PRESO POR PORTACIÓN DE AMIGO

 

El día 11 de abril del 2019 el señor Ola Bini fue arrestado y detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador. El señor Bini vive en Ecuador desde 2013 y residió durante seis años sin incidentes.

El fundamento para su arresto, y para su posterior detención en prisión preventiva que aún continúa en curso, aún no ha sido definido. La única información revelada por el fiscal del caso es que el señor Bini ha cometido un delito relacionado con “un ataque a la integridad de los sistemas informáticos”. No se le indicó hecho concreto, ni fecha, ni dónde se registró el daño, ni cuándo.

Ola Bini fue arrestado el mismo día en que el gobierno de Ecuador le revocó el asilo a Julian Assange. Aún más, ante su arresto, miembros del gobierno hicieron comentarios sobre ciertos “agentes” vinculados con WikiLeaks que buscaban hacer daño a Ecuador y estaban operando dentro del país. Rusos y suizos.

Estos comentarios no sólo son materialmente erróneos, sino que trataban de influenciar las acusaciones infundadas contra Bini. De esta forma, tienen un impacto directo en la posibilidad de Bini de tener un juicio justo en caso de que el proceso judicial avance aunque las acusaciones no posean fundamento jurídico. Y es menester agregar que la denuncia avisando que Ola Bini era la persona no identificada a quien se adjudicaba la responsabilidad en las comunicaciones de gobierno, fue interpuesta en forma anónima en un llamado y jamás se pudo recuperar la grabación.

Las referencias de los funcionarios públicos ecuatorianos daban como pautas de responsabilidad penal que había gastado 230.000 dolares en internet en cinco años (alquilar un servidor cuesta 4800 por mes) y que llevaba 60 memorias USB en el equipaje.

La realidad es que Ola Bini es un desarrollador de software y un experto internacionalmente reconocido en asegurar la protección de los individuos contra la vigilancia electrónica ilegal y en asistir a movimientos populares en América Latina. Es decir, estrictamente lo contrario a un hacker. Se ha dedicado a la defensa y promoción de esta temática durante largo tiempo, siendo llamado un defensor de derechos humanos en relación con el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión.

Las acusaciones son categóricamente negadas. La Fiscalía, a pesar de haber detenido a Bini hace casi dos meses, todavía no ha ofrecido pruebas que las sostengan más allá de reiterar la cita de un articulo del Código Penal de Ecuador.

Con la prisión preventiva confirmada, la defensa de Ola Bini pidió una audiencia de fijación de fianza fechada para el 22 de mayo y postergada durante una semana porque el fiscal viajó. Se dijo que lo había hecho para garantizar el derecho de la parte. Cuando se cumplió el 29 de mayo, el fiscal nuevamente no presentó pruebas que puedan fundamentar la imputación. La jueza a cargo llamó la atención a la Fiscalía, pero rechazó conceder la libertad de Bini porque tal carencia fiscal no permitía determinar ni la víctima ni la totalidad del daño, entonces, para garantizar el derecho de las posibles víctimas a su reparación no concedió la fianza.

La defensa de derecho penal interna, conducida por el abogado ecuatoriano Carlos Soria, acaba de requerir la declaración testimonial del Presidente Moreno y de la ministra del Interior Romo a fin de demostrar el alto grado de politización de la causa para la detención de una persona a la que no se le han formulado cargos.

Esta semana que pasó fue presentada una petición de intervención urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, comprendiendo también al Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de NU; Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de NU; Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de NU; y Relator Especial sobre el derecho a la privacidad de NU, destacando la ilegalidad de su actual detención. Se trata de una detención arbitraria. Su detención fue autorizada a pesar de que hay razones para considerar que las acusaciones tienen motivaciones políticas y, en cualquier caso, estas no poseen ningún fundamento jurídico.

Allí se dice que desde su arresto, Bini no ha estado detenido de acuerdo los standards de derechos humanos. Fue detenido y esposado en la parte trasera de un auto perteneciente a la policía por un período de tiempo excesivo, a pesar de que la orden que autorizaba su arresto no fue producida hasta siete horas después de su arresto inicial. Ello confirma que el período inicial de su detención fue ilegal.

Aún más, le fue denegado el derecho a asistencia consular (un sueco que no habla español correctamente y con inglés de segunda lengua no puede manejar conceptos legales tan serios como para privarlo de su libertad). Tampoco le fue permitido procurarse asistencia legal hasta después de haber estado detenido durante más de 13 horas.

La petición hace constar la preocupación por la falta de independencia judicial necesaria en cualquier Estado democrático y por los estándares mínimos de debido proceso.

En el equipo legal que armó la petición participan Almudena Bernabeu, residente en San Francisco, Toby Cadman, residente en Londres y nuestro colaborador en El Cohete A La Luna, Damian Loreti.

 

 

Los amigos y compañeros de Ola Bini han lanzado una campaña internacional de solidaridad en ocho idiomas en https://freeolabini.org/es/ donde obran detalles de la campaña y los relatos del propio Ola sobre su situación carcelaria.

 

 

 

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