Ni el uno por ciento de su ganancia

 

La trasnacional italiana Techint recurrió ante el Poder Judicial  objetando la tasa de inspección de seguridad e higiene que le cobra la Municipalidad de Ramallo, donde tiene su planta Siderar. En diálogo con el asesor letrado Rubén Ignacio Zubiete, y el contador Hernán Vazquez de la Municipalidad de Ramallo,  discutimos el tema que debería preocupar también a otros municipios. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ordenó a la jueza María Isabel Fulgheri dictar una medida cautelar. En cambio la jueza dispuso la realización de un peritaje sobre seguridad e higiene a fin de evaluar cuál es el trabajo del Municipio en las inspecciones que realiza periódicamente sobre la planta.

El abogado de la Municipalidad de Ramallo, Rubén Ignacio Zubiete, había citado un fallo de 2016 de la Suprema Corte bonaerense (“Western Union Financial Services Argentina S.R.L, contra la Municipalidad de Merlo”), que niega que  el costo del servicio deba guardar una correlación con el valor de la tasa. El perito que interviene es el ingeniero de Ramallo, Carlos Luciano Bianchi. Hace dos meses Ramallo fue uno de los municipios invitados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una audiencia sobre un caso similar, de Esso con la municipalidad de Quilmes. En esa audiencia expusieron especialistas en el tema a favor del Estado y cámaras patronales a favor de la petrolera.

Para el contador del municipio de Ramallo, Hernán Vazquez, en esa audiencia se precisó que el costo del servicio no tiene que tener relación directa con lo que se paga de tasa y  que el excedente con respecto del costo se entiende como pago por la tarea general del municipio, la generación de un “entorno amigable” para que la empresa decida instalarse allí: mantenimiento de los caminos o accesos a la planta; provisión de combustible para la seguridad; aporte del personal, la especialización, la formación y calificación de esa mano de obra que la empresa emplea; la iluminación, el impacto ambiental que soporta la comunidad. En el caso de Esso, se planteaba qué hubiese pasado si explotaba un tanque de combustible, cómo debería intervenir la Municipalidad, qué medidas preventivas debía promover.

 

 

En la visión empresaria del Estado, el municipio es considerado un mero recaudador que no aplica esos recursos a la prestación de servicios a la comunidad, de salud, educación, mantenimiento de espacios libres, recreación, deporte, cultura. Siderar sostiene que la tasa es confiscatoria de su derecho de propiedad. "No es así", replica el abogado Zubiete. "Para la Suprema Corte una tasa o un tributo es confiscatorio si pasa del tercio de las ganancias de las empresas. En el caso de Siderar lo que se le cobra no llega al 1% de su ganancia dentro de Ramallo".

El contador Vazquez añade que tanto si se analiza el balance de la empresa en dólares o en moneda constante, Siderar está pagando alrededor de un 33% menos de lo que abonaba en diciembre de 2015, que es cuando ellos hacen la presentación judicial. Si entonces la tasa equivalía al 2 ó 3 % de sus ganancias en Ramallo, hoy ese impacto se ha visto reducido producto de las políticas neoliberales de los últimos  cuatro años.

Un punto conflictivo es la ausencia de un balance puntual de la planta de Ramallo, sino balances consolidados. "Ellos operan como unidad estratégica de negocios mediante la cual proveen a otras unidades. Incluso han tenido problemas porque tenían facturaciones desde Alemania. Acá hacen la producción pero venden y  facturan desde otro lado. Se podría calcular que un 70% de su producción se realiza acá en Ramallo porque es la principal planta que tienen en Argentina, pero no es un dato que ellos aporten ni que estén obligados a presentar", sostienen los funcionarios.

Si para Siderar la tasa de seguridad e higiene representa el 1% de sus ganancias, para Ramallo equivale a un 25% de su presupuesto, que se compone un 45% de coparticipación y un 55% de recaudación propia."Si te quitan un cuarto del presupuesto, el municipio es inviable. De sentarse tal jurisprudencia —si la tasa debiera estar en relación con el servicio de seguridad e higiene—, todos los municipios sufrirían el reclamo de todas las empresas". Incluso Joaquín de la Torre, que es ministro de gobierno de María Eugenia Vidal, expuso a favor de los Municipios ante la Corte Suprema, porque si se desfinancian los municipios debe hacerse cargo la provincia".

 

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