Marketing sobre los muertos

 

El gobierno nacional incorporó el aniversario del atentado terrorista a la AMIA/DAIA a su calendario electoral. Con el claro objetivo de fidelizar votantes y de devolver favores al gobierno de Donald Trump, que sostuvo al gobierno del PRO a través de los créditos del FMI, escenificó junto a sus colaboradores de Pasteur 633 un doble movimiento. Por un lado, orientado a darle continuidad a la estigmatización de Cristina Fernández de Kirchner (atribuyéndole responsabilidad delictual de una ley votada por el parlamento, el Memorándum) y, por el otro, motorizando la sobreactuación bélica al incorporar a la Argentina al conflicto de Medio Oriente, distante 13.000 kilómetros, tal como lo hizo Carlos Menem tres décadas atrás, con las relaciones carnales y la Guerra del Golfo.

Para cumplimentar el primero de los propósitos, los dirigentes de Pasteur 633, en connivencia con el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, consensuaron el discurso de Sofía Guterman, una madre que perdió a su hija en el atentado. La particularidad de Guterman es que no forma parte de ninguno de los colectivos de familiares y amigos de las víctimas, cuyos espacios orgánicos de contención han sido, desde los años ’90, los de Memoria Activa, Agrupación 18 J y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA). En su alocución, Guterman acusó al kirchnerismo de traicionar a las víctimas, mientras que el titular de AMIA volvió a insistir en la calificación de homicidio respecto de la muerte de Natalio Alberto Nisman. La madre del fiscal fallecido, la jueza Sandra Arroyo Salgado y una de las hijas del fallecido fiscal ocuparon un sitial de honor en la puesta en escena oficialista, al tiempo que los concurrentes fueron instados a abuchear en forma repetida toda referencia al Frente de Todos y a sus candidatos.

El segundo de los objetivos relativos a la pirotecnia discursiva anual de cada 18 de julio supone la inscripción geopolítica demandada por quienes creen que integrarse en forma inteligente al mundo exige implicarse en guerras lejanas. En la última semana esto se focaliza a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que habilitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a inscribir a   Hezbollah (Partido de Dios) en un listado de organizaciones terroristas, tal como viene siendo demandado por Israel y Estados Unidos desde hace décadas.   Hezbollah es una organización político-militar de confesión chiita, ligada a la República Islámica de Irán, que forma parte institucional del gobierno del Líbano desde la aprobación de la reforma constitucional de 1990, luego de los acuerdos que permitieron el fin de la guerra civil. La separación de poderes exige que el Presidente del parlamento debe ser un chiita (cargo ocupado por los integrantes de los partidos Amal y/o de   Hezbollah), mientras que la presidencia  le corresponde a un cristiano-maronita. El cargo del primer ministro, por su parte, le concierne por mandato constitucional, a la tercer minoría libanesa, la musulmana sunita.

Esta configuración gubernamental tripartita convierte al decreto de Mauricio Macri en un galimatías diplomático dado que en ningún momento se dispuso la necesidad de convocar al embajador del país del Cedro para advertir, consensuar o negociar el etiquetamiento de una de sus minorías, con representación parlamentaria actual de 13 escaños sobre un total de 130,  bancas.

El decreto número 489 difundido el día jueves en el Boletín Oficial, contiene además una atribución presidencial de capacidad punitiva. Según la arquitectura jurídica argentina, calificar a una persona (física, de existencia ideal o jurídica) como terrorista, sin juicio previo ni pruebas valoradas por un tribunal, implica una facultad jurisdiccional excepcional, ajena a la normativa constitucional argentina. Bajo ese mismo criterio, el poder judicial se reduce a un simple oficiante de las decisiones gubernamentales del ejecutivo, que incorpora tipos penales sin derecho a defensa ni debido proceso. A partir del decreto de Macri, el etiquetamiento de terrorista alcanzará para perseguir a cualquier sujeto definido arbitrariamente como tal, en nombre del riesgo que entraña, sin siquiera considerar la posibilidad de que tal imputación sea artificial o simulada. Los correlatos de esta normativa son análogos a los utilizados por la última dictadura militar: será suficiente con la designación supra-jurídica para ser hostigado, financieramente.

 

 

Peones de un ajedrez geopolítico

La inclusión de   Hezbollah en el recientemente creado Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePet) supone además una contradicción con los propios dictámenes judiciales obrantes en la instrucción de la causa del atentado de la AMIA: las acusaciones pendientes y las alertas rojas operativas, solicitadas por la justicia argentina (específicamente por parte del juzgado Federal número 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral), tienen como destinatarios a ex integrantes (algunos con puestos gubernamentales en la actualidad) de organizaciones político militares iraníes. Ninguno de los buscados por Interpol posee nacionalidad libanesa. Los funcionarios de la Cancillería, expertos en derecho internacional, que fueron consultados en forma previa a la redacción del decreto, advirtieron dichas incoherencias. La medida supone registrar a miembros de  Hezbollah en el RePet sin siquiera imputar a entidades persas que, según el expediente, aparecen como las únicas responsables de la planificación y ejecución de los atentados de 1992 y 1994.

La presencia de Mike Pompeo en la AMIA/DAIA y en la cancillería el último viernes es otra de las etapas con que el macrismo busca alinear la política exterior con los deseos de Washington. A través de la articulación del RePet con la Red Informativa Regional (RIG) destinada a intercambiar información sobre redes terroristas, se podrá catalogar, en tiempos venideros, a organizaciones chavistas, cubanas, nicaragüenses y/o bolivianas como parte de un entramado terrorista asociado a Medio Oriente, por el solo hecho de comerciar con países catalogados de enemigos de Estados Unidos. De esta manera Washington matricula a la Argentina como gendarme regional facultado para acrecentar los niveles de presión y bloqueo sobre los gobiernos u organizaciones políticas que privilegian la multilateralidad por sobre el sometimiento al Departamento de Estado.

Esta discordancia entre los datos obrantes en la causa y la nominación de  Hezbollah tiene su origen en inscripciones geopolíticas ajenas a las problemáticas regionales. Donald Trump promociona en forma periódica la guerra comercial con China con el objeto de evitar o pausar la emergencia del gigante asiático. Los Think Tank republicanos, con sede en Washington, vienen anunciando desde hace una década que una de las formas más eficientes para boicotear su ascenso exige limitar su aprovisionamiento energético. Venezuela e Irán son dos de los grandes proveedores de hidrocarburos de Beijing cuya exportación desde Caracas y Teherán, además, se comercia mediante yuanes. Los dos aspectos son visibilizados como disfuncionales por parte de los supremacistas republicanos. Casi como formas de terrorismo. Por un lado, razonan, implica el creciente riesgo (a los ojos de Washington) del abandono del dólar como moneda única de intercambio internacional (que históricamente le permite paliar su déficit con impresión de títulos y billetes) y, por el otro, facilita la penetración china en términos de inversiones y cooperación en regiones que Estados Unidos considera territorios de vasallaje, correspondientes a sus áreas de influencia.

Otra de las explicaciones de la grandilocuente nominación, sugerida por el RePet, es la articulación que el gobierno de Macri ha desarrollado con Israel respecto a la compra de aparatología bélica y de ciberseguridad, cuyos intermediarios se encuentran integrados en la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), presidida por Mario Montoto. Este ejecutivo,  dedicado prioritariamente a la comercialización de armamento, aparece en varios tramos de la investigación del juez Alejo Ramos Padilla como uno de los jefes del detenido Marcelo D´Alessio, partícipe del entramado de espionaje conformado por periodistas, servicios de inteligencia y miembros del poder judicial.

Otro de los miembros de la Comisión Directiva de esa Cámara, es Eduardo Elsztain, titular de IRSA y ex socio de Marcelo Mindlin. También figura Adrián Werthein, presidente del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), quien formó parte del selecto grupo que participó del evento en Casa Rosada el último jueves. En ese ámbito, Werthein entregó un libro de factura colectiva titulado Justicia Perseguirás y se dirigió al presidente con un léxico inusual: “Usted fue el único que nos ofrece a un cuarto de siglo del atentado la oportunidad de juntarnos a todos y hacernos sentir con la esperanza de que finalmente habrá Justicia, y la esperanza de que no habrá impunidad (...) Usted y su administración no callan ni otorgan. Este alineamiento internacional fue muy criticado por algunos que integran la grieta. Estamos en el camino correcto y es el que tenemos que convalidar y seguir para que con su liderazgo se fortalezcan las instituciones”. Entre los presentes se visibilizó, según testigos presenciales, alguna que otra incomodidad dado el inmenso servilismo destilado. “No era necesario tanta franqueza”, confesó un contertulio.

En el libro entregado al presidente quedaron inmortalizados los circunspectos testimonios de dos de los grandes promotores (actuales) de los Derechos Humanos a nivel internacional: Donald Trump y Jair Bolsonaro. Este último invitado a participar en el homenaje a las víctimas dada su proverbial inclinación a la pluralidad, la diversidad y el respeto a la diferencia. Quien fuera responsable de reivindicar (en forma reiterada) la tortura, la misoginia y la homofobia, Bolsonaro, se explayó en el libro con una frase imperecedera: “El terrorismo busca destruir valores fundamentales de nuestras sociedades”.

 

 

Apropiación de identidad

La AMIA y la DAIA han sido piezas claves en la legitimación de los decretos hechos públicos el último jueves y de la ofensiva contra el kirchnerismo. Ambas instituciones abandonaron sus misiones institucionales para sumarse al macrismo, encolumnándose detrás de los sectores más conservadores de la sociedad, que propugnan la articulación de la financiarización neoliberal con la lógica de la exclusión social (a través de la precarización del trabajo) y la consecuente persecución mediático-jurídica de quienes se atreven a postular modelos emancipatorios o soberanos.

La íntima connivencia entre dichas instituciones y el PRO les exigió la búsqueda denodada por imponer la creencia de que existe una única forma de ser judío, intentando ocultar las versiones alternativas, ligadas a las luchas sociales o al nacionalismo popular. La DAIA y la AMIA transformaron la sede de Pasteur 633 en un local de Cambiemos con la colaboración de los medios hegemónicos que contribuyeron a invisibilizar a la mayoría de los argentinos-judíos (más del 60 %) que no se encuentran agrupados ni asociados a ninguna de sus organizaciones, ni se perciben a sí mismos como representados y/o identificados con ellas. Waldo Wolff, Claudio Avruj, Sergio Bergman y Guillermo Yanco (esposo de Patricia Bullrich) se constituyeron en los actores centrales del vínculo orientado a ligar políticamente a Cambiemos con Netanyahu.

La causa del Memorándum y la que se instruye sobre la muerte del fiscal Nisman han sido instigadas por ambas instituciones. En la actualidad Fernando Esteche continúa encarcelado por la primera de esas acusaciones mientras que la muerte del fiscal Nisman se vuelve a tematizar periódicamente como mascarón de proa de una operación destinada a transformar un suicidio en un homicidio.

Cuando esta pesadilla neoliberal concluya varios de sus dirigentes deberán dar alguna que otra explicación. La oscuridad nunca dura lo que la suciedad de sus cultores intentan imponer.

 

 

 

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