Represión y marcha atrás
Los reclamos gremiales arrecian, y la respuesta violenta también
Foto principal: los despidos quedaron descartados y las horas caídas no implicarán descuentos en los haberes. (Foto El Litoral.)
El monopolio ERSA tiene más del 80% del transporte de la ciudad de Corrientes. Tras enviar un número indeterminado de cartas documento de despido por el reclamo del pago de haberes adeudados, la siesta correntina se vio alterada por la violencia. Los trabajadores en asamblea cortaron la salida de los ómnibus para evitar el servicio de las unidades carneras. Se desató entonces una fuerte represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma en varias oleadas, contra los trabajadores, familiares, vecinos de la zona y organizaciones sociales, con un saldo de muchos lastimados. Un menor, gravemente herido, fue a parar al hospital y no hay “conciliación obligatoria” que valga. Batalla campal por la defensa del trabajo. Corrientes sin bondis. Policía por todos lados, trabajadores en lucha. ¡Pensar que el secretario general de la UTA correntina es senador!
La semana pasada un grupo comando de la construcción (UOCRA) atacó con armas de fuego y cachiporras a delegados de trabajadores rebeldes en las instalaciones de Shell en Vaca Muerta. El delegado Juan Acsama tuvo que ser internado con una herida de bala en la cabeza. Cuando la policía llegó a Sierras Blancas, los patoteros ya no estaban. Juan Carlos Levi, evidente jefe del matonaje, fue detenido por el hecho y recibió una prisión preventiva de seis meses mientras se lo enjuicia por su responsabilidad en el tema. Levi mostró su poder al lado del Presidente Mauricio Macri y del gobernador Omar Gutiérrez, durante una visita de los mandatarios a yacimientos de Vaca Muerta. Siempre ha negociado con los gobiernos de turno los puestos laborales de obreros que van de trabajo en trabajo, con el régimen temporario de la libreta de desempleo de la construcción. La impunidad de los grupos parapoliciales armados está garantizada. Las fuerzas de Patricia Bullrich solo aparecen por la zona para reprimir al pueblo mapuche. Los comandos hacen ostentación obscena pero desde el poder político no ven, no oyen, no hablan. Según el bien informado periódico zonal Diariamente, de Neuquén: “Los fierros y la movilidad están a disposición de los matones, que no son ningunos loquitos, o marginales –como se dice desde el gremio— sino una maquinaria perfectamente organizada, al servicio de la disciplina impuesta por el clásico esquema verticalista” de un sindicalismo corrupto, maquiavélico y sin apoyo real entre los trabajadores.
Harto de la prepotencia policial, Héctor Daer, co-secretario general de la CGT y jefe del sindicato de sanidad (ATSA), denunció que la policía porteña ya realizó tres operativos con detenciones de delegados y delegadas del laboratorio Craveri, quienes sostienen un acampe por el despido de trabajadores y para exigir el acatamiento a la conciliación obligatoria por parte de la patronal. Los trabajadores bancan el acampe con la solidaridad de los vecinos, que reivindican el reclamo obrero por el trabajo. No hay ninguna gesta colectiva que genere tanto apoyo de nuestra población como la resistencia a la pérdida del trabajo. En pleno retroceso del macrismo, se repiten estos episodios entre empresarios inescrupulosos y comisarios prestos a actuar “a la orden”. El gobierno ha logrado saturar el mercado con ofertas de todo tipo de represión, como sola respuesta a los problemas que generan sus políticas económicas.
La Cámara Siderúrgica (ex CIS) se niega a reconocer el porcentaje de recomposición salarial que admitieron el resto de los empresarios de la metalmecánica. Esto no es nuevo. Siempre quedan para el final de la negociación y tiran los acuerdos para abajo. Ya sucedió cuando la convertibilidad llegó y la UOM había pactado el aumento y solo faltaba la firma de la CIS. Los acuerdos se congelaron y los siderúrgicos quedaron con un básico de convenio menor al resto durante toda la década del '90. La diferencia se saldó mediante un laudo redactado por quien años más tarde sería el Ministro de Trabajo más duradero de la historia. El “laudo Tomada” fue un testigo de la dureza para negociar que tienen los patrones siderúrgicos, tan duros como sus productos. El martes los delegados de las seccionales del Conurbano marcharon sobre el edificio en Catalinas para hacer oír sus bombos y sus cebollitas, que alteraron el murmullo del Microcentro.
Con motivo del Día del Periodista se conoció el infausto balance del gremio que los agrupa: “Más de 3.100 puestos de trabajo perdidos solo en CABA y más de 4.500 en todo el país, cercenamiento de voces críticas y aumento de la concentración mediática en grupos cada vez más poderosos que incumplen las leyes vigentes. Los empresarios aprovechan la situación crítica para precarizar periodistas bajo la figura de colaboradores y free lance. Es así que violan el Estatuto del Periodista Profesional, con la complicidad del Estado: por acción u omisión de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Medios Públicos encabezada por Hernán Lombardi, del ENaCom o de la Jefatura de Gabinete, según el caso”. Hubo 28 periodistas detenidos y otros 55 heridos por balas de goma. El sindicato de periodistas (SIPREBA) repudió además la miserable paritaria firmada por la esperpéntica UTPBA, con una pérdida de más de 25 puntos porcentuales entre mayo de 2018 y abril 2019, un 30,68% de aumento contra una inflación interanual del Indec que marcó 55,8%. Los trabajadores de Télam continúan su lucha por las reincorporaciones con cotidianos acampes en Lavalle al 1500. Los acompaña todo un pueblo.
En la ciudad más rica del país, los gremios porteños marcharon con sus reclamos hacia el Ministerio de Hacienda y la Legislatura de la Ciudad por la defensa del salario, el aumento de las asignaciones familiares y la declaración de la emergencia educativa, sanitaria y alimentaria en CABA. Los oradores expusieron las demandas del conjunto de los trabajadores de la Ciudad. Las organizaciones convocantes (AGTSyP-Subtes, UTE, ATE Capital, SiTraJu y CTEP) marcharon con gran despliegue y en unidad hacia la Legislatura porteña. El laburante tiene más necesidad de respeto que de pan. La inauguración de las tres estaciones del subte E, ya terminadas en tiempos del gobierno kirchnerista, tiene al símil gobernador Horacio Rodríguez Larreta a mal traer. Metrovías no asignó personal a las boleterías de la estación Catalinas. Las salidas del Paseo del Bajo para camiones no permiten el sobrepaso aunque hubo avisos de los riesgos de tales medidas. Ya no puede ocultar el orden trastocado de sus prioridades, que tiene baldosas y marketing por delante y a la población trabajadora y carenciada en último lugar.
“Como es la verdad lo que nos hace libres, vamos por ella”, sostuvo Beto Pianelli, secretario general del sindicato del Subte. Hay un marco de inquietud generalizada por los análisis clínicos a 200 trabajadores tras la denuncia de que los vagones comprados por la gestión de Macri a España contienen asbesto, un producto que es cancerígeno, pero pese a ello pasó los apresurados controles aduaneros y técnicos sin problemas. Los médicos de Metrovías y la ART evaluarán los estudios de los 100 trabajadores de los talleres de Rancagua y Villa Urquiza que se sometieron a análisis en el Hospital Británico. En paralelo, el gremio, en un acuerdo con el Hospital Tornú y el Instituto (de Tisioneumonología) Vaccarezza que funciona en el Hospital Muñiz y depende de la Universidad de Buenos Aires, también realizó análisis y estudios médicos a cincuenta trabajadores del subte cuyos resultados serán evaluados en estos días. Luego de que los profesionales les hagan una primera devolución a los trabajadores analizados, le informarán al gremio si hubo casos positivos por asbestosis. “El criterio de la verdad es el testimonio que confirma y atestigua la justeza de las ideas, quita miedos y reafirma o rechaza conceptos de la realidad objetiva”, filosofó Pianelli.
A cien años de la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el único organismo tripartito existente a nivel internacional, cabe evaluar la evolución de la lucha de clases. Ideado por políticos con visión estratégica para frenar el auge de los procesos revolucionarios, hoy se expresa en políticos mediocres, patronales de sesgo brutal y sindicalistas mucho más sumisos que ven cómo los abogados de las grandes trasnacionales ponen en cuestión el principio del derecho de huelga y las indemnizaciones. Si la pensamos como parámetro, tenemos que convenir que el avance de la Historia no es lineal ni la conquista de derechos sociales acumulativa. El grado de burocratización del organismo le ha ido quitando vitalidad y a un siglo de su gestación, para los asalariados del mundo es apenas una especie de “muro de los lamentos”.
El día miércoles se desarrolló una nueva audiencia en la causa Mercedes Benz, un tramo de la megacausa Campo de Mayo. Además de María Luján Ramos, esposa de Esteban Reimer —uno de los desaparecidos—, de Marcelo Barab, ex trabajador de la fábrica, y de José Barreyro Bueno, ex delegado de la fábrica que había sido integrante del “grupo de los 9” —una comisión combativa del año '75—, también declaró Victoria Basualdo como testigo de contexto y se refirió a la responsabilidad empresarial de los delitos de lesa humanidad. Basualdo repasó aspectos de la empresa Mercedes Benz y su relación con el nazismo, retomando datos como que Adolf Eichman trabajó en la filial argentina de la empresa. Analizó además una serie de pruebas y documentos que muestran la participación empresarial en los crímenes cometidos contra trabajadores y delegados, que incluyeron detenciones en los lugares de trabajo, provisión de recursos e información claves a las fuerzas armadas para los secuestros y la contratación en 1978 del genocida Rubén Luis Lavallén, quien encabezó la brigada de investigaciones de San Justo donde funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD), como responsable de seguridad de la empresa Mercedes Benz. Lavallén no solo fue el secuestrador y torturador de víctimas que trabajaban en dicha empresa y dirigió un CCD, sino que fue además el apropiador de Paula Eva Logares, primera nieta recuperada cuyos padres fueron asesinados en el marco del Plan Cóndor. Analizó también el caso en el marco del cordón industrial de la zona norte y oeste del GBA hasta el sur de Santa Fe, mostrando cómo el proceso represivo que en Mercedes Benz se cobró 20 vidas trabajadoras —la mayoría de las cuales continúan desaparecidas—, tiene que entenderse como parte de una ofensiva contra la organización sindical, la defensa de los derechos laborales y la disputa por la distribución del ingreso y por el papel de la clase trabajadora en la economía, la sociedad y la política. La alianza empresarial militar tomó a delegados y comisiones internas del cordón industrial y de distintas regiones del país como un blanco represivo para lograr esta reconfiguración económica y social. Una nutrida representación de la Intersindical de Derechos Humanos que siguió atentamente los testimonios es fiel testigo de que los problemas que hoy sufre la clase trabajadora reconocen sus orígenes en aquellos tiempos de dictaduras.
Hay momentos en que la historia está tan en el presente que el tiempo parece haberse detenido. El discurso del presidente de Brasil Jair Bolsonaro y el de su imitador criollo Miki Pichetto resuena como un eco de aquel otro que gobernó los años de plomo de la persecución sindical, durante el terrorismo de Estado. La reivindicación permanente de la represión como razón de Estado se instala cuando las decisiones políticas van en contra de los intereses de las mayorías populares.
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