Ni idóneos ni independientes

 

El tiempo comenzó a correr. La Legislatura porteña realizó la audiencia pública para tratar las candidaturas a cargos claves de la Justicia porteña: dos para el Superior Tribunal y otro como Procurador. Los nombres son viejos nombres conocidos en el universo del PRO. Uno es Santiago Otamendi, actual secretario de Justicia de Nación, segundo de Germán Garavano e impugnado por Memoria Activa por su intervención en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. “No es admisible que la Legislatura vote una designación decidida por el Ministerio de Justicia de la Nación", se escuchó en el recinto.

Además de Otamendi, la candidata a ocupar el segundo sillón vacante del Superior Tribunal es Marcela Vivian de Langhe, rectora hasta este año del Instituto de Policía. Y como candidato a Procurador va Juan Bautista Mahiques. Los nombres recibieron severas objeciones del CELS, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Para las organizaciones los candidatos no pueden ocupar esos puestos porque "no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para los que son propuestos".

Otamendi tiene 54 años, es secretario de Justicia, representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y entre sus relaciones está la Fundación Unidos por la Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos. El actual embajador de Estados Unidos, el ex juez y abogado Edward Prado, viaja a Argentina desde el año 2002. Aquí cultivó relaciones con miembros de la extinta usina de ideas jurídicas del PRO conocida como Justicia en Cambio, un grupo que estuvo integrado por Garavano, la jueza de la Corte Suprema Elena Highton y Santiago Otamendi. Ese programa como explicó este Cohete, se prolongó por una década y procuraba trasladar a la Argentina la agenda de Justicia norteamericana: entre ellos, la figura penal del arrepentido finalmente aprobada para Argentina en 2016.

 

 

De acuerdo a los evaluadores, sus antecedente son pobres. No tiene conocimiento sobre perspectiva de genero. No tiene publicaciones propias relevantes y sus niveles de docencia fueron considerados pocos o de escaso valor. En la audiencia del viernes, Memoria Activa lo cuestionó por su actuación en el juicio AMIA. “Nos presentamos en la Legislatura porteña para exigirle a quienes nos gobiernan que estén a la altura de las circunstancias y no permitan que Santiago Otamendi ocupe un cargo en el Tribunal Superior de Justicia”, señalaron desde esa entidad. “Que además, después de todas las denuncias por encubrir, postulen a Otamendi para el TSJ resulta una falta de respeto y marca el camino que —cada vez nos queda más claro— el Gobierno quiere seguir: la impunidad en la causa AMIA”.

Mahiques es representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y es Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. Es, además, hijo de Carlos Mahiques, central operador del gobierno en el terreno judicial y hombre de línea directa con Daniel Angelici. Ministro de Justicia de María Eugenia Vidal apenas asumió en la provincia, Mahiques padre es uno de las jueces de la estratégica Cámara de Casación Penal de Nación, designado por recomendación del Ejecutivo.

En el análisis de antecedentes, los evaluadores sostuvieron que el CV de Mahiques hijo es pobre para ocupar el cargo de fiscal. Y que sus antecedentes no le permitirían siquiera aspirar a fiscal de primera instancia por concurso en la Ciudad de Buenos Aires. Mahiques hijo es abogado egresado de la UBA en 2007 y tiene una maestría en Administración de Justicia, realizada en Roma en 2018. Pero según los evaluadores, el Master lo hizo a distancia y en las 1.500 horas de cursada cuentan también las horas de estudio. Tiene casi nulos antecedentes en docencia, publicaciones y congresos. Y sus pocos datos interesantes están vinculados al sistema penitenciario, que no es uno de los ejes centrales de la Procuración de la Ciudad.

Entre los puntos valorados por las asociaciones civiles, el informe retoma una de las críticas del CELS. El candidato, dijeron, "no cuenta con formación ni antecedentes profesionales en materia de género", entendiendo que “debe exigirse una mayor perspectiva de género en el proceso de designación de la persona que dirigirá el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, permitiendo que la próxima titular sea una mujer comprometida con el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres".

Por último, Marcela Vivian de Langhe tiene 65 años de edad. Es especialista en políticas públicas de Seguridad con un título de la UBA de 2013, y egresada de derecho en 1992. Entre sus antecedentes figura el paso como rectora del instituto de Policía, al que renunció en 2019. Sobre su capacitación, el informe de antecedentes señala que es muy poco o casi nula su formación en materia de perspectiva de género y/o LGTB. Tampoco tiene estudios de otras materias, ni penal ni constitucional.

Al finalizar la audiencia, la Junta de Ética y la Comisión de Justicia de la Legislatura emitieron dictamen favorable. La decisión debe ser votada ahora por una mayoría especial de dos tercios: 40 votos sobre 60. La audiencia está prevista para el jueves próximo. Si el oficialismo consigue los votos de Martín Lousteau, tendría los votos necesarios para aprobarlos.

 

 

 

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