DOS PAISES

 

Siempre una sociedad presenta dos conformaciones distintas. Maquiavelo decía: “En toda ciudad se encuentran estas dos fuerzas contrarias, una de las cuales lucha por mandar y oprimir a la otra, que no quiere ser mandada ni oprimida”.

En el caso de nuestro país y en la actualidad hubo y hay una masiva ofensiva del capital sobre el trabajo que es la esencia del modelo neoliberal, reflejado en la imposición de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de $ 12.500 por mes (unos 270 dólares), un salario mensual de bolsillo cuyo valor promedio es de $ 35.500 (unos 750 dólares) para los 9.830.017 trabajadores que aportan al sistema previsional (y se infiere que hay otros 3.400.000 trabajadores que no están registrados y que seguramente ganan menos que el salario promedio y más cercanos al SMVyM). El mismo INDEC reconoce que, para junio de 2019, una familia constituida por matrimonio y dos hijos necesita para vivir y no ser pobre la suma de $ 31.148 por mes.

Durante los casi cuatro años de la gestión de Cambiemos y de acuerdo con los registros de la AFIP, se cerraron definitivamente 19.131 establecimientos en las distintas actividades de la economía (campo, industria, construcción, comercio, servicios, etc.), dado que en junio de 2015 había 564.324 empresas empleadoras y para junio de 2019 se habían reducido a 545.193. Si se analiza por tamaño, en cuatro años cerraron 17.972 empresas de hasta diez empleados y 1.159 firmas de hasta 500 trabajadores, significando la pérdida de 260.000 empleos registrados en 12 meses a junio último, según el ministerio de Producción y Trabajo.

Según el mismo INDEC la tasa de desocupación abierta es del 10,1 % de la Población Económicamente Activa (PEA), unos 1.961.840 desempleados que, sumados a la subocupación, que es el 11,8% de la PEA, aproximadamente afecta a 2.292.050 personas. Esto conforma un total de 4.253.890 trabajadores con problemas ocupacionales a junio de 2019. Y eso que no se contempla la situación de los trabajadores de la industria automotriz, unos 78.000 empleados que en una parte importante trabajan cuatro días por semana.

La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC indica que, en el primer semestre del año 2019, si a los trabajadores que no alcanzan a cubrir la canasta básica total se les agregan los desocupados y sus familias, y los inactivos en igual situación (como adolescentes y jubilados y pensionados), la pobreza alcanza a 15.350.000 personas (34,1% del total de la población) y la indigencia (no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos) es del 7,1% de la población (unas 3.195.000 personas) y lo que es peor, entre los menores de 18 años la pobreza alcanza al 50,8%.

La medición de pobreza del INDEC toma en cuenta los ingresos de las personas y familias y los contrasta con el costo de la canasta de alimentos básicos y el básico total, que en un año se encareció entre un 60,9% y 64,2% contra el aumento de salarios y jubilaciones que promediaron el 35%. A eso se agrega el deterioro de ingresos de los cuentapropistas informales y monotributistas registrados.

La burocracia sindical miró para otro lado y fue cómplice por acción u omisión del programa de Cambiemos, por más que muchos de ellos hoy se disfracen de “fernandistas”.

 

 

El mismo Augusto Timoteo Vandor pasaría a ser un pobre frente a, por ejemplo, Hermes “Vino caliente” Juárez. Es cierto que el primero era el Secretario de la Unión Obrera Metalúrgica y el que logró los aportes a las obras sociales de los sindicatos por parte de la dictadura de Onganía y de su socio y Secretario de Trabajo, Rubens San Sebastián, pero la ley 18.610 se promulgo un año después de la muerte de Vandor. En cambio, “Vino caliente” Juárez disciplinaba a los estibadores de la hidrovía del Paraná, lo que se vino forjando desde el menemismo y el “boom” exportador de la soja y de los granos en general, mediante los puertos privados, administrados por Cargill; Bunge Cerval, Cofco, Louis Dreyfuss, AGD, Glencore-oleaginosa Moreno, etc., por donde salen del país alimentos para animales y seres humanos por unos U$S 25.000 millones por año, que directa e indirectamente asisten a más de 450 millones de personas (y en la Argentina de Macri tenemos 15.350.000 habitantes bajo la línea de pobreza).

La ofensiva del capital sobre el trabajo incrementó el excedente por unidad y fundamentalmente para los que están ligados al mercado externo (caso las empresas referidas, grandes acopiadores y comercializadores de granos), pero no para la mayoría de la industria y sobre todo la que demanda más mano de obra, como la textil, prendas de vestir, cuero y calzado, línea blanca, alimentos para la población, muebles, e incluso las de máquinas y herramientas, que principalmente venden al mercado interno y fueron perjudicadas por las importaciones y las confiscatorias tasas de interés, con lo que de esa manera también se produce una reconfiguración en el seno de los empresarios, donde es nítido y claro el beneficio de las empresas energéticas (les permitieron ajustar tarifas en moneda dura y no se controlaron las inversiones) [1], a los bancos y a los grandes exportadores.

De igual manera pasa con las entidades financieras, grandes beneficiadas de la gestión macrista, con altos márgenes de ganancia esencialmente por prestarle al BCRA en LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) con plata que captan de sus depositantes, pero sin embargo son clasificadas en forma negativa [2]. Esto es, las 78 entidades financieras (públicas y privadas, nacionales y extranjeras) autorizadas, declararon utilidades por el equivalente a 6.609 millones de dólares para el período junio 2018-mayo 2019. Los que más ganaron fueron los extranjeros, pero el total del crédito que otorgan, tanto en pesos como en divisas al sector privado representa el 12,77% del PIB [3], conformando la peor relación de América Latina y entre las peores del mundo y, menos de la mitad de lo que fue en la gestión kirchnerista (y se prestaba a una tasa mucho menor).

 

 

En síntesis

Impulsar actividades primarias extractivas y agropecuarias, con un mínimo grado de industrialización (y eso, en el mejor de los casos), es de por sí una definición contra el trabajo y la creación de valor.

La intención del gobierno de Mauricio Macri es dar señales firmes a los grandes capitales. En caso de lograr la reelección, la reforma laboral será una prioridad. A la hora de la defensa de la nueva normativa, los mentores de la «modernización» aseguran que la flexibilización será el vehículo más adecuado para generar empleo genuino y reactivar la economía. Lo mismos argumentos fueron esgrimidos por Carlos Menem en los '90 para avanzar con las leyes de flexibilidad. Y por su sucesor, Fernando de la Rúa, para aprobar la célebre «Ley Banelco». La realidad, sin embargo, terminó mostrando que, al cierre de ese ciclo y con la nueva legislación, el desempleo trepó hasta el 21,5 % de la PEA en mayo de 2002.

No es casualidad que el secretario de Comercio de  Estados Unidos  Wilbur Ross, en su visita de apoyo a Macri, lo primero que pidió fue las reformas laboral y la previsional. Ese día por la mañana, Ross tuvo un encuentro con los empresarios norteamericanos agrupados en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham). Allí, el funcionario escuchó el reclamo por las llamadas “reformas estructurales”, con lo que Ross sumó su voz al clamor empresario que, desde hace meses, exige poder despedir más barato y más fácil.

No en vano es la propuesta fundamental del FMI para reducir costos salariales y para que el Estado pague menos jubilaciones y pensiones. No le importa que los 6.922.982 trabajadores en pasividad perciban mayoritariamente la mínima que es de $ 11.528,44 por mes, de modo que si cobran los dos miembros de un matrimonio, quedan bajo la línea de pobreza y sin contemplar que los medicamentos y la vida en la vejez es más cara.  Trabajaron toda su vida, y no pueden tener un fin digno.

Sin contar la hipoteca que la gestión de Macri deja sobre la espalda de nuestro pueblo al acrecentar la deuda.

En diciembre de 2015 (U$S 240.665 millones), 60% de la misma era intra sector público, con organismos estatales, y representaba el 47,2% del PIB. En junio de 2019 es de U$S 348.456 millones, básicamente en títulos de deuda en poder del sector privado y con el FMI, y representa el 81% del PIB. Con vencimientos para el año 2020 del equivalente a U$S 33.500 millones entre capital e intereses, cuando, por el pago de los intereses de la deuda, se opera con déficit fiscal de más del 5% del PIB (unos U$S 20.000 millones) y en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos que, según el FMI estimó para este año un déficit del 2% del PIB [4], pero en el año 2018 fue de U$S 28.000 millones.

Ante la imposibilidad de pagar es más que seguro que se deban dar más pesos por dólar, lo que implica un aún mayor descenso del nivel de vida de los asalariados y jubilados y pensionados y con ello, de todos los que producen y venden al mercado interno.

El gobierno de Cambiemos, como todos los gobiernos neoliberales, beneficia a una ínfima minoría que se enriquece y fuga capitales, en desmedro de la más amplia mayoría de la población que se encuentra con un pésimo presente y un peor futuro.

 

 

El país de verdad

Es exactamente al revés, se debe partir desde el trabajo y la producción nacional apuntalando al mercado interno,  con un plan sistemático, con el debido conocimiento de las principales causas que generan las distorsiones y restricciones a la economía, y con un Estado que se legitima con las medidas tomadas. Con ello los problemas tienen solución, que no son fáciles, y más con la burguesía que tenemos, pero garantizando mercado (tanto interno como externo) y razonables tasas de ganancias se puede hacer. Depende de la decisión política, de la voluntad de que los grandes formadores de precios no se apropien de lo que no les corresponde, máxime que en nuestro país no se cuenta con la información de cómo se generan los costos y los beneficios.

El problema es que en la Argentina actual no existe un sector local dueño de los medios de producción capaz de imponer su modo de acumulación y de distribución. El que tenemos se termina adaptando a un proceso de acumulación de capital, de cambios tecnológicos, de cambios demográficos y en la distribución del ingreso, que llevan a transformaciones significativas en la organización de la sociedad y del Estado, subordinadas al capital trasnacional y como fruto de la globalización, cuando los países que crecen y tienen vuelo propio es porque se enfrentan a esa lógica de la subordinación, caso China, Corea del Sur, y en los últimos años, la Unión Europea y la India.

No hay experiencia de países que se hayan desarrollado si no se produce una alianza fuerte entre el empresariado local y el Estado. El economista Aldo Ferrer sostenía que no es posible la construcción del empresario argentino en ausencia del Estado nacional y el ejercicio efectivo de la soberanía, para terminar afirmando: “No hay un componente genético en el empresario argentino cuando privilegia la especulación sobre la producción. Cada país tiene el empresario que se merece en virtud de su capacidad de constituir un Estado nacional dispuesto a impulsar la transformación de la estructura productiva. En nuestro país, la carencia o insuficiencia de estas condiciones fue extremadamente crítica en el período de la hegemonía neoliberal, durante el cual el sistema económico creó condiciones hostiles a la producción. Continuar en el camino de revertir muchas de esas herencias sigue siendo una tarea pendiente”.

La paradoja es que si no se acuerda con el Estado un plan de crecimiento que defina sectores que se deben apuntalar para garantizar la producción y el trabajo nacional, comprometiéndose con metas de inversión, generación de puestos de trabajo y producción, entonces se queda a merced de los grandes capitales como pasa con el macrismo.

Alberto Fernández y su equipo deberían tener como apotegma la sentencia del gran florentino:

“Pero si es un príncipe que confía en su pueblo, un príncipe valiente que sabe mandar, que no se acobarda en la adversidad y mantiene con su ánimo y sus medidas el ánimo de todo su pueblo, no sólo no se verá nunca defraudado, sino que se felicitará de haber depositado en él su confianza”.

 

 

 

[1] Pero afuera lo saben, de allí que pese a los márgenes de ganancia, hacia el futuro son clasificadas de alto riesgo, y el valor de mercado de las acciones de las que cotizan en el exterior, está muy por debajo del nominal .

[2] La calificadora de riesgos Moodys bajo en julio de 2019 la categorización de estable a negativo.

[3] Al 2 de agosto de 2019 le prestaban al BCRA en LELIQ $ 1.294.491 millones y al sector privado en su conjunto:  $2.275.813 millones,  con lo que al BCRA le prestan el 57% de lo que otorgan en créditos personales y a empresas, que es el objetivo de un banco

[4] Otra meta incumplible, con el freno de las importaciones: el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos al primer trimestre de 2019 fue de U$S 3.849 millones, cifra que anualizada es un déficit del 3% del PIB

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