La persecución

 

El gobierno nacional encara la campaña electoral sobre ejes muy simples, en los que deben machacar todos los candidatos y operadores:

Por un lado, la hiperactividad de los tribunales de Comodoro Py, en los que el gobierno confía para fijar la imagen de la ex Presidente CFK en los mismos términos de la exitosa campaña de 2015.

Por otro, la pax cambiaria obtenida con los dólares del Fondo Monetario Internacional concedidos en contra del estatuto del FMI por decisión del gobierno de Estados Unidos, al que retribuye con un alineamiento acrítico con todas sus políticas, aun las contrarias al interés nacional, como la inminente designación de Hezbollah como organización terrorista, de lo cual no hay constancia alguna, y la celebración aquí de una conferencia sobre… terrorismo internacional, a la que asistirá el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Mike Pompeo. No es que el atraso de la cotización del dólar mejore la situación de la economía real, que sigue en coma profundo, o del empleo, que registra los peores índices en dos décadas. Todo lo contrario: al cierre del viernes 5 de julio, el dólar a 43,10$ era muy caro para la producción y el consumo en una economía dolarizada, pero muy barato para el gran negocio de la bicicleta financiera y la fuga. El atraso de hoy asegura la corrida de mañana, cuya interacción con la política marca la principal incertidumbre: ocurrirá antes o después de la elección presidencial de octubre, según sea el resultado de las PASO de agosto. Es decir que el gobierno celebra antes lo que no hubo que aquello que hay. O dicho con las palabras del gurú que rara vez acierta, Miguel Broda: “Probablemente el gobierno logre llegar a las elecciones sin que el tipo de cambio se dispare (aunque no deben descartarse turbulencias en el mercado de cambios), renovando un porcentaje de letras del Tesoro que alcanza para cerrar financieramente el año y con una inflación declinante, convergiendo a tasas del orden de 2.0/2.3% mensual. Este es un escenario económico que probablemente no mejore las chances electorales de Macri y Juntos por el Cambio, pero tampoco las deteriora”. Sin el menor entusiasmo, este vendedor de información que no vive de un salario, opina que a lo sumo la economía será un factor electoral neutro.

 

 

En primera persona

El presidente Maurizio Macrì se involucra personalmente en la estrategia de persecución penal a Cristina. Una inesperada constancia de ello apareció en la declaración testimonial que el detenido empresario Fabián de Sousa prestó ante el fiscal federal Guillermo Marijuan. Junto con el escrito que se difundió aquí el domingo pasado, en el que De Sousa afirma que él y su socio Cristóbal López fueron privados de su libertad porque se rehusaron a poner sus medios de comunicación al servicio de tal estrategia, el empresario solicitó ser trasladado de la Unidad Penitenciaria de Ezeiza hasta la fiscalía federal 9, a cargo del Pocero de la Patagonia.

Marijuan interviene por delegación de la jueza federal María Servini, cuyo tribunal fue sorteado para entender en la denuncia por asociación ilícita y administración fraudulenta contra Macrì; su hermano de la vida, Nicky Caputo; su jefe de asesores, José Torello; el ex director de la AFIP, Alberto Abad; el ex vicejefe de gabinete de ministros, Mario Quintana, y el asesor Fabián Rodríguez Simón.

Ambos empresarios expondrán esta semana sobre el despojo de sus bienes, en el juicio a que los somete el Tribunal Oral Federal 3, que acaba de terminar con la lectura de la acusación y de recibir los planteos de nulidad de las defensas. Tal como ocurrió en la causa contra Cristina por la obra vial construida en Santa Cruz, la intervención de los defensores de López y De Sousa no fue transmitida por el Centro de Información Judicial de la pasiva Corte Suprema de Justicia.

Al declarar ante Marijuan, De Sousa reveló que Macrì comandó en persona la presión al Grupo Indalo para que sus medios de comunicación se pusieran al servicio del objetivo de “encarcelar” a Cristina Fernández de Kirchner. De Sousa identifica donde se produjeron esas reuniones:

• una en la Usina del Arte;
• otra en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Parque Patricios;
• y la tercera en el domicilio de Franco Macrì, el padre del Presidente.

Agrega que las reuniones posteriores con López estuvieron a cargo del asesor Fabián Rodríguez Simón, el amigo presidencial Matías Romero Zapiola y alguien que el escrito realizado por Marijuan menciona como Ernesto Sans (sic). No aclara si se trata del ex presidente de la UCR y asesor presidencial Ernesto Sanz o de un homófono.

 

En casa de papá

En las dos reuniones que De Sousa tuvo con Macrì también participaron el vocero del presidente, Iván Pavlovsky, y dos directivos de los medios del Grupo Indalo, Francisco Mármol y Mariano Frutos. “Los términos de la reunión eran acerca de la línea editorial de los medios del grupo y fundamentalmente del canal de noticias C5N”. A la segunda reunión, en la sede gubernativa de Parque Patricios, además de los nombrados se sumó Marcos Peña Braun. “El tenor de dicha reunión fue idéntico al de la primera”, declaró De Sousa.

La tercera reunión, esta vez entre Maurizio Macrì y Cristóbal López, se realizó “en el domicilio personal de Franco Macrì. El tenor de dicha reunión, según le comentaron, fue el contenido editorial de C5N y cuál iba a ser el comportamiento de los medios del Grupo Indalo para encarcelar a la que en su momento era la Presidente Cristina Fernández de Kirchner”. Esa reunión se realizó “a requerimiento del ingeniero Maurizio Macrì y quienes coordinaron la realización de la misma fueron el declarante y Miguel De Godoy, que en ese momento desarrollaba funciones en el área de Comunicaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

El escrito de De Sousa decía que “se nos exigía que los medios de comunicación fueran puestos a disposición de la alianza política” encabezada por Macrì. También que se sumaran al “ataque mediático” contra los funcionarios que integraron el gobierno de CFK. Para ello, López y De Sousa fueron citados a diversas reuniones en las que “en algunos casos de manera sutil y en otros de forma mucho más agresiva, se nos hizo saber que de otro modo el Grupo Indalo iba a tener que afrontar gravísimas consecuencias”. Pero recién al declarar ante Marijuán, De Sousa reveló el rol personal de Macrì en la extorsión. El escrito, que se presentó sin patrocinio letrado, no usa esa tipificación penal. Que Servini haya aceptado la denuncia e impulsado la investigación indica que le asignó suficiente entidad, aun antes que De Sousa identificara a Macrì como el actor principal de la operación.

 

Marche preso

Como esos planteos no fueron aceptados y ni la señal de cable ni las radios del Grupo Indalo se sumaron a la cadena de demolición encabezada por el Grupo Clarín, La Nación, América e Infobae, las amenazas se concretaron. También incluyó el intento de apoderarse de las empresas del Grupo Indalo por parte de emisarios presidenciales, la detención de López y De Sousa en diciembre de 2017, la remoción de los jueces que los dejaron en libertad en marzo de 2018 y la nueva detención de ambos empresarios, en abril de 2018.

Macrì se declaró “indignado” por la fugaz liberación de López y De Sousa en el programa de su publicista, Luis Majul. En otra amable conversación con la animadora Mariana Fabbiani, que sonreía embobada, dijo: “Esto no es lo que habíamos acordado”. Por supuesto, no hubo repreguntas.

El 19 de marzo de 2018, Clarín sostuvo que el juez Jorge Ballestero había recibido del jefe de la AFI, el amigo presidencial Gustavo Arribas, indicaciones sobre cómo debía fallar. La palabra oficial se tradujo en actos: el juez Eduardo Farah “fue forzado a pedir su traslado hacia otro tribunal” y Ballestero renunció.

 

 

Los reemplazaron los títeres Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, designados a dedo sin seguir el procedimiento constitucional. Macrì explicitó que la liberación de López y De Sousa “lo enloqueció” y que esos jueces “se animaron pensando que no iba a haber reacción, pero la hubo”, como si se tratara de un tema de Estado que requiriera de su intervención. En abril de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las libertades de ambos empresarios, que hasta hoy siguen en prisión preventiva. Esto precipitó la quiebra de Oil Combustibles y la cesación de pagos de las principales empresas del Grupo Indalo y comenzó la liquidación de activos, “malvendidos a precio vil”. Una de las consecuencias de esta acción oficial es que la AFIP no pueda cobrar su crédito. Estas manifestaciones públicas del Presidente cierran a la perfección con los actos secretos que realizó y que De Sousa puso en evidencia en su testimonio.

 

Lula y Milagro

Las operaciones se extendieron a Alberto Fernández con el anuncio de su candidatura presidencial, como para advertirle que no hay armisticio unilateral. Una de ellas asumió la inocente forma de una noticia: decía que Fernández emprendería una serie de viajes por el interior junto con el retornado Sergio Massa, y entre los puntos que tocarían mencionó la provincia de Jujuy. Su gobernador y vice, Gerardo Morales y Carlos Haquim, son los carceleros de Milagro Sala. Alberto Fernández lo desmintió. “No tengo previsto visitar Jujuy con Massa. Cuando vaya, volveré a ver a Milagro”, dijo. Su viaje relámpago a Brasil, donde visitó en su lugar de detención a Lula, va en la misma dirección.

Con una contumacia imperturbable, el doctor Glock dispuso que Fernández preste declaración testimonial en la causa que instruye por el memorándum de entendimiento con Irán (en realidad un legajo residual con el que se quedó para realizar este tipo de operaciones políticas, luego de elevar la causa a juicio). Con su obviedad a flor de piel, Peña Braun dijo que el Frente de Todxs esconde a Cristina. Bonadío tiene la tarea de exponerla bajo la peor luz posible, alumbrando también a Alberto, no a partir de ningún acto que haya cometido sino por un artículo de opinión publicado en el matutino La Nación. A nadie le pareció que eso afectara la libertad de prensa que, por definición sólo puede ser lesionada por el kirchnerismo.

 

Dolores de muelas

El Presidente también intervino en forma personal en la tentativa de remoción del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Como reveló el piloto peruano estadounidense Jorge Christian Castañón, quien fue espiado por Marcelo Sebastián D'Alessio a solicitud del fiscal Carlos Stornelli, Macrì le prometió a su fiscal que Ramos Padilla sería expulsado de la magistratura. La noticia le fue suministrada a Castañón por su exposa, Florencia Antonini Mondet, actual pareja de Stornelli, para que Castañón no concurriera a declarar al tribunal de Dolores. No tuvo éxito y su testimonio involucró en forma directa al Presidente.

Macrì en persona impulsó el juicio político del magistrado, en la fecha anticipada por Castañón, por la inverosímil razón de haber acudido a una audiencia en la Cámara de Diputados a la que fue citado por la Comisión de Libertad de Expresión. Desde 1983, Macrì es el primer Poder Ejecutivo que promueve la destitución de un juez. Sólo un blindaje mediático sin precedentes permite que se presente como adalid de la libertad de expresión y de la independencia judicial, que su gobierno atropella en forma tan recia.

Ramos Padilla respondió que le resultaba difícil ejercer su defensa y ofrecer prueba dado que ni del expediente ni de sus anexos “surge una acusación concreta”. Además “debo cuidar la compleja investigación que continúo llevando adelante, y quienes impulsan y tramitan las actuaciones para sancionarme o removerme de mi cargo son los mismos que aparecen involucrados o tienen un interés en los hechos que investigo”. Otro de los cargos que se le formularon fue que haya solicitado la asistencia del Programa Verdad y Justicia para la protección de las posibles víctimas, en lugar de dar intervención al Programa Nacional de Protección de Testigos. El juez responde que desde ese programa y desde el Ministerio de Justicia “se pudo haber colaborado con maniobras para direccionar el testimonio de algún imputado arrepentido a cambio de beneficios e incluso dinero”. Alude a las entrevistas entre el ministro Germán Garavano y el procesado Leonardo Fariña, quien fue instruido para ampliar una declaración previa de modo de involucrar a la ex Presidente, con datos suministrados desde la AFI.

 

 

En una transparente alusión a la causa de los encuadernados, Ramos Padilla afirma que en el expediente de Dolores “no se recurrió a anónimos ni arrepentidos, ni a prueba que pudiera estar contaminada por la actividad de los servicios de inteligencia. Se dispuso que las audiencias indagatorias y testimoniales sean grabadas en formato audiovisual para garantizar un mayor control”. Como juez debe avanzar en las investigaciones “por más que incomode a funcionarios, magistrados y/o legisladores vinculados al Poder Ejecutivo”. Para solicitar la desestimación y el archivo de la denuncia, Ramos Padilla aduce que “se construyen elucubraciones absurdas a partir de la utilización indebida de escuchas que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública”.

 

Te estamos escuchando

Las escuchas sobre las que se basan las acusaciones contra el juez son mencionadas en la presentación de su abogado defensor ante el Consejo de la Magistratura. “El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable, se ha transformado en una disputa política encabezada por el Presidente Mauricio Macri, la AFI, el Ministro de Justicia, el representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura, sus aliados políticos y judiciales contra mi defendido, que en soledad y con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda”, dice. Considera preocupante que “aquellos que están llamados a corregir a los jueces no adviertan a los magistrados y funcionarios públicos que han llevado adelante una captación, acumulación y circulación de escuchas violatoria de los preceptos más elementales del Estado de Derecho, no dispongan investigar a quienes aportan, filtran y distribuyen y utilizan esas escuchas, y por el contrario, tengan la pretensión de que quien investiga el espionaje ilegal y este tipo de prácticas ilegales en la Argentina se expida sobre ellas. Resulta paradójico que en el juzgado de Dolores se investigue el modo en que los servicios de inteligencia introducen prueba ilegal en el circuito judicial y para lograr que el juez que interviene en la causa sea removido o sancionado, los involucrados en aquel proceso introducen prueba de manera ilegal en un expediente judicial que dirige otro de los investigados [el doctor Glock], con la que ahora se quiere avanzar en este Consejo de la Magistratura”. Con una cuidadosa selección de las palabras afirma que “quiero creer que esta Comisión del Consejo de la Magistratura no pretende que mi asistido se defienda sobre pruebas manifiestamente ilegales como son las escuchas —que nada prueban— tomadas sobre personas en estado de vulnerabilidad, en el marco de una causa en la que no se los investigaba, que nunca fueron transcriptas por orden de un juez, que se mandaron a destruir y que, luego, aparecieron mediante anónimos que presentaron en la Justicia los investigados en la causa de Dolores”.

Pretender “que un juez analice estas ilegalidades es admitir que denunciantes, jueces y eventualmente los señores consejeros pueden incursionar con las escuchas de esta naturaleza y utilizarlas con propósitos contrarios a los que permiten la ley y la Constitución Nacional. De allí que este Consejo debió haber tomado las precauciones del caso para evitar que se genere este debate e inmediatamente proceder, como lo ha señalado recientemente la Corte Suprema, a eliminarlas del proceso”.

 

La asociación ilícita

Terminada la lectura de la tediosa acusación contra Cristina en la causa por la obra vial de Santa Cruz, fue el turno de su defensa. La sustanciosa exposición de Alberto Beraldi fue ocultada a la sociedad. Se comprende, ya que desmorona un andamiaje ilegal montado para exponer y ensuciar a la ex presidente sin el menor respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales. Según Beraldi:

• El debate oral es la instancia saneadora de la vulneración de derechos en la instrucción, que en este caso se negó a la principal acusada.
• La misma acusación de ser jefa de una asociación ilícita se formuló contra Cristina en otras cuatro causas. El precedente Stancanelli, de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que la Asociación Ilícita supone la existencia de una “pluralidad de planes delictivos y no meramente pluralidad de delitos, pues al tratarse de un acuerdo permanente de voluntades, sus integrantes deben estar dispuestos a realizar —durante el lapso que se encuentre vigente— una cantidad indeterminada de delitos, lo que diferencia a esta figura del acuerdo criminal”. Para la Corte, “resulta necesario llamar a la reflexión a los señores jueces y fiscales” de que “no es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción administrativa sino de aplicar rigurosamente el ordenamiento jurídico sancionando mediante la utilización de los medios legítimos suministrados por el derecho a aquellos que lo violan”.
• Ya el juez federal Sebastián Casanello había señalado que “no se puede condenar a una persona tres veces por integrar una misma asociación ilícita, cuya característica, justamente, es la comisión de delitos indeterminados”.
• Incluso el fiscal de la causa Los Sauces dijo, al requerir su elevación a juicio, que no existen dos asociaciones ilícitas distintas, sino que en todos los casos se trata de la misma supuesta banda criminal que habría desarrollado sus designios criminales entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
• Además, el delito de Asociación Ilícita requiere que el autor conozca que integra una organización delictiva estable.
• “Como se advierte, CFK es perseguida penalmente, al menos en cuatro expedientes, por la misma conducta. Además del gravamen que esto implica en términos personales, de continuarse en esta situación se abre paso a la posibilidad de pronunciamientos contradictorios”. Esta “situación de extrema gravedad no debe registrar antecedentes, al menos en los sistemas judiciales que se desarrollan dentro de un Estado de Derecho”.
• El juicio contra Cristina y diversos funcionarios de su gobierno es por 51 obras viales, que el mismo tribunal también investiga en otra causa, en la que las irregularidades se atribuyen a diez personas distintas, funcionarios de Vialidad o de empresas de Lázaro Báez. “Frente a este panorama, la tramitación separada de dos juicios orales resulta un despropósito mayúsculo”.
• Pero tampoco ha finalizado la instrucción suplementaria que habilitó el tribunal oral, que ordenó peritajes aún en curso. De ese modo, “resulta imposible ejercer el derecho de defensa si no se conoce de antemano cuáles serán las pruebas ventiladas en el juicio”.
• También hay recursos pendientes en trámite ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia, por las pruebas que ofrecieron las defensas y no aceptó el TOF.
• Por otra parte, Beraldi planteó que ese tribunal no era competente, ya que las actuaciones deberían remitirse a la justicia provincial de Santa Cruz.
• Por último adujo que respecto del delito de administración fraudulenta ya existía cosa juzgada.
• Cualquiera de estas cuestiones que se resolviera en forma favorable a la defensa, obligaría a realizar un nuevo juicio.
• A falta de cualquier prueba que la vincule con alguna irregularidad, la acusación se basa en su carácter de Presidenta de la Nación, por haber designado funcionarios de su confianza y asignar fondos de inversión pública en obras viales destinadas a la provincia de Santa Cruz, es decir su rol constitucional.
• No sin ironía, Beraldi recuerda que entre las atribuciones presidenciales está también la designación de jueces y fiscales, entre ellos varios de los que intervienen en este fake trial: Jorge Gorini, Adriana Palliotti,
• Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Fabián Basso y Diego Sebastián Luciani. “Sostener que estas conductas podrían constituir la participación en un delito que ustedes podrían llegar a cometer es algo tan ridículo que no merece mayores comentarios”.
• “Aunque parezca increíble, los fiscales seleccionan como actividades pseudo-criminales las leyes de presupuesto; los decretos de necesidad y urgencia; las decisiones administrativas de los Jefes de Gabinete de Ministros; la implementación del manejo discrecional de los fondos del fideicomiso que se constituyó a través el decreto 976/01 y las reasignaciones presupuestarias signadas por el Ministro de Planificación Federal y el titular de la DNV. En cuanto a las leyes del Congreso, se trata de actos de otro poder del Estado. Pero lo que parece importante remarcar, aunque sea una obviedad, es que esas leyes fueron votadas por una cantidad abrumadora de legisladores”, entre ellos los macristas Gerardo Morales, Cristian Ritondo, Oscar Aguad, Federico Pinedo y Miguel Pichetto.
• “Las obras se desarrollaron enteramente en Santa Cruz, a cuyos organismos se les delegó enteramente toda la tarea vinculada con las licitaciones. Y todos los organismos técnicos de Vialidad Nacional que intervinieron posteriormente en estos procesos no fueron acusados de formar parte de la supuesta asociación ilícita, “lo cual deja fuera de cualquier posible explicación la vinculación de estos con la Presidenta de la Nación”.
• Si el Tribunal persistiera “en esta línea absurda de imputación”, debería reformular su decisión “de no hacer lugar a las pruebas propuestas por mi parte en todo lo que se refería a las asignaciones presupuestarias y designación de funcionarios, incluyendo todos los temarios periciales propuestos”.
• “En definitiva, si bajo la máscara de un proceso penal se quiere hacer un juicio político, no tendría inconveniente en darlo. Lo que sí tiene que quedar claro es que ustedes no son competentes para eso. Para cuestiones políticas está el pueblo, que gracias a Dios dentro de poco va a votar".

 

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La música que escuché mientras escribía

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