Un apretón sin destino

 

El gobierno no tiene otro plan que el que acuerda con el FMI, y al FMI lo que le interesa es: a) Garantizar que los acreedores cobren; b) Que el tipo de cambio sea lo más alto posible para posibilitar la compra de empresas, campos y demás activos públicos y privados por un valor menor que el real, a la par que permita que las ventas de productos primarios y el freno en el nivel de actividad interno generen en el tiempo superávit comercial; c) Asegurar que los dos puntos anteriores sucedan por largo plazo, de allí la permanencia que pretenden en el país por mucho tiempo, como fue la etapa anterior, desde fines de 1975 hasta el año 2006 y, de esa manera, subordinan a la economía argentina, e incluso al empresariado del país, a los designios del capital financiero internacional.

La extranjerización en sectores claves (tierra, energéticos, comercio exterior y bancos) define un modelo para pocos, que genera y remite excedentes al extranjero, con baja dotación de capital y mano de obra subvaluada, que internamente implica una economía de enclaves productivos, sin relaciones entre sí y con escasa multiplicación doméstica en el empleo y la producción.

En ese marco, una economía desigual donde un sector se integra (subordinándose) al mundo y el resto sobrevive como puede, sin mercado y sin capital suficiente.

La puja entre altas tasas de interés y volatilidad cambiaria está para quedarse, dado que no se tiene una moneda propia confiable (y la única manera para que demanden dinero local es con altas tasa de interés), a su vez esa tasa de interés diferencia entre quienes tienen acceso por asociación o por poder tomar crédito o ser directamente una empresa trasnacional, que pueden contar con los medios para desarrollarse, mientras el resto fallece con tasas más altas que sus precios (y posibilidades de ventas).

Los permanentes incumplimientos ante el FMI son y van a ser una constante, dado que el organismo internacional plantea metas severas de déficit fiscal y de creación de dinero, con el pretexto de encarrilar los precios y ordenar la economía nacional, que obligan a nuevas y mayores concesiones que se repiten en un proceso de cada vez mayores exigencia y deudas, con lo que para aminorar esas exigencias y esas deudas se venden a menor valor activos estratégicos, profundizando la extranjerización y la dependencia.

Los objetivos son claros, que la Argentina venda alimentos (fundamentalmente cereales y oleaginosas), materias primas (hierro, cobre, litio, azufre, granito, cueros, lana) y energía (petróleo, carbón mineral, gas, electricidad, etc.); a lo sumo que les vendamos productos semi industrializados de bajo nivel tecnológico, mientras ellos se reservan las industrias estratégicas (aeroespacial, químicas, comunicaciones), la industria militar, y sobre todo, donde se producen innovaciones técnicas que aumentan la productividad.

En el año pasado toda Latinoamérica le vendió básicamente productos primarios a los Estados Unidos por 685.535 millones de dólares y le compró materiales bélicos e industriales (sobre todo para los más ricos de la región), obteniendo un superávit comercial de 119.867 millones de dólares. Por supuesto que la suba de tasas de interés de los Estados Unidos compensa el déficit comercial con la región al hacer bajar el precio de la materia prima, por un lado y, por el otro, la deuda externa exige que se pague en divisas.

Esto explica la presión para que nuestro país reconvierta la deuda en pesos de las LEBACs (letras del BCRA) por deuda en dólares (como es el caso de las LETES –Letras de Tesoro de la Nación— y la misma deuda que se contrae con el FMI), con lo que nos condenan a pagar en su moneda, a la vez que aseguran que el tipo de cambio sea alto (hay que dar más pesos por cada dólar) encareciendo los intereses y sus amortizaciones y abaratando los activos nacionales.

 

El paquete fiscal

Para cumplir los objetivos del FMI, el Estado Nacional (y también los estados sub nacionales) debe reducirse a lo que puedan cobrar de impuestos. Por ende, el problema presenta dos fases.

Una, la de la recaudación, en un sistema tributario regresivo donde la principal fuente de ingresos para la Nación [1] es el IVA y los demás impuestos indirectos (combustibles, impuestos internos, impuesto a los débitos y créditos bancarios, etc.) que se trasladan y termina pagando el consumidor final. Como la recaudación es insuficiente y no se puede gravar más al consumo, se vieron obligados a realizar dos medidas:

1. Impuesto a las Ganancias: Actualizar las ventas (y demás ingresos de las empresas) y los costos de mercaderías vendidas (y demás costos y gastos) por el IPC (Índice de Precios al Consumidor nivel nacional), que evidentemente con una inflación anual de arriba del 50% implica un ajuste de esa magnitud en las ganancias y su correspondiente pago del impuesto. El gobierno de Cambiemos redujo fuertemente la percepción de este tributo en términos del PIB, por disponer que se tomaba lo que pagaban por el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de Ganancias y, le redujeron la alícuota a las empresas del 35 al 25% si no distribuían los dividendos. Por ende la actualización es correcta ante una inflación descomunal por un lado, y por el otro, es un impuesto que se coparticipa, por ende va a generar que no caigan tanto los recursos de las provincias.
2. Bienes Personales: El Dictamen de la Mayoría oficialista fija un mínimo no imponible muy bajo, de solo $ 2.000.000 (unos 52.000 dólares), cifra que se supera con un departamento de dos o tres ambientes y un auto mediano a valor fiscal. No obstante, alcanzaría a unos 300.000 nuevos contribuyentes que deberán pagar una suma anual equivalente al 0,25% por encima de ese mínimo no imponible. No es menos cierto que presenta una estructura progresiva, y a mayor patrimonio mayor alícuota.

Que ante el hecho de que pagan IVA un jubilado o los que perciben salarios de miseria, no es una inequidad. Lo que sí es inequitativo es la fuerte evasión impositiva, en este caso de Bienes Personales, porque constituyen fideicomisos y demás figuras para aminorar el patrimonio del contribuyente.

El caso más remanido es la propiedad rural. En la provincia de Buenos Aires, la tierra más fértil del mundo, el Impuesto Inmobiliario Rural es solo el 2,40% de los recursos propios de la provincia y en todo el país lo que se recauda por ese gravamen es solo el 0,2% del PIB. Los terrenos arrendados, desocupados, o las explotaciones unipersonales pagaban Impuesto a la Renta Mínima Presunta, ahora al derogarse dicho canon todas las personas físicas que tengan campo pagaran el Impuesto a los Bienes Personales. Obviamente las cuatro hermanas (SRA, CRA, Coninagro, y FAA) salieron a decir que en la mayoría de las provincias se hicieron revalúos fiscales, incrementando el valor de la propiedad y que pagan los derechos de exportación, pero lo que no dicen es que toda la recaudación de Bienes Personales del año pasado representó solo el 0,19% del PIB y que este año 2018 se piensa recaudar el 0,11% del PIB, cuando el IVA solamente representa el 7,57% del PIB, y el derecho de exportación no puede superar los $ 4 (cuatro pesos) por dólar cuando la devaluación en lo que va del año supera holgadamente el 100%.

Para dimensionar lo que decimos de la evasión, con solo cobrarle el canon de Bienes Personales al grupo Benetton, que posee 900.000 hectáreas, a la sucesión de Douglas Tompkins, 400.000 hectáreas; a la firma de capitales chinos Heilongjiang Beidahuang, 330.000 hectáreas; a Herman Warden Lay, 50.000 hectáreas; a Mijndert Pon, 25.000 hectáreas; a Joseph Lewis, 20.000 hectáreas; a Jacob Suchard, 20.000 hectáreas; a George Soros, 15.000 hectáreas; a Hubert Grosse, 11.000 hectáreas; a Ted Turner, 10.000 hectáreas; y a Inversora Roland, 8.500 hectáreas, se superaría diez veces lo que se recauda a todos los contribuyentes de Bienes Personales [2] en el año.

 

 

La Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales detectó que más de 1.100.000 hectáreas en la Argentina pertenecen a empresas radicadas en paraísos fiscales, como Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, entre otros. Y que sólo 53 propietarios de la provincia de Buenos Aires, con un promedio de 44.535 hectáreas, acumulan 2.359.810 hectáreas. Y que en esa provincia hay 1.250 propietarios, con un promedio de 6.977 hectáreas, que suman 8.721.328 hectáreas.

La evasión fiscal del “campo” es abismal, se concentra y se extranjeriza la propiedad de la tierra, lo que se suma a que se debe pagar patente por las semillas y, se comercializa por cinco grandes acopiadores y comercializadores de granos, llamados ABCD (ADM; Bunge Cerval; Cargill; COFCO; y Louis Dreyfus), ese es el modelo que nos deparan y que se fortalece paso a paso.  Las preguntas obligadas son: ¿cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? ¿Dónde va la súper ganancia que el agronegocio genera, que ni siquiera contribuye mínimamente con el Estado que le garantiza esa asociación y despojo? ¿Cuáles son los efectos sobre la tierra, el aire, el agua y la población del uso indiscriminado de pesticidas y otros agrotóxicos?

 

 

La segunda fase es la del lado del gasto, y allí cuentan con el beneplácito, por decirlo de alguna manera, de 18 de las 24 gobernaciones de provincias (todas menos Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, San Luis y Formosa), que aceptan realizar el ajuste de sus cuentas en la Adenda que firmaron en el mes de octubre de 2018, que se agrega al Consenso Fiscal acordado el 16 de noviembre de 2017. A cambio de que las provincias reciban el 100% de lo que se les detraía por el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que iba a la ANSeS [3] y a los sistemas previsionales provinciales, y el 93,73% del Impuesto a los Bienes Personales según la Ley de Coparticipación Federal, aceptan un plan de modernización de sus administraciones, cuando es fácil predecir qué entienden por modernización Andrés Ibarra y el gobierno de Macri. El Consenso Fiscal dice textualmente que el Poder Ejecutivo Nacional va a financiar “programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”.

A todo ese dislate del ajuste fiscal por el ajuste mismo, se le suma que las provincias aceptan recibir menos partida de subsidio para transporte y energía (combustible, gas y electricidad), pero como no pueden con sus recursos propios mantener una tarifa razonable del boleto de colectivo, de tren y de la energía, el gobierno nacional va a realizar una readaptación del magro gasto público previsto para el año 2019. Esto se traduce en una fuerte reducción en las erogaciones de educación, salud, asistencia social, obra pública, etc. etc., para dejar un saldo y con ello crear fondos especiales para asistir a provincias o municipios que no puedan subsidiar sus sistemas de transporte y energético, lo que es por un lado un nuevo avance sobre el federalismo fiscal y, por el otro, otorgarle ese poder discrecional a Guillermo Dietrich y a Javier Iguacel.

Finalmente, el Presupuesto de la Administración Nacional 2019 que se reduce fuertemente en términos reales y del PIB, más la subejecución de partidas de este año 2018, hacen que como sostiene la CTA: “La suma de los sucesivos ajustes implica que en total entre 2015 y 2019 se acumularía una disminución real del gasto del 18,0%. Las caídas acumuladas en estos años implican que tras cuatro años de gestión Macri dejaría un 27% menos de gasto en educación y cultura (por parte de la Nación), casi un 31% menos de gasto en ciencia y técnica y un 16% menos en salud.

No habrá recursos suficientes para abastecer de medicamentos o de instrumental para la salud; se degradará más la educación pública; las distintas administraciones estatales no podrán ni siquiera pagar la luz, las comunicaciones, etc., ya que los supuestos presupuestarios de crecimiento de los precios (Índice de Precios al Consumidor anual del 34,8% y dólar promedio de $ 40,1) son incumplibles. Al ir agotándose las partidas, no se podrán desarrollar los gastos necesarios para la prestación de los servicios y de la obra estatal.

 

El apretón monetario

La Base Monetaria (todo el dinero creado y puesto en circulación por el Banco Central) ascendía al 17 de octubre de 2018 a $ 1.318.446 millones, pero el stock de LEBACs (deudas del BCRA) era de $ 190.584 millones.  Hace un mes la Base Monetaria ascendía a $ 1.251.731 millones (un 5,3% menos) y el stock de LEBACs sumaba $ 572.509 millones.  Si lo comparamos hace un año a esta parte, la Base Monetaria era un 51% menor, pero el stock de LEBACs era de $ 1.129.125 millones (un 30% mayor que la Base Monetaria de esa fecha y casi 6 –seis— veces mayor al stock actual).

Por supuesto parte de las LEBACs se reconvirtieron en deuda a nombre del Tesoro de la Nación, incluso una parte importante es en divisas, y otra son LELIQs (Letras Líquidas del BCRA a 7 días) que no existían un año atrás. Hace un mes totalizaban $ 257.901 millones y al 17 de octubre eran $ 519.319 millones, con lo que se reduce uno pero crece el otro, además de haber subido fuertemente los encajes o efectivos mínimos de los bancos, con lo que reduce sideralmente el multiplicador bancario y da como resultado una oferta monetaria que en su versión ampliada en pesos [4] solo representa el 17,8% del PIB, cuando en Chile dicha variable monetaria representa el 60% del PIB.

El dinero es el nexo en el circuito económico, que permite relacionar la producción, la distribución (pago de los factores de producción), el cambio o comercio y el consumo. Sin el dinero suficiente se frena el nivel de actividad y se refleja en los alargues de los plazos de cobros y de pago, para pasar a romperse eslabones de la cadena del proceso productivo por suspensión de trabajo y cierre de establecimientos.

Por un lado, no se puede tener por mucho tiempo una tasa activa (la que le cobran al tomador de crédito) por encima del 100% cuando los precios aumentan la mitad. Por otro lado el mismo Estado se perjudica porque le sale más barato al contribuyente no pagar impuesto o no hacer los debidos aportes previsionales, la AFIP le cobra una tasa punitiva del 3% mensual, cuando el mercado por financiarse le cobra una tasa que es más del doble (en torno al 7% mensual).

Esa situación es insostenible y será cada vez peor, sin retorno. La cadena de pagos que se rompe implica un futuro cercano de destrucción del valor y esos eslabones tardan años en recomponerse, si es que se recomponen. Máxime cuando el ministro del área, el inefable Dante Sica, sostiene en IDEA [5] que se debe llevar adelante una reforma laboral, que el año pasado se trabó ante la resistencia sindical. Esto es, en lugar de poner el foco en la producción y el trabajo, hacen todo para garantizar que se paguen ahora y como sea las confiscatorias tasas de interés, aunque eso signifique aumentar la desocupación. No pagan costos laborales para pagar intereses.

El empresario no sabe cuál es el valor de la tasa de interés, pero eso sí, tratan de asegurarle que el salario va a ser menor al crecimiento de los precios.

 

Conclusión

El mundo desarrollado se industrializa e invierte en investigación y ciencia para incrementar la productividad del trabajo. A la Argentina como a Latinoamérica nos reservan el papel de meros abastecedores de alimentos y materias primas. Todos los planes de estabilización y reducción del gasto público, así como la desatención de la vida de los desocupados y marginados que el mismo modelo genera y propicia, aparecen como situaciones no deseadas pero inevitables en el altar de la reconversión de la economía del país. No se hace nada para evitar la sangría permanente de la fuga de capitales: entre 1980 y 2017 solamente en 6 –seis— países de la región (Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela y Colombia) se han fugado más de 2 billones de dólares (más de 4 veces y media nuestro PIB) con un promedio de salida anual de 54.000 millones de dólares [6].

Sin conducción y en mano de ineptos y funcionales a la política del FMI, tenemos como presente y futuro una larga agonía, con una minoría que se enriquece y fuga y una cada vez mayor parte de la población en una economía de subsistencia, que nunca es digna.

Hemos estado en situaciones parecidas otrora. En 1969 rompió ese modelo el “Cordobazo”, en 2001 la sangre generosa de los muertos en los aciagos días de diciembre y la vuelta al mercado interno y la integración regional conducida por Néstor Kirchner.

 

 

Maquiavelo termina El Príncipe con un bello poema de Petrarca:

“Ché l antico valore

Nell italici cor non è ancor morto”

(Que el antiguo valor

no ha muerto en el itálico corazón)

 

[1] Para las provincias es exactamente igual, el principal ingreso es el Impuesto a los Ingresos Brutos que es un impuesto indirecto y representa la dos terceras partes de los ingresos tributarios propios de las provincias

[2] “La Cuestión Rural” del Dr. Rubén Lamas - Editorial “La Chispa”

[3] Con lo que se coparticipa entre la Nación y las Provincias el 100% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias.

[4] Se denomina M3: Billetes y monedas en poder del público+ Cheques Cancelatorios en pesos+ Depósitos del Sector Privado  y del Sector Público en pesos

[5] IDEA: Realizó su 54a convención, nuclea a lo más granado del empresariado que está en el país. Este año fueron a Mar del Plata más los CEOs y administradores que los dueños. Pero debemos recordar que en el seno de IDEA en 1967 y en apoyo a Krieger Vasena, se creó el CEA – Consejo Empresario Argentino, su presidente antes del golpe fue José A. Martínez de Hoz y como tal y en esa condición e Presidente del CEA propició el acuerdo patronal “APEGE”. Propuso “El Consenso de Washington” aún antes que existiera como tal y se integró por las empresas más concentradas del país. Desde 2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

[6] Magdalena Rua “La Fuga de Capitales como modo de acumulación de riqueza de las elites latinoamericanas” – del libro Elites y Captura del Estado, FLACSO

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