El presupuesto nacional para 2019 profundiza el ajuste en salud y el recorte en las vacunaciones, como vienen señalando los Informes de la Fundación Soberanía Sanitaria, asignando 4.5 veces más al pago de intereses de la deuda con el FMI en comparación con la partida del Estado para cumplir el programa oficial de vacunaciones (Javier Lewkowicz, Las vacunas van al fondo, Página 12, 5/11/18). No hay dudas de que este, como otros retrocesos en la salud pública de la Argentina, que en otra nota hemos criticado (Un ajuste inhumano, El Cohete a la Luna, 9/9/18), es responsabilidad intransferible de los tres años de gobierno de la coalición Cambiemos. Pero para una mejor comprensión de estas políticas, como la reciente promoción de la “sana competencia” de mercado en la compra de medicamentos para el PAMI, entre otras medidas que benefician a la industria farmacéutica extranjera, es bueno recordar la vinculación progresiva de las últimas décadas entre recortes en salud, ajustes del Estado, y globalización neoliberal.
En poco nos ayuda el pensar que la desmesurada degradación política y social movilizada por el odio compulsivamente agresivo del actual gobierno, se pueda reducir a la personalidad de Mauricio Macri. En la sociedad argentina padecemos la perversión generalizada de una doctrina global desenfrenada en su ambición, que asocia a la vez el poder y la ejecución de grupos nacionales y extranjeros. Y es esa asociación concentrada en el tiempo la que debemos desentrañar si queremos romper las cadenas actuales.
La salud como derecho universal
1966 fue un año altamente significativo. Las Naciones Unidas aprobaron los dos pactos internacionales que terminaron de fundar el derecho internacional de los derechos humanos postulado con la Declaración Universal de 1947. Eran tiempos de pactos entre Occidente y Oriente. Y en la visión de ese nuevo orden mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha el Programa de Erradicación de la Viruela, una iniciativa global conjunta que había sido propuesta a la OMS en 1958 por el viceministro de salud de la Unión Soviética Víktor Zhdánov, y que culminaría en 1980 con el mayor triunfo de la historia de la salud pública que fue la erradicación de esa enfermedad que sólo en el siglo XX ya había causado trescientos millones de muertos. Ese fue el resultado del compromiso conjunto de los estados-nación con la ética universalista de los derechos humanos.
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Pero también en 1966, aunque en Argentina, el presidente Arturo Illia era derrocado por un golpe militar promovido por la oposición de la industria farmacéutica extranjera a la Ley de Medicamentos que consideraba al medicamento como bien social, al modo en que lo establece la legislación actual de la provincia de Buenos Aires que la empresa Farmacity fundada por el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana no reconoce.
El éxito que desde el inicio mostró el Programa de Erradicación de la Viruela, llevó a la aprobación en 1974 por la OMS del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), dirigido a establecer políticas y estándares a ser seguidos por los países miembros para incrementar el porcentaje de vacunaciones en el mundo y asegurar para todos los niños el beneficio de las vacunas. El nuevo programa tuvo como objetivo primario el abordar las seis vacunas básicas de la niñez: polio, difteria, tos ferina, tétanos, tuberculosis y sarampión. Y aunque inicialmente contó con pocos recursos, en 1977 el Director General de OMS, Halfdan Mahler, destinó al Programa un presupuesto regular de un millón de dólares que sería reforzado en diciembre de 1982 cuando la UNICEF destinara fondos para la estrategia Revolución de la supervivencia y el desarrollo infantiles, promovida por su director James Grant. En esa conjunción de iniciativas, la tasa de vacunación global para las seis vacunas básicas de la niñez pasó del 5% en 1974 al 80% en 1990.
El ajuste selectivo del derecho a la salud
En ese marco de consolidación del derecho a la salud, la OMS aprobó en 1978, con el auspicio de UNICEF, la Declaración de Alma-Ata que proponía a la estrategia de atención primaria de salud como política para alcanzar “Salud para todos en el año 2000”. La Declaración privilegiaba el contexto socioeconómico y la participación comunitaria como eje principal de acción, considerando que esa participación debía ir asociada a educación en salud, nutrición adecuada, acceso a agua potable y saneamiento básico, asistencia materno-infantil con planificación familiar, inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales, tratamiento de enfermedades y traumatismos comunes, y acceso a medicamentos esenciales; sumando el sector sanitario a todos los campos conexos del desarrollo nacional y comunitario, en un sistema nacional de salud completo y coordinado.
Era demasiada justicia. Por eso y a pesar del amplio consenso logrado por Alma-Ata, al año siguiente la Fundación Rockefeller con el auspicio de la Fundación Ford y del Banco Mundial presidido por Robert MacNamara, convocó a un congreso en su centro de Bellagio (Italia), y con un trabajo de dos de sus miembros, Julia Walsh y Kenneth Warren, se pronunció en su contra, sosteniendo que la estrategia era poco realista, muy cara, y que si se quería avanzar en la situación mundial de salud debían implementarse acciones dirigidas a grupos especialmente vulnerables con acciones eficientes de una “atención primaria de salud selectiva”. Ese ataque conservador hizo doblegar el apoyo de UNICEF a la reforma económica y social, y le llevó a postular una estrategia selectiva para niños menores de cinco años denominada GOBI, con sus cuatro acciones de monitoreo del crecimiento, terapias de hidratación oral, lactancia materna, e inmunizaciones. El universo del derecho a la salud comenzaba a contraerse después de su expansión inicial (1947-78).
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Las objeciones de Walsh y Warren a Alma-Ata, la acusaban de ser poco realista y muy cara. Pero como todo instrumento de Naciones Unidas con rango de declaración, su lenguaje era suficientemente diplomático para lograr un amplio consenso entre los países. Y la necesidad de ese lenguaje, como era habitual en los organismos de Naciones Unidas, venía impuesta por los países con mayor poder que no aceptaban una terminología demasiado crítica con la que frecuentemente eran cuestionados. Pero eso no desvirtuaba su riguroso análisis de la realidad de la salud en el mundo.
En cuanto al costo de implementación de la estrategia, la Declaración estipulaba al final, como vía de financiación, una razón mayor aunque nunca explicitada para sus ataques por un país como los Estados Unidos y por la Fundación Rockefeller o el Banco Mundial. Esa razón era que salud para todos en el año 2000 podía alcanzarse mediante una mejor utilización de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se destinaba a armamento y conflictos militares. Los recursos para el desarrollo social y económico, asignando una proporción adecuada a la atención primaria de salud, debían liberarse con una política de independencia, paz, distensión y desarme, siendo que la paz era un objetivo central de las Naciones Unidas.
Por eso el decir que Alma-Ata resultaba cara suponía, de modo indisociable, decir que la paz –el fin superior de la Organización de las Naciones Unidas— no podía ser su fuente de financiación. Era un ataque a la ONU y a la pretensión universalista del derecho a la salud. Eso era “realista”. Así fue que la estrategia de atención primaria selectiva que Estados Unidos impuso, y que llevó a su adopción por la UNICEF y la OMS, redujo a las inmunizaciones el fin principal de la estrategia, apoyándose en el prestigio moral dado por el éxito en la erradicación de la viruela. Y de ese modo, esta pasó a ser útil para otorgar legitimidad pragmática a la velada estrategia de intereses en salud que a partir de allí crecería hasta hoy.
Estados Unidos no firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce y protege el derecho a la salud, y siguió boicoteando hasta hoy a las Naciones Unidas, acompañado ahora por Presidentes como Macri que boicotean al sistema interamericano de derechos humanos, y de Bolsonaro que, dispuesto a hacer eje con Estados Unidos e Israel, anticipó “Si soy presidente, salgo de la ONU. No sirve para nada esa institución (…) es un local de reunión de comunistas”. Y prometió sacar a Brasil de la ONU, “no sólo por posicionarse contra Israel, sino por siempre estar al lado de lo que no sirve”.
En otra nota podremos ver cómo se desenvolvió la doctrina global del ajuste en salud a partir del ataque a la estrategia universalista de atención primaria. Pero tengamos presente el foco de esos ataques, porque en cada uno de ellos están los valores de una ética universalista y las virtudes de actuar políticamente en su defensa. Valores y virtudes a seguir protegiendo.
- Imagen principal: Alberto Giacometti, "Hombre señalando", 1947
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