El frente fiscal

 

El Estado tiene funciones indelegables en la economía de un país. En primer lugar, no existe Estado sin planificación, esto es, sin propuestas que conformen un programa de gobierno y con ello el camino a seguir y los pasos a dar. Segundo: el Estado debe regular (establecer las reglas de juego) la actividad económica, y es el que establece que es lícito y que es ilícito. Finalmente, el Estado busca equilibrar inequidades, debe cobrar impuestos progresivos a los que tienen manifiesta capacidad contributiva y permitirle así al resto de la población acceder a prestaciones que no podría pagar si fuesen provistas a través el mercado por empresas privadas: la educación, salud, pensión para la vejez y enfermedad, e impidiendo la explotación de la mano de obra mediante la reglamentación de la jornada laboral y condiciones de trabajo en general y de mujeres y niños en particular.

En la gestión actual se trató de limitar el accionar estatal para que sea el mercado el que determine qué se produce y bajo qué condiciones. Por eso es que la situación fiscal hoy es complicada: por un lado, la estructura de ingresos es sumamente regresiva, proporcionalmente pagan más los que menos tienen; y del lado del gasto, es cada vez mayor el pago de los intereses de la deuda pública, mientras la misma no para de crecer y cada nueva colocación y/o renovación de deuda se da siempre a tasas mayores.

Si tomamos la estructura impositiva nacional del año 2018, donde la recaudación total fue de $ 2.282.927 millones, el IVA —un impuesto que paga el consumidor final y abona el mismo porcentaje, independientemente del ingreso que perciba el contribuyente—, representó el 48,4%. Y si le sumamos otros impuestos al consumo (internos, combustible, espectáculos públicos, etc.), más el impuesto al cheque que grava la actividad, representan en conjunto el 65,9% de la recaudación.

El Impuesto a las Ganancias que significó el 32,5% de los ingresos impositivos del año pasado, alcanza a cada vez más trabajadores que perciben salarios por encima del mínimo no imponible. En el año 2015 pagaron impuesto a las Ganancias 1.189.342 trabajadores; en el año 2018 fueron 1.919.289 trabajadores los que pagaron el tributo [1].

Finalmente, el Impuesto a las Riquezas que es el Impuesto a los Bienes Personales, cuyo mínimo no imponible es de $ 2 millones. (Para los que declaren bienes por encima de esa suma hasta los $3 millones, la tasa es del 0,25%; de esa suma a 18 millones es el 0,5%;  y superior a los $ 18 millones en más del 0,75%) [2].  La recaudación fue de solo $ 14.517,2 millones, el 0,6% de la recaudación impositiva total.

La teoría tributaria dice que debe existir cierto equilibrio entre los impuestos. En la Argentina esa proporcionalidad no se cumple. El mayor ingreso lo generan los gravámenes al consumo y a la actividad, de allí que cuando la economía se frena también cae la recaudación. Y el tributo contracíclico, que es el de la propiedad, paga en concepto de impuesto a la riqueza, eximiendo expresamente al “campo” porque hipotéticamente es alcanzado con el impuesto inmobiliario rural por las provincias. Pero cuando observamos cuál es la recaudación de dicho gravamen en la Provincia de Buenos Aires durante el año 2018, fue solamente de $ 7.053,8 millones. Es decir, el 3% del ingreso propio provincial, cuando el impuesto a los ingresos brutos (que es un impuesto a las ventas y paga el consumidor final) es el 69% de la recaudación y el inmobiliario urbano el 6% (el doble que el rural) de dichos ingresos. E igual pasa en todas las provincias, con lo que teniendo una presión tributaria total (Nación más provincias) del 29,7% del PIB, el impuesto inmobiliario rural de todo el país representa al 0,4% del PIB.  Es obvio que una reforma tributaria en primer lugar debe equilibrar los ingresos públicos.

 

Gasto público

Nota: Presupuesto Ejecutado Base Caja en Millones de pesos corrientes 2018 a 2019 y 2001-2017 por Devengado (Cuenta Inversión) Intereses netos: Excluye intereses pagados Intra-Sector Público Nacional Inversión Financiera de 2014 incluye operatoria de títulos públicos compra de Acciones YPF a Repsol (Igual en Energía) Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación - Ley 27.467 y Cuenta de Inversión

Observaciones:

1) Mientras Néstor Kirchner fue Presidente se operó con Superávit Fiscal

2) En el año 2009 tras la crisis internacional del 2008 y el conflcito con el campo 2009, se incurrió en déficit fiscal

3) Hasta el año 2013 inclusive el Gasto de Capital fue mayor que el déficit Fiscal

4) En el año 2014 el défcit fiscal supera levemente al Gasto de Capital y en el 2015 en más, es mayor en una proporción importante

5) En el gobierno de Macri el déficit fiscal supera crecientemente el Gasto de Capital y para los años 2017 y 2018 es mayor en 3,4 veces6) Se agrava para el año 2019 en que presupuestan un muy bajo Gasto de Capital, de solo el 5,15% del Gasto Total, cuando los intereses de la deuda no paran de crecer.

 

El total de la erogación de la Administración Nacional del año 2018 fue de $ 3.328.487 millones. El principal gasto fue por jubilaciones y pensiones contributivas por $ 1.167.949 millones (el 35,08% del gasto total), y el segundo en importancia es el pago de los intereses de la deuda pública que en el año 2018 fue de $ 388.940 millones (11,7% del gasto total). Pero en la ley 27.467 de Presupuesto Nacional 2019 se estima que los intereses netos significan en el año $ 593.016 millones [3], que sumados a un déficit primario de $ 7.269,7 millones, generan un déficit financiero total de $ 600.285,7 millones (unos U$S 14.970 millones) con lo que se proyectaba un 14,4% del gasto. Pero en el resultado fiscal ejecutado —base caja—, los intereses de la deuda a mayo 2019 alcanzan los $ 256.309 millones (el 15,85% del gasto total), con lo que la proyección es que va a superar ese límite.

Paralelamente, al acrecentarse sideralmente el pago de los intereses de la deuda pública nacional, se reduce el gasto de capital (obra pública), de manera tal que el Gasto de Capital sobre el Gasto Total es solo el 5,15%, cuando en el año 2015 dicha inversión era el 11,16% del gasto y, los intereses eran solamente del 7,49%.

El gobierno se endeudó irresponsablemente, y para tratar de frenar el precio del dólar no trepidó en subir permanentemente las tasas de interés. Las tres variables (la deuda, el incremento de las tasas y el valor del dólar) se combinaron y repercuten negativamente sobre las erogaciones públicas, con lo que el Estado no solo resiente y deja de prestar los servicios y de realizar las obras para tal fin, sino que es insustentable por la magnitud de una deuda pública que no deja de crecer y que condiciona severamente a la administración presente. Pero también amenaza hacerlo con la nueva gestión, lo que tornaría necesario un sinceramiento de las variables económicas para reprogramar los vencimientos y reducir las tasas de interés, cuando las mismas son confiscatorias del acervo público.

Ante una recaudación tributaria y no tributaria menor a la esperada y la fijación de metas de superávit primario (antes del pago de la deuda), el gobierno de Cambiemos reduce fuertemente el gasto primario que es solo de $ 1.360.482 millones para el acumulado de los cinco primeros meses del año 2019. Una cifra que, comparada con igual lapso de 2018, es un 32,9% mayor (contra una inflación medida por el IPC del INDEC del 57,3% ), lo que le permite obtener un superávit primario acumulado de $ 36.819 millones; pero que ante el pago de intereses por $ 256.309 millones, genera un resultado financiero negativo de $ 219.489 millones, que es el 1% del PIB.

Siempre considerando implícitamente que la inflación anual del INDEC es del 57,3%, dentro del ajuste del gasto primario las Prestaciones Sociales se acrecentaron solamente en un 33,1%. (Suman $ 821.428 millones y representan el 60,3% del Gasto Primario y el 50,8% del Gasto Total.) El Gasto de Capital (obra pública) se acrecentó en solo un 21,5% con respecto al año 2018. De allí que la propuesta del FMI es reducir a como dé lugar el gasto previsional que es la mayor erogación dentro del gasto social y total.

La reducción del Gasto de Capital se ejecuta principalmente en obras e inversiones en Educación. El gasto en ese rubro ha sido negativo hasta en términos nominales, cayendo un 29,8% con respecto al año pasado (en los primeros cinco meses del año 2019 invirtieron $ 4.5418 millones, y en igual período del año 2018 $ 6.296 millones) demostrando la importancia que le da a la educación pública este gobierno [4]. También es negativo en términos reales el gasto en Viviendas, el año pasado se gastó en igual lapso la suma de $ 9.430 millones y este año $ 9.856 millones. Siempre se debe contemplar la inflación interanual para demostrar que en términos reales el ajuste es de consideración y con ello, se reducen las prestaciones y obras públicas.

 

Propuesta del FMI

Ante el menor ingreso tributario el FMI le sugirió al gobierno de Macri que debería:

1. Eliminar las exenciones del IVA e incrementar hasta el 14% el IVA en alimentos como carne, harina, panificados, frutas, verduras, granos y legumbres, que pagan hoy una alícuota del 10,5%. También propone gravar con el 1 al 3% el agua y la leche, que se encuentran exentos del impuesto general al consumo doméstico.
2. Reducir drásticamente el gasto previsional mediante la igualación de la edad para jubilarse de hombres y mujeres y extender los años para gozar ese beneficio; reducir la tasa de sustitución que es la relación entre el haber inicial y el salario promedio previo al retiro, aún más que la que se hizo con el nuevo coeficiente de la reforma previsional de diciembre de 2017; y restablecer un sistema voluntario de aportes privados (AFJP).
3. Realizar una auditoría sobre los monotributos para saber si están bien categorizados y si abonan los aportes previsionales e impositivos que le corresponden.

En ese marco de aumentar la presión tributaria sobre el consumo y volver otra vez a la remanida reforma previsional regresiva, se debate el futuro del gobierno de Cambiemos y su dependencia del FMI.

Obviamente que para un gobierno nacional y popular la propuesta está en las antípodas. Se debe invertir en educación, en salud, aumentar los haberes de los jubilados y pensionados, gastar en vivienda, en obras energéticas, viales y de infraestructura en general, pero ello solo es posible si los ricos de este país pagan impuestos y los intereses de la deuda pública no superan en ningún caso el 7,5% del gasto público total.

 

 

 

[1] En Ganancias y por todo este año 2019, en el caso de un asalariado sin cargas de familia, el menor sueldo promedio mensual alcanzado es de $38.301 (incluido el proporcional del aguinaldo). Si se trata de alguien que deduce cónyuge y dos hijos, esa cifra es de $50.668.

[2] Los bienes sujetos al tributo de Bienes Personales son: inmuebles; automóviles y otros rodados, billetes (pesos o moneda extranjera); cuentas corrientes bancarias; cuotapartes de fondos comunes de inversión y otras inversiones no exentas; obras de arte; antigüedades; objetos del hogar. Pero se exime expresamente la propiedad de la tierra para personas físicas y sucesiones indivisas. Y al tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando sus valores determinados, resulten iguales o inferiores a $ 18.000.000.-

[3] El Presupuesto Nacional 2019 tiene como supuestos que el dólar promedio va a ser de $ 40,1; una inflación anual estimada en 34,8%; una caída del PIB de 0,5%; y un superávit comercial de U$S 5.800 millones (Exportaciones por U$S 74.600 millones e Importaciones por U$S 68.6800 millones)

[4] Recordar que por la ley de Educación la responsabilidad es conjunta de la Nación y las Provincias, por ende, que no haya gas en las escuelas del partido de Moreno en el Gran Bs As, es corresponsabilidad de la Nación.

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