Enajenar la memoria

 

Mauricio Macri autorizó la venta o cesión de los terrenos donde hasta hace poco funcionaba el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, que operó como un centro clandestino de detención durante la dictadura y hace quince años está señalizado como sitio de memoria. Las tierras, que ya están tasadas en 31 millones de dólares, serán usadas para la construcción de un megaproyecto inmobiliario a la vera del Río Paraná, que entusiasma al radicalismo que gobierna la provincia de Corrientes y el municipio de la capital.

El 10 de mayo último el Presidente firmó el decreto 345/2019, por el que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña, a “enajenar” varios terrenos, entre ellos los del Regimiento 9 de Corrientes. Enajenar quiere decir ceder o poner a la venta, en este caso, inmuebles que pertenecen al Estado nacional. El macrismo viene liquidando tierras del ejército con potencial inmobiliario. Ya lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, pero la novedad es que ahora avanza sobre un lugar declarado sitio de memoria, y promocionado como tal desde la propia página web del gobierno nacional.

El decreto de Macri se monta sobre la ordenanza 6635 que el Concejo Deliberante de Corrientes sacó el 23 de agosto del año pasado anunciando la creación del Plan Urbano Costero. Allí se hace una salvedad sobre los terrenos del Regimiento. Dice que deben preservarse únicamente tres: la capilla, el casino de suboficiales y el pabellón existente — que sería el galpón 9, donde los testimonios indican que fueron alojadas decenas de secuestrados durante la última dictadura.

Movidos por la incertidumbre sobre qué va a pasar con el lugar, los integrantes del “Espacio de Memoria Regimiento de Infantería N° 9” le mandaron una carta al secretario de derechos humanos Claudio Avruj, recordándole que todo el predio es sitio de memoria y, como lo establece la ley 26.691 de 2011 (la ley de sitios), debe ser preservado. Además, sobre el lugar pesa una medida cautelar, impidiendo que se altere el espacio que deberá funcionar como prueba para la segunda causa sobre el Regimiento de Corrientes que debe ser elevada a juicio en los próximos meses.

Avruj no les contestó —como tampoco lo hicieron desde la Secretaría de Derechos Humanos ante una consulta de este medio—, pero un funcionario suyo envió una cédula al juzgado federal de Corrientes para ponerse a resguardo de la decisión de Macri y Peña.

El encargado de remitir la notificación fue Sergio Kuchevasky, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, de quien depende la dirección nacional de sitios de memoria. Kuchevasky le informó al juez Juan Carlos Vallejos que ya había mandado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado una notificación pidiendo que “subsane” el decreto por tratarse de un sitio de memoria.

La nota en cuestión salió del Archivo Nacional de la Memoria el 15 de mayo, dos días después del decreto y un día después de la carta de los organismos de Corrientes, y estaba destinada a Ramón María Lanús, el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. “Se torna importante poner de relieve que oportunamente se ha puesto en conocimiento a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) las medidas y restricciones que afectan el bien precedentemente citado y que su destino no puede ser diferente al previsto por la normativa que lo protege como un sitio emblemático”.

 

 

Lo que surge de la nota del funcionario da especial relevancia al temor de los organismos y defensores de los derechos humanos correntinos. “En ningún lugar del decreto ni de la ordenanza se habla de un sitio de memoria, es una ausencia muy deliberada”, remarca la abogada Marisa Sanauria. El cuñado de Marisa, Rómulo Artieda, es uno de los desaparecidos del Regimiento de Infantería de Corrientes. Había sido secuestrado el 14 de mayo de 1977 en Burzaco, provincia de Buenos Aires, y fue llevado hasta Corrientes. Sus restos fueron hallados en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense a unos 60 kilómetros de la capital correntina mientras se hacía el juicio por secuestros y torturas en esa guarnición militar.

 

El regimiento

El Regimiento de Infantería 9 de Corrientes ocupa casi 18 hectáreas en una zona de lo más selecta de la capital provincial. Los más memoriosos recuerdan que el terreno fue cedido por la familia Torrent para uso del Ejército.

En 2008, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dio por probado que el Regimiento funcionó como un centro clandestino y como un punto nodal de la represión en la provincia mesopotámica.  Según los jueces, el grupo de inteligencia del regimiento —con la ayuda del área de inteligencia de la Gendarmería Nacional apostada en la provincia— conformaron el “grupo de tareas que encabezaba la lucha antisubversiva”.

El Regimiento como centro clandestino empezó a funcionar en agosto de 1976. Según pudieron acreditar los jueces, los detenidos eran custodiados por conscriptos de otras provincias que eran enviados a Corrientes para hacer el servicio militar. Se calcula que pasaron por allí unas 100 personas.

El lugar de alojamiento de los secuestrados era un galpón con base de hormigón y paredes de madera. Sin la preservación necesaria durante todos estos años, como era de esperarse, se llenó de termitas. A oídos de los organismos de derechos humanos llegó que los referentes del Plan Belgrano —la unidad creada por Macri para supuestamente crear infraestructura en las provincias del norte del país y que está involucrada en el plan costero correntino— habían aconsejado que no quedaba otra opción que demoler el galpón porque no alcanzaba con fumigar para erradicar la plaga. Aunque nada de eso figura en los papeles, fue otro motivo de alarma. “Lo que intentan es borrar esos espacios y hacerse de todo el predio”, dice Daniel Cian, presidente del Espacio de Memoria Regimiento de Infantería N°9.

 

El negocio

El Plan Costero fue diseñado por el municipio de Corrientes, actualmente a cargo de Eduardo Tassano, con la asistencia del gobernador Gustavo Valdés —hasta ahora el único que le dio una alegría electoral a Macri en lo que va del año— y con la Agencia de Bienes del Estado, según surge de información que el propio Marcos Peña envió al Senado. Se propone intervenir 111 hectáreas de la zona que linda con el Paraná y, según informa el municipio y la Jefatura de Gabinete, 85 de esas hectáreas serán para uso público. El resto será destinado a torres y centros comerciales. Según las estimaciones del municipio, el proyecto urbanístico podría generar más de 3000 puestos de trabajo y generar viviendas para más de 13.000 habitantes.

En un video promocional, el municipio habla de poner en valor el sitio de memoria, pero nada de eso surge de la ordenanza ni del decreto.

 

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