Un represor llega, otros se van

 

Un par de horas después de que la diputada Elisa Carrió pidiera una ley que revisara los “procesos injustos contra militares”, a la dirigente de Cambiemos le llegó una respuesta desde la Corte Suprema. El máximo tribunal revisó la concesión de una prisión domiciliaria a un represor que actuó en Córdoba durante la dictadura, y la revocó. Gustavo Adolfo Alsina, célebre por estaquear prisioneros hasta la muerte y por haber atizado la rebelión de Semana Santa, deberá dejar su casa de Vicente López para volver a la cárcel en breve.

El fallo lleva la firma de cuatro de los ministros, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Es breve. Remite al dictamen del procurador Eduardo Casal, que llegó a la Corte el 7 de diciembre de 2017 después de que la Sala I de la Casación le otorgara la domiciliaria a Alsina, pese a que el Tribunal Oral Federal de Córdoba la había rechazado.

Como es un clásico en los temas de lesa humanidad, el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia. Consideró que no era admisible el recurso que había empujado el fiscal Javier De Luca.

 

El estaqueador

Alsina cumplió 26 años poco después del golpe del 24 de marzo. Para 1976, ya era teniente de comunicaciones y prestaba funciones en la Policía Militar 141, que tenía a su cargo la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba. La UP1 era un eslabón entre la legalidad y la clandestinidad de la represión. Usaban la “ley de fuga” para asesinar a prisioneros políticos, alegando intentos de huida durante traslados. En los primeros meses de 1976, fusilaron a 29 militantes presos.

Alsina se había ganado la fama de histérico. Las presas le decían “Remolino”. Sus guardias eran siempre violentas. Una de ellas, María del Rosario Miguel Muñoz, fue víctima directa de sus ataques. El 10 de julio de 1977 entró a su celda, le preguntó qué estaba comiendo. Como ella no respondió, la sacó al patio y ordenó estaquearla. Él mismo le colgó una cuerda del cuello para que cada vez que gritara se ahogara. Mientras tanto, la quemaba con cigarrillos. Ella pudo relatarlo en el juicio que en 2010 lo condenó a prisión perpetua. Otros, no.

La práctica se repitió a los pocos días. El médico José René Moukarzel era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y estaba desde 1974 preso en la UP1. Le tocó limpiar la celda y lavar los platos el 14 de julio de 1976. Aprovechó para acercarse a un preso común, que le pasó un paquetito de sal. Lo vio Alsina, y empezó a gritarle. Era el día más frío del año. Ordenó desnudarlo y estaquearlo. Debajo de su cuerpo, mandó a poner piedras. Estuvo más de doce horas a la intemperie, hasta que lo sacaron y lo llevaron a la enfermería. El enfermero Julio Eduardo Fonseca quiso ponerle oxígeno, pero Alsina le sacó el aparato de un golpe.

—La pagaste, hijo de puta –el teniente le decía con odio al cuerpo inerte de Moukarzel.

Al médico Víctor Ricardo Pacheco, que trabajaba en la UP1, le pidieron que firmara un certificado diciendo que había muerto por un paro cardíaco. Como se negó, el teniente dijo: “Deje, yo me ocupo de eso”.

Después Alsina enfiló hacia la celda que Moukarzel compartía con Gustavo Tissera. Le tiró los anteojos que usaba el médico. “Esto es lo único que queda”, le dijo.

 

Casadores en auxilio

Alsina acaba de cumplir 69 años, pero hace dos años que estaba en domiciliaria. No se la otorgaron por la edad, sino porque el Servicio Penitenciario Federal (SPF) incumplió en llevarlo a turnos médicos y a las visitas a su madre, que el tribunal autorizó cada quince días.

El militar –retirado con el grado de mayor– tiene una ligera hipoacusia. El Cuerpo Médico Forense dijo que podía tratarse en la cárcel. Pero los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi consideraron que permanecer en Marcos Paz podía agravar su salud. Votó en disidencia la jueza Ana Figueroa.

En el recurso presentado ante la Corte, el fiscal De Luca dijo a los casadores que estaban otorgando un beneficio para una causal que no estaba contemplada en la propia ley. Jueces innovadores.

 

 

Uno que llega y otros que se van

El jueves se conoció que la Cámara de Córdoba le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria a Ernesto “Nabo” Barreiro, uno de los pesos pesados de La Perla y viejo conocido de Alsina en la rebelión de Semana Santa de 1987. Por ahora Barreiro no dejará la Unidad 34 de Campo de Mayo, porque todavía está detenido en otra causa que se instruye en el juzgado federal 1 de Córdoba – aunque, al cierre de esta edición, ya había presentaciones de su defensa para que le abrieran la puerta.

La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal habilitó las salidas transitorias para Juan Carlos Fotea, condenado a 25 años por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esa es la misma sala que entiende en la causa de espionaje de Dolores y que terminó separando a uno de sus integrantes, Alejandro Slokar, del expediente.

En lo que va del año la dupla Ángela Ledesma-Guillermo Yacobucci ya habilitó la prisión domiciliaria en al menos siete casos de imputados y condenados por delitos de lesa humanidad:

- Juan Carlos Mario Chacra, condenado a prisión perpetua por crímenes en el circuito Atlético – Banco – Olimpo (ABO).

- Víctor Hermes Brusa, ex juez, condenado por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. Tiene 70 años.

- Ramón Rito Vergara, suboficial de policía condenado en la causa Feced I (2012) a doce años de prisión y actualmente enfrentando su segundo juicio. Tiene 74 años.

- Roberto Julio Fusco, suboficial músico de Gendarmería en Campo de Mayo. Tiene 69 años, presenta problemas de salud que podían ser tratados en los establecimientos del SPF.

- Martín Rodríguez, teniente coronel retirado y reciclado como docente de Ciencia Política, condenado a prisión perpetua por el asesinato del ex diputado Diego Muñiz Barreto. Tiene 72 años.

- Luis Alberto Patetta, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. Tiene 68 años.

- Alberto Daniel Sotomayor, oficial de inteligencia del Ejército actualmente en juicio por la contraofensiva. Estuvo prófugo y tiene 71 años.

En diciembre del año pasado, los dos casadores también ordenaron la excarcelación de Eduardo Alfonso, el ex secretario general del Ejército. Alfonso estuvo prófugo cuatro años en Paraguay. Tan solo tres meses antes, la misma sala de Casación –con la integración de Slokar y Mariano Borinsky– había anulado la absolución de Alfonso y ordenado que se lo volviera a juzgar por los secuestros de Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, y de su hijita Juliana, junto con el homicidio de su marido, Antonio Domingo García.

 

 

Cabos sueltos

Carrió dijo el lunes a la noche en un programa de TN que si la república persiste –léase, si gana Mauricio Macri– habrá que impulsar una ley para revisar los procesos injustos contra los militares.

“Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver, o que tenían 18 o 19 años, y los están condenando sin pruebas”, dijo ante la mirada interesada de Joaquín Morales Solá.

“¿Cómo un cabo de 19 años va a desobedecer a (Cristino) Nicolaides? No en la tortura, yo lo excluyo totalmente –siguió Carrió—. Pero, si a vos te mandan a un lugar… y había conflictos en el centro de las ciudades. Además, los derechos humanos son para todos. Yo no creo en una doctrina de los derechos humanos que signifique la venganza. Yo no puedo ver que haya gente tan grande en la cárcel, aunque ahora están mejor”.

Los datos que producen distintos entes estatales desmienten a Carrió. Según información del propio SPF que depende del Ministerio de Justicia, los genocidas en prisión son actualmente 156. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad calculó que el 67 por ciento de los detenidos por delitos de lesa humanidad están en sus casas. El número de beneficiados con el arresto domiciliario son 649.

Desde 2015 a 2019 también se registró una baja de personas detenidas –ya sea en sus casas o en unidades penitenciarias– y una suba de las que están en libertad provisional o condicional. En 2015 la tendencia era que los detenidos superaban a los que estaban en libertad, siendo 1070 los que cumplían arresto y 791 los que estaban libres. Según datos del Ministerio Público, son actualmente 974 los detenidos y 1459 los que están en libertad.

Carrió dice que el tema que le preocupa son los jóvenes que tenían 18 o 19 años, no los cargos superiores que sí cometieron delitos de lesa humanidad, entre los que incluye a César Milani, actualmente en juicio en La Rioja. Según datos de la Procuraduría, sólo once de los 915 condenados desde la reapertura de los juicios tenían al momento de los hechos entre 18 y 20 años.

La líder de la Coalición Cívica, por otra parte, sostiene que no pueden revisarse los casos de los que torturaron. Pero de esos once jóvenes, siete purgan condena por torturas y cuatro por privaciones ilegales de la libertad.

Entre los once, hay dos civiles de inteligencia, ocho de rango muy bajo y un único cabo de la policía bonaerense. ¿Será necesario aprobar una ley por ese único caso?

 

 

 

 

 

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