petróleo no alcanzan para equilibrar las cuentas, y la disputa entre el Estado provincial y los gremios está al rojo vivo. El lunes 26 se llevaron a cabo asambleas en diferentes ciudades chubutenses, que votaron endurecer las medidas de fuerza. Decidieron cortar las rutas hacia Comodoro Rivadavia y yacimientos petroleros.

El conflicto de los estatales ya provocó la segunda renuncia en el equipo del gobernador Mariano Arcioni, sucesor del histórico del peronismo federal, el fallecido Mario Das Neves. Se fueron el ministro de Educación, Leonardo De Bella (recordó la muerte del docente Fuentealba como destino del conflicto) y el ministro de Salud, Adrián Pizzi. El automóvil del jefe de gabinete de Chubut había sido baleado la semana pasada. Se conocieron conatos de violencia en varias localidades y sitios de la provincia, con la firmeza de los estatales como telón de fondo. Arcioni es uno de los 11 gobernadores que se presentaron ante la Corte Suprema en rechazo de las decisiones del gobierno nacional por el IVA y el precio de los combustibles. Lejos de la solución y con la asistencia de la Nación en fuga, todo lo que puede esperarse de una provincia en quiebra es aún peor que lo presente.

Parte de la historia de los petroleros es Daniel Ruiz (a) Comodoro, preso político en la cárcel común de Marcos Paz, quien relató distintas luchas en las que le tocó estar con los Dragoneros, desde la pueblada del 2004. “Soy un agradecido por haber tenido la posibilidad de estar en tantas huelgas, en tantas luchas. Pero –nos dijo, serio y con los ojos brillantes– cambio todo aquello, por haber vivido los hechos de diciembre de 2017. Porque si estos no pudieron arrasar a la clase trabajadora de todo el país fue porque en aquellos dos días les paramos los pies”. Los ecos de la resistencia a la represión en la Plaza Congreso en la lucha por la reforma previsional aún resuenan en la realidad actual.

 

 

 

“UIA y CGT ya negocian en secreto un bono salarial para mitigar la devaluación. Reunión de urgencia con evocación al Diálogo Argentino de 2001”. Mariano Martín contó en Ámbito Financiero que el adjunto de la CGT Andrés Rodríguez (UPCN) llamó a “no hacer paros”. Por su parte, Mauricio Macri afirmó que el impuesto a las ganancias “es el más justo que hay”, cuando hace cuatro años hablaba de derogarlo para ganar las elecciones. Un sindicalista dispuesto a negociar todo, incluido el pase a planta permanente de los actuales funcionarios políticos del elenco macrista, y un Presidente enajenado de la realidad haciendo campaña con su imaginación. El pacto que firmaron UPCN y el Gobierno pretende garantizar la estabilidad laboral de 2.500 empleados puestos “a dedo” por el macrismo, y la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) acusó a Rodríguez de empujar a los empleados públicos por debajo de la línea de pobreza. Desde AGAE condenaron la “búsqueda de perpetuidad de los funcionarios del PRO en la función pública”.

Una nueva refriega se sumó a la larga lista de enfrentamientos en la UOCRA de Gerardo Martínez, que parecen confirmar ante la sociedad una imagen de sindicalistas violentos con graves incidentes en los que en varios casos se registraron muertos. Esa violencia no refleja para nada la vida de los sufridos trabajadores de uno de los gremios más explotados y oprimidos, que dependen de la renovación permanente de su conchabo en manos de las mafias sindicales. Tiroteos y corridas en la YPF de Ensenada entre bandas rivales de la UOCRA La Plata buscaron zanjar una interna que decide el destino laboral de los contratados por AESA, una tercerizada que funciona dentro de la destilería. Participaron barrabravas de la intervención en manos del rosarino Carlos Vergara, y unos 50 atacantes comandados por el nieto del “Pata” Medina (ex hombre fuerte del gremio, preso desde 2017), que se enfrentaron con la excusa de una mala liquidación de sueldos y el trasfondo de una lucha entre burócratas enriquecidos ilegalmente.

Los ataques continuados a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes van constituyendo un régimen de indeseada normalidad. Detuvieron en Córdoba al secretario general de la CGT Rodríguez Peña y secretario general del SURBAC, Mauricio Saillén, provocando una inmediata reacción solidaria de los sindicatos cordobeses: “Los hechos ocurridos hoy en Córdoba no son aislados, no son casuales y atentan contra el funcionamiento de las instituciones y la independencia de los poderes del Estado. La Policía de la Provincia, la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria realizaron un despliegue de fuerzas absolutamente desmesurado para lo que supuestamente pretendían realizar, como el ingreso al domicilio de Mauricio Saillén destruyendo la puerta de ingreso a pesar de contar con la colaboración manifiesta y la llave para entrar. Esto nos recuerda a los más oscuros años de la dictadura terrorista. (…) Solicitamos se garantice el accionar de la Justicia sin que ninguna interferencia se produzca, alterando el normal desarrollo de los hechos. Solicitamos la inmediata liberación de los compañeros y que la justicia se encargue de demostrar la falsedad de las acusaciones que han generado estos hechos. (…) Como CGT nos declaramos en estado de alerta y movilización en respaldo a los compañeros”. Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza y adjunto de la CGT, rubricó el comunicado.

La Intersindical de Derechos Humanos junto a los Organismos y a los familiares de los presos políticos llevó a cabo un acto en el estadio de Ferrocarril Oeste por la libertad de los presos políticos. El fervor y el entusiasmo del encuentro se vinculan al reclamo de que el derrumbe del macrismo conduzca a la revisión de las aberraciones judiciales que se tradujeron en el armado de causas por parte de fiscales, jueces, servicios de inteligencia y periodistas. La causa de Dolores avanza en la misma medida en que se derrumban las armadas en Comodoro Py. La presencia de la Intersindical en la convocatoria rescata las viejas tradiciones del movimiento obrero en la lucha por la libertad de los presos políticos durante las sucesivas dictaduras militares y gobiernos civiles que implementaron planes de excepción para reprimir las protestas.

El Espacio de Trabajadores de Zona Norte, con la adhesión la Coordinadora de Organizaciones en Lucha de la Zona Sur, realizó una reunión abierta para debatir acciones y rechazar la persecución en diversos sectores de trabajadores y reclamó por la absolución de los cinco compañeros de la Línea 60 que van a juicio por el conflicto de 42 días del año 2015. Hay seis compañeros más procesados, entre ellos tres delegados. Denunciaron la prisión domiciliaria de los compañeros de la Línea Este de La Plata, así como la persecución contra trabajadores, delegados y activistas de los más diversos sectores, privados y públicos, y reclamaron contra los juicios por desafuero contra delegados y dirigentes (Línea 60, Fate, Frigorífico Rioplatense, Tandanor, entre otros). El pedido incluye el retiro de sumarios contra cientos de docentes en la Provincia de Buenos Aires, por defender la educación pública.

En Ensenada el intendente Mario Secco presidió la inauguración de un Sitio de Memoria en la puerta de acceso a la siderúrgica Propulsora, del grupo Techint, cómplice de la desaparición de varios trabajadores de la firma. La alocución de Alejandra Esponda, hija de uno de los recordados trabajadores desaparecidos, Carlos Esponda, y además antropóloga e investigadora del Programa de Estudios del Trabajo de FLACSO y de la UNAJ, dedicada a estudiar la corresponsabilidad empresaria en los crímenes de la dictadura, sirvió de nexo entre aquel pasado tenebroso y este presente signado por la incertidumbre y la esperanza con la presencia de familiares y ex compañeros de las víctimas. Sus palabras recuperaron con emoción las luchas de aquellos obreros de principios del '70, sus reclamos y su resistencia. Los relatos de los sobrevivientes recrearon aquella historia. Abrió el acto el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad local. El cierre estuvo a cargo del Intendente Secco, quien reafirmó la línea de reivindicación de la memoria, la decisión de las autoridades de señalar una empresa privada aprovechando lugares públicos, y su compromiso de seguir haciéndolo en todos los sitios donde fueron secuestrados y asesinados los jóvenes militantes de aquella época.

 

 

 

 

La apertura del candado de la planta tras 23 días de lucha de los trabajadores de la fábrica de baterías Ran-Bat junto a quienes les brindaron la solidaridad, familiares y amigos, convirtió el reingreso al trabajo en un momento emocionante y serenamente triunfal. Son compañeros que incluyen a los contratados ahora efectivizados, tras una lucha que incluyó el corte del puente Pueyrredón y la ocupación del edificio para preservar la maquinaria.

 

Secuelas

Los más antiguos tienen secuelas físicas de discapacidad progresiva por el trabajo insalubre con plomo, ácidos y óxidos. Tras dar resultado positivo de plomo en sangre en los empleados, la empresa se comprometió a tomar las medidas de seguridad e higiene correspondientes, que estarán supervisadas por el Ministerio de Trabajo local. En un comunicado brindaron un mensaje para todos los trabajadores de que “uniéndose se puede ganar”. Donarán la existencia de alimentos de su olla popular y piden que se donen a otros conflictos los aportes que iban a llevarles. En la otra cara de la realidad, Motomel comunicó 60 despidos en su planta de San Nicolás y José Listo, de los textiles, denunció el cierre de la empresa Coteminas Argentina en Santiago del Estero con 200 despidos. Listo señaló que “con estos despidos le puso punto final a la producción de sábanas, afectada por el bajo consumo y las importaciones”. Denunció que “tuvimos que cerrar la delegación de La Pampa, porque la liquidación de la empresa Alpargatas en esa provincia dejó a la AOT sin afiliados”. El costado bizarro de esa desgracia es que Miguel Ángel Fosatti, dueño de John Foos, dijo que “comprará la fábrica de Santa Rosa si el Presidente Mauricio Macri no es reelecto”.

La zona del Congreso, el Obelisco y la 9 de Julio fue copada por oleadas de manifestantes de las organizaciones sociales que marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo Social reclamando una urgente declaración de la Emergencia Social que debe traducirse en aumento a los planes sociales, jubilaciones, asignaciones de partidas a los comedores populares y AUH. La enorme convocatoria fue calculada en más de 200.000 personas. La crisis va tomando dimensiones de catástrofe social y los movimientos sociales buscan contener desbordes para evitar saqueos y las consiguientes secuelas de violencia y muerte que conlleva la represión a los desesperados. Un gobierno paralizado y en modo campaña electoral no atina a dar ninguna respuesta. Tres meses de espera es un breve lapso en términos institucionales, pero es una eternidad cuando se trata de mayores y niños que no tienen para comer. Durante la marcha, Roberto Baradel se refirió al gobierno de Macri: “Algunos dicen que fracasó, yo creo que fue exitoso con el sector que representa”. El secretario general de Suteba dialogó con Radio Perfil durante la marcha de organizaciones sociales en el centro porteño. “El 7 de septiembre el Gobierno debería arrancar con la campaña, ahora tendría que estar gobernando y hacerse cargo de la crisis que generó; es una gran irresponsabilidad del Presidente Macri”, dijo. Además agregó que el resultado de octubre “es prácticamente irreversible”.

 

 

 

 

El caos de la ciudad se vio acrecentado por el apuro de los pasajeros del Subte por hacer todo antes de las nueve de la noche del jueves. A esa hora se paralizaron los trenes por decisión gremial de los Metrodelegados, ante la reticencia de Metrovías y SBASE por garantizar la seguridad del personal amenazado por grafiteros que irrumpen violentamente por las noches y la situación escandalosa del funcionamiento de algunas líneas como la E, con tres estaciones cuyos túneles fueron finalizados por el gobierno de Néstor y Cristina y, tras dormir al compás del Metrobus, fueron alistadas e inauguradas con velocidad electoral pero sin boleteros para atender al pasaje, lo que viene generando ataques contra los trabajadores del subte cuando la frecuencia se estira.

 

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