Hablemos de corrupción

Van Gogh: Campo de trigo con cuervos

 

Tal vez no sea “correcto políticamente” lo que voy a escribir, pero a fuer de cabeza dura creo importante separar la paja del trigo y analizar de qué hablamos cuando nos referimos a la corrupción.

Transcribo seguidamente las definiciones respecto al concepto y su significado:

Según el diccionario de la Real Academia Española, “corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

En el mismo sentido, otra definición enuncia: “La corrupción se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada”.

En definitiva, para nuestro sistema normativo penal, la corrupción tipifica como delito.

Es usual que se pretenda estigmatizar a alguna persona o a algún sector con el epíteto de corrupto.

En Estados Unidos de Norteamérica hay un mecanismo de discusión conocido como defensa canalla (tranquilos los de Rosario Central, que no se refiere a ellos), que consiste en descalificar al interlocutor sin cuestionar su pensamiento, sólo estigmatizarlo.

En este verdadero iter criminis, se persigue a compañeros, a militantes, a dirigentes, llamándolos corruptos.

No hay nada más antirrepublicano que la condena, sin debido proceso y sin defensa en juicio, ello porque se viola la garantía constitucional de la presunción de inocencia consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Hay tantos descalificativos e insultos que exasperados se pueden utilizar sin que impliquen la imputación de un delito, que parece innecesario violar la norma.

En lo que a mi concierne, difícilmente insulte. Claro que a veces no puedo aislarme del grito colectivo, por ejemplo aquel de MMLPQTP, pero es comprensible en la pasión de una manifestación que cuestiona la lesión a la soberanía, a la independencia o a la justicia social, propio del gobierno neoliberal y autoritario de Mauricio Macri.

Por eso frente a la investigación de los aportantes a Cambiemos que no aportaron –aportantes truchos— solemos decir que el delito fue probado por dos jueces federales, uno de la provincia de Buenos Aires, Ernesto Kreplak, y otro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sebastián Casanello. Lo que ahora falta es determinar quiénes son los delincuentes. Por supuesto que hay fundadas sospechas que deben pertenecer a la nueva Alianza gobernante que es la que usufructuó el dinero mal habido. Y le incumbe al Poder Judicial indagar hasta el hueso para en un debido proceso se pueda individualizarlos. Hasta tanto, gozan de la presunción de inocencia.

Debemos reconocer el importante rol cumplido por periodistas como Juan Amorín y Hugo Alconada Mon, por señalar a los que dieron la primera puntada para que la opinión pública los conozca y los jueces intervinientes puedan avanzar.

Recién cuando exista una condena firme nos podremos desgañitar señalando en altavoz donde están los corruptos. Esto, además de republicano, es saludable para no quedarnos con el entripado. Será Justicia.

 

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