El traslado
Avanza el proyecto para sacar la cárcel de Devoto de la Ciudad pese a que es un sitio de memoria
El gobierno avanza en un proyecto para trasladar el penal de Villa Devoto a un nuevo complejo que se está construyendo junto a la unidad penitenciaria de Marcos Paz, y que es financiado por la ciudad de Buenos Aires, ansiosa por deshacerse del último establecimiento carcelario en su territorio. Hay preocupación por lo que vaya a suceder con el edificio de la cárcel, señalizado desde 2012 como sitio de memoria y donde rige una medida de no innovar.
La historia
La cárcel de Devoto —o el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, como se llama desde 2007– tiene casi 100 años. Su primer pabellón se terminó de construir en 1927, según detalla la página web del propio Servicio Penitenciario Federal (SPF). Es probable que no esté en pie para el centenario, de acuerdo con los planes de las autoridades de la Nación y de la Ciudad.
De Devoto salieron los presos y las presas políticas el 25 de mayo de 1973 tras la asunción de Héctor Cámpora. Se volvió un emblema de la represión durante la última dictadura. Lo fue incluso para los 154 presos comunes del Pabellón Séptimo, que el 14 de marzo de 1978 sufrieron el fusilamiento y el fuego que terminó matando a 65 de ellos. Ese hecho se investiga como un delito de lesa humanidad, decisión recientemente confirmada por la Cámara Federal. También fue Devoto una de las cárceles que visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando visitó el país hace 40 años para investigar los crímenes del régimen de facto.
En democracia, la cárcel fue la primera sede del programa UBA XXII para que las personas privadas de su libertad puedan cursar estudios universitarios. Con la mudanza, hay más de 400 estudiantes que no saben si podrán concluir con las carreras que iniciaron en el Centro Universitario de Devoto (CUD).
El acuerdo
En marzo del año pasado, el gobierno de la ciudad firmó un convenio marco con el Ministerio de Justicia y con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para trasladar el penal de Devoto. La iniciativa contempla cuatro etapas: la construcción de un nuevo complejo penitenciario, la desocupación de Devoto y el traslado al nuevo establecimiento, la rezonificación urbanística y la venta del inmueble. La AABE recién tendría intervención en esta última etapa.
El convenio consiguió el visto bueno de la Legislatura de la Ciudad el 7 de junio del año pasado y se inició rápidamente la licitación. Las constructoras Luis Triviño y Fontana Nicastro SA resultaron ganadoras. La obra costará 784.789.243, 49 pesos y debería estar terminada para fines del año próximo.
Según el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano, las obras se iniciaron en agosto de 2018. Hasta el mes pasado, se había avanzado en un 20 por ciento de la construcción del nuevo penal. Actualmente en Devoto hay 1956 personas privadas de su libertad, pese a que la Cámara de Casación Nacional ordenó meses atrás que el número de reclusos no podía superar los 1754. El gobierno, que en marzo decretó la emergencia penitenciaria, estima que el nuevo complejo –que pasará a llamarse Marcos Paz VII— aportaría 2240 plazas.
La memoria
El acuerdo es una solución óptima para dos problemas de la administración de Cambiemos a nivel local y nacional. Por un lado, a Horacio Rodríguez Larreta le asegura el traslado de la cárcel y le habilita la puesta en valor de un terreno preciado. Por otro, al Ministerio de Justicia le significan fondos que no salen de las arcas nacionales para conseguir más plazas en las cárceles atestadas de personas.
Lo que parece haber quedado fuera de los cálculos es que la cárcel de Devoto está desde 2012 señalizada como centro clandestino de detención durante la última dictadura y, desde 2015, está incorporada en la nómina de sitios de memoria.
Los sitios de memoria –los lugares donde sucedieron hechos durante la represión ilegal del terrorismo de Estado hasta el 10 de diciembre de 1983– están protegidos desde 2011 por la ley 26.691. Según la legislación, el Poder Ejecutivo es responsable de preservar estos espacios para las investigaciones judiciales y como marcas de la memoria de lo que allí sucedió.
El futuro
El proyecto no estuvo exento de tironeos entre el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –responsable de los sitios— y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del gobierno de la ciudad.
Desde principios de año el presidente del ANM, Sergio Kuchevasky, viene intercambiando cartas con el subsecretario de Planeamiento de la Ciudad, Carlos Alberto Colombo, sobre el proyecto de la cárcel de Devoto. En una de las notas, el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le informó que hay investigaciones en curso sobre lo sucedido en el hospital penitenciario, los locutorios y los ingresos al penal.
El mes pasado, Colombo quiso saber qué áreas tienen medidas de intangilidad. En otras palabras, qué no podría tocar el gobierno de la ciudad. El juez federal Daniel Rafecas tiene a su cargo la investigación sobre la masacre del Pabellón Séptimo y dictó una medida de no innovar en ese espacio del establecimiento carcelario.
Los querellantes en la causa vienen reclamando, acompañados por la abogada Claudia Cesaroni, que la Justicia otorgue un amparo que preserve la totalidad del predio. En el Congreso, el diputado Horacio Pietragalla impulsó un pedido de informes para que el Estado nacional explique los alcances de sus planes para la cárcel de Devoto, haciendo hincapié en la ley de sitios.
El pronóstico es delicado. En mayo, el Presidente Macri autorizó la enajenación del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes –que funcionó como centro clandestino durante la dictadura– para la construcción de un megaproyecto inmobiliario a la vera del río Paraná.
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