Un Código contra el pueblo

 

El pasado jueves 4 de octubre, la Legislatura de la Ciudad sancionó una serie de reformas al Código Procesal Penal que, entre diversas cuestiones, incorpora las figuras del agente encubierto, del agente revelador y del informante, y regula la entrega vigilada.

Sancionada solo con los votos del oficialismo, la ley extiende el plazo de detención de 24 a 48 horas, amplía las causales y el plazo que tienen los/as jueces/zas para dictar la prisión preventiva. También extiende la duración máxima, y excepcional, de la investigación preparatoria de uno a dos años.

El proyecto original incluía la incorporación de cuestionadas medidas de investigación que, apelando al correcto uso del idioma español, deberían haber sido puestas a consideración bajo el título de “medidas de espionaje”. Bajo este apartado se incluían diversas formas de vigilancia que configuraban un atentado al derecho a la privacidad y a un variado abanico de garantías constitucionales que limitan el poder punitivo estatal.

En ese sentido, el proyecto impulsado por Rodríguez Larreta preveía la vigilancia remota que mediante la utilización de software permitía el acceso a dispositivos electrónicos y la intervención de celulares de aquellas personas sometidas a la investigación penal; la vigilancia por medio de la captación de imágenes en los lugares públicos o de acceso público y la vigilancia mediante la utilización de diversos dispositivos que permiten realizar un seguimiento remoto del imputado y conocer su localización en tiempo real.

Estas “medidas especiales de investigación” fueron dejadas de lado por el oficialismo, en principio debido a la alarma encendida por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre otras Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, la Asociación Pensamiento Penal (APP) y Accessnow que  fijaron uno a uno los puntos por los cuales la aprobación de cada una de estas vigilancias habilitaría de manera arbitraria e inaceptable el acceso del poder punitivo a la órbita de la intimidad, sin que la legislación establezca los mecanismos adecuados para impedir la vulneración de las garantías constitucionales y de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad.

Otro factor que existía para no insistir con la incorporación de esas medidas fue la falta de consenso dentro del mismo oficialismo para aprobar el texto tal como había sido enviado por el Poder Ejecutivo. Obviamente, estos motivos no fueron esgrimidos por el bloque oficialista de Vamos Juntos, que prefirió exhibir las modificaciones como su voluntad de trabajar a fin de lograr que las reformas fueran sancionadas con el mayor consenso político.

No resulta un dato menor que, de haber mantenido la redacción original del proyecto, el Poder Judicial de la Ciudad y la Policía hubieran contado con mecanismos de investigación que, a pesar de la voluntad del Ejecutivo de Nación, afortunadamente no han sido sancionadas en el Congreso de la Nación.

Aún cuando las modificaciones más graves no pudieron ser incorporadas, la ampliación del poder punitivo que habilita el nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad con la regulación de las figuras del agente encubierto, del revelador y del informante, para los delitos que no forman parte de la criminalidad organizada, debe ser analizada en el contexto social, económico y político que envuelve a nuestro país.

Así, cotidianamente observamos en el territorio de la Ciudad la persecución y criminalización de los/as trabajadores/as de la economía popular. Esta criminalización se verá recrudecida con la aprobación de la reforma que busca perseguir a cuidacoches, limpiavidrios, artistas callejeros/as. También cotidianamente vemos detenciones ilegales que privan de la libertad a quienes concurren a las masivas movilizaciones que tienen epicentro en la Ciudad. Esto ocurre de manera contínua desde que el macrismo gobierna nuestro país.

Todo ello en un contexto económico de ajuste feroz que golpea a nuestro pueblo y que se irá agudizando en la medida en que el FMI tenga una injerencia cada vez más directa sobre el manejo de nuestra política económica.

Al compás de la política de ajuste, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad avanzan en el avasallamiento de derechos constitucionales elementales con un objetivo claro: aumentar el control social y el poder punitivo estatal en desmedro de las libertades de todos y todas. Ello al solo efecto de llevar adelante, con un viso de legalidad, la persecución de aquellos sectores que se oponen y luchan contra las políticas de hambre y exclusión que se vienen implementando en nuestro país.

Lo venimos afirmando desde fines de 2015: este modelo económico no cierra sin represión. Y es en cumplimiento de aquella premisa que el oficialismo viene avanzando; no solo con la reforma integral del Código Penal que el juez Mariano Borinsky sugestivamente presentó primero en Estados Unidos, sino también con estas reformas en los procedimientos penales que vulneran garantías constitucionales dejando a los/as ciudadanos/as desprotegidos frente al poder punitivo estatal.

 

*Diputada Nacional (FPV-PJ). Ex ministra de Defensa y de Seguridad

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí