El sincericidio del FMI

 

El miércoles pasado, el Presidente Mauricio Macri se abstuvo de festejar el primer cumpleaños del acuerdo entre su gobierno y el Fondo Monetario Internacional con el entusiasmo con que nos anunció su nacimiento. Aquel 8 de mayo de un año atrás, Macri comunicó la buena nueva con un mensaje grabado en la Casa Rosada en el que prometió que la financiación del FMI le permitiría “avanzar en este plan de crecimiento y desarrollo” y “evitar crisis como las que hemos tenido”. Desde entonces, el crecimiento planeado ha devenido una recesión sin fondo ni final que encadena once meses consecutivos de caída de la actividad económica. El repunte modesto que la industria y la construcción habían insinuado en el verano se revirtió sin concesiones en marzo. Las últimas cifras difundidas por el INDEC muestran que ambos sectores, además de acumular en los últimos doce meses un deterioro de 13% y 12%, respectivamente, han vuelto a caer respecto del mes anterior: 4,3% la industria y 3,5% la construcción.

La única crisis que el préstamo del FMI ha logrado evitar por ahora es la que estallaría en el corazón de Cambiemos si esos recursos dejaran de alcanzarle al gobierno para permitir que los argentinos sigan dolarizando sus ahorros sin límite alguno y pagar lo que les debe a los acreedores privados que financiaron ese dispendio. Durante los siete meses que faltan hasta el balotaje, el equipo económico tiene un solo objetivo: ahorrarle el disgusto a Macri de tener que elegir cuál de esos dos compromisos prefiere quebrar para seguir cumpliendo el otro. La decisión de la cúpula gerencial del FMI de autorizar que el Banco Central utilice los dólares prestados para intentar frenar futuras corridas del tipo de cambio es un sinceridio que confirma que la principal meta cuantificable del programa stand-by es el 51% de votos que necesita sumar Macri para ganar en segunda vuelta.

No sabemos si el FMI le ha impuesto algún tope a la cantidad de dólares que el Banco Central podrá vender en el mercado cambiario porque concedió el permiso informalmente, mediante un comunicado carente de detalles de su Subdirector Gerente, el estadounidense David Lipton, sin un informe del staff que explicara la modificación del acuerdo ni una reunión del directorio que la aprobara. La descripción de la nueva política cambiaria publicada por el Comité de Política Monetaria del Banco Central sugiere que, al menos en teoría, no lo hay: mientras el precio del dólar se mantenga por debajo de $51,44, “el monto y frecuencia” de las ventas de dólares del Banco Central “dependerá de la dinámica del mercado”; por encima de ese precio, el Banco Central podrá realizar “intervenciones adicionales” de U$S 250 millones o más por día “para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considerase necesario”. Pero, en la práctica, son dos los límites insoslayables: el monto de las reservas netas del Banco Central que pueden venderse porque no son propiedad o garantía de terceros (como el swap con China y los encajes que respaldan depósitos en dólares de clientes bancarios) y la cantidad de dólares que el gobierno debe retener en la cuenta del Tesoro para que el mercado no concluya que la deuda externa es impagable, más allá de cualquier resultado electoral.

El Banco Central no publica el monto de sus reservas netas y los analistas que se toman el trabajo de calcularlas difieren en cuanto a método y resultado. Evitemos sumar a la confusión y demos por buenas las sumas y restas del propio FMI, que en su último informe las estimó en U$S 22.000 millones al 31 de marzo. Desde entonces no han variado mucho porque el gobierno ya gastó para pagar deuda, cubrir déficit y satisfacer demanda de dólares un monto equivalente a los U$S 9.600 millones del FMI que las engrosaron transitoriamente en abril. La cuenta es sencilla. Si el mercado decidiera testear la convicción intervencionista del Banco Central, esos U$S 250 millones diarios (más los U$S 60 millones que ya vende diariamente el Tesoro para “soporte fiscal”) durarían unos tres meses.

Los U$S 5.400 millones adicionales que el FMI podría prestarle al gobierno en junio, si su directorio aprueba el último arrebato heterodoxo de sus gerentes, le alcanzarían para un mes más. Casi, casi hasta las elecciones. Con una salvedad, los dólares que se venderían son los mismos dólares que se precisan para pagar la deuda. Y como ya lo señaló el Fondo en su informe de marzo, tanto la deuda total como las necesidades de financiamiento de este año exceden los niveles considerados de alto riesgo según sus propios criterios de auditoría. El semáforo rojo en once de los escenarios hipotéticos del “mapa de temperatura” incluido en ese informe, que grafica el “Análisis de Sustentabilidad de la Deuda (DSA) Pública Argentina” en situaciones de stress, es elocuente:

 

 

Uno de los cuatro criterios que el Directorio del FMI debe evaluar cada tres meses antes de aprobar un nuevo desembolso le requiere evaluar si el gobierno “tiene la capacidad institucional y política para implementar sus planes de ajuste”. El acuerdo de “diez puntos imprescindibles” que Macri le ofreció firmar a los dirigentes de la oposición para “despejar algunas de esas dudas que existen sobre nuestro país” procura satisfacer dicha inquietud recurrente de su acreedor. El jueves por la noche recibió como respuesta un sinceramente, no gracias de Cristina Fernández de Kirchner, su principal contrincante. Porque “se necesita construir algo diferente… un contrato social de todos los argentinos y argentinas, con metas verificables, cuantificables, exigibles… que requerirá la participación y el compromiso de la sociedad, no sólo en los grandes temas, sino en la vida cotidiana”. Es decir, la clase de pacto democrático cuyo cumplimiento sólo tendrán derecho a demandar los ciudadanos de nuestro país que sean sus contrapartes, sus protagonistas y su razón de ser.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí