La ley de la calle

 

Pocos días después del paro general se produjo la renuncia de Juan Carlos Schmid a la conducción de la CGT. Fue uno de los hechos políticos sindicales más importantes del año. Ni la dimisión previa del metalúrgico Francisco Barba Gutiérrez a la secretaría de Interior ni el repliegue de Pablo Moyano habían producido una avería de tal magnitud. Varias razones: Schmid es uno de tres pero significa mucho más que un tercio de la devaluada conducción, dado que sus posiciones siempre fueron más confrontativas que las de Héctor Daer y del estacionero Acuña, representantes de los Gordos y de Luis Barrionuevo. Schmid, además del respaldo de Hugo y Pablo Moyano, tiene existencia propia y futuro sindical luego de su alejamiento de la terrena trinidad. Es sin ninguna duda uno de los cuadros sindicales más formados de la dirigencia actual con relaciones internacionales construidas a lo largo de sus cuatro décadas de militancia obrera. Su origen fue en las filas de la CLAT (Central Latinoamericana de Trabajadores). Esa central internacional del sindicalismo cristiano, confluyó hace 12 años con la socialdemócrata CIOSL dando origen a la Central Sindical Internacional (CSI) y la Central Sindical de las Américas (CSA). Ello le ha dado un perfil que lo posiciona, dogmáticamente, en las antípodas del neoliberalismo. Si el triunvirato venía herido de muerte por su paso lento y equívoco, este ha sido el certificado de defunción. Schmid jugó un papel político en la conducción cegetista buscando mantener en el tiempo un equilibrio inestable entre los eternos oficialistas de todos los gobiernos, también conocidos como los Gordos, y el extraño fenómeno de Luis Barrionuevo que, además de todo lo bizarro que de él se conoce, se constituyó con la llegada de la democracia en uno de los cajeros del bipartidismo junto al radical Enrique Nosiglia, desde la caja de la Administración Nacional de Seguros de Salud (ANSAL, hoy Administración de Programas Especiales, APE), donde, desde el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín hasta la caída de Fernando de la Rúa, ambos manejaron los fondos de salud de las obras sociales. En verdad, Barrionuevo no expresa ninguna corriente sindical sino que es una especie de unidad de negocios a partir del control de los fondos de las obras sociales de los trabajadores. Fin de una breve etapa y final abierto para la unidad sindical que logre expresar la masividad y la contundencia de la protesta obrera y popular.

El comienzo ha sido promisorio dado que el mismo día lunes las figuras más conocidas del Frente Sindical para el Proyecto Nacional, junto a ambas CTA y la Corriente Federal, acompañaron a los trabajadores viales que marcharon desde el Congreso de la Nación hasta la sede de Vialidad Nacional. La vapuleada promesa de acompañar cada lucha de los trabajadores empieza a aparecer con más asiduidad en la agenda callejera. La explicitación de un plan de acción con variadas movilizaciones hasta el 24 de octubre, día del tratamiento del presupuesto nacional en Diputados, pasando por la marcha peregrina a la basílica de Lujan, rescatando la histórica consigna de Paz, Pan y Trabajo, asemeja el presente sindical mucho más a los 13 paros de Saúl Ubaldini en la época de Alfonsín que al obsecuente seguidismo a las temporadas presidenciales de Menem. Cada día más el sindicalismo busca parecerse a sí mismo en sus mejores momentos de la historia.

La CTA Autónoma lleva adelante desde comienzos de semana un acampe frente al Congreso de la Nación con actividades destinadas a esclarecer a la opinión pública acerca del presupuesto que está siendo tratado en comisión. La presencia de los estatales de los Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio, Santa Cruz, es de lo más significativo, porque precisamente ese presupuesto en tratamiento encierra el ajuste sobre el gasto de aquel emprendimiento sureño que busca dar por tierra al triunfo obtenido con la reincorporación de alrededor de trescientos despedidos a principios de año. Cuando un gobierno siente como derrota una conquista obrera, como en este caso la preservación de puestos de trabajo productivo, a la vuelta de la esquina prepara la emboscada para repetir los despidos y hacer efectivo el escarmiento.

En la batalla popular del presupuesto está la clave de la continuidad o no de cientos de miles de empleos en nuestro país. La tercerización de las decisiones de gobierno en manos de Christine Lagarde, con Mauricio Macri pretendiendo desentenderse, encierra una supina ignorancia de cómo reacciona nuestro pueblo frente a penurias repetidas a lo largo de  la historia. ATE Capital, por su parte, acompañó la marcha de los trabajadores de Vialidad, encabezó las protestas por los 40 despidos en el Enacom, realizó una presentación judicial contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por las asignaciones familiares de los trabajadores municipales, marchó con los cartoneros del oeste por la expropiación del terreno donde realizan su tarea de clasificación. Acompañó la marcha en Moreno por la muerte de Sandra y Rubén por desidia del gobierno provincial, también junto a los enfermos de HIV por la quita de los medicamentos y su participación en la Marcha Federal en defensa de la Salud organizada por la intersindical más pluralista de este momento. La encabezan el dirigente de Subtes Beto Pianelli y la neumonóloga Liliana Capone de CTA Salud, nucleando sindicatos estatales y privados encuadrados en la CGT, ambas CTA y  la Corriente Federal. Vienen actuando sistemáticamente en temas de salud en el trabajo desde hace varios años. El día jueves realizaron la primera Marcha Federal en defensa de la salud, uno de los sectores más amenazados por el ajuste actual, tanto los trabajadores del ramo como a los hombres y mujeres que dependen de este servicio público. La marcha, realmente numerosa, protagonizada por miles de trabajadores de la salud en conflicto, se convirtió en un asedio al centro porteño y marcó una jornada de varias movilizaciones.

El Sindicato Único de Trabajadores  de Administraciones Portuarias (SUTAP), encabezado por Adolfo Barja, realizó serias denuncias sobre los negociados en los puertos de la provincia de Buenos Aires de parte del ministro de la Producción Javier Tizado y del secretario Rodrigo Silvosa, empeñados en implementar el sistema de consorcios para la administración de los últimos tres puertos bonaerenses que permanecen en la órbita del estado provincial: San Nicolás, Dock Sud y Coronel Rosales, que concentran el 48% de las toneladas cargadas y descargadas. Los consorcios entre otras características garantizan la rebaja de controles de las mercancías en tránsito y favorecen a los privados sus rentas en un negocio que no requiere inversiones. Una especie de Peajes Marítimos. Caja y recaudación. Solamente el puerto del Doke recauda 70 millones de pesos por mes. La oposición del SUTAP se ha convertido en una piedra en el zapato para este tobogán comercial y su secretario general ha comenzado a recibir distintas presiones para obligarlo a cambiar de posición. La primera medida del Hada Buena que gobierna la provincia fue suspender los aportes sindicales y por otro lado invitar a poner un representante obrero en la administración de cada consorcio. Claro está que al representante lo designaría un sindicato de supervisores y la representación obrera sería decorativa. La pérdida de soberanía provincial sería definitiva. Y la presencia sindical en los puertos privados es tan complicada como el control de la AFIP, la Aduana y la UIF.

La UOM, uno de los gremios más golpeados, lleva perdidos 25.000 puestos de trabajo desde enero de 2016 y tiene otros 30.000 cargos sujetos a suspensiones y procedimientos preventivos de crisis con pronóstico de pérdida de los mismos antes de principios del 2019. Llama mucho la atención el silencio oficial del desdibujado pero poderoso gremio, que supo ser el punto de referencia del movimiento obrero. Hoy sus delegados y directivos fueron parte de la nutrida movilización que culminó en la Secretaría de Industria.

Los maestros de CTERA han puesto el eje de su reclamo en el presupuesto nacional. En un concienzudo análisis subido a su página web dan cuenta que con esta contabilidad perforan a la baja, el piso del 6% del PBI con destino a la educación. Con la eliminación del fondo sojero que desfinancia a las provincias, varias administraciones ya tienen problemas para pagar los sueldos y con el congelamiento del fondo de incentivo docente por tercer año consecutivo, el mismo lleva perdido más del 60% de su valor real actualizado.

El miércoles, durante la presentación en diputados del Jefe de Ministros Marcos Peña, se sumó un nutrida y plural delegación de organizaciones de discapacitados al acampe de los mineros de Rio Turbio y varios oradores hicieron oír sus reclamos ante la inhumana decisión del gobierno de dar de baja a las pensiones por discapacidad. La presentación en Diputados tuvo en réplica el reclamo de las víctimas del ajuste en curso. Varios diputados y ex diputados que integran o integraron la comisión de discapacidad apoyaron la reivindicación denunciando el papel incomprensible de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del Ministro de Trabajo Jorge Triaca, que sufren esa misma situación y no hacen nada por ellos.

A cien días del conflicto producido por los masivos despidos en la Agencia Télam, surgieron novedades producidas por enjuagues leguleyos del propio abogado de la empresa, Juan José Etala, quien logró desplazar a dos camaristas de la sala quinta que habían fallado a favor de los trabajadores. Tras la recusación, el gobierno operó en la conformación de una nueva sala cuyos jueces firmen los fallos que le presenten. El Camarista Enrique Arias Gibert denunció esto como una típica maniobra de forum shopping. No obstante los antecedentes de los nombrados para completar la sala generan mucha expectativa en los representantes gremiales, de lograr un nuevo fallo en línea con el anterior. Mientras tanto el juez Ricardo Tatarsky tiene inmovilizadas las otras 160 cautelares por incumplimiento del secretario de Trabajo Jorge Triaca, quien como es su costumbre, no contesta los requerimientos de la Justicia y sigue sin ordenar el procedimiento de crisis al que fue judicialmente obligado. A todo esto siguen insistiendo en el funcionamiento de la Télam bastarda que no logra ocultar la larga parálisis de la histórica agencia oficial.

Tras un nuevo fracaso en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación, los tres sindicatos representativos de los trabajadores de la electricidad de Córdoba emitieron un duro comunicado expresado el hartazgo ante la falta de respuesta de las autoridades de la Epec al urgente requerimiento de actualización salarial acorde con la inflación que escala mes a mes. Dejaron constancia en el expediente del rechazo total a la denuncia patronal que atribuye la actual crisis de la empresa a “los exagerados derechos que protege el convenio colectivo” y considera a los salarios como “privilegios insostenibles”. El comunicado rescata la actitud prudente con que los gremios condujeron el conflicto que viene durando más de seis meses pero advierte haber llegado a un límite en que la paciencia se agota. Es de prever, lógicamente, que la lucha está comenzando a atravesar una nueva etapa y el conflicto se va a profundizar. Mientras, el gobernador Juan Schiaretti junto a Miguel Angel Pichetto Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, posaron sonrientes para abrir las puertas del futuro a un nuevo peronismo de extremo centro.

El protagonismo político se está ejerciendo en la calle y en lo que resta del año seguirá creciendo en frecuencia y masividad.

 

 

 

 

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