El primer billón

 

Entre idas y venidas de ministros y ministerios hay una constante económica que se mantiene inalterada desde el primer día del gobierno de Cambiemos: la formidable transferencia de ingresos que opera en perjuicio de asalariados y asalariadas y en beneficio de algunos pocos sectores empresariales.

El poder de compra de los salarios del sector privado se redujo un 15% desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2018. En el caso del sector público, la reducción del poder de compra supera el 20%.

Con las estadísticas oficiales de AFIP para el caso del empleo público y privado registrado, y del INDEC para el caso del empleo no registrado, es posible medir el volumen de transferencias de ingresos que implicó esta caída del poder de compra de los salarios: se trata de una transferencia acumulada en el período de nada menos que $1.106.492.380.606. Un poco más de un millón de millones de pesos.

1.024 días transcurrieron desde aquel 11 de diciembre de 2015 hasta el 30 de septiembre de este año. En ese período el sector asalariado perdió mil millones de pesos cada día (en todos los casos se trata de mediciones realizadas en pesos constantes de septiembre de 2018).

Las consecuencias sobre el nivel de vida de cada trabajador o trabajadora no hace falta describirlas. Forman parte de las experiencias vitales de las que cada cual tiene conocimiento y conciencia. Las consecuencias sobre la economía, si bien son percibidas por el conjunto de la sociedad, no está de más repasarlas brevemente.

Un billón de pesos en poder de quienes viven de su trabajo es un billón de pesos que se vuelca a la compra de alimentos, bebidas, muebles, electrodomésticos, ropa. Ese mismo dinero en manos de unos pocos sectores empresariales, es ganancia que se transforma en dólares. En unas manos, generan empleo, en otras, fuga y endeudamiento. En unas manos, perspectivas de crecimiento económico, en las otras, vulnerabilidad externa.

La aceleración de la inflación (devaluaciones y tarifazos mediante) y la fuerte presión política, mediática y judicial sobre los sindicatos, fueron los elementos que interactuaron para garantizar semejante transferencia de recursos.

Del billón de pesos perdido por una docena con yapa de millones de hombres y mujeres, la mitad fue a parar a los acreedores del Estado gracias a los cambios de la política presupuestaria del gobierno mediante el siguiente esquema: los subsidios a la energía y al transporte se redujeron, en pesos constantes, unos 520.000 millones desde enero de 2015 hasta septiembre de 2018. Los hogares debieron afrontar un incremento tarifario para suplir este ingreso que percibían las empresas del sector. El Estado se liberó de esa carga y la reemplazó por otra: en el mismo período el pago de intereses creció en 570.000 millones de pesos. Así se estructuró este mecanismo que permitió esta transferencia desde el sector asalariado hacia el capital financiero de más de medio billón.

El resto de los ganadores de esta política económica está constituido por los sectores económicos más concentrados del país entre los que destacan el agropexportador, beneficiado con la quita de retenciones durante los primeros dos años y medio de gestión, y las mismas empresas del sector energético. El incremento de sus ingresos por los nuevos cuadros tarifarios superó el efecto de las quitas de subsidios estatales. La facturación del último eslabón del sector eléctrico y gasífero (las distribuidoras), creció más de 200.000 millones de pesos desde entonces.

 

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