Hace bastante menos de una década, discutíamos con las compañeras de la Red de Trabajadoras de la Internacional de la Educación para América Latina las estrategias para lograr que la agenda de género fuera reconocida como un aspecto central de la política de nuestros sindicatos. Pergeñamos entonces lo que llamábamos el “argumento sindical”, esto es, el razonamiento que podía permitir a compañeros y compañeras comprender que una organización que se propusiera representar a un sector de la clase trabajadora, bregar por la dignidad de sus condiciones laborales, y luchar por los derechos humanos, la igualdad y la justicia social, no podía desconocer el modo en que, en la sociedad contemporánea, el patriarcado provee condiciones para la reproducción del capital perpetuando la subordinación de las mujeres y de las diversas formas de la disidencia sexo-genérica. Comprendíamos entonces, y queríamos hacer evidente, que echar luz sobre la situación diferencial de las trabajadoras docentes universitarias permitía, además, visibilizar las perversas y sutiles formas de la precarización laboral y la violencia que afectan incluso a una proporción significativa de varones en las aparentemente insospechables y meritocráticas instituciones académicas. Y nos proponíamos mostrar que de la capacidad de las organizaciones sindicales para iluminar esa zona en la que no reinan las luces de la razón, sino la imposición de un poder que se sustenta en el abuso, el destrato, el despojo, y la negación de sus propias condiciones de posibilidad (las violencias ocultas en el origen de la acumulación del capital simbólico, pero también material, que constituye la base del poder académico) dependía –depende– finalmente, el alcance de su representatividad y su capacidad para reconocer, afrontar y resolver los problemas reales de su base.
Hace bastante menos de una década, el “argumento sindical” que estábamos ensayando nos condujo a volver esa luz de la crítica, que de pronto pudimos llamar feminismo, sobre nuestras propias organizaciones, para decir que no es posible luchar por la igualdad y la justicia social si la trama de relaciones que organizan nuestra acción colectiva reproduce las injusticias y exclusiones que queremos combatir. Que necesitamos organizaciones igualitarias y libres de violencias para poder dar esta batalla. Es posible que por estos días algo de este proceso resulte obvio, casi previsible. Sin embargo, la revisión de esta breve historia permite dimensionar la inmensa transformación cultural que, al mismo tiempo, nos atraviesa y nos tiene como protagonistas, en el vértigo de un tiempo en el que nuestro propio lenguaje se torna incómodo y obsoleto tan velozmente como para que parte de nuestro esfuerzo intelectual colectivo se concentre en resolver cómo decir lo que queremos decir, cómo estar seguras de nombrar lo que queremos (o a quienes queremos) nombrar, cómo no excluir a quienes queremos abrazar, y cómo lograr que sea muy claro qué es lo que no toleramos más.
En el año 2017 nuestra CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras (como ya no dejaremos de llamarla) produjo un hecho significativo, inaugural, cuyos alcances desbordan los mansos límites que un “compromiso” podía anunciar. Se hizo pública la determinación de “construir organizaciones sindicales libres de violencia”, y se planteó la tarea de elaborar una serie de protocolos de actuación para prevenirla, erradicarla y, si fuera necesario, sancionarla. Vista retrospectivamente, aquella decisión, impulsada por nuestra Secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades, representó un punto de inflexión en una larga historia en la que la impaciencia nunca estuvo reñida con una sabia capacidad de construir, acompañar, acumular fuerza y sumar comprensión y voluntades que, a la postre, demostró su potencia para dilatar el horizonte de posibilidades hasta lograr algo que vale la pena calibrar en su justa medida: que organizaciones aparentemente refractarias a la reflexión crítica y al cambio como se suele suponer son los sindicatos, comiencen a asumir la necesidad de abrir paso a un proceso profundamente transformador de sus propias estructuras y de la cultura que las habita.
En esa misma senda, y como parte de esa misma trayectoria colectiva que llamamos “marea verde” –que potenció una larga y aún insuficientemente reconocida batalla que en las organizaciones sindicales se inscribe en innumerables gestos que desafían las liturgias del patriarcado sedimentado en las prácticas cotidianas de quienes nos reconocemos como compañeres de lucha y, por eso, nos pensamos iguales– CONADU asumió su propio compromiso de elaborar los instrumentos necesarios para lidiar con la violencia de género en el ámbito laboral y en la organización. El lunes 26 de agosto su Plenario de Secretaries Generales aprobó por unanimidad el “Protocolo de prevención, intervención y acción ante situaciones de discriminación, acoso y violencia por razones de género contra mujeres y personas LGBT+ que involucren a sus integrantes”, esto es, la institucionalización de una política y el establecimiento de un dispositivo para abordar esta problemática al interior de la Federación, en todos sus niveles y contemplando todas las formas de vinculación y presencia de las personas en ella, sean afiliades, dirigentes, o empleades. Esta resolución constituye un hecho político de enorme relevancia, y pretende no sólo brindar a la organización y sus integrantes un instrumento concreto para reconocer, afrontar y resolver las situaciones que se presenten en su propia dinámica, contribuyendo, como señala el documento “a una transformación cultural antipatriarcal en las organizaciones sindicales”, sino también operar como un estímulo para que las asociaciones de base que la componen, con actuación en casi la totalidad de las Universidades Nacionales, desarrollen sus propios recursos e impulsen los debates y acciones que esta apuesta exige promover en todas las instancias de la construcción sindical.
La adaptación del Protocolo ha sido resultado del trabajo del Colectivo de Mujeres de CONADU. Compañeras de la conducción nacional y representantes de sindicatos de base de todo el país participamos de una dinámica horizontal, intensa y creativa de producción colectiva de conocimiento, que involucra en sí misma una dimensión política, y que de algún modo está hablando de lo nuevo que trae a las organizaciones esta apertura. Pero que también podría hablarle a la Universidad, crecientemente capturada por una concepción de la investigación que margina las prácticas colaborativas, y que apenas logra reconocer como una tarea legítima y necesaria la sistematización y conceptualización de las experiencias y estrategias de resistencia, innovación y organización que nuestra sociedad genera permanentemente.
Esta es, sin dudas, una de esas experiencias: la del movimiento sindical conmovido por una militancia que avanza en sus reivindicaciones proponiendo nuevas claves para entender la identidad, la lucha y la organización de la clase trabajadora. Un avance vertiginoso, que exige una y otra vez volver a ser pensado y nombrado, que reclama audacia e inventiva, que requiere definiciones concretas para dejar su marca en lugares que probablemente deban volver a ser definidos… porque no deja de moverse y conmoverlo todo. Porque ya debería estar claro que lo decimos en serio, que no era una fantasía, ni es una amenaza: ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven.
Aquí podés encontrar el Protocolo completo.
* Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU
--------------------------------Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí