Lo que arranca mal termina mal

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”
“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

En la Argentina hay una carta que nos invita a ser parte de un colectivo. Esa carta es la Constitución.  Su preámbulo condensa las grandes promesas. Entre ellas, está la de “afianzar la justicia”, que allana el camino para convivir en sociedad.

Esa promesa no genera obligaciones solo para los gobiernos. Hacerla efectiva es un deber de todos. Pero los oficialismos tienen que predicar con el ejemplo para hacerla real.

El gobierno de Cambiemos, que encarnó la idea de una mejora institucional que reclama la gran mayoría de los ciudadanos, arrancó mal y termina mal.

Una de sus primeras fotos fue la designación de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por decreto. Aunque después lo corrigió, fue una poderosa marca de agua en la política de Cambiemos frente a la Justicia.

En este espacio se han narrado movimientos de fiscales y jueces destinados a incidir en el curso de expedientes. También las persecuciones a algunos de ellos y las protecciones para otros. No vale la pena repetirlos.

La semana pasada, tras las escuchas de la "Operación Puf”, se habló en este espacio de la subordinación del derecho constitucional a la intimidad a estrategias de propaganda. Ningún ciudadano, aunque crea lo contrario, gana algo cada vez que se degradan los derechos constitucionales.

Basta repasar nuestra historia reciente para cotejar qué pasa cuando la Constitución no rige en plenitud. El siglo XX nos suministra ejemplos tremendos sobre el punto. Las experiencias de los fascismos y de los socialismos realmente existentes se caracterizaron por despreciar los derechos derivados de las revoluciones burguesas.

Pero la sociedad civil y algunas instituciones empiezan a reaccionar. El Colegio Público de Abogados, por ejemplo, pidió una entrevista con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz por el affaire escuchas. Rosenkrantz escuchó.

En las universidades se habla cada vez más del tema y las redes sociales son un valioso termómetro para medir la temperatura del fenómeno.

Institucionalmente, hasta ahora, sólo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) aportó claridad al asunto.

Mediante un duro informe firmado por los jueces Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra dirigido a todos los ministros de la Corte Suprema, la Dirección se pronunció sobre la filtración de las escuchas de los presos vinculados al anterior gobierno. En el mismo, afirman que se evidencia que existen vulnerabilidades en la cadena de custodia fuera de su ámbito.

Veamos sus principales puntos.

• “El trabajo realizado por la Dajudeco se limitó a cumplir lo estrictamente solicitado por el Juez, respecto de la solicitud de intervención, los abonados a intervenir, el período de la intervención, y los autorizados a retirar los Cds con los audios de esas intervenciones telefónicas, informando en forma periódica a la autoridad judicial”
• “Sin intervención humana alguna mediante un proceso técnico y mecánico se grabó el contenido de las comunicaciones y fue entregado a quien la autoridad judicial solicitó. En este caso, la Agencia Federal de Inteligencia retiró de la Dirección los Cds bajo estrictas normas de seguridad, con anterioridad a la publicación en los medios de comunicación de información que según se indicaba correspondía a parte de esos audios. Se aclara que se utiliza el potencial porque la Dirección no accedió en ningún momento al contenido de las intervenciones telefónicas, ni tampoco se puso en conocimiento a quién pertenecían esos abonados telefónicos”.
• “A su vez, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (Claudio Bonadío) solicitó copia de determinados Cds de audio producidos en el marco de la causa donde se había ordenado la intervención telefónica. La solicitud fue realizada dejando expresa constancia de que había sido autorizado a requerirla por quien la ordenara”.
• “No es posible hacer una regrabación si no existe la orden de un juez y siempre queda registro para el caso de ser auditado. Sobre el particular, incluso debe destacarse que la AFI y un Fiscal Federal solicitaron también obtener una regrabación y en ambos casos se denegó la solicitud por no estar autorizados”.
• “La Dirección no recibió en ningún momento instrucción alguna para destruir los audios... Los audios en todos los casos se conservan en un back up —al cual no se puede acceder sin orden judicial y es auditado— por un lapso de 10 años, a menos que el magistrado disponga destrucción”.
• Además, sobre la cadena de custodia agregan que la intervención de la Dajudeco es un eslabón dentro de la cadena de custodia que debe regir en cualquier intervención. Su participación comienza con el ingreso de la orden del juez y finaliza con la entrega del Cd con el audio de la intervención al juez o a quien este designe.
• “Luego es responsabilidad de los jueces y de quienes actúan como sus auxiliares... velar por la continuidad de esa cadena de custodia”.
• En el informe hay un fragmento de una nota que le enviaron a la Corte el 14 de febrero de este año. En la misma sugieren, entre otras cosas, evaluar la pertinencia de las fuerzas de seguridad u organismos seleccionados. “Cuando un juez dispone que una fuerza de seguridad o la AFI cumplan la función de escuchar o transcribir escuchas telefónicas, su tarea como auxiliares del juez se encuentra bajo la responsabilidad del magistrado porque es quien la ordenó. La AFI no puede realizar inteligencia con el material obtenido en su rol de auxiliar de la justicia”, agregan.

El jueves pasado, en Dos Justicias se publicó el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las escuchas en la Argentina. Allí se advierte, entre otras cosas, la necesidad de crear “un sistema que se ajuste a las mejores prácticas internacionales, en virtud de lo cual los investigadores no reciban todo el contenido de las líneas interceptadas, sino sólo las partes pertinentes para las investigaciones y que las transcripciones sean realizadas estrictamente por funcionarios que no formen parte de los equipos de investigación”.

Mientras tanto, otros sectores del Estado y la dirigencia política se mueven de manera contradictoria y sin captar la magnitud del problema.

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, fue citado esta semana por el Congreso. La Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público le pidió que rinda cuentas por el affaire Stornelli que, a esta altura, es inexplicable. Poco dijo. Solo formalismos que pretendieron justificar sus tenues movimientos.

El cuestionado fiscal Carlos Stornelli, por su parte, no se privó de fotografiarse con el Presidente de la Nación y otros funcionarios en medio de un acto que poco tenía que ver con la justicia. Quien lo investiga, el juez Alejo Ramos Padilla, fue denunciado por el Poder Ejecutivo de una manera muy peculiar, que algunos llaman hostigamiento.

Para colmo de males, le negaron conocer los elementos en que se apoya la acusación en su contra, a pesar de haberlos solicitado. Finalmente, Miguel Pichetto dispuso que pueda acceder a las mismas.

En este contexto, los dirigentes deberían predicar con el ejemplo. Pero, salvo por la de unos pocos, sus acciones muestran lo lejos que estamos de hacer efectiva la promesa de “afianzar la justicia”.

 

 

 

 

* Publicado en el blog #DosJusticias

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