La batalla entre el Emperador y el Obispo

 

Desde que asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el ex abogado del Grupo Clarín y del diario La Nación, Carlos Fernando Rosenkrantz, se propuso marcar su impronta en el tribunal, que durante más de una década estuvo bajo la conducción muy personal del juez Ricardo Lorenzetti.

En ese empeño no dejó gaffe por cometer, lo que irrita tanto al Presidente Maurizio Macrì, que lo designó por sugerencia de Fabián Rodríguez Simón, como al duopolio de la gran prensa comercial, que además de adhesión requiere eficacia. El magistrado se adaptó con demasiada facilidad al mejor equipo de los últimos 50 discursos.

Ante una audiencia del Rotary Club, Rosenkrantz dijo que la referencia para fijar el sueldo de un ministro de la Corte deberían ser los ingresos de los abogados de un gran estudio. Esta tontería antirepublicana le valió también la ira de jueces, secretarios y fiscales, que están batallando para eludir el pago del impuesto a las ganancias. Como remedio, Rosenkrantz y Highton alentaron una negociación con el ministro de Justicia Germán Garavano y la Asociación de Magistrados, para reducir esa contribución, a espaldas del texto de la ley, que Rosenkrantz proclama colocar por encima de sus propias convicciones y afectos. No siempre es así.

El Acta de Conciliación que Garavano firmó con la Asociación de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos fiscal y de la defensa, viola el principio de legalidad (o de reserva de ley, como lo llaman los tributaristas). Las obligaciones tributarias son de derecho público, no disponibles, cosa que sólo puede modificar el Congreso. Y aquí no había ningún vacío que interpretar. El Congreso sancionó la ley y el Poder Ejecutivo decide qué partes cumplir y cuáles no, permitiendo que los jueces sólo paguen por el aumento que recibieron respecto de su cargo anterior. Por firmar esta acta, Garavano podría ser denunciado penalmente. Aunque no lo fuera, es imposible que la AFIP acepte este acuerdo. La base imponible del impuesto es indisponible, como dijeron en su voto Rosenkrantz y Highton cuando fallaron sobre la cautelar de la Asociación de Magistrados.

El nuevo jefe supremo se ganó el mote de El Emperador, por el sesgo autoritario que intentó imprimir a la Corte y que hasta ahora sólo produjo resultados contraproducentes. También lo llaman Buby, en alusión a su predecesor hace dos décadas, Julio Nazareno, ex socio del presidente que lo designó, Carlos Menem.

Lorenzetti era llamado El Obispo, por las homilías grandilocuentes con que se despachaba cada año entre verano y otoño. Ninguno de ellos es un jurista destacado, aunque Lorenzetti conoce mejor el negocio de vender libros de consulta, pero es ostensible que el Obispo tiene un manejo político del que adolece el Emperador. Por eso Lorenzetti pudo tejer una alianza con los otros dos jueces del tribunal, que tienen como él antecedentes políticos: el ex intendente de Santa Fe durante ocho años Horacio Rosatti y el ex ministro de Educación, ex diputado y ex Senador cordobés, Juan Carlos Maqueda. Los tres por el Partido Justicialista, al que Rosatti y Maqueda también representaron como convencionales constituyentes en 1994, forman ahora el Segundo Triunvirato, sucesor del que destituyó al Obispo.

 

 

 

Batallas y escaramuzas

En la Corte se entrecruzan ahora batallas de fondo y escaramuzas triviales. En el rubro de los episodios con espesor político e ideológico están los fallos que descartaron la aplicación del beneficio del 2x1 para el cómputo de la condena a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad,  el que resolvió en favor del jubilado Lucio Blanco su reclamo de actualización de haberes siguiendo una fórmula cuyo porcentaje casi triplica el que intentaba aplicar el Poder Ejecutivo y aquel que convalidó la ley de lemas en Santa Cruz. En los tres casos Rosenkrantz quedó solo, pero siguió cursos distintos. Marcó su disidencia 1-4 en el de lesa humanidad y jubilaciones, pero se plegó al resto en Santa Cruz.

Quien rompió todos los moldes fue Highton:

- En el primer fallo sobre el 2x1 (Muiña), firmó el voto de Rosenkrantz sin leer el expediente, que no pasó por su vocalía 9.

- En el segundo fallo sobre el 2x1 (Batalla), sumó su firma al voto de Rosatti, en el que no tuvo intervención alguna.

- En la ley de lemas, encargó a sus letrados que prepararan un voto a favor y otro en contra, porque nada le inquieta más que quedar aislada, por comprensibles razones familiares.

- En la Acordada que rasuró las atribuciones de Rosenkrantz, firmó y luego tachó su firma.

- Uno de sus custodios, el policía Esteban Gray, fue condenado a cinco años de prisión por tres casos de violencia de género. Una de las denuncias se presentó en la Oficina de Violencia de Género de la Corte, que Highton heredó de Carmen Argibay. Pese a ello el acusado permaneció en la custodia de Highton.

 

 

Quienes creyeron que la mayoría ocasional que desacomodó al Obispo para entronizar al Emperador sería estable, tardaron poco en aprender que estos jueces tal vez no hayan estudiado a Maquiavelo, pero lo conocen por ciencia infusa, y aún los guía.

Le hicieron saber al gobierno que la Corte no se resigna a ser otra gerencia de SOCMA pero también castigaron al mandadero, que reporta a su amigo del alma Rodríguez Simón y a Gustavo Ojos y Oídos Lopetegui.

 

Los modos de Matasiete

El gobierno creía no necesitar operadores en el tribunal porque colocó allí a uno de los propios, pero no recordaba las lecciones que Echeverría describió hace 180 años en El Matadero, sobre el trato que Matasiete reserva a quienes se creen por encima de todo. No falta en esa obra maestra de la argentinidad ni la metáfora del diluvio interminable, que desató la escasez y la inflación y generó tumultos revolucionarios, porque también entonces había tormentas y pasaban cosas. Como el protagonista de Echeverría, Rosenkrantz cruzó un límite y terminó reducido a la impotencia en territorio enemigo. No le afeitaron las patillas como al inglés del cuento que se cayó del caballo ni lo hicieron reventar de rabia como al salvaje asqueroso unitario, pero lo despojaron de todas las prerrogativas de la presidencia, reducida a sus aspectos protocolares por la Acordada que se firmó después de desairar al gobierno en el cálculo previsional. De ahora en más todas las cuestiones de superintendencia y manejo de recursos serán resueltas por una mayoría de tres jueces.

 

 

No es que Rosenkrantz desdeñe las apariencias y las formalidades.  Cuando junto con Rosatti y Elena Highton de Nolasco desplazaron a Lorenzetti de la presidencia, faltaban pocos días para el encuentro de jueces del G20, en el Centro Cultural Kirchner, y ya se habían impreso las invitaciones con la firma del Obispo. El Emperador ordenó retirarlas e imprimir y distribuir otras con su rúbrica. También mandó a imprimir gran número de esquelas con su nombre y cargo y se preocupó por obtener un pasaporte diplomático, que estrenó con un viaje a Miami. De regreso propuso en el Acuerdo un festejo de fin de año, en el que luego de un brindis pronunciaría su primer discurso.

—Carlos, este año no hay nada para celebrar— lo ubicó Maqueda.

Cada día pide que renueven arreglos florales de su despacho, que luego se llevan sus secretarias, Gabriela Giordano y María Rivero Ayerza. Ellas fueron las encargadas de conseguir una vajilla especial para el almuerzo que Rosenkrantz ofreció a un grupo de letradas de la Corte, no a todas. Las otras vocalías compraron empanadas y pizza.

Rivero Ayerza fue directiva de McDonald's y de Arcos Dorados, otros de los clientes del estudio que Rosenkrantz compartió con Gabriel Bouzat, a quien Rosenkrantz recibió luego de la audiencia en la que su ex socio defendió a Farmacity. En los dos extremos de la foto que sigue, Rivero Ayerza y Bouzat.

 

 

Incluso la Fundación por la Paz y el Cambio Climático (sic) presentó una denuncia penal contra Rosenkrantz y Arcos Dorados por lo que describe como el vaciamiento y la quiebra fraudulenta de Operadora de la Costa SA para defraudar a la AFIP, la ANSES y los trabajadores en unos 20 millones de pesos. Sostiene que posee mails y mensajes de WhatsApp en los que Rosenkrantz concertaría la maniobra con su contraparte. El fiscal Federico Delgado la tiene a consideración.

Rosenkrantz consultó con Máximo Fonrouge y Alejandro Fargosi si podía denunciar la acordada, que considera ilegal, ya que alega que la resolución es inválida si entre los tres no está el presidente. Pero nadie encontró dónde dice la Constitución que la Corte tiene un ministro presidente y que el tribunal no dicta su propio reglamento como le place. Del otro lado, se fabula con una denuncia contra Lorenzetti por la presunta amenaza que habría dirigido a Highton para que modificara su voto, como si fuera una tierna adolescente violada por un fauno en un hotel de Managua. Estos amagues de recurrir a la Justicia entre los integrantes de la cabeza del sistema, tienen tan poco futuro como la rabia del elegante unitario de Echeverría, pero completan la lectura del clima que se vive en la República Autónoma del Cuarto Piso. El Obispo sonríe, mientras su operadora desplazada por Rosenkrantz, María Bourdin, coordina las operaciones con el alfil de Rosatti, Silvio Robles. Dos periodistas.

 

 

Las lágrimas y las bombas

Luego de la votación adversa en la Acordada, María Rivero Ayerza abrazó a Rosenkrantz y entre lágrimas le dijo una obviedad teatral: “Perdimos”. Hay otras lágrimas más justificadas en su genealogía. La funcionaria es hija del vicealmirante Máximo Rivero Kelly, quien fue protagonista de uno de los peores crímenes de la historia argentina. El 16 de junio de 1955 el entonces oficial subalterno Rivero Kelly fue uno de los pilotos navales que bombardearon la Plaza de Mayo y ametrallaron la sede de la CGT, donde se concentraron miles de trabajadores que se oponían al golpe clerical. Ante el joven investigador de las universidades Católica y del Salvador Daniel Cichero, Rivero Kelly  declaró que había arrojado dos bombas de 50 kilos de explosivos sobre la casa de gobierno, pero que el objetivo no era matar al presidente sino “quebrarlo en su fortaleza de mando”. Esto contradice la abundante información histórica sobre ese atentado, que inauguró el ciclo de la violencia en el país. El mayor número de víctimas de esa gris jornada no se produjo por las bombas, sino por el ametrallamiento deliberado sobre grupos de civiles cerca de la CGT y frente al ministerio de Marina rebelde. Cichero concluye en su libro Bombas sobre Buenos Aires que si al principio la tentativa de magnicidio pudo servir como “pantalla justificatoria” se reveló luego como “un castigo a la movilización civil que respaldaba al Presidente”.

 

 

Como no hubo castigo, Rivero Kelly llegó a la subjefatura de Estado Mayor de la Armada durante el muy democrático y humanista gobierno de Raúl Alfonsín. Como tal, fue el encargado de forzar a los almirantes Antonio Vañek, Julio Torti, Oscar Montes, Humberto Barbuzzi, Manuel García Tallada y José Antonio Supicich a que acataran la orden de detención impartida el 25 de febrero de 1987 por la Cámara Federal.

—Tienen media hora. O los llevamos nosotros o los busca la policía— los intimó Rivero Kelly.

A la semana siguiente se produjo el alzamiento carapintada, que forzó la ley de obediencia debida. El propio Rivero Kelly se benefició con ella, porque también él fue procesado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, por torturas en la base naval donde revistaba.

Grandes empresas, hombres de armas que las emplearon contra civiles desarmados que salían a almorzar o hacer algún trámite: ese es el clima intelectual y moral en el que se mueve el Emperador.

 

Lo que vendrá

El 11 de septiembre el Obispo se llevó la sorpresa de su vida, cuando Elena Highton se unió a Rosatti y Rosenkrantz para correrlo de la presidencia y ungir en su lugar al Emperador. En ese acuerdo participó Elisa Carrió, a través del diputado nacional Juan Manuel López, quien ocupó la banca que dejó su amigo Fernando Sánchez al asumir como secretario de fortalecimiento institucional en la Jefatura de Gabinete. López habló francamente con Highton, a quien le prometió que la Coalición Cívica Libertadora no escarbaría en los blancos de la declaración jurada de su hija, en la que no figuran los bienes de su conviviente, Jorge Giani, presidente de la aseguradora El Surco. No sólo Macrì pensó que llegaba a la mayoría propia en Talcahuano.

 

 

Una de las primeras órdenes que impartió el Emperador fue la unificación administrativa con el Consejo de la Magistratura y el reemplazo del administrador Héctor Daniel Marchi por el tributarista Horacio Castagnola, sobrino de Graciela Fernández Meijide y respaldado por Elisa Carrió. Pero nada es tan sencillo en el fabuloso mundo de los globófilos. A fines de septiembre, el nuevo jefe de la AFIP, Leandro Cuccioli, eyectó a Castagnola de la conducción de la DGI, en premio por haber descubierto y denunciado que el primo Angelo y Odebrecht pagaron casi cinco millones de dólares en coimas por el soterramiento del Sarmiento. Como muy bien anticipó Clarín, el gobierno maniobró a pedido de los empresarios para que sus dos jueces designados en la Cámara Revisora confirmaran el procesamiento de CFK pero marcara el camino hacia la libertad de los empresarios, sin necesidad de llegar al indulto por el que clama el ex senador Eduardo Duhalde.

En octubre, Rosenkrantz intentó llevar a la Corte a Castagnola como parte de su política de no dejar piedra sobre piedra del poder del Obispo: el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. La expulsión de Castagnola de la DGI (y sobre todo su motivación) está en el origen de la crisis entre Macrì y Carrió,  quien en ese momento dijo que ya no confiaba en que el presidente luchara contra la corrupción. La diputada también se enfadó con Rosatti, por haberse alineado con el Obispo en este tema y cada día se pregunta si tiene sentido seguir sufriendo tanto para salvar la República, como le encomienda la lombriz.

Ahora que han tomado el poder, el Obispo y sus transitorios asociados meditan los pasos a seguir. Es improbable que acorten el mandato de Rosenkrantz como presidente, lo cual terminaría de sumir a la Corte en el mismo desprestigio que llevó al Que se Vayan Todos de principios de siglo. Les basta con haberlo vaciado. Pero distinta es la situación con la vicepresidenta Elena Highton. Varias provincias la han recusado en causas originarias contra la Nación, aduciendo que al haber dependido del gesto oficial de no apelar un fallo favorable a continuidad de la jueza más allá de los 75 años, no es el juez natural de la Constitución. El primer caso que trataría la Corte fue presentado por Santiago del Estero. La provincia sostiene que los alcances de la cosa juzgada del fallo que la benefició no son oponibles a terceros que no fueron parte en aquel juicio.

Si el Segundo Triunvirato aceptara la recusación de Santiago del Estero, el mundo se derrumbaría sobre Highton, porque se formaría una bola de nieve de litigantes que la obliguen a apartarse y la forzaría a un digno paso al costado, más vale tarde que nunca. Pero estas batallas no se dirimen sólo en la República Autónoma del Cuarto Piso. Al tanto de la encrucijada, Macrì ya ha comenzado a pensar en la sucesión. Para ello se reunió con María Susana Najurieta, una de las juezas de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal que más hizo para impedir que el Grupo Clarín tuviera que adecuarse a la ley audiovisual. No es imposible que esta amenaza repare la inestabilidad de Highton.

 

 

Quien quedó a la intemperie fue Elenita Nolasco Highton, quien al socializarse la superintendencia depende en forma directa de su madre. Dentro del cortejo para formar mayorías, Lorenzetti creó para ella una Secretaría de Consumo de la Corte. Rosenkrantz la confirmó y apoyó su pretensión de ocupar la estratégica Secretaría de Gestión. Le encomendó centralizar la relación de la Corte con los tribunales federales de Comodoro Py, donde se sustancian las causas de mayor interés para el gobierno. Así puso en sus manos el otorgamiento de licencias, adscripciones y subrogancias, una función burocrática pero de enorme poder, ya que permite administrar premios y castigos a los jueces y camaristas federales. En el último acuerdo del año el Segundo Triunvirato trataría la disolución de esa secretaría, que Elenita no puede seguir ocupando, y ya abrieron contacto con Ricardo Recondo, que preside el Consejo de la Magistratura, para adscribirla a la Cámara Civil y Comercial.

 

 

También es incierto el destino del grupo de tareas que desembarcó con el Emperador. Entre ellos está el ex prosecretario de Martín Irurzun en la Cámara Federal, Federico Morgenstern, convertido en el vocero informal de prensa de Rosenkrantz. Este gigante de dos metros, que recibe a hombres y mujeres con los pies sobre el escritorio, fue quien redactó el fallo del 2×1 en el caso Muiña, y trabaja en la anulación de las causas en las que fueron absueltos CFK y funcionarios de su gobierno, de acuerdo con la doctrina de la cosa juzgada írrita, que el propio Morgenstern desarrolló en un libro prologado por Rosenkrantz. Ese programa de armisticio con los torturadores, guerra a los políticos y siempre negocios quedó tan averiado como el programa económico de Macrì.

Rosenkrantz también designó en el tribunal a dos de los editores del blog Todo Sobre La Corte, Valentín Thury Cornejo y Juan Lahitou. Thury Cornejo, de fuerte relación con el Opus Dei, asumió como letrado de Rosenkrantz y luego como Secretario de Desarrollo Institucional, a cargo de la comunicación del tribunal, luego de la primera escaramuza pública entre la espada material y la espiritual, quienes se intercambiaron acusaciones tremebundas. En apenas dos años en la Corte, Thury Cornejo pasó de contratado a tener un sueldo de camarista. Pasó un mes comprando televisores, muebles, plastificando y pintando, pero a la tarde es difícil encontrarlo, porque tiene poco trabajo, el CIJ no publica las sentencias más importantes (como la de Ford) y Thury Cornejo se va temprano a jugar al tenis. Sólo quienes hemos fustigado la utilización del CIJ como encargado de imagen del Obispo, podemos medir la degradación a que lo ha sometido el Emperador. Siempre se puede estar peor.

El problema de Lahitou es que su salto hasta la Corte se inició en la Procuración del Tesoro, donde era el segundo de Bernardo Saravia Frias, el abogado personal de Macrì. El pedido de procesamiento al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad presentado por el fiscal Gerardo Pollicita lo afecta: Lahitou fue quien representó al Tesoro en la negociación espuria con el Correo Argentino de los Macrì. Desenredar lo que es público de lo que es privado es una tarea institucional urgente.

La colección de Todo Sobre La Corte contiene algunas perlas. Por ejemplo, Morgenstern escribió allí que los votos de los jueces no dialogan entre sí y que la aspiración de garantizar la unidad de la voz del tribunal no ha sido exitosa. “La decisión unánime en el plano argumentativo siempre es más fuerte, y el tribunal presidido por Lorenzetti no termina de ser una colección de individualidades”. Es cruel recordárselo ahora que la Corte se asemeja a un hormiguero pateado.

El Emperador gastó sus últimos cartuchos en asegurar contrataciones urgentes para el funcionamiento del tribunal: la de Ignacio Gamond en el área de sistemas de la Corte y la de Mateo Sander en la Obra Social. Gamond es el novio de su hija, Sander su sobrino. También incorporó a su vocalía al funcionario de la AFIP Mariano Braccia, para redactar los fallos tributarios. El problema es que entretanto seguía de licencia en la AFIP. El Obispo y su séquito lo obligaron a renunciar.

 

 

Lo que el Emperador no llegó a cumplir fue su promesa de montar un gimnasio para los empleados y funcionarios. Todo no se puede.

 

La música que escuché mientras escribía

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