Tiempo de definiciones

 

En la noche del pasado 16 de noviembre se conoció finalmente el destino de las 44 personas que viajaban como tripulación del submarino ARA San Juan. La empresa norteamericana Ocean Infinity, mientras investigaba el punto de interés número 24, logró –a través de la observación efectuada con un ROV (Remote Operated Vehicle) a más de 900 metros de profundidad– detectar al navío argentino a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. De este modo, se logró un primer objetivo que lleva un mínimo de sosiego a los familiares, quienes bregaron de modo permanente por la continuidad de la búsqueda. Se abre, entonces, un tiempo de definiciones en el que deberán establecerse responsabilidades.

 

 

Corresponde, antes de adentrarse en el proceso que se abre con el hallazgo, precisar algunas cuestiones que deben servir como línea de base con vistas al futuro. En primer lugar, debe destacarse que el casco resistente de la nave se encontraba relativamente intacto. Ello demuestra con certeza que la reparación de media vida iniciada en 2008 durante mi gestión, que algunos sectores objetaron con la intención de desviar sus propias responsabilidades en el asunto, fue realizada con éxito por técnicos y especialistas argentinos en los astilleros del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR). La zona de la soldadura permaneció indemne, a pesar de la explosión que hubo dentro del submarino y de la implosión que se derivó del hundimiento.

En segundo lugar, la detección del submarino y las primeras interpretaciones acerca del estado en que fue hallado permiten despejar ciertas hipótesis relativas al eventual impacto de elementos externos. Puesto más directamente: se descartan las versiones sobre eventuales torpedos, misiles o cargas explosivas que podrían haber impactado al submarino, así como el posible golpe de alguna embarcación pesquera ilegal. En consecuencia, sabemos que el ARA San Juan participó de los habituales ejercicios de comprobación operativa que la Armada –así como el resto de las fuerzas– realiza hacia la última parte del año, en tareas de adiestramiento compartidas con otros buques de la flota de mar que se encontraban en Ushuaia al mismo tiempo que el submarino.

En tercer lugar, pareciera fortalecerse la teoría que un elemento desencadenante clave de esta tragedia fue el ingreso de agua a través de una válvula denominada ECO-19, perteneciente al sistema de ventilación del submarino, que debe estar cerrada en navegación y es el único lugar posible en el cual pueden mezclarse el aire necesario para la carga de baterías y el agua que pueda ingresar por el tubo de snorkel. La clave y los interrogantes no están en qué sucedió después de que el agua ingresara en la sala de baterías de proa, como a mi juicio equivocan muchos artículos de prensa. Parece haber bastante consenso que eso desencadenó una acumulación letal de hidrógeno, situación que llevó a la muerte de la tripulación y a que el barco quedara sin control, hundiéndose e implosionando a causa de la presión. Por ello el interrogante clave es: ¿por qué ingresó agua a la sala de baterías?

 

 

Las versiones taquigráficas de la Comisión Bicameral que estudia las causas de la desaparición del submarino y aspectos relativos a su búsqueda –se puede acceder a ellas en la página web del Senado– dejan dudas respecto al estricto cumplimiento de los reglamentos por parte de oficiales de la Armada en diferentes lugares de la cadena de mando. Resta determinar si existió algún tipo de operación equivocada de esa válvula para equilibrar los niveles de dióxido de carbono entre los compartimientos de proa y popa. Este procedimiento fue realizado por el comandante del submarino en el mes de julio de 2017 en una navegación de patrulla e informado detalladamente a su superior, el jefe de la fuerza de submarinos, y no existen constancias de que ese Comando de Fuerza haya tomado las medidas correspondientes y fehacientes para comunicar al submarino que esa práctica era inadecuada y vulneraba normas de seguridad.

Con estos factores como elementos base, se abren una serie de interrogantes que exigen la determinación de responsabilidades en tres ámbitos diferentes. Por un lado, el Ministerio de Defensa debe determinar las responsabilidades disciplinarias en una investigación que  delegó con mucha demora al Estado Mayor Conjunto. Por su parte, la Comisión Bicameral Especial Investigadora Sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan (creada por Ley 27.433) indaga en las responsabilidades de orden político y en el plano de la toma de decisiones. Finalmente, la causa judicial investiga si existieron delitos dolosos o culposos en relación con lo sucedido y con las decisiones finales.

En el plano estrictamente político, el accionar del gobierno merece una serie de reflexiones que derivan en críticas severas. En primer término, tanto el ministro de Defensa como el propio Presidente han demostrado una desidia, insensibilidad e indiferencia total con los familiares de los 44 tripulantes. Las declaraciones insuficientes, triviales e ineficaces del ministro Aguad el día de la conferencia de prensa fueron la antesala de un hecho incalificable. Como prueba de tal frivolidad, el Presidente Macri, horas después de decretar el duelo por el hallazgo del ARA San Juan y de grabar un video de 5 minutos con un mensaje para las familias de los tripulantes, se fue a bailar a una fiesta con su “amigo del alma” Nicky Caputo al Haras El Dok, propiedad de Diego Lerner, CEO de la firma Disney en Argentina.

Otra muestra reciente de esta insensibilidad, que singulariza este proceder de indiferencia y frialdad, ha sido la terminante negativa del bloque oficialista en la Cámara de Diputados a la hora de tratar en la Comisión de Defensa un proyecto de ley –firmado por diputados de varios bloques– que establecía la creación de un Mausoleo Marítimo en el lugar del hallazgo para que buques de distintas banderas pudieran rendir homenaje a las víctimas de la tragedia. Tampoco aceptaron que se los declarara “Víctimas en cumplimiento de una acción de servicio” ni la preservación del sitio de la tragedia de la acción de países, empresas y/o organizaciones de la sociedad civil que pudieran perturbar un lugar de recogimiento y donde además resulta crucial el resguardo de elementos que permitan eventualmente a la Justicia investigar los hechos.

Sin embargo, esto no es para nada novedoso. Los familiares que participan de las reuniones de la Comisión Bicameral ya han manifestado destratos de todo tipo. Esta desatención y falta de consideración ha sido tremenda con personas que están pasando una situación extremadamente angustiosa. Entre ellas, ni más ni menos que 65 niñas y niños, hijos de los 44 tripulantes. Los familiares tuvieron que instalarse muchos días en Plaza de Mayo, con lluvia y frío, para llamar la atención sobre sus demandas y solicitar la contratación de un buque con la tecnología adecuada para la búsqueda. Han llegado a encadenarse mujeres a metros del despacho del Presidente y del Ministro de Defensa. Hay responsabilidades políticas inocultables. El Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas parece no tomar nota que los 44 fallecidos eran además sus subalternos.

Los testimonios de los funcionarios del Ministerio de Defensa en la mencionada Comisión Bicameral resultan lamentables. En una abdicación total de responsabilidades hasta parecen jactarse de no haber visto, no haber escuchado y no haber hecho nada que hubiera podido evitar esta tragedia. El ministro Aguad debiera renunciar de inmediato. Al efectuar el análisis de esta terrible crisis, hallamos elementos que serían determinantes en la manera de gestionar de las autoridades implicadas, tanto del Ministerio de Defensa como de la Armada. Nadie se encontraba en su puesto de mando, lo que hubiera proporcionado la facultad de actuar tal vez más rápida y adecuadamente: el Ministro Aguad se hallaba en Canadá, el Jefe de la Armada en Montevideo, el responsable de las operaciones navales en el Chaco. Ninguna de estas máximas autoridades recibió en tiempo y forma la información sobre la emergencia que tuvo el submarino. Los familiares han denunciado ocultamiento de información, pero lo real es que no existió ni siquiera la posibilidad de actuar por el veto para acelerar los procedimientos vigentes de búsqueda y rescate del submarino perdido/hundido.

 

 

El submarino se halló porque los familiares insistieron incansablemente en su búsqueda. El Gobierno siempre estuvo del lado de enfrente, demorando y obstruyendo. Tardaron diez meses en contratar una tecnología (UAV) que sabían ya en diciembre de 2017 por dictamen técnico de la Armada que era indispensable para hallar al submarino. Debe recordarse, además, la contratación irregular de la empresa española Igeotest Geociencias, con documentación que no correspondía a su condición legal. Nos genera alarma pensar la posibilidad de que el país tuviera que afrontar un desastre natural de gran magnitud y estos funcionarios debieran hacer contrataciones en condiciones de emergencia.

Argentina cuenta con una fuerza de submarinos desde el año 1933. Dos cosas querría mencionar a este respecto. En primer lugar –por si hiciera falta–, que desde entonces nunca ocurrió un siniestro de esta gravedad.

En segundo término me pregunto qué previsiones tendrá el gobierno para recuperar esta capacidad estratégica. La Armada cuenta con tres submarinos en dotación. El San Juan está hundido (y no por culpa de un ataque militar), el Salta está en el umbral de su vida útil y el Santa Cruz olvidado en los Astilleros TANDANOR condenado a quedar en dique seco ante los continuos recortes presupuestarios que detuvieron una serie de reparaciones programadas.

Ante tamaña desidia e incapacidad por parte de un Ministerio de Defensa con una presencia meramente formal resulta casi una quimera suponer que el Poder Ejecutivo siquiera esté pensando en la recuperación de nuestras capacidades estratégicas.

 

*Diputada Nacional. Ex Ministra de Defensa

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