Hacer Justicia a Héctor Timerman

Timerman fue la contracara de la entrega escandalosa que realiza el actual gobierno

 

La prensa colonialista no se privó de difamar a Héctor Timerman, aun muerto: “El canciller que le dijo en todo “sí” a Cristina Kirchner” titula Clarín su noticia, buscando transferirle el odio anti K de sus lectores. No les bastó impedirle durante meses el traslado a Estados Unidos para un tratamiento a su enfermedad, y sólo lo excarcelaron para que viajara cuando ya era tarde. Con esa sola acción, el gobierno de Mauricio Macri y su Partido Judicial demostraron su total desapego a los valores humanos.

Tenían que demonizarlo ante su núcleo duro y también frente a quienes, en forma pasiva, reciben la propaganda colonial como si fueran simples noticias, porque las políticas de inclaudicable soberanía de quien fuera un excelente Canciller de nuestro país son la contracara de la entrega escandalosa que realiza día a día el actual gobierno. Al respecto no está de más recordar algunos hechos.

A comienzos de 2012, la diplomacia argentina encabezada por el canciller Héctor Timerman consiguió que los países del Mercosur no dejaran ingresar a sus puertos a naves con bandera de las Islas Malvinas, lo cual hubiera sido un hecho consumado a favor de la postura británica. La maniobra colonialista consistía en instalar la idea de una supuesta autonomía kelper, para luego implementar un plebiscito de “autodeterminación”, cuyo resultado era más que obvio para esa población trasplantada. La resolución del Mercosur fue avalada por la OEA, lo cual representó un éxito resonante de nuestro país.

 

 

Pero un grupo de intelectuales argentinos, luego de terminadas sus vacaciones, emitió una declaración el 22 de febrero de 2012 a favor de la intentona británica. Sin ninguna vergüenza y blindados por los medios hegemónicos, estos pensantes buscaron ganar adhesiones para un documento en el que pedían relaciones amistosas con los ingleses, y “garantizar la autodeterminación de los isleños”. Obvio que eso era la entrega lisa y llana de nuestras Malvinas a Gran Bretaña, incluso en un momento en el que prosperaban las políticas argentinas para obligar a los usurpadores a sentarse a negociar en los términos que establecía la ONU. En tiempos de blindaje mediático, quizás sea oportuno recordar la lista de firmantes a esa bochornosa nota: Jorge Lanata, Beatriz Sarlo, Hilda Sábato, Luis Alberto Romero, Daniel Sabsay, Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Vicente Palermo, Emilio de Ipola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Marcos Novaro, Gustavo Noriega, Fernando Iglesias, José Miguel Onaindia y Eduardo Antín, quien se hace llamar Quintín. Nada que nos pueda sorprender.

El blindaje mediático en este caso no consistió en ocultar la información, sino en presentarla en forma lavada o banalizada. La Nación tituló: “Una visión alternativa sobre la causa de Malvinas”. Mientras que Clarín “se jugó” al entrecomillar la palabra derecho en su titular: “Intelectuales aceptan el ‘derecho’ a la autodeterminación de los kelpers”, con un subtítulo que oficiaba de encubrimiento a su contenido entreguista: “Proponen ese cambio histórico al pedir a Londres negociar la soberanía”.

El 2 de octubre de 2012 la Fragata Libertad fue retenida en Ghana, a pedido de los fondos buitre, que pretendían ponernos de rodillas ante el escandaloso fallo del juez Griesa. Se escucharon algunos graznidos opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que de hecho intentaron convalidar la apropiación extranjera de nuestra nave. Uno de ellos fue el proyecto del diputado Alberto Asseff de crear un “fondo patriótico” de 20 millones de dólares en base a donaciones, para pagar el rescate del buque escuela de la Armada. También las declaraciones de la diputada radical Elsa Álvarez, de Santa Cruz, negando el carácter militar de la fragata y asignándole el rol de buque de “servicios”. Por supuesto que el gobierno de Cristina hizo oídos sordos a estos agoreros y sostuvo con firmeza ante el Tribunal Internacional del Mar que la fragata era inembargable por su carácter militar y porque estaba protegida por una Convención Internacional. Luego de varios meses de disputa, el entonces canciller Héctor Timerman consiguió que devuelvan el navío e incluso que Ghana pague una indemnización por los daños ocasionados a nuestro país. La diferencia entre una política de soberanía, y otra de claudicación y sumisión colonial.

 

 

El 10 de septiembre de 2015 la diplomacia argentina consiguió su triunfo quizás más importante de la historia en la Asamblea General de las Naciones Unidas: la declaración de orden público de los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de las Deudas Soberanas. Héctor Timerman, en base a las instrucciones de la Presidenta, consiguió el voto favorable de 136 países, con 42 abstenciones y seis votos en contra. Resolución internacional que fuera transformada en ley por el parlamento argentino el 4 de noviembre de 2015. Pero este escudo antibuitre fue derogado en marzo de 2016 por mayoría legislativa del macrismo gobernante, al que vergonzosamente se le sumaron aliados y conversos de todo pelaje. Con la derogación de la que llamaron “ley cerrojo”, habilitaron a Macri para que regale 16.000 millones de dólares a los buitres, supuestamente para que venga la “lluvia de inversiones”. Que obviamente jamás se produjo, recalando en cambio fondos especulativos para engordar con la nueva versión de la bicicleta financiera.

Héctor Timerman, que actuó siempre desde una clara posición de soberanía y con una capacidad más que reconocida, fue luego acusado de “traición a la patria”. Lo hicieron por supuesto los verdaderos entregadores de nuestra soberanía. Los que fueron parte del encubrimiento a los criminales de AMIA, los que durmieron la causa por varios años, acusaron a Timerman (y a Cristina) de “encubrimiento” por intentar tomar declaraciones en Irán a los acusados. Única posibilidad de acercarse a la verdad, a través de un Memorándum aprobado por mayoría de ambas cámaras legislativas. Un juicio infame con el que lo encarcelaron, calumniaron y llevaron a la muerte.

Graciana Peñafort, su abogada, relató con mucho dolor e indignación la forma con que el juez Bonadío martirizó a un Timerman ya muy deteriorado en su salud, obligando a ir a tribunales a quien quería declarar oralmente antes que empiece el juicio oral. Porque sabía que tenía los días contados y quiso dejar absolutamente claro para la posteridad la transparencia de sus acciones. En tales condiciones no logró terminar su declaración y debió ser hospitalizado.

La muerte de Héctor Timerman representa una pérdida inestimable para las mayorías populares y para la patria toda. Su figura se agiganta como escarnio para un gobierno que se refiere a los kelpers como “pueblo” de Malvinas, que habla de los usurpadores como  “máximas autoridades de las islas”, que nos volvió a poner bajo el mandato de saqueo y ajuste del FMI, que está hipotecando el país tomando deuda externa para pagar a los especuladores y buitres, que nos está condenando a la pobreza e indigencia para favorecer a una minoría de privilegiados — entre la que está la propia familia presidencial.

 

 

*  Integrante de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y del Foro contra la Impunidad 
y por la Justicia de Santa Fe.
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