Libres o muertos, jamás esclavos

 

Los trabajadores asistimos a escenas del enfrentamiento entre clases que escapan a la lógica de los blindajes mediáticos. Luego de la tempestad de despidos y cierres de empresas y tras la sensible flexibilización negativa de condiciones de trabajo, un lento viraje da cuenta del cambio de época que asoma en el horizonte. Al frente de la lucha se encuentran sufridos trabajadores mineros, hijos ancestrales de aquellos esclavos coyas que fueran obligados a la servidumbre colonial por los españoles. Durante la madrugada del lunes al martes, bajo el frío y la lluvia, mantuvieron el fuego sagrado de la resistencia con sus mamelucos naranja iluminando la llegada de la solidaridad al acampe en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, hasta que en la tarde del martes 25 se anunció que sus reclamos habían sido escuchados. Solo entonces un júbilo contenido anunció a empresarios y gobernantes que la protesta se había tomado un respiro victorioso.

Cincuenta y cinco años después de la histórica huelga de los trabajadores de la mina, por aquellos años propiedad de la multinacional norteamericana Minera El Aguilar, la pelea se replica con la marcha de más de 600 trabajadores aguilareños desde aquel mismo socavón en el departamento Humahuaca hasta el centro de San Salvador. La propiedad de la explotación es ahora de la multinacional Glencore, con sede en Suiza y controlante del 50% del mercado mundial de cobre, el 60 % del zinc, el 38 % de alúmina, el 28 % de carbón para centrales térmicas, el 45 % de plomo. En alimentos básicos controla el 10 % de trigo del mundo y cerca del 25% del mercado mundial de cebada, girasol y colza. Glencore posee cerca de 300.000 hectáreas de tierras de cultivo y es uno de los mayores productores del mundo de granos.

 

 

Las reivindicaciones son las mismas que en aquella huelga de 1964 y tienen que ver con las pésimas condiciones de trabajo a las que están sometidos los mineros. Especialmente repudiada es la figura del gerente general de la empresa, Javier Ruiz Díaz, un maltratador serial que tiene antecedentes similares en el cierre de la planta de Ar Zinc (ex Sulfacid), Fray Luis Beltrán, en el cordón industrial de San Lorenzo, durante 2016. Bajo su conducción, la planta de fabricación de ácidos dejó a 400 trabajadores en la calle y Glencore clausuró el ciclo de la producción de químicos estratégicos en la Argentina. Ahora el material extraído es procesado directamente en Brasil.

“Dicen que los mineros/ somos callados/ pero cuando nos joden/ nos levantamos/ libres o muertos/ jamás esclavos”, canta la nueva generación de trabajadores evocando aquella lejana lucha que permanece sin embargo en la memoria de ese pequeño pueblo de la Puna que solo se hace visible cuando pelea. Estos días continuó el acampe en el centro de San Salvador de Jujuy, a la espera de respuesta a los reclamos. El combativo sindicato minero local afiliado a la Asociación Obrera Minera (AOMA), cuyo secretario general es Carlos Trejo, está comprometido a llegar hasta el final para lograr que la patronal ceda ante sus demandas. Una perspectiva de clase señala que cuando el costo económico del pliego reivindicativo es mínimo, lo que parece ser inaceptable para las empresas es verse obligadas a ceder ante un reclamo de los trabajadores. Un cambio de vientos aviva el fuego de la rebelión: los mineros jujeños llevaron su resistencia al límite y acamparon entonados con el triunfo de los trabajadores del pueblo de Barker que impidieron el cierre de la planta cementera en la provincia de Buenos Aires.

El 1, 2 y 3 de noviembre de 1973 se realizaron las primeras Jornadas Nacionales de Medicina del Trabajo bajo la consigna “para que los hombres vuelvan a cantar cuando trabajen”. Participaron representantes de trabajadores metalúrgicos, mineros, de la industria automotriz, telefónicos y obreros navales. El encuentro se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en aquel evento se evocó al Primer Congreso Americano de Medicina del Trabajo en cuya apertura el propio general Juan Domingo Perón había expresado que “es necesario reconocer a los trabajadores aquellos derechos sin los cuales no poseerán jamás la dignidad que deben tener para ser una persona humana como los demás hombres”. Aquel Congreso ocurrió en 1953.

 

 

Lo más llamativo de aquel encuentro de fines del '73 es que el informe de la subsecretaría de Salud Pública de la Provincia de Jujuy estaba referido a los trabajadores del Ingenio Ledesma, Ingenio La Esperanza, Compañía Minera El Aguilar, Ingenio Río Grande, Ingenio Calilegua y Compañía Minera Las Pirquitas. El memorándum señalaba que en esas seis empresas se hacinaban 100.000 de los 300.000 habitantes que vivían en Jujuy en aquellos tiempos. Una habitación era compartida por 7 u 8 a razón de un metro cuadrado por persona. Uno de cada cuatro niños moría antes de cumplir el año de vida a causa de la falta de atención médica.

Avelino Bazán, dirigente de los mineros, estuvo presente en aquel evento. Durante la dictadura militar sucedida apenas tres años después, fue secuestrado y aún permanece desaparecido. En el acampe de San Salvador se recicla una lucha con mucha historia que ya es parte de la memoria colectiva de los mineros de El Aguilar.

 

 

El martes 25 de junio la empresa cedió ante los reclamos. Se comprometió a separar al gerente general Javier Ruiz Díaz, a quien los trabajadores atribuyen la responsabilidad por el maltrato al personal minero. Hizo promesa de pagar la totalidad de la primera quincena que se había liquidado parcialmente en represalia por la medida de fuerza que adoptaron los trabajadores y también se comprometió a seguir con el plan acordado con el Ministerio de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria para garantizar la seguridad en la mina. Un gran alivio llegó a los sufridos trabajadores que permanecían acampando frente a la Casa de Gobierno acompañados por familiares y viejos compañeros, alguno de los cuales habían participado de aquella heroica huelga de 1964.

Así es como se hilvana la historia de los más postergados de nuestro sistema productivo. Los que sufren a 1.000 metros bajo tierra en manos de patrones y capataces insensibles al sufrimiento de los mineros que producen en riesgo permanente de perder la vida en derrumbes. Según denunció Trejo, “en los primeros meses de este año ya se registraron al menos 50 incidentes” en la mina, con “varias personas que quedaron inhabilitadas para trabajar”. El desplazamiento del diestro gerente es un paso adelante. Ha sido un ejemplo contundente para el pueblo en general. Queda demostrado una vez más que "la solidaridad de clase rompe con cualquier intento del poder económico asociado al poder político de generar desmedidas ganancias para pocos y violenta explotación para las mayorías”. Luchas como esta señalan la tónica de las peleas que se avecinan cuando va terminando este gobierno. El avance patronal que se impuso en algunos convenios colectivos que precarizan las condiciones generales de trabajo, como el caso de Vaca Muerta, se está cobrando vidas de trabajadores por falta de seguridad en los lugares de trabajo. Las condiciones políticas favorables a los intereses de los grandes empresarios abonadas por el macrismo y su versión local, el radical Gerardo Morales, hicieron posible estos abusos y la restitución de un gobierno de signo popular deberá enfrentar las demandas que surjan de este despotismo pletórico de excesos.

Cuando Perón volvió al país, y Héctor Cámpora asumió el gobierno en marzo de 1973, muchos conflictos estallaron a raíz de las condiciones de trabajo y de los bajos salarios. Todo abuso encuentra su propio límite y, por más policías y represión que se desplieguen, cuando la muerte acecha en los puestos de trabajo y la voluntad colectiva confía en sus dirigentes no hay temor al despido que detenga la rebelión de los iguales.

A miles de kilómetros de Humahuaca, en la capital porteña se cumplió un año el miércoles pasado del día en que Hernán Lombardi despidiera a 357 trabajadores, alrededor del 40% de la planta permanente de la agencia de noticias Télam. El verdugo a cargo de la tarea sucia fue Rodolfo Pousá, amanuense de la última dictadura militar, luego gerente de Canal 13, donde despidió a 800 personas el año 1989 de la privatización, y de América TV durante el conflicto de 1998. En 2000 había intentado cerrar Télam y los trabajadores lo impidieron con su lucha. El gobierno alegó que se trataba de un grupo “excesivamente ideologizado”. La justicia consideró que los despidos fueron un acto discriminatorio y los revocó. A la pretensión del gobierno macrista, los trabajadores y las trabajadoras de Télam respondieron con 119 días de huelga. Sufrieron siderales descuentos salariales y 39 procesos penales por realizar asambleas en el establecimiento de trabajo. La Justicia en primera instancia viene reincorporando a la mayor parte de los despedidos y los trabajadores han realizado protestas frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en reclamo de una sentencia definitiva que termine con la faz judicial del conflicto, donde el poder político ha intimidado burdamente con el envío a juicio político a los jueces para que convaliden sus pretensiones.

 

Adentro

La Justicia del Trabajo rechazó la maniobra del gobierno y ordenó el jueves una primera tanda de reincorporaciones definitivas de 68 trabajadores de Télam despedidos en 2018 por Lombardi, a partir de cinco sentencias de alzada con carácter cautelar dictadas por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El fallo judicial confirmó que el Directorio de Télam actuó en forma “ilegal, ilegítima e irrazonable” al despedir, y revirtió las desvinculaciones por incumplir el Procedimiento Preventivo de Crisis que, según dispone la ley 24.013, es de naturaleza obligatoria para habilitar despidos masivos. Las sentencias judiciales, además de su valor en sí mismas y sus efectos inmediatos, representan un mensaje hacia las demás Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que aún no definieron si se abocarán ellos mismos al tratamiento de las medidas cautelares de los trabajadores de la agencia o si las remitirán al juez natural de origen (la Sala V). Según la Comisión Gremial Interna de Télam perteneciente al Sipreba, igualmente continuará el acampe frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta que sean reincorporados todos y cada uno de los despedidos. Télam aún no se ha normalizado. Es el enfrentamiento más extendido de la historia de la agencia estatal de noticias desde la Revolución Fusiladora, en 1957, cuando el gobierno dejó de pagar los sueldos e inició una caza de brujas contra los periodistas que imaginaba peronistas. Hoy los trabajadores de Télam continúan en la defensa de sus puestos de trabajo, por reincorporaciones definitivas, por paritarias y por la conversión de Télam en una Agencia Pública No Gubernamental con Control Parlamentario.

 

 

La pelea por los puestos de trabajo está emparentada con la lucha por la libertad de expresión y ambas se defienden con uñas y dientes con manifestaciones y presencia en la calle, en los tribunales y ante la opinión pública, y busca su lugar ante la historia que ya los valora como un colectivo de valientes que enfrentó y venció a un gobierno todopoderoso sin más armas que su dignidad. Los mineros de El Aguilar y los trabajadores de prensa de Télam propinaron dos golpes de knockout para un proyecto político que creyó tener el poder para emprenderla como un toro enceguecido contra los derechos de los trabajadores. Dos formas, dos contenidos, una sola lucha, con un único y patético derrotado. Triste, solitario y final para el macrismo.

 

 

 

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