Ni pública ni privada

 

Esta semana el gobierno anunció la suspensión del programa de participación público-privada (PPP) que, según nos habían explicado el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el todavía ministro de Finanzas Luis Caputo al anunciar su lanzamiento el año pasado, sería “el plan más ambicioso de infraestructura” de la historia argentina y permitiría aumentar un 60% la inversión en obra pública en 2018 sin generar déficit fiscal porque “hay muchas ansias de financiamiento de los fondos internacionales en activos argentinos de largo plazo”.

La primicia la tuvo el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo cuando aterrizó en Buenos Aires para acordar la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento mediante el sistema de PPP y, en cambio, se volvió a su provincia con la promesa del ministro del Interior Rogelio Frigerio de que el gobierno nacional solventaría la obra como resarcimiento de una deuda judicial que mantenía con la provincia.

El motivo de la decisión no es misterioso: la suba inexorable del riesgo país, que el viernes llegó a los 821 puntos básicos (un nuevo récord para la gestión de Macri), convierte en una quimera la pretensión de que las empresas privadas obtengan crédito internacional en dólares a largo plazo para fondear las obras, una de las obligaciones que les corresponden bajo el sistema de PPP. Y con esa imposibilidad se esfuma la principal ventaja aducida por el gobierno para justificar el descarte del método tradicional para construir obra pública.

El anuncio afecta proyectos de obras por unos US$ 21.000 milones en redes eléctricas, vías ferroviarias, energías renovables, sistemas de saneamiento, hospitales, viviendas y cárceles, que el gobierno prometía completar entre 2019 y 2023.

La información se conoció a través de declaraciones del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, dichos atribuídos al asesor presidencial Gustavo Lopetegui y twits de Frigerio. Ni el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete, que a partir del dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 1117/18 del 7 de diciembre, es responsable por la “formulación, registro, seguimiento y evaluación” de los PPP, ni el del Ministerio de Hacienda, que detentaba esa competencia hasta entonces, brindan datos adicionales. Ignoramos si las obras serán abandonadas junto con el método, o si el gobierno intentará reflotarlas a su costo, aunque implique desafiar compromisos de gasto y endeudamiento asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Sería demasiado ingenuo pedir que esas precisiones las aporten los dos subordinados de Peña designados hace tres días en las flamantes, y ahora superfluas, Secretaría y Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada de la Jefatura de Gabinete.

El ministro de Transporte Guillermo Dietrich se apuró a aclarar que la medida no alcanza a los seis corredores viales ya licitados mediante el sistema de PPP, pero admitió que el empeoramiento de las condiciones financieras requerían dos cambios al esquema inicial. El primero consiste en prorrogar por lo menos tres meses el plazo original, que vencía en enero, para que los consorcios adjudicatarios obtengan compromisos firmes de financiación de bancos de primera línea o pierdan las correspondientes garantías millonarias, una ampliación que ya estaba contemplada en los contratos. El segundo, en cambio, modifica las condiciones pactadas al permitir que los consorcios cumplan esa condición obteniendo financiación sólo para los primeros 18 meses de la obra y no para la totalidad del proyecto.

La segunda concesión confirma la interpretación generosa que hace el gobierno del alcance de su “facultad”, contemplada en el artículo 9.1 del contrato firmado con los consorcios de los PPP viales, de “prestar su cooperación para la obtención del financiamiento que resulte necesario para la ejecución del proyecto”.  Y se suma a las demás medidas que adoptó después de la licitación para facilitarle las cosas a sus contrapartes privadas. Como la conformación de un fideicomiso del Banco de Inversiones y Comercio Exterior que sirva de intermediario de los préstamos para sortear los escrúpulos de bancos internacionales, reticentes a financiar directamente a empresas involucradas en causas de corrupción. O las presiones para que el Banco Nación se haga cargo de una porción importante de la financiación en condiciones más generosas que las disponibles en el mercado.

Según el gobierno, el sistema de PPP permite una distribución eficiente y equitativa de los riesgos del proyecto entre el Estado y el sector privado eficiente, que está expresada, con carácter vinculante para las partes, en la matriz de riesgos incluida en el Anexo A de cada contrato. En ella se define al “Riesgo del cierre financiero” como “el riesgo de obtención de los fondos necesarios para la construcción de las Obras Principales” y se acuerda que es el contratista privado quien “asume el riesgo de disponibilidad de financiamiento en los mercados de deuda nacionales e internacionales para alcanzar el Cierre Financiero dentro del plazo requerido… de cumplir con los requisitos solicitados por las Entidades Financiadoras… y de cambios en la situación de los mercados financieros que dificulten la obtención de financiamiento”, para lo cual debe “realizar un sondeo de mercado a fin de determinar las fuentes de financiamiento disponibles a efectos de alcanzar el Cierre Financiero”.

Los seis consorcios ganadores firmaron los contratos de los PPP de los corredores viales en la segunda quincena de julio, cuando el riesgo país ya se arrimaba a los 600 puntos básicos y la cotización del dólar había escalado 40% desde el comienzo de la corrida cambiaria. No se necesitaba un sondeo de mercado demasiado exhaustivo para precisar cuál era la disponibilidad de financiamiento en los mercados cuando, con la firma de sus representantes, cada uno de ellos decidió asumir el riesgo de no conseguirlo a tiempo.

 

 

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