El sobreseimiento a Moira Millán

 

Antes de terminar la indagatoria, y expresar el estupor por estar acusada en esta causa, Moira Millán invitó al juez federal de Rawson Guillermo Lleral a restablecer el orden armonioso quebrado el 18 de septiembre de 2017. Así lo recordó su defensora Eli Gómez Alcorta semanas atrás. Ese orden armonioso fue quebrado en 2017, en 1980 o en cualquier año sucedido desde el despojo de las tierras. Ponga las cosas en su lugar, le dijo. Que por una vez, los indígenas dejen de sufrir todo tipo de humillaciones, "porque en este país la vida indígena está devaluada, porque los cuerpos indígenas son sacrificables”.

Eli agregó a continuación una traducción de lo que todo eso significaba para el lenguaje judicial: Moira Millan estaba pidiendo el sobreseimiento. Y reclamando que le pidan perdón.

Lleral de alguna manera cumplió ese pedido. Sobreseyó a Moira Millán en una causa iniciada por la fiscalía de Esquel contra la lideresa mapuche por coacción agravada porque luego de un violento allanamiento a la comunidad Vuelta del Río, con Santiago Maldonado aún desaparecido, concurrió al juzgado federal de Esquel para preguntarle al juez de la causa por qué había ordenado ese allanamiento. Moira sólo fue una de las asistentes. Y ni siquiera había levantado la voz. Ni ella ni sus compañeros. Sólo decidieron esperar para que el juez Guido Otranto los atendiera. Que les explicara qué había pasado. Y pedirle la renuncia. Lleral señaló en el sobreseimiento que los hechos no pueden ser encuadrados como coacción agravada como pidió la fiscal Silvina Ávila, con castigo previsto de hasta diez años de prisión. Y probó como cierta la versión de los hechos narradas por la dirigente indígena.

 

 

Los hechos comenzaron el 18 de septiembre de 2017, cuando el juzgado a cargo de Guido Otranto buscaba a Santiago Maldonado y realizó un allanamiento a la comunidad Vuelta del Río, cercana físicamente de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen pero en la que no había habido ningún tipo de incidentes durante los últimos veinte años.

El allanamiento comenzó a las seis de la mañana, y las fuerzas de seguridad hicieron destrozos. Tiraron contra el piso a los integrantes de la comunidad. Los maltrataron. Les pegaron. Y les sacaron objetos. Obviamente no encontraron nada, dice Eli. Moira Millán, que no es de ahí, acompañó a unos quince mapuches que dos días después decidieron ir a ver al juez. Querían preguntarle a Otranto qué pasó y qué hizo posible lo que hicieron. Por qué. Esperaban poder denunciar los hechos. Y pedir la renuncia al juez.

Así, a las nueve de la mañana del 20 de septiembre llegaron al juzgado de Esquel. Apenas entraron, todo estaba lleno de policías pero también de trabajadores de prensa, periodistas que hacían guardia en medio de los días calientes de la investigación por Maldonado.

Al llegar pidieron hablar con el juez. Pero les respondieron que Otranto no podía recibirlos. Entonces dijeron que iban a quedarse ahí hasta que el juez les hablara. Así pasaron las horas. Les dijeron que iban a cerrar el juzgado. Pero se quedaron igual. Ellos estaban en paz. Esperaron. Y lo hicieron tranquilamente como lo muestra cada uno de los audios que sirvieron de prueba para la causa.

Finalmente bajó el juez. Hablaron durante media hora. Y el diálogo fue maravilloso, dice Eli. Escucharon ellos. Y el juez los escuchó. Les dijo, él mismo, que iba a investigar qué sucedió en Vuelta del Río. Ellos se fueron. Moira se fue. Pero lo importante, dice Eli ahora, es que poco después, en el mes de diciembre, Patricia Bullrich armó un informe desde el Ministerio de Seguridad en la que puso a Moira como vocera de la RAM, dato que es completamente falso porque no tiene ningún tipo de vínculo con Facundo Jones Huala.

En ese contexto, la fiscal Avila acusó a Moira de liderar a las personas que irrumpieron el 20 de septiembre en el juzgado federal de Esquel, manifestando que sólo se irían del lugar cuando el magistrado Guido Otranto renunciara a su cargo. Hace poco más de diez días, Moira fue a prestar declaración indagatoria. Quince agentes de la policía se encontraban apostados en la calle sobre el edificio del juzgado y otros cuatro estaban ubicados del lado de adentro. Llevaban un papel en la mano con los nombres de cada uno de los acompañantes autorizados a ingresar, dijo Eli, que vio el edificio cerrado con llave desde dentro. Escaleras arriba volvieron a ver más policías. Esta vez había cinco agentes sin identificación en el primer piso; otros cuatro con chalecos de la Policía Federal Argentina ubicados en el segundo piso y otros dos agentes de seguridad mujeres, con pecheras color violeta, que custodiaban el tercero.

"A medida que vamos subiendo las escaleras hacia la oficina en la que se llevaría a cabo la declaración indagatoria, veo a esta mujer indígena saludar cortésmente a cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad y, por momentos, la siento más grande y alta de lo que efectivamente es", escribió su defensora en estas páginas.

La causa quedó en manos de Lleral, el juez de Rawson. Moira prestó declaración indagatoria desde Esquel vía videoconferencia. En su testimonio reconoció todo lo que había pasado. Dijo que efectivamente habían ido al juzgado, que fueron a hablar y pidieron reunirse con el juez Otranto. Pero también dijo que ante el magistrado hablaron con respeto. Y también que le dijeron que debía renunciar.

El jueves pasado Lleral dijo que los hechos fueron tal como los narramos nosotras, dice la defensora. "Que se ve que todo fue muy respetuoso. Que no fueron los indígenas los que prohibieron el ingreso al lugar. Que cuando lo hablaron lo hicieron de modo respetuoso y se fueron. Y que todo esto sucedió dentro del horario judicial. El juez dice que cuando la gente entró al juzgado de Esquel, también ingresó la policía anti-tumulto. Que no hubo ninguna situación de presión. Y que hasta el propio Otranto aparece relajado cuando habla con Moira. También señaló como dato para estos tiempos que el derecho penal debe ser reservado para sanciones lesivas, y que en este caso no lo fueron".

Eli ahora está convencida sin embargo que la cosa no quedará ahí. La fiscal tiene tres días hábiles para apelar la resolución. Y esa fiscal, la misma persona que pidió investigar por falso testimonio a un joven mapuche que declaró contra la Policía, tiene tiempo para hacerlo hasta el lunes 8.

 

 

 

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