Mafia para Ramos Padilla

 

El actor mafioso concentra sobre sí la función de coordinación entre ámbitos teóricamente contrapuestos. Esto es, el diálogo permanente entre lo legal y lo ilegal, sea cual fuere el ámbito de la vida social o política que ocupa. Los mafiosos –en casi 200 años de historia– han aprendido a introducir en los circuitos económicos legales los capitales que han sustraído con medios predatorios de los circuitos ilegales. De este modo se han vuelto sujetos económicos legales (sin que esto signifique declinar la ilegalidad anterior) y han dado el salto a la política. Ese poder económico lo han insertado en el ámbito de la política: creando un partido ex novo o copando alguna estructura partidaria clásica. Con ese movimiento han empezado a producir consenso tanto hacia arriba –el sistema político– como hacia abajo – el sistema social. Han introducido las lógicas (la cultura) de la violencia privada en los circuitos del Estado. Esta racionalidad está en estado de actividad en la Argentina.

Desde la crisis de 2015 distintas subjetividades –intelectuales, periodistas, políticos, representantes de movimientos sociales, presos políticos– están señalando con insistencia que la categoría reflexiva “mafia” tiene que ser enunciada y estudiada para descifrar la teoría del Estado de la Alianza Cambiemos con vistas a entender cabalmente sus formas políticas, sus lógicas y sus maneras destructivas para la vida en común. Leopoldo Moreau, refiriéndose a las investigaciones del juez Ramos Padilla, señaló que “si no somos capaces de impedir que el Poder Ejecutivo lleve adelante un atropello de esta naturaleza, es porque estamos aceptando que se terminó el Estado de Derecho y hemos pasado a un Estado de excepción conducido por una mafia”. Y Nicolás del Caño: “Los intentos desesperados del gobierno de Macri por desplazar el juez Ramos Padilla son una muestra clara de que no quieren que se revelen más datos sobre el espionaje ilegal y de todo el entramado mafioso que involucra a servicios, jueces, fiscales y miembros de la coalición de gobierno”.

 

 

Aquí en El Cohete a la Luna me ocupé de descifrar distintas lógicas mafiosas presentes en la vida política argentina. A saber, las lógicas: deportiva, familiar, de la violencia, de la pe(n)sada herencia y de los cuadernos (fotocopias) de las coimas, de la protección, de la negación y de la extorsión. Estas —que presenté secuencialmente— funcionan en simultáneo. De forma aislada no son definitorias de manifestaciones mafiosas (salvo las declinaciones de la violencia), pero en su articulación configuran un dispositivo que expresa una cultura, valores personales y colectivos, un modo de pensar que se hace carne en modos políticos de acción. Su concurso explica una parte de la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos, nexada con la cultura mafiosa. Ahora quiero ampliar la última lógica a partir de las investigaciones del juez Ramos Padilla, quien está investigando una trama mafiosa.

Para entender cabalmente la lógica de la extorsión, hay que seguir las declinaciones del affaire D’Alessio/Stornelli y Cía. La extorsión es una figura central en la articulación de toda mafia. Forma parte de un entramado mayor: la corrupción, que es inherente a la lógica y al funcionamiento del sistema capitalista. La corrupción –bajo las formas de la extorsión–, como sistema de mediación entre economía, administración pública y política, encuentra siempre a la criminalidad organizada. Sus formas son características del método mafioso, que pone en diálogo y coordinación ámbitos que tendemos a pensar como contrapuestos: la legalidad y la ilegalidad a partir de la violencia privada ahora –en la Argentina– enquistada en el Estado. La nota de Verbitsky –“Extorsión” (https://www.elcohetealaluna.com/extorsion/)– sobre la relación entre el falso abogado Marcelo D’Alessio –sobrino del Escribano general del gobierno, faccendiere de las posiciones de Cambiemos en temas de seguridad y defensa en los medios, operador de la violencia privada– y el fiscal federal Carlos Stornelli, ha hecho emerger el nexo entre crimen organizado, corrupción, administración pública, ilegalidad y fragmentos de la política (más preciso: funcionarios del gobierno). En la misma línea, pero a través de los canales jurídicos, la investigación aún en curso de Ramos Padilla está demostrando la amplitud de articulación y la peligrosidad de la penetración mafiosa en los distintos contextos en el que se desarrolla la vida política nacional. En principio, se trata de una red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes. La intervención del juez en el Congreso de la Nación, en el marco de la Comisión de Libertad de Expresión, ha demostrado la penetración mafiosa en los distintos ámbitos de la vida política nacional. Ámbitos de “diálogo” entre la política, el empresariado, la “Justicia”, las instituciones y la sociedad civil. Estamos frente a una red densa de corrupción, extorsión, manipulación de causas judiciales, ataque al trabajo periodístico, espionaje, actuaciones de servicios extranjeros, organizada y con (¿aparente?) protección al más alto nivel oficial del gobierno. Esas investigaciones están demostrando los hilos reticulados de una organización criminal cuyos integrantes forman parte de un aparato estatal y paraestatal, que vinculan paradójicamente la justicia y la injusticia, que extorsionan, que llevan a cabo tareas de inteligencia, y que tienen vínculos con el Ministerio de (in)Seguridad, la legisladora Elisa Carrió (quien denunció en el juzgado de Claudio Bonadío un complot, tratando de defender a Stornelli) y, al parecer, con la propia Presidencia de la Nación.

Reconstruyamos las declinaciones básicas de un affaire que aún no ha terminado de explicitarse del todo. Estalló a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien presentó grabaciones, audios y capturas de pantalla de diálogos: pruebas contundentes que demuestran que Marcelo D’Alessio y su banda trataron de extorsionarlo. “En una de las grabaciones que le tomó Pedro Etchebest, D’Alessio dijo que Patricia Bullrich pagaba 200.000 pesos mensuales por la defensa de este locuaz personaje, a quien los servicios de informaciones alimentaban con datos falsos para que enchastrara a terceros” (Verbitsky, “Perfume de mujer”, https://www.elcohetealaluna.com/perfume-de-mujer/). En el curso de la investigación se demostró que esta banda (integrada también por dos ex policías, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, ahora detenidos y procesados como D’Alessio) no se ocupó de una extorsión a un solo empresario, sino a muchos, a expensas de otros empresarios, de coacciones, armados de causas y declaraciones falsas, espionaje ilegal y comercial respecto de empresas petroleras, hasta el espionaje ilegal al ex marido de la actual esposa de Stornelli. Además de Echebest extorsionaron a Mario Cifuentes, Pedro Barreiro y Víctor Palomino Zitta, al aduanero Gabriel Traficante, llevaron a cabo un acto de coacción en contra del ex empleado de PDVESA Gonzalo Brusa Dovat, prepararon cámaras ocultas en contra de los abogados Javier Landaburu y José Manuel Ubeira, participaron en el armado de la declaración falsa de Leonardo Fariña, entre otras operaciones turbias. Pero no es todo. La red tiene un entramado más denso. La criminalidad organizada de D’Alessio y Cía. se dedicaba también a otro rubro: lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Droga. Una de las fuentes más importante de las inversiones de las sociedades criminales (calabresas: ¿qué ascendencias tienen los apellidos D’Alessio/Stornelli?) organizadas está constituida por el tráfico de estupefacientes. Actualmente, la ‘Ndrangheta funciona como un cartel más (de distribución), relacionado con los carteles latinoamericanos, y se ocupa del tráfico de estupefacientes en Europa. Es preciso poner en paralelo este dato con el aumento del consumo de droga debido a una comercialización más accesible desde que la Alianza Cambiemos asumió el gobierno nacional. Si atendemos a una investigación periodística de Jorge Elbaum, publicada aquí en El Cohete, durante el gobierno actual se dio un aumento vertiginoso del consumo de estupefacientes: éxtasis, marihuana, cocaína y otras drogas ilícitas y lícitas, como el alcohol. Ahí se sostiene que este fenómeno “sólo puede ser asociado a una distribución territorial más amigable para determinados grupos mafiosos” (“Narcolandia”, https://www.elcohetealaluna.com/narcolandia/). Apelando a las estadísticas de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), consideradas con ojo crítico, Elbaum argumenta que el consumo de estupefacientes, en términos generales, aumentó en un 100% entre 2010 y 2017.

Pues bien, si las pistas que está siguiendo Ramos Padilla se revelaran ciertas, estaríamos frente a la existencia del crimen organizado de signo ‘ndranghetista en la Argentina. A esas investigaciones se les debería asignar una función jurídica pero sobre todo una política. Es imperioso volver a organizar este país. Y la reparación de la Argentina post macrista debe implicar una reconstrucción no sólo económica sino moral y cultural. Para conjurar las políticas de la Alianza Cambiemos, que tienen un signo mafioso, que precarizan la vida del campo popular y que desertifican el conjunto de actividades vitales de la clase trabajadora, tenemos que hacer gestos en presente, concretos, solidarios, mostrando que somos muchxs. Y sobre todo: que tenemos razón.

 

 

 

* Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

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