Crisis sistémica y unidad nacional

 

Una crisis sistémica asola hoy al mundo que conocemos. Las crisis de la energía y de la alimentación, la degradación del medio ambiente, la crisis financiera y la recesión, la perdida de legitimidad de la democracia y el vaciamiento de los valores de nuestra cultura son síntomas de las limitaciones que hoy tiene el capitalismo global monopólico para reproducirse y legitimarse a nivel mundial.

El resquebrajamiento de esta estructura de poder basada en una determinada forma de producción, apropiación y distribución del excedente económico a nivel mundial, irrumpió en la escena política internacional a través de la crisis financiera de 2008. Desde ese entonces, la activa participación de los Estados de los países centrales en la economía y las finanzas y la progresiva militarización de la política económica norteamericana han contribuido a agravar las tensiones y conflictos en el mundo y han creado las condiciones para que la crisis sistémica aflore a la luz del día. Esto crea un contexto muy peligroso para los países periféricos. También abre una oportunidad única para dar un salto cualitativo en nuestro desarrollo económico e institucional, que solo será posible si conocemos las razones estructurales de nuestros problemas y tenemos en claro de dónde venimos.

Hoy el país se encuentra atado de pies y manos a las veleidades geopolíticas de los Estados Unidos. El ajuste estructural del FMI y la actual política monetaria han sumergido a la estructura productiva en una recesión sin límites. En enero, luego de nueve meses de caídas consecutivas, la industria volvió a caer un 10.8%, acompañada por una caída de la construcción del 15.7%, el masivo cierre de comercios minoristas, nueva caída del salario real y desempleo creciente, esta vez impulsado por grandes empresas (multinacionales y locales) que o se van del país o recortan drásticamente su producción por la caída de las ventas. Al mismo tiempo, la inflación sigue descontrolada. En este contexto el dólar busca desbocarse superando el jueves los $ 43,5, el nivel mas alto en la era de Macri. La precariedad de la situación económica ha llevado a la revista Forbes, especializada en información financiera internacional, a anunciar la inminencia de un colapso económico en la Argentina. Este anticipo, en vísperas electorales, nos obliga a preguntarnos por la índole de los conflictos sociales que sacuden a nuestra sociedad y sobre el modo en que pueden repercutir en lo inmediato en nuestro futuro político.

A lo largo del tiempo todas las sociedades han enfrentado problemas aparentemente insolubles y situaciones conflictivas que han derivado en profunda destrucción del tejido social y en cambios drásticos en las relaciones de fuerza imperantes. En nuestro país, los espasmos de destrucción social e inestabilidad política han sido una constante desde los orígenes de la Republica. Estos conflictos no salieron de la nada ni se han dado al azar. Encuentran su lógica en una acumulación del capital que desde mucho tiempo atrás ha conformado una estructura de poder local que reproduce el estancamiento económico y el canibalismo social.

Esta acumulación del capital ha pasado por distintas fases. En todas ellas hay un hilo conductor: la incapacidad de los sectores que concentran el poder económico y político de construir un consenso social en torno a la producción, apropiación y distribución del excedente económico y de la riqueza acumulada en el país. En su lugar, la Argentina es permanentemente azotada por el vendaval de un canibalismo social que reproduce la crisis de legitimidad institucional y la permanente inestabilidad política.

La violenta transferencia del excedente económico y de los ingresos de la mayoría de la población hacia unos pocos que concentran la riqueza y el poder político ha sido constante y se ha dado conjuntamente con una cerrada disputa entre los pocos que tienen mucho, por aumentar precisamente su cuota de apropiación del excedente producido, de los ingresos de la población y de la riqueza acumulada en el país.

Todos estos conflictos se han agudizado en los últimos 70 años. Macri, con su liviandad mental, sostiene que hoy “tenemos que sufrir porque hemos vivido 70 años de prestado…. El problema de la Argentina somos los argentinos” (Cronista 7. 3.2019). Sin embargo, lo que hoy nos ocurre ni puede ser encasillado en una sumatoria de culpas individuales ni el gobierno de Macri surgió en un vacío social. Por el contrario, detrás de todos estos fenómenos existe una estructura de relaciones de poder económico cuyos tentáculos impregnan el momento que vivimos. El proyecto de país que Macri pretende, reproduce la música de fondo de una lucha sorda tanto entre los que más tienen como entre estos y los que menos tienen.

Los dirigentes de la oposición política proclaman la unidad nacional como condición necesaria para ganar las elecciones y superar a la actual crisis. Sin embargo, todavía desconocemos qué significa, a qué sectores sociales se interpela y cuáles son las medidas concretas que se proponen. El gobierno de Macri y el FMI buscan imponer un proyecto de país que implica un endeudamiento sin límites, creciente fuga de capitales, profunda recesión y transferencias del excedente, los ingresos, y la riqueza acumulada hacia el capital financiero internacional. Si la oposición política elige el camino de los paliativos al status quo, quedará entrampada en la reproducción del canibalismo social y la inestabilidad política que nos agobian desde hace décadas. La dimensión de la crisis que vivimos es de tal magnitud que su superación no admite medias tintas. De ahí la necesidad de desnudar  los intereses antagónicos a la verdadera unidad nacional y los senderos que permiten aproximarnos a un proyecto de país alternativo.

 

Dependencia tecnológica y endeudamiento ilimitado

Un rasgo distintivo de la economía argentina durante los últimos 70 años ha sido el desarrollo de un proceso de acumulación del capital basado en una creciente dependencia tecnológica. Durante todo este período, y a pesar del distinto signo político de los gobiernos que se han sucedido, el Estado ha impulsado la industrialización a través de subsidios, exenciones impositivas, contratos de provisión de bienes y servicios, protección arancelaria, licuación de deudas y hasta venta de activos públicos a precios de remate. Estos procesos parieron a un actor político de enorme trascendencia: una “patria contratista”, constituida por los distintos sectores empresarios que crecieron al amparo de estas políticas de Estado.

Inicialmente, los incentivos al desarrollo industrial tuvieron por objetivo el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Pronto los principales beneficiarios fueron las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y la inversión privada fue sustituida por los subsidios. Se configuró así un proceso de industrialización liderado por grandes empresas (locales y extranjeras) ubicadas en sectores relativamente más intensivos en capital, sectores que generaron una demanda creciente de importación de tecnología incorporada en bienes intermedios y de capital. Esta necesidad no pudo ser satisfecha con las divisas provenientes de las exportaciones, en su mayor parte constituidas por bienes agropecuarios y agroindustriales.

En estas circunstancias, todo crecimiento industrial tendió a desembocar en una crisis del sector externo y en un progresivo endeudamiento externo. Esto ha ocurrido sistemáticamente más allá del crecimiento del volumen de las exportaciones y del nivel alcanzado en los precios de los productos que exportamos. Sobre esta paradoja se ha montado el conflicto entre el campo y la industria que ha marcado a fuego nuestra historia contemporánea.

Los subsidios a la industria tuvieron como contraparte distintos gravámenes al sector agropecuario impulsándose así transferencias del excedente producido por estos sectores hacia la industria. Si bien la capacidad del campo para generar divisas fue central para la reproducción de este tipo de acumulación, no fue suficiente y la acumulación derivó en un progresivo endeudamiento externo. En este contexto, los grandes productores agropecuarios vinculados a la exportación mantuvieron gran poder económico y político y pudieron, especialmente en periodos de crisis del sector externo, vetar políticas consideradas discriminatorias de sus intereses específicos.

Dos fenómenos han agravado la dependencia tecnológica en las últimas décadas. Por un lado, una creciente integración compleja de las grandes corporaciones multinacionales. Esto generó una división internacional del trabajo basada en el desarrollo global de cadenas de valor dominadas por un puñado de grandes corporaciones multinacionales con control monopólico de la tecnología y de las decisiones de inversión en el mundo. La consecuencia de este fenómeno fue una gran integración de la producción a nivel mundial y su contrapartida: la fragmentación y dispersión de las actividades productivas a nivel local. Esto, que no se ha dado sólo en la Argentina, recortó cada vez más el poder de los Estados nacionales para planificar el crecimiento económico dentro de su territorio.

El otro fenómeno que ha agravado la dependencia tecnológica ha sido el espectacular avance del cultivo de la soja transgénica. Esto ha atado el desarrollo agrario argentino a un modelo de negocios centrado en la necesidad creciente de importaciones de un paquete tecnológico cuyos proveedores son unas pocas empresas multinacionales que controlan sectores claves del sistema agroalimentario a nivel global. Al mismo tiempo, esto ha consolidado el poder económico y político de los sectores agropecuarios vinculados a la exportación y a las finanzas internacionales, y ha sido consecuencia de un proceso que también caracteriza al periodo: la penetración del capital financiero en el país y la conformación de grupos económicos con fuerte presencia de las finanzas e involucrados transversalmente en distintos sectores de la producción.

La integración del proceso de producción mundial en cadenas de valor global confluyó con un proceso paralelo de creciente integración de las finanzas internacionales, y de penetración del capital financiero en las economías emergentes. Estos procesos explican una dinámica de creciente especulación financiera y endeudamiento generalizado. Esto es significativo en los países desarrollados y especialmente en los Estados Unidos, el centro del capitalismo global monopólico. Hoy, a pesar de la acelerada introducción de la robótica y la inteligencia artificial al proceso de producción norteamericano, su ritmo de crecimiento es muy inferior al crecimiento de la deuda publica y privada.

Estos procesos han erosionado seriamente al mercado de trabajo norteamericano y a la capacidad de generar empleo de calidad repercutiendo sobre la capacidad de consumo de la población norteamericana y derivando en endeudamiento generalizado, sobreproducción y deflación. A esto se ha sumado el impacto de la expansión militar y el peso de los gastos correspondientes sobre el déficit fiscal de la primera potencia mundial. Estos fenómenos, a su vez, erosionan la función del dólar como moneda internacional de reserva, y apuntan al corazón del dominio mundial norteamericano encendiendo luces de alerta entre algunos de los principales actores de las finanzas internacionales.

La integración mundial de la producción y las finanzas ha provocado una creciente interdependencia entre la dependencia tecnológica y el endeudamiento externo ilimitado en los países periféricos. Nuestro país es uno de los ejemplos más vívidos de la destrucción social que estos procesos engendran localmente.

La dependencia tecnológica ha dado lugar a una creciente heterogeneidad del mercado de trabajo que, sumada a la expulsión de mano de obra, ha conformado lo que ha dado en llamarse la pobreza estructural. Este fenómeno designa el enorme empobrecimiento de vastos sectores de la población que permanecen por generaciones enteras al margen del sistema de producción. Sin ingresos estables, y con escaso o ningún acceso a los bienes que se derivan del crecimiento económico: techo, salud, educación, etc., estos sectores de la población están condenados a la vida paupérrima y a la invisibilidad política. Y la crisis del sector externo y el estancamiento económico han configurado dos procesos endémicos: el endeudamiento externo ilimitado y una fuga de capitales que depende del mismo. Las permanentes renegociaciones de la deuda externa, conjuntamente con la capitalización de intereses, se extienden al infinito y devienen al mismo tiempo el principal mecanismo de succión del excedente, los ingresos la riqueza acumulada y los recursos naturales por parte del capital financiero internacional. Se configura así una situación explosiva con alta capacidad de destrucción del tejido social. La implosión social y el default de la deuda externa pasan entonces a ocupar el primer plano del escenario político.

 

Canibalismo social o salida de la crisis

La dinámica de la dependencia tecnológica sumada al endeudamiento ilimitado ha constituido una estructura de poder económico que es un verdadero nudo gordiano. Sus lazos: la inflación, la corrida cambiaria y la fuga de capitales estrangulan la posibilidad de crecimiento con autonomía nacional y han causado una sistemática inestabilidad política durante todos los gobiernos surgidos en democracia, incluyendo al gobierno actual que, paradójicamente, ha contado al partir con el total apoyo de los sectores mas poderosos de la economía.

Este nudo gordiano se caracteriza por una creciente concentración y centralización del capital, el progresivo dominio del capital extranjero en sectores claves de la producción, acopio y comercio exterior e interior y el creciente control monopólico u oligopólico de segmentos de la economía que tienen importancia estratégica para el crecimiento del país. Las grandes empresas que dominan estos segmentos —sean nacionales o extranjeras— son formadoras de precios en los puntos neurálgicos de la economía e inciden sobre el conjunto de los precios y sobre el control de las divisas provenientes del comercio exterior. Esto les ha permitido retener y desabastecer productos de importancia estratégica: desde el dólar hasta los alimentos pasando por la chapa y otros insumos de producción. Asimismo, esta situación les ha asegurado ganancias extraordinarias a partir de los estímulos oficiales a la industria y al mercado interno, manteniendo al mismo tiempo intacta su capacidad de formar precios.

Los distintos gobiernos K han constituido un punto de inflexión en el intento de promover un crecimiento con inclusión social en el período. Algunas de las medidas que tomaron provocaron una brutal reacción por parte de los sectores mas poderosos de la economía. Esto arrojó un haz de luz sobre la estructura de poder existente. A pesar de ello las políticas implementadas durante el periodo K no lograron alterar la matriz productiva, de modo que la estructura de poder económico permaneció intacta. Tampoco pudieron poner límites a la inflación, las corridas cambiarias y la fuga de capitales. El impacto de estos procesos sumados al paro agropecuario, a una radicalización de la ofensiva mediática y simbólica de índole inédita en la historia del país, y a otros fenómenos que no podemos desarrollar ahora, crearon el caldo de cultivo para el acceso de Macri al gobierno a fines de 2015.

Hoy el ajuste estructural del FMI y la dolarización de los combustibles y las tarifas públicas no solo provocan enormes transferencias del excedente y los ingresos de la población hacia el capital financiero internacional y hacia un puñado de empresas que controlan el sector energético, sino que además intentan doblegar a los sectores más poderosos de la economía. Estos resisten furiosamente a través de la inflación, la corrida cambiaria y la fuga de capitales. También se preparan para cooptar a sectores de la oposición ante el creciente deterioro político del gobierno de Macri. De ahí la importancia de tener en claro quién es quién en este entrevero, y de aumentar la conciencia, organización y movilización desde abajo hacia arriba, y en forma horizontal integrando a las cadenas de valor y a los distintos actores sociales que las componen y que tienen un interés objetivo en el desarrollo de un proyecto de país basado en la inclusión social y en el crecimiento nacional e integrado.

 

 

 

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