Instrucciones para destrozar una familia

 

A tres meses de la expulsión de Vanessa Gómez Cueva, madre peruana de tres hijos radicada en la Argentina, su abogado y organizaciones de la sociedad civil presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares con el objetivo de evitar el daño irreparable provocado por la separación de la familia a causa de la expulsión del país de Vanessa y su hijo argentino menor de edad.

El abogado de Vanessa, Juan Martín Villanueva, junto a Amnistía Internacional, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), encabezamos una reunión con la prensa en la que dimos a conocer algunos detalles sobre el caso.

“Vanessa vive en una habitación que le prestaron y atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad. Le angustia mucho la distancia con sus otros dos hijos quienes no entienden por qué se fue. La situación que nos convoca hoy puede cambiar con la sola decisión del Director Nacional de Migraciones”, comentó Villanueva.

Mariana Marques, de Amnistía Internacional, advirtió que el caso de Vanessa se enmarca en una política migratoria regresiva. “Habiendo sido Argentina un país reconocido por organismos internacionales como modelo a seguir en materia de políticas migratorias, resulta sumamente preocupante el retroceso que representan las reformas normativas y las estrategias discursivas que está impulsando el Estado y que dan lugar a casos como el de Vanessa”.

Diego Morales del CELS también se refirió al contexto normativo y la situación migratoria en la Argentina. “En enero de 2017, el Poder Ejecutivo reformó la Ley Nacional de Migraciones a través del DNU 70/17. Este Decreto modificó dos cuestiones centrales: los plazos que tienen las personas migrantes para discutir con la autoridad migratoria una decisión de expulsión (tres días) y, en segundo lugar, un cambio en el valor puesto sobre el antecedente penal. Hoy, una persona extranjera que es detenida por cualquier delito ya no puede residir en Argentina, sin importar si tiene una condena, procesamiento o elevación a juicio”, aclaró Morales.

La Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF, puso en conocimiento la existencia de otros casos similares al de Gómez Cueva. Puntualmente se refirieron al caso Sierra Chávez, una mujer peruana que fue retenida mientras su hija de 14 años se encontraba en la escuela y fue rápidamente expulsada. “Ella había cumplido su condena. Desconocía su orden de expulsión. Fue notificada en puerta —sin haber tomado conocimiento de esa notificación— y retenida al momento de ir a renovar su residencia precaria. La expulsaron sin posibilidad de despedirse de su hija y el impedimento de reingreso al país es permanente”, detalló Gabriela Liguori, directora ejecutiva de esa organización. Desde CAREF subrayaron que tanto en el caso de Vanessa como en otros, en ninguna de las instancias se escuchó la voz de los niños y niñas afectados por la medida, lo que contradice el interés superior del niño en todas sus formas.

Por último, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, María Noel Leoni enfatizó que “el Estado argentino falló en muchos niveles. Falló al impulsar una política migratoria que favorece la violación de derechos humanos, al recurrir al engaño y la coacción en una expulsión que en nada cumplió con garantías de protección, y falló porque, aun ante todos los reclamos y acciones tomadas –algunas aún pendientes–, Vanessa y su familia no encontraron hasta ahora una respuesta del Estado que proteja sus derechos”. Ante esto explicó que han recurrido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que la CIDH ordene al Estado poner fin a la situación grave y urgente que enfrentan Vanessa y sus hijos, que los expone a daños irreparables a sus derechos a causa de una separación que puede ser permanente.

En la petición ante la CIDH, las organizaciones solicitan que se levante la prohibición de reingreso, se revoque la orden de expulsión, se garantice el urgente retorno de Vanessa Gómez Cueva y su hijo menor al país y se tomen medidas para regularizar la situación migratoria de Vanessa. También, en relación a la asistencia social, se pide que el Estado se haga cargo de brindar asistencia psicológica a las víctimas, detallaron las y los especialistas.

 

La historia de Vanessa

Vanessa Gómez Cueva, de nacionalidad peruana, fue abruptamente expulsada de la República Argentina —país en donde residía desde hacía quince (15) años— junto con su hijo lactante de dos (2) años de edad y separada de sus dos otros hijos, de catorce (14) y seis (6) años, todos argentinos, sin haber podido siquiera despedirse de ellos. En la Argentina también residen su madre y hermanas.

Vanessa es madre soltera. En 2014 terminó de cumplir una condena por comercio de estupefacientes y, tras recuperar su libertad, trabajó y se graduó como Técnica Superior en Enfermería. Vanessa rearmó su vida alrededor de la crianza de sus hijos y de su trabajo como cuidadora de pacientes adultos mayores. Pese a ello, por el solo hecho de contar con antecedentes penales, el 1 de febrero de 2019, fue engañada por funcionarios del Estado argentino, detenida y finalmente expulsada del país de manera brutal junto a su hijo menor solo tres días después (4 de febrero de 2019).

Hace ya tres meses que la familia está dividida y con cada día que pasa, la vida, el bienestar y el desarrollo de los tres niños se ven irremediablemente afectados por los efectos de la separación.

 

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