De Mullen y Barbaccia a Stornelli

 

A partir de que se hizo pública la denuncia que realizó el empresario Pedro Etchebest sobre la extorsión del pseudo abogado/ pseudo agente de inteligencia/ pseudo funcionario de la DEA/ pseudo amigo de Daniel Santoro/ y pseudo amigo-contacto-informante del fiscal Carlos Stornelli (https://www.elcohetealaluna.com/extorsion/) salió a luz la vinculación endogámica, delictiva y mafiosa que existe entre los servicios de inteligencia, el poder político, el poder mediático y el Poder Judicial.

La historia de giradores, operadores políticos y estudios jurídicos influyentes que ejercen la defensa de ciertas personas con vínculos estrechos con los servicios de inteligencia, con llegada directa a despachos de fiscales y de jueces, que cobran cifras millonarias, no en calidad de honorarios sino como parte de arreglos a diversos funcionarios, es la triste moneda de curso (i)legal en Comodoro Py, que no es su única sede.

Los lazos con el poder mediático no se ocultan y los que ejercemos la abogacía nos acostumbrarnos a que nos notificara las resoluciones el diario Clarín.

Sin embargo, los parentescos de estos personajes con las Embajadas es algo un tanto más oculto, aunque algunos jueces federales aparecen en fotos de convites de la embajada de Estados Unidos, sin reparo alguno. También, gracias a Wikileaks conocimos decenas de informes sobre las visitas del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman a esa misma sede, para discutir la orientación de la causa AMIA, disculparse por no avisar que pediría la detención de Carlos Menem o remitirle copia de los escritos que presentaría en Comodoro Py. Aun esperamos conocer si las placas y credenciales de la DEA que tenía en su poder D'Alessio eran originales o copias. Que yo sepa, la embajada no ha presentado denuncia penal alguna al respecto. Por otro lado, no se requirieron cables secretos para conocer los vínculos de Nisman con el ex espía Stiuso.

Es cierto que en este oscuro edificio de la justicia federal —en el que se concentra el mayor poder antidemocrático de nuestro país, en el que muchos de los funcionarios ni siquiera rindieron un examen para acreditar su conocimiento porque alcanzó estar enservilletados—, es donde tramitan las principales causas de corrupción del país, y por ello es el edén de estos muchachos; no en vano se dice que es la cueva de Alí Babá. Sin embargo, en menor escala, también encontramos este tipo de vínculo estrecho entre estos personajes en distintas provincias y localidades. El caso de la tareas de inteligencia ilegales llevadas adelante por un agente de la AFI de la Delegación Trelew, de modo mancomunado con los fiscales provinciales de Chubut y con la policía local, para espiar por más de un año a una comunidad mapuche y a activistas del movimiento No A la Mina, como ha quedado acreditado en los procesamientos que fueron dictados en la respectiva causa judicial, es solo una muestra de lo que también sucede en otras geografías.

Cuando una se pregunta si existe algún límite, no sólo institucional, no sólo fáctico, sino sobre todo moral para este tipo de maniobras, tenemos que tener en claro que la respuesta es no.

Si alguna duda le quedaba a desprevenides o ingenues sobre el tema, esta semana la respuesta nos la dio también Comodoro Py. La sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal N° 2 en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, después de un juicio que duró tres años y medio y que fue deliberadamente silenciado por los grandes medios, acreditó que estas promiscuas y delictivas relaciones son capaces de ponerse en juego incluso para encubrir a los responsables del más grave atentado que vivió nuestro país.

La acreditación de la existencia de una maniobra en la que intervinieron las máximas autoridades políticas de la República Argentina, de la agencia de inteligencia federal, el juez que debía investigar qué había sucedido y quienes eran sus responsables (algo que aún desconocemos), y los fiscales que debían “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad” –Artículo 120 de la Constitución Nacional—, deja al desnudo de una forma brutal el desamparo absoluto en el que nos deja a todes —es decir, no sólo a las víctimas del atentado— un Estado que se pone al servicio de la impunidad, capaz de extorsionar, de usar los recursos públicos, de mentir, de privar de la libertad a personas, todo ello de la mano del Poder Judicial.

Recordemos que durante la instrucción de la causa del atentado a la AMIA, la Camarista –integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal y alfil del menemismo— Luisa Riva Aramayo (la Piru, para los amigos), tuvo una nefasta intervención en aquellas actuaciones. La jueza participó en las tareas de ablandamiento, destinadas a lograr la declaración de Carlos Telleldín, que resultó finalmente nula en el debate oral y público, hecho fundamental en la trama del encubrimiento por aquel atentado.

La intromisión de la superior jerárquica de Juan José Galeano en aquellas actuaciones ha sido totalmente probada en la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 3 en la causa del atentado.

En la causa que investigó el rol encubridor del Estado argentino en el atentado a la AMIA, y cuando una pensaba que ya no había posibilidad de hacer más daño a las instituciones y a las víctimas, el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, ordenó que la querella que representaba al Estado en ese juicio no acusara a los fiscales Mullen y Barbaccia –quienes finalmente fueron condenados pero apenas a dos años, por no cumplir con sus deberes funcionales—, y también se le dio protección al comisario Fino Palacios, de históricos y oscuros vínculos con Mauricio Macri, de quien llegó a decir que las embajadas de Israel y Estados Unidos se lo habían recomendado..

De quienes esperamos amparo, garantías y derechos, recibimos extorsión, mentira, ilegalidad e impunidad.

La absolución del ex Presidente Carlos Menem no borra los hechos. A las pocas horas de producido el atentado, el gobierno del primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al gobierno argentino coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994.

Otegui hizo el primer anuncio en forma telefónica a la Cancillería: Rabin enviaba a Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea israelí a un diplomático de su relación personal y directa, con el propósito de combinar la versión que se daría al mundo. Para ello deseaba reunirse al llegar con Menem o con el funcionario del más alto nivel posible de su gobierno. Lo detalló luego en el cable EISRA 010365/1994. Allí identifica al enviado como el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Israel, Dov Schmorak, quien había sido embajador en la Argentina entre 1980 y 1985, en los últimos años de la dictadura militar y los primeros del gobierno electo de Raúl Alfonsín. De este modo, ambos gobiernos condicionaron la investigación desde el primer momento, con el acento puesto en las respectivas ventajas políticas que cada uno pudiera obtener y sin mayor interés por el descubrimiento de la verdad y el castigo de los responsables.

 

 

Viviendo en una sociedad posgenocida, no podemos decir que resulta extraño tenerle miedo a las instituciones estatales. El rol de la SIDE y del poder judicial en el Terrorismo de Estado se encuentra acreditado en muchas sentencias judiciales. Tampoco puede sorprender la reacción corporativa, que se abroquela en defensa de las manzanas podridas, lo cual es una manera indirecta de señalar que no se trata de problemas y conductas individuales, sino de un sistema.

Nada nuevo bajo el sol. Lo que una espera, después de 35 años de vida democrática, después de 25 años del más grave atentado que nos tocó atravesar y después de conocer que los que debían investigar esos hecho habían generado impunidad a sus responsables, es que no haya más lugar para los D'Alessios, que los Stornellis vayan presos, que los Casals no los protejan más, que los Bonadíos ni siquiera cobren jubilaciones privilegiadas por ser de la casta judicial, que los servicios de inteligencia no se inmiscuyan nunca más en la vida política y judicial, que el poder político nos asegure de una vez para siempre las reglas básicas para investigaciones independientes y eficaces.

Eso espero. Eso debemos esperar y para eso debemos trabajar.

 

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