El Señor de las escuchas

 

Esta semana volvieron a la agenda las escuchas. El padre del juez Alejo Ramos Padilla se presentó a título personal en el juzgado de Claudio Bonadío porque supo que era investigado en la causa del supuesto complot contra los Cuadernos, urdida con escuchas ilegales a detenidos del kirchnerismo en Ezeiza. Juan Ramos Padilla pidió declarar, la nulidad de la causa y la recusación del juez. Le imputa a Bonadío ser juez y parte de un supuesto daño contra sí mismo. Y un boicot a la investigación de Dolores en la que es uno de los imputados.

La presentación dice que aquellos que aparecen involucrados en un proceso penal que se tramita en Dolores buscan impunidad con mecanismos ilícitos, sus relaciones con la Agencia Federal de Inteligencia y abuso de sus funciones. Es así.

La causa conocida como Operativo Puf muestra el uso de los mismos métodos que comienzan a verse como práctica sistemática desde Dolores. Aquí aparece el uso del espionaje político y el blanqueo de esa información a través de la construcción de una prueba en base de anónimos. Hay un juez que usa la plataforma de la causa de los cuadernos para pedir escuchas con las que alimenta la prueba de otra causa. Hay sólo tres días de filtración que se conocieron de un total de 40 días que aún posee en su despacho. Por último, también existe un sofisticado uso del forum shopping que lo puso a la cabeza de este expediente con el aval del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

 

Una mano de la AFI

Este Cohete dio cuenta en el mes de mayo que la primera filtración de las escuchas salió de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI. Así surge de las huellas que dejan los papeles de la burocracia del Estado.

Las filtraciones comenzaron en paralelo al escándalo de Marcelo D'Alessio, el 8 de febrero de 2019, cuando el director de esta nave publicó la primera noticia. Eran filtraciones de conversaciones del 1, 2 y 3 de febrero. En ese momento, la oficina de escuchas de la Corte llamada Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) abrió un expediente administrativo a modo de bitácora para no repetir la experiencia de 2018 con la filtración de Cristina Fernández. Los documentos describen el camino legal de audios ordenados originalmente en una causa de narcotráfico del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. La intervención de teléfonos públicos comenzó en 2017 en el Pabellón A del Módulo 6 y el 21 de septiembre de 2018 se amplió al Pabellón D, donde estaban los detenidos de los cuadernos desde el 21 de agosto.

De acuerdo al expediente, entre el 4 y 8 de febrero el único organismo que tuvo las escuchas fue la AFI. La oficina de escuchas se las mandó el día 4, como solía hacerlo, por disposición del juzgado de Federico Villena. Villena recibió las desgrabaciones y los audios, el 8 de febrero. La filtración había comenzado esa mañana temprano en el despacho de Stornelli.

 

Los nervios de Carrió

El viernes 8 de febrero, el problema de Comodoro Py no era D'Alessio sino la mancha venenosa que golpeó sobre todo a Stornelli. Dicen que ese día el fiscal estaba muerto de miedo. Poco después volcó en una denuncia el contenido de un anónimo con la información que tenía la AFI.

Presentó la denuncia al mediodía. Se hizo el sorteo. Pero el resultado le generó un problema. Cayó en el juzgado de Luis Rodríguez con quien llevaba tiempo enfrentado por el expediente del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Uno quería llevárselo a Cuadernos. Otro, no. Ganó Stornelli. Pidió que lo aparten, se llevó la causa al juzgado de Bonadío donde obtuvo una denuncia por sobornos de la viuda de Muñoz que dejó al otro juez al borde del desafuero.

En ese contexto entró en acción Elisa Carrió. Hizo lo que sabía. Presentó un escrito en el Consejo de la Magistratura ese mismo 8 de febrero reactivando una denuncia de noviembre contra Rodríguez. Hizo ruido en la prensa. Y a las cuatro de la tarde mandó a sus adláteres, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, a Comodoro Py con una denuncia de dos partes. Una, igual a la de Stornelli con el guión de la AFI. Y una segunda parte que incluía un párrafo sobre Rodríguez para evitar que la denuncia se acumule en su juzgado.

 

 

 

 

El forum shopping

El fiscal Franco Picardi cerró el acto. Y, como corresponde, mandó la denuncia a sorteo. Dos días después, el lunes 11, el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun garantizó el bloqueo de Rodríguez con una resolución inédita en la que lo apartó expresamente del sorteo:

 

 

 

Esa intervención tuvo dos episodios igual de graves. Uno inmediato y otro reciente. Primero liberó el bolillero de un sorteo que terminó, como en 90 por ciento de los causas contra Cristina Fernández, en el juzgado de Claudio Bonadío. Luego el 21 de agosto. Eduardo Valdés, investigado en el presunto complot, recusó a Bonadío con los mismos argumentos que usó Irurzun contra Rodríguez. Bonadío rechazó. Y luego Irurzun también lo rechazó, con un criterio contrario al adoptado en febrero: dijo que no es suficiente que un juez esté mencionado, o incluso denunciado en una causa para apartarlo.

Rodríguez archivó la denuncia de Stornelli esta semana por inexistencia de pruebas, con dictamen del fiscal Jorge Di Lello. El juego para cambiar los juzgados es una de las razones por la que Juan Ramos Padilla menciona la existencia de forum shopping. No es el único. Ni la única razón. Bonadío comenzó a pedir las escuchas el mismo día de la resolución de Irurzun, posiblemente antes del sorteo, desde el expediente de los Cuadernos. Los movimientos se observan en esa causa durante todos los primeros días. Y eso significa dos cosas: que usó una causa para conseguir prueba de otra. Y dos, que usó los cuadernos porque estaba seguro de que esa causa no la iba a perder. Y él podía quedarse con las escuchas.

 

 

El botín de las escuchas

Los movimientos se ven reflejados en el expediente, frenético desde el 11 de febrero. En un sólo día envió oficio al Servicio Penitenciario Federal, a la oficina de escuchas de la Corte, al juez de Lomas de Zamora, a la AFI. Recibió respuestas y volvió a hacer pedidos. Un mecanismo de presión, para que soltaran las escuchas.

En el primer llamado al SPF de Ezeiza averiguó los números de las líneas del Pabellón D. Luego habló a la oficina de escuchas de la Corte donde le informaron que la línea había sido intervenida por el juez de Lomas de Zamora.

 

 

 

 

Luego escribió al juez de Lomas para solicitar a la mayor brevedad de tiempo posible, copia de las transcripciones de las escuchas realizadas. Y agregó: "Entiendo necesario avanzar con el pedido respecto de la existencia de un accionar ilícito, por parte de los nombrados que tendría por objeto entorpecer la presente investigación".

Luego pidió al SPF una lista de todos los invitados que tuvieron en esos días los presos a los que también enumera. Una pesquisa que a todas luces buscaba legalizar una operación de espionaje sobre otra operación de espionaje, ahora sobre las visitas de los presos.

La búsqueda continuó. El juez de Lomas le dijo que no tenía las transcripciones, como corresponde porque su objeto procesal era otro. También le dijo que quien había intervenido en las transcripciones era la Dirección de Contra Inteligencia de la AFI, quedando autorizado el juez oficiante a requerir a ese organismo la información y el contenido que crea pertinente.

Bonadío firmó un requerimiento a la AFI, con carácter urgente: ahora pedía copia de transcripciones y también de escuchas. El martes 12, la AFI también le dijo lo que corresponde: que no tenía nada porque había entregado todo al juzgado. En ese juego del lobo está, escribió finalmente a la oficina de escuchas de la Corte para pedir las copias. Pero agregó la autorización de Lomas destinada originalmente a la AFI. Así encontró una llave para abrir las escuchas: dijo que contaba con aprobación del juzgado y que eso valía como autorización.

El día 14 de febrero, la oficina de escuchas le autorizó la copia de las desgrabaciones. Otra vez, quien firmó esa autorización fue Martín Irurzun.

 

 

 

 

Bonadío entró en licencia médica y volvió a Comodoro Py el jueves 23 de mayo. Un día después entregó una copia de las escuchas al Consejo de la Magistratura, donde Pablo Tonelli tenía en agenda el pedido  del gobierno de jury a Alejo Ramos Padilla. Eso sucedió un viernes. Se repartieron copias a todos los consejeros. Y con el origen de la filtración de los audios totalmente disuelto, dos días después esos audios se emitieron por primera vez en los programas de Jorge Lanata y de Luis Majul.

 

 

A cuenta gotas

Bonadío delegó la investigación del complot en la fiscal Alejandra Mangano. Con el cúmulo de pruebas, le mandó las grabaciones que ella devolvió sin abrir: eran 40 días, entre el 1° de enero y el 10 de febrero. Mangano tuvo que decirle que sólo mande lo que supuestamente estaba vinculado al complot. Bonadío lo hizo. Pero todavía tiene el resto. 40 días de escuchas en Ezeiza, de las que hasta ahora sólo se conocieron tres y a cuenta gotas. Quedan otros 37. Existe una acordada de la Corte que posiblemente limite su uso en la campaña electoral. Pero ese botín de los diálogos personalísimos confirma las razones por las que Comodoro Py menciona a su juzgado como La Embajada, un territorio gobernado con leyes fuera del Estado. Con las llaves de otra extorsión siempre pendiente.

 

 

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