Parque solar de la Puna: el incendio de un modelo de negocios
El viernes la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y ex diputada radical Titina Falcone firmó la prórroga por un tercer año de la detención arbitraria de Milagro Sala, según la calificación compartida de los sistemas interamericano y universal de protección de los Derechos Humanos. También la represión de la semana anterior a los trabajadores del Ingenio La Esperanza, luego de la cual las víctimas fueron detenidas y acusadas de agresoras, así como los allanamientos con perros rastreadores y retroexcavadoras en busca de un impacto publicitario que una vez más fracasó, constituyen un mensaje para todos quienes no acepten en forma pasiva los despidos y la forma brutal de comunicarlos, desde la punta de las armas de las fuerzas de inseguridad. Jujuy fue un tubo de ensayo para todo el país y lo sigue siendo. Pero también es el campo experimental de una forma de inversiones propuesta por el Poder Ejecutivo para que las provincias corran con el gasto y el riesgo mientras los socios privados se llevan el beneficio, además de las comisiones de los gestores financieros. Esa es la historia del parque fotovoltaico de la Puna. Tanto el encarnizamiento de Morales con Milagro y los trabajadores azucareros, como este modelo de negocios tan opuesto al discurso liberal forman parte de una decisión política sostenida por el gobierno nacional, del que la provincia depende más que ninguna, con la sola excepción de Catamarca: sólo cubren con recursos propios el 13 y el 11% de sus gastos, respectivamente. No por casualidad también son las dos provincias que mejores condiciones están ofreciendo a las empresas internacionales que explotan los salares de litio.
La crítica más dura al proyecto de energía solar de Caucharí, en tres etapas de 100 megavatios de potencia instalada cada una, no proviene de la oposición política, nacional ni provincial, sino de las entrañas más profundas del neoliberalismo gobernante. José Luis Sureda integró el equipo de energía de la Fundación Pensar, el principal centro de elaboración de propuestas de PRO. Allí conoció a Juan José Aranguren, quien al asumir el Ministerio de Energía y Minería le ofreció la secretaría de Recursos Hidrocarburíferos. La renuncia de Sureda, en abril de 2017, fue oscurecida por incidentes marginales: una denuncia de Elisa Carrió porque no había favorecido a la empresa de una amiga suya en una licitación, más un conflicto personal con el ministro, al que Sureda acusó de autoritario y de no permitir el ingreso al ministerio de un periodista que quería entrevistarlo. Pero tres meses después, en una entrevista con “El economista diario”, Sureda objetó todo lo que estorbara la inversión en los recursos no convencionales de Vaca Muerta, como la industria nuclear y las de energía renovable. Aranguren liquidó el pleito atribuyendo esa posición a las “décadas de Sureda en el sector petrolero”, donde acompañó a los hermanos Bulgheroni en Panamerican Energy. El conflicto de intereses del renunciante es tan ostensible como el del ministro, ex CEO en la Argentina de Shell, lo cual no los convierte en moscas blancas en un equipo de gobierno que convive pacíficamente con esa dualidad. En 2017 el 70% de los autos vendidos en el país fueron importados, con predominio de los de lujo. Del mismo modo, el 90% del incremento en la venta de naftas y gasoil se debió a las variedades ultra, el alimento favorito de esos rodados suntuosos. Y el 61% del incremento en la venta de esos combustibles en los primeros once meses de 2017 respecto del año anterior, benefició a Shell.
Nada de esto le quita valor a las observaciones de Sureda sobre los proyectos que Macrì le planteó a Morales en Jujuy con la energía solar. En el último acto de campaña previo a las elecciones de octubre pasado, Morales confesó en presencia de Aranguren, de Nicolás Dujovne, del embajador de China y del jefe de gabinete de ministros Marcos Peña Braun que el proyecto no era suyo, que fue Macrì quien en marzo de 2015 le entregó los estudios de la Fundación Pensar según los cuales la capacidad de radiación solar de la Puna jujeña es de las mayores del mundo, para que el gobernador radical se hiciera cargo. También destacó la “decisión de política pública del presidente de cambiar la matriz energética” reemplazando hidrocarburos por energías renovables.
Junto a los primeros pocos paneles fotovoltaicos traídos de China para ese acto proselitista, y de unas vasijas con hierbas humeantes dispuestas frente a los funcionarios como homenaje a la Pachamama, Morales narró que el Eximbank chino financia el 85% del proyecto y que para aportar su parte, la provincia se endeudó por 210 millones de dólares colocando lo que el gobernador llamó el “primer bono verde”. Las cifras no cierran. Morales agregó que por gestión del ministro de Endeudamiento y Comisiones, Luis Caputo, recibieron ofertas por 744 millones de dólares, “y ahí cerramos el libro porque estaba para que nos ofrecieran más”. Su meta es que en diez años Jujuy alcance una potencia instalada de 3.000 megavatios, el 10% de la matriz energética argentina. Con su oratoria de feria, Marcos Peña Braun agregó que Jujuy ya era potencia energética antes de la llegada de los paneles solares “porque la energía que hay acá viene de lo más profundo de nuestra tierra” y que el proyecto “derriba la idea de la confrontación” entre las provincias y el Estado nacional.
Aranguren respondió a Sureda que “la velocidad del desarrollo de las energías renovables no es una elección, es una obligación emanada de una ley del Congreso de la Nación (Ley 27.191) que nos ordena que el 8% de la energía eléctrica consumida en 2018 y el 20% de la que se consumirá en 2025 sean de fuente renovable. Por lo tanto, primero debemos cumplir con la ley y con ello estoy firmemente comprometido”. Asombrosa respuesta para el ministro de un gobierno que no reconoce más ley que su voluntad y que no vacila en modificar nada menos que en un 50% las metas de inflación votadas por el Congreso horas antes.
Sureda aludió a compromisos previos con China que explicarían la toma de decisiones que él considera inconvenientes, sobre todo en materia nuclear, pero no sólo, dado que tanto la construcción del parque eléctrico de la Puna como su financiamiento corresponden a empresas y bancos chinos. Morales contó en aquel acto que en 2014 recibió ofertas de 500 dólares por megavatio por hora producido (Mwh), al año siguiente de 240 dólares por Mwh, y “un año después ganamos la licitación a 60 dólares por Mwh”, lo cual más que la decisión política que atribuyó a Macrì refleja el cambio en el mercado mundial inducido por China con la caída a pique de los precios de los paneles solares, cosa que el contador Morales celebra pero no es seguro que comprenda.
Sureda recordó que “a esos precios hay que sumarle los costos de las líneas de transmisión eléctrica. Argentina, para su plan de llegar al 20% de las renovables en 2025, debe invertir en líneas de alta tensión otros 3.000 millones de dólares. Y ese aspecto nadie lo toma en cuenta. Pero, además, el Estado costea una triple garantía al oferente: el precio, la compra de toda la energía que se genere y además el pago con un stand-by del FMI. La normativa también establece que si las centrales están finalizadas antes que la línea de transmisión, el Estado deberá asumir el pago a todas las empresas que ganaron de la mora por no poder despachar. Es decir, en mi visión hay un esfuerzo de promover la energía renovable desproporcionado con el resultado que se espera. Para el Parque solar de La Puna, que está a 4.000 metros de altura, se deben construir las líneas de 500 kv para poder conectar esa energía. Sólo esa línea ya cuesta 500 millones de dólares que no estaban sumados a los costos de la compulsa. La energía solar parece muy barata pero hay que sumarle el costo de las líneas de transmisión. Y si el día que las plantas estén listas, la línea no está terminada se debe pagar una penalidad muy alta. Todo esto sólo para conseguir el aporte de 400 MW de electricidad que equivalen a dos millones de m2 de gas que los produce un privado con diez pozos y sin ningún compromiso del Estado de garantía ni de hacer ninguna obra de infraestructura a cargo del Estado. Es decir, desde mi punto de vista es una desproporción”.
El ex funcionario macrista también desecha el principal argumento del contador Morales y del jefe de gabinete Peña Braun sobre el aporte argentino al cuidado del planeta: “Esto no tiene sustento desde lo que ahora le llaman el cambio de clima global. Argentina emite menos del 1% del efecto invernadero. Entonces, no tenemos la obligación de ser los mejores alumnos de la clase a un costo tan alto para el país”. Sureda compara las reservas de Vaca Muerta, que estima similares a las de Estados Unidos, con la dimensión de los respectivos mercados, que es de 40 a 1, por lo cual considera que aquí no tiene sentido el desarrollo simultáneo de las renovables con tan costoso incentivo del Estado.
Provincia en riesgo
Quien intentó cuantificar esos riesgos fue el técnico en minas y directivo de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, José Del Frari. En un estudio sostuvo que la sociedad formada por la empresa provincial JEMSE (80%) con las firmas china Power China, Shanghai Electric y Talesun (20%) responderá solidariamente si el proyecto fracasa. Jujuy busca participar de la renta energética en forma directa compitiendo con el sector privado, por lo cual asume grandes riesgos:
- de inversión (con el endeudamiento en dólares),
- con los plazos de ejecución de obra (los oferentes privados estimaron 800 días)
- y la multa por incumplimiento (415.000 dólares diarios o 12,5 millones mensuales).
También se pregunta qué sucedería si el precio de mercado del Mwh siguiera cayendo y qué ocurrirá con la basura tecnológica, dado que la vida útil del medio millón de paneles fotovoltaicos es de unos 20 años. Del Frari plantea “La maldición del ganador”: que en una subasta de valor común con información incompleta, tenderá siempre a pagar de más. En este caso, nadie garantiza que la venta de la energía a producir permita devolver al presupuesto de gastos de la provincia los 450 millones de dólares sustraídos a los fondos de educación, salud, justicia y seguridad, que fueron aprobados por la Legislatura sin la mayoría agravada requerida por el reglamento. Entre 2009 y 2016 el precio de los paneles cayó un 75% y según la Agencia internacional de Energías Renovables (IRENA) esa tendencia se acentuará en los próximos años. En Perú ya se está construyendo una planta de 185 MW de capacidad que producirá a 48 dólares el MW/h. Si en algún momento el riesgo fue el precio excesivo de la energía producida, ahora se avizora lo contrario, lo cual no es una buena noticia para el Estado productor, cuya meta es cubrir en 2030 la mitad de la generación provincial con energía solar. En sus discursos proselitistas Morales y Macrì han caído en la hipérbole de postular a Jujuy como potencia mundial. Pero los daños pueden ser superiores a los beneficios.
El abogado de San Pedro Juan Giusti recapitula los pasos del proyecto:
- En agosto de 2016 se promulgó la ley 5949 que declara de interés provincial la construcción y funcionamiento de plantas de energía fotovoltaica y autoriza a obtener empréstitos para ello por 450 millones de dólares.
- En mayo de 2017, se anunció que el Eximbank chino financiaría las obras por un total de 390 millones de dólares (sin impuestos); el 85% del proyecto será financiado por el Eximbank, a una tasa del 3 % anual con cinco años de gracia.
- En junio de 2017, la Legislatura de Jujuy aprobó el endeudamiento por 92 millones de dólares para el pago de Impuestos y/o Derechos Aduaneros de Cauchari.
- Pero según el anuncio de Morales, la deuda tomada excedió en 230% lo autorizado. No hubo folleto de emisión, por lo que sólo se sabe que hay que pagar esos 210 millones de dólares en el exiguo plazo de cinco años y a la altísima tasa del 8,625 % anual. Nadie se molestó en explicar las condiciones del bono, si hay periodo de gracia, garantías, penalidades en caso de default ni cuál es la jurisdicción en caso de litigio. Con esta emisión, el año 17 terminó con una deuda equivalente al 62% de los ingresos operativos de la provincia. Morales no ha respondido a ninguno de los pedidos de informes presentados en la Legislatura.
- Para enganchar Cauchari con el Sistema Interconectado Nacional de Energía Eléctrica el Ministerio de Energía construirá la Estación Transformadora (EETT) del Altiplano, cuyo presupuesto ronda los 50 millones de dólares, con lo cual el costo ya llega a 440 millones de dólares. Si se suman los impuestos de importación, ya que el 78% de los bienes del parque solar son de fabricación extranjera rondaría los 540 millones de dólares.
Si la radiación solar fuera constante durante no menos de diez horas diarias, los 365 días del año, sin un solo día nublado, la facturación bruta de Caucharí llegaría a 65,7 millones de dólares anuales. De ellos hay que restar costos de operación, explotación y mantenimiento e impuestos, la participación societaria china, del 20 %, y la de las comunidades originarias que es de un 2 %, además de la amortización de los créditos, cuyas condiciones no se conocen. Muchos préstamos impiden la distribución de dividendos hasta tanto no se cancele el servicio de la deuda. Una obra de este tipo se financia a 30 años en el mercado de capitales. En el corto y mediano plazo será deficitaria y la garantía del pago de la deuda son los ingresos por coparticipación federal de impuestos. Según el informe de la consultora Standard & Poor’s, en marzo debe realizarse el primer pago de capital + intereses antes de que el proyecto genere ingresos.
En la revista especializada “Energía Estratégica”, el consultor Juan Emilio Alberdi reseñó que el 85% de las ofertas recibidas en la licitación fueron de origen privado, con capital de riesgo. También comparó las condiciones de contratación de Jujuy, donde la provincia responde por su empresa estatal de energía (JEMSE), con las de Mendoza (también gobernada por la UCR) donde EMESA es una sociedad anónima, de modo que el Estado no responde por ella. Mientras Jujuy busca participar de la renta energética en forma directa y compitiendo con el sector privado, Mendoza se propone actuar sólo como promotora. Su objetivo es ceder los proyectos al sector privado y promover el desarrollo de tecnología nacional. Estos distintos objetivos implican distintos riesgos.
Jujuy (JEMSE) ofertó un precio de 60 dólares por Mwh y se comprometió a iniciar la operación comercial en 480 días, con un contenido de industria nacional del 22,6%. La conexión a la línea de alta tensión Los Andes-Cobos, a 4.000 metros de altura, es un desafío técnico de magnitud. Mendoza (EMESA) ofertó un precio promedio ponderado de 81 dólares por Mwh con un plazo ponderado de inicio de operación comercial de 627 días y un contenido de industria nacional de 86%.
Las ofertas de Mendoza son de simple conexión en media tensión (13,2, 33 y 66 kv) sin desafíos técnicos y con abundante oferta de equipos nacionales. Al evaluar los riesgos que asume Jujuy, Alberdi señala que las ofertas privadas del mismo concurso ofertaron plazos de obra promedio de 800 días, con lo cual a razón de 415.000 dólares por día de mora, Jujuy se expone a pagar multas por hasta 130 millones de dólares.
Tampoco será fácil alcanzar el contenido nacional declarado: tanto por el nivel de tensión (345Kv), como por el tipo de tecnología (de gas insulated) como por los exiguos plazos de construcción es imposible el desarrollo de proveedores locales. Cada punto porcentual de incumplimiento del contenido nacional implica una multa de unos cuatro millones de dólares. Mendoza se comprometió a un mayor desarrollo de tecnología nacional, pero su estrategia es más prudente, ya que acota los riesgos en una sociedad anónima, no afecta recursos provinciales que deberían destinarse a otros fines prioritarios como salud, educación y seguridad y sin comprometer el patrimonio público. La oferta jujeña lleva el sello de las licitaciones con que creció SOCMA: propuestas bajas para ganar la licitación y readecuaciones posteriores por todos los rubros no previstos. En uno y otro caso, en detrimento del Estado, ya sea como comitente u oferente.
Un suicidio energético
Para OETEC, una ONG especializada en temas energéticos y de desarrollo, el proyecto de Caucharí será el suicidio energético de Jujuy. A menos de una semana de asumir la presidencia, Macrì decretó la Emergencia Energética, aduciendo que de otro modo la Argentina se quedaría sin energía eléctrica. Para impedirlo, el Estado Nacional llamó a licitación y adjudicó 3.832 MW. De esa potencia, el 94% corresponde a energías renovables, esto es, tecnologías que generan energía muy por debajo de su capacidad instalada y de forma irregular e intermitente. Para ese observatorio técnico es contradictorio declarar la emergencia energética nacional y confiar la mayor generación a las energías eólica y solar, que son fuentes irregulares e ineficientes. Con una potencia instalada de 300 MW la generación esperada será de 645 GWh anuales, según el rendimiento de plantas similares ubicadas en el lado chileno del desierto de Atacama, que opera Enel Green Power. Esto significa que por la alta intermitencia de la tecnología solar, Caucharí funcionará los 365 días del año pero a un 24,5% de la potencia instalada. También precisa que
- el monto total del proyecto es de 550 millones de dólares — sin incluir punitorios, exenciones impositivas, etc.
- el equipamiento es importado, su operación y mantenimiento estará en manos extranjeras, y aportará no más de 25/30 empleos permanentes, para generar energía eléctrica a menos del 25% de su capacidad.
- Esto es como instalar, en un país declarado en Emergencia Eléctrica, una central que sólo generará electricidad durante 3 meses al año para lo que es su potencia instalada.
A un costo de 650 millones de dólares, no mucho más alto que el de Caucharí, Enel Green Power está construyendo en Villa Nueva, México un parque solar de 754 MW con una generación esperada de 1.700 GWh/año, es decir dos veces y media más que las plantas jujeñas. Mientras en Jujuy cada MW de capacidad de generación costará 1,8 millones de dólares, en México será menos de la mitad, 862 mil dólares. Dicho de otro modo, con la misma tecnología y eficiencia de la planta mexicana de Enel Green Power, Caucharí no debería costar más de 258 millones de dólares. Estos precios son internacionales, y en dólares, por lo que la sobrefacturación de gobierno del carcelero de Milagro Sala es de 281 millones de dólares.
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