La brújula del capitán

 

Un político preguntó por qué la fecha del paro general se había fijado para un mes después, cuando la situación social, política y económica ardía. El hombre de la campera meditó y al fin dijo:

—El Presidente nos dijo que tiene la casa preparada en Roma, hasta las cortinas. Y nosotros no queremos ser el pretexto.

Por cierto, la CGT tiene una imaginación envidiable para fundar por qué demora, diluye o elude las medidas de fuerza que la sociedad reclama. Sólo el tiempo dirá si Maurizio Macrì formuló de veras tal confesión a sus amigos del sindicalismo o sólo se trata de reforzar la tendencia de esos señores a la circunspección. Pero todos pueden constatar que el gobierno parece atontado por los acontecimientos y Macrì enhebra errores por su desconocimiento de cuestiones básicas de la economía y de la política, mientras sus exégetas intentan hacer pasar estulticias por firmeza.

Marcos Peña Braun, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y el mago electoral ecuatoriano, que oteó la crisis desde el exterior, creen que la constelación irrepetible de factores que los condujo a donde están en realidad revela atributos esenciales de su personalidad, que los protegerán para siempre de las desventuras que asedian al resto de los mortales. Son contados los gobernantes que no atraviesan en algún momento por ese estadio, cuando se tutean con la Historia, imaginan refundaciones, diseñan síntesis superadoras, nuevos movimientos o dinastías. Es entonces cuando reciben los golpes más duros, como les ocurrió el miércoles 29 al Presidente y el jueves 30 a su Jefe de Gabinete.

 

Caída en tirabuzón

La economía argentina está cayendo en tirabuzón por la incompetencia de sus políticas, causa de la “desconfianza de los mercados” que el propio Macrì debió reconocer en su mensaje de 103 segundos del miércoles 29 y que Peña Braun intentó negar al día siguiente.

Pensó que con poco más de un minuto y medio le bastaría para conjurar la gravísima crisis porque aún no logró despojarse de la suficiencia de aquellos que sueñan que su mera palabra desate los nudos y disuelva los obstáculos.

Ya se sabía que para Macrì es muy simple abrir el cepo y controlar la inflación, que bajo su gobierno el precio del dólar no se trasladará al de los alimentos, que una lluvia de inversiones caerá sobre la Argentina, que el segundo semestre será glorioso y que la pobreza se reducirá cada día. Como bromean los economistas con el cuento de la isla desierta y la lata cerrada, supongamos un abrelatas.

La reiteración de mensajes “para llevar confianza a los mercados” que un periodismo lelo o venal repite sin pensar, produce la mayor intranquilidad. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Sobre todo, porque al reducido núcleo de inversores financieros no se les puede hablar con el voluntarismo y el lenguaje pueril de la autoayuda.

Macrì terminó de hablar y los mercados respondieron con un ímpetu incontenible. De él desconfían, y por buenas razones.

La brevedad del mensaje es un principio básico de la ictericia comunicativa oficial. Pero en este caso no se había alcanzado ningún acuerdo taxativo y por eso Macrì sólo pudo pasar un título, interpretado a su gusto. Si una vez pudo decir que había acordado con el Reino Unido entablar negociaciones por las Malvinas, ¿qué problema tendría en involucrar al FMI en sus ensoñaciones? Para cada desaguisado, una malcorra que lo repare.

En un medio ambiente donde no sobreviven las especies lentas, la señal se decodifica al instante: esta gente está en serias dificultades. Las cotizaciones de las pizarras corrían al mismo ritmo que las versiones sobre cambios de gabinete o, incluso, de gobierno.

 

 

En su mensaje Macrì también dijo que “estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante”, lo cual reforzó el temor porque es ostensible que tira con todo lo que tiene y no surte efecto.

“Hemos acordado con el FMI adelantar todos los fondos necesarios”, profirió. “Hemos acordado adelantar” supone una decisión compartida. Pero ese no es el caso. Sólo el Fondo podría tomar esa decisión. Si lo hubiera hecho, ¿por qué habría delegado el anuncio en un Presidente que se devalúa con su moneda?

 

 

Recién al fin del día emitió el FMI una declaración oficial. Dice que Macrì le transmitió a Christine Lagarde su deseo de fortalecer “las políticas que sustentan el acuerdo stand-by”. Frente a los recientes cambios en los mercados financieros mundiales que no se habían previsto (la suba de tasas de Estados Unidos se anunció en detalle casi un año antes), las autoridades aplicarán “medidas monetarias y fiscales más fuertes”. Recién en el penúltimo punto dice que reiteró su apoyo y su disposición a “ayudar al gobierno a revisar sus planes”. En consecuencia, instruyó al personal del Fondo para que trabaje con las autoridades argentinas para “reexaminar el cronograma” financiero. Agrega que el objetivo es llegar a una conclusión rápida para recién entonces presentarla al Directorio. Si la velocidad fuera supersónica, eso ocurriría hacia fin de mes, ya comenzada la primavera. De a poco se fue filtrando que la nueva meta es déficit primario apenas por encima de cero en 2019, en vez del 1,3% que ya le costaba al gobierno imponer en un presupuesto que debe pasar por el Congreso. Cada recorte implica derechos perdidos y sufrimientos impuestos a los más débiles, una recesión más profunda y más extensa y una mayor destrucción de tejido productivo y capital social. Pero cuando uno se referencia sólo en el sector financiero, estas son cuestiones menores.

 

El vacío de poder

Macrì terminó de hablar y comenzó la corrida, que en una jornada superó el 7% de devaluación. A la mañana siguiente Peña Braun dijo que no había ningún fracaso económico, por lo que no habría cambios, y la suba llegó al 25%. No habló en cualquier lado, sino al ingresar al hotel Alvear donde estaba reunido el Council of Americas, la entidad de lobby de las multinacionales de origen estadounidense, que consideran el espacio regional como su coto privado y se aprestan a aumentar su tajada.

Desde esa misma tribuna le contestó el ministro de Obras Públicas Paralizadas, el nieto homónimo de Rogelio Frigerio, quien dijo que debían reconocerse los problemas, que el único imprescindible era el capitán y que los marineros podían cambiarse. Peña Braun no le dejó la última palabra. Replicó que el Presidente podía producir cambios en la jefatura y en el resto del gabinete, pero que no tenía intenciones de hacerlo. Tambalean en el mismo bote y se tiran bombas de proa a popa.

Junto con el presidente de la Cámara de Diputados militan El Hada Buena y el Intendente de la Capital Federal. Las diferencias giran sobre el ideologismo rígido de Peña y sus vices, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y la avidez de Eugenio Monzó, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta de un acuerdo político con sectores del Peornismo Federal, Racional o Dialoguista. Macrì, hasta ahora, laudó siempre en favor de Peña, por convicción y porque teme que sacrificarlo sea el  prolegómeno de su propio exterminio. El vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma, contador Diego Santilli, ruega que Rodríguez Larreta no ocupe la jefatura de gabinete, porque eso lo obligaría a exponerse en un cargo poco recomendable en temporada de cuadernos y arrepentidos.

 

 

Demasiados indicios sugieren que el tiempo para estas combinaciones está agotado; que la distancia que los disidentes estarían dispuestos a poner con Macrì no alcanza; y que los socios peornistas harán todos los gestos de acompañamiento y comprensión convenientes, pero que no se tenderán en el mismo lecho que un moribundo.

En esas horas circuló la versión de que los dialoguistas de Cambiemos propugnaban la designación de Ramón Puerta como Jefe de Gabinete, pero que Macrì se habría rehusado. Casi al mismo tiempo se afirmaba lo contrario, que Macrì le había ofrecido el puesto pero que Puerta lo rechazó, salvo que fuera parte de un acuerdo formal con el Peornismo Federal, que no se manifestó interesado. Lo único indisputable es que esta hipótesis parte de la comunidad de negocios que une a Puerta con Macrì (recordar Urugua-í, la represa que SOCMA construyó en Misiones, presupuestada en 80 millones y que costó 250, como consta en la causa “Grindetti, Néstor Osvaldo, s/estafa”, con lo que el joven Maurizio salvó a la empresa familiar de la quiebra). Para complicar más el cuadro, aparecieron algunos personajes pintorescos que mueren por una luz roja, como Cantinflas, quien postuló que Pichetto asumiera la presidencia en forma interina para organizar las elecciones, o el ex senador Eduardo Duhalde, quien lanzó la candidatura presidencial de Roberto Lavagna.

Tal vez en diciembre, cuando aún no había ocurrido la vejación pública a Federico Sturzenegger, o en abril, antes del comienzo de la corrida, el relevo de Peña podría haber oxigenado al gobierno, preservando algo más a Macrì. Pero cuando el hit del verano cruzó airoso otoño e invierno, suena cada vez más robusto y ahora con acompañamiento de cacerolas, la sustitución de Peña sería otro acelerador del desplome, porque la confianza perdida no se agota en los marineros sino que impacta de lleno en el capitán, cuya brújula gira enloquecida. Por eso la crisis se ha generalizado y también es política.

Los dos principales diarios azotan al Presidente y su gobierno con entusiasmo. El editorialista de Clarín, Ricardo Roa, explica que no están en una tormenta sino en un incendio ante el que deberán hacer algo más que aguantar. El de La Nación, Eduardo Fidanza, escribe que “fallaron la dimensión carismática del liderazgo, la lucidez de las políticas elegidas y la aptitud de los funcionarios para aplicarlas o corregirlas. Los spots presidenciales sin sustancia, la decisión de inducir una enorme recesión, la confusión del Estado con la empresa, la ausencia de precisiones sobre el rumbo, el desprecio de la política clásica, la falta de coordinación en la toma de decisiones, la soberbia y la negación supina de la realidad,  son una muestra surtida de esa triple falla que hace zozobrar al país. La consecuencia es el regreso a una temida desgracia argentina: el vacío de poder”.

De tanto dirigirse como principal interlocutor al sector financiero, el gobierno ha perdido las dosis de sensibilidad que alguna vez tuvo para lo que ocurre en los sectores populares. La ratificación del rumbo y el viaje del ministro Nicolás Dujovne a Washington para darle más pruebas de amor a Madame Bagarde obturan cualquier replanteo y refuerzan la impresión de que los idus de septiembre son consecuencia del acentuamiento de la pugna entre el gobierno de la energía y las finanzas transnacionales contra los grupos económicos locales, que fueron poder con Duhalde y los primeros años de Kirchner, cuando Techint seguía el libreto de Lavagna o a la inversa. Todas las medidas que proponen los relegados de Cambiemos (como Melconián y Machinea) o desde las diversas tiendas peornistas, tienen un aire perturbador a las del kirchnerismo: impuesto a las ganancias y bienes personales, administración del comercio exterior, restricciones a la adquisición de divisas para atesoramiento y fuga y a la transferencia de utilidades, retenciones a las exportaciones para compensar la devaluación. La Sociedad Rural fue la primera en protestar en público. Para Macrì todo es tarde.

 

Finanzas Ficción

No forma parte de los hábitos de los organismos internacionales el anuncio al voleo de generalidades imposibles de cumplir. Es ostensible la buena onda de la directora del FMI, a diferencia de su antecesora, la hermana de Freddy Krueger, que en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner se propuso escarmentar a la Argentina. Pero ni aun así la conducción del FMI llega a contagiarse del aventurerismo y la irresponsabilidad que caracterizan a la Alianza Cambiemos. La idea de que iba a entregar todos los fondos necesarios para que la Argentina no cayera en una nueva moratoria en los 16 meses que le restan de mandato a Macrì ingresaba en el terreno de las finanzas-ficción. Los estatutos del Fondo no le permiten prestar sin techo a un socio, y ni siquiera se sabe cuál será el monto necesario, porque depende de variables que nadie puede predecir.

El domingo pasado publicamos aquí el informe de CIFRA, el Centro de Investigaciones de la CTA creado por Eduardo Basualdo. Con todos los números sobre la mesa, indica que sólo por vencimientos de capital e intereses de la deuda en moneda extranjera restan pagar entre septiembre y diciembre de este año 23.259 millones de dólares, a los cuales debe sumarse la fuga de capitales y los resultados de la balanza comercial y de servicios en el mismo lapso. CIFRA estimó esas magnitudes con los supuestos más favorables: 1.692 millones de dólares mensuales de fuga (que es el promedio de la gestión macrista), y la balanza comercial y de servicios en equilibrio como resultado de la devaluación y la recesión. Si estas previsiones tan optimistas se cumplieran, se requeriría financiar 30.246 millones de dólares de aquí a fin de año. El FMI aportaría unos 13.000 de ellos. Aun así al gobierno le faltarían algo más de 17.000 millones este año. El cuadro es mucho peor para 2019. Las necesidades de divisas del año próximo ascienden a 50.915 millones de dólares y el FMI cubriría en el mejor de los casos 11.640. Cómo financiar los 39.275 millones restantes es una incógnita que supera la capacidad de previsión del gobierno y de credulidad del mercado. La feroz devaluación mejora ese cuadro desde el punto de vista del gobierno, mientras acentúa el castigo a la producción y el consumo.

 

 

La estrategia global

Las acciones del fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadío y ls ministrs de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, no terminan de comprenderse sin conocer las grandes líneas de la estrategia global de Estados Unidos, cuyo rol en los sucesos argentinos es insoslayable.

 

 

En diciembre de 2017 el presidente Donald Trump firmó la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos, con las líneas centrales de acción de su gobierno. “El pueblo me eligió para hacer de nuevo grande a Estados Unidos. Prometí que mi gobierno antepondría la seguridad, los intereses y el bienestar de nuestros ciudadanos. Me comprometí a revitalizar la economía, reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, defender nuestras fronteras, proteger nuestra soberanía y afirmar nuestros valores”, comienza.

Tal hoja de ruta se sostiene en cuatro pilares. El segundo es promover la prosperidad de los Estados Unidos y lleva el sugestivo subtítulo “Seguridad Económica es Seguridad Nacional”. Para lograrla se señalan cinco objetivos:

Rejuvenecer la Economía Doméstica (es decir el mercado interno);

Promover Relaciones Económicas Libres, Justas y Recíprocas;

Ser Líder en Investigación, Tecnología, Invención e Innovación;

Promover y Proteger nuestra Base de Seguridad Nacional en Innovación (contra la penetración de competidores como China)

Afirmar el Predominio Energético.

Para cada objetivo se fijan diversas prioridades. En el apartado de lo que Estados Unidos considera relaciones económicas justas, la tercera prioridad es Combatir la Corrupción en el extranjero, y su enunciado dice: “Mediante el empleo de nuestras herramientas económicas y diplomáticas, los Estados Unidos continuarán apuntándoles a los funcionarios extranjeros corruptos y trabajando con los países para que mejoren su capacidad de enfrentar la corrupción, de modo que las empresas de los Estados Unidos puedan competir en forma limpia en un entorno de negocios transparente”.

También afirma que los “anacrónicos gobiernos izquierdistas autoritarios de Venezuela y Cuba” permiten que operen los competidores de Estados Unidos, China y Rusia, que “buscan expandir sus vínculos militares y la venta de armas en la región”. Pero además China busca atraer a la región a su órbita mediante “inversiones y créditos estatales”.

Fue el jefe del Pentágono, general John Mattis, quien, durante su visita de agosto a Brasil, proveniente de Buenos Aires, advirtió sobre “las agresiones y la economía predatoria de China”. Dijo que las relaciones de los países de la región con China serían preocupantes si sus gobiernos perdieran ciertos grados de soberanía, mediante regalos o préstamos que luego sea imposible devolver y den lugar a condiciones gravosas, como la que sufrió en diciembre Sri Lanka, que “tuvo que ceder un puerto a Beijing por 99 años, debido a que no cumplió con los pagos de un préstamo que le había hecho China”. A Estados Unidos no le preocupa que esa misma relación asimétrica sea entablada con el Fondo Monetario Internacional.

Ante un grupo de cadetes militares en Río de Janeiro, Mattis pidió trabajar en conjunto con Brasil para defenderse contra las capacidades de ataque de China y de Rusia y recordó que en 2007 China destruyó con un misil uno de sus satélites en el espacio, como forma de enviar un mensaje a Washington. La Revista Militar del Foro de las Américas que consignó el discurso mencionó la financiación y operación por China de un centro espacial en la Argentina. Al mismo tiempo, el diario New York Times les dedicó una extensa cobertura a esas instalaciones en Neuquén, muy cerca de donde el Comando Sur está construyendo un “Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias”. Nadie explica, ni en castellano ni en inglés, qué evaluación de riesgos humanitarios llevó a priorizar ese punto del territorio nacional para preparar la respuesta. Cerca de Vaca Muerta y de la Base China, nada menos.

Después del general Mattis llegó a Buenos Aires el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, quien participó de la conferencia de jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de una decena de países de Sudamérica, sobre lo cual se explaya en esta edición Ernesto López. En ese encuentro, patrocinado y pagado por el Comando Sur, Tidd planteó la interoperabilidad de las fuerzas (fundamental para que Estados Unidos pueda emplear mano de obra militar barata de Sudamérica en sus excursiones por el mundo), la defensa de valores comunes y contener a rusos y chinos, aun cuando desdeñó que hoy constituyan una amenaza. Incluso el Comando Sur ha comenzado a dictar cursos de inglés para el Ejército de Ecuador, de modo que sus integrantes entiendan bien las órdenes. En un reportaje concedido a la revista DEF, del montonero de negocios Mario Montoto, el almirante Tidd dijo que el Comando Sur apoyará el “trabajo extraordinario” que están haciendo el gobierno y las Fuerzas Armadas argentinas para la organización de la cumbre del G20, que se realizará en diciembre en Buenos Aires. “Nosotros estaremos afectados a las tareas”, dijo, sin entrar en engorrosos detalles.

Las elecciones del mes próximo en Brasil, donde la exclusión de Lula sumó un nuevo remache judicial el viernes 31, y la cumbre del G20 son las escalas de la supervivencia de Macrì. Hasta entonces, la voluntad estadounidense por sostenerlo prevalecerá sobre cualquier otra consideración.

 

Desencuadernados

Las últimas decisiones de Bonadío merecen ser observadas en detalle. Por ejemplo:

* En la causa de los cuadernos se estarían violando derechos y garantías, como la prohibición de declarar en contra de uno mismo. No se la respeta en el caso de los arrepentidos, a quienes se les da a elegir entre una celda hedionda o la colaboración en los términos que plantean el juez y el fiscal Stornelli. Así lo explica en otro artículo de esta edición Enrique Roberto Hidalgo, ex subsecretario legislativo de la Cámara de Diputados durante la gestión de Alberto Balestrini.

* Mariano Cúneo Libarona dijo que su defendido Sergio Taselli estaba decidido a involucrar a quien fuera necesario para dormir en su casa, aun mintiendo.

* José López, sobre cuyo estado psíquico hay serias dudas que la justicia no se preocupa por dilucidar, involucró a Wado de Pedro. Dijo que él le había dado dinero para Justicia Legítima. Constituida por funcionarios judiciales con buenos sueldos y empleo registrado, todo el movimiento de fondos de esa asociación civil fue bancarizado o a través de tarjetas de crédito. Nunca realizó otra cosa que seminarios y conferencias, casi siempre en lugares públicos que no cobran alquiler. El objetivo de esta acusación genérica e infundada es preparar el terreno para asegurarse que ningún miembro de Justicia Legítima pueda intervenir en esta causa, por ejemplo, el juez y el fiscal de Casación, Alejandro Slokar y Javier De Luca. Sobre todo el fiscal es decisivo, ya que de no sostener los dictámenes de Stornelli pondría la causa en crisis, como ya hizo en el tema del Memorándum con Irán.

* El juez maneja en forma discrecional el secreto del sumario. Al haberlo decretado, impide cualquier control independiente de lo que sucede en el expediente, pero él y el fiscal difunden por los medios empotrados aquellas informaciones e imágenes que les placen, con propósitos que no pueden justificarse en ningún interés procesal. Con la misma manga ancha decide quiénes pueden llegar con sus autos hasta la escalinata misma de Comodoro Py, como ocurrió el viernes 31 a media mañana con el imponente bote blanco de Enrique Pescarmona, que fue a confesar un delito.

 

 

* Dista de ser seguro que esta manipulación sortee el filtro del juicio oral, donde en audiencias públicas todos los testigos o arrepentidos podrán ser confrontados por los defensores de quienes ellos acusaron. Si en esta etapa es una opción racional mentir para no quedar detenido, cuando la causa llegue a juicio para eludir la condena podrá ser más conveniente revelar que lo extorsionaron para afirmar falsedades. Ya ocurrió con la causa por el atentado a la DAIA, cuyo juez y fiscales fueron separados del expediente y a su vez procesados.

* La detención de Gerardo Ferreyra se vincula con las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que la UTE que integra su empresa Electroingeniería construye junto con socios internacionales en Cóndor Cliff y Barrancosa, en la provincia de Santa Cruz. Sería la tercera mayor obra hidroeléctrica de la Argentina, sólo superada por Yacyretá y Salto Grande. Pero, sobre todo, la mayor obra pública que capitales chinos construyen actualmente en el mundo. Al asumir Macrì, las obras se paralizaron para realizar una auditoría minuciosa, que no encontró ninguna irregularidad técnica ni económica. La envergadura del emprendimiento se mide por el monto de la inversión, de unos 4.300 millones de dólares, y por el empleo previsto de 6.000 trabajadores, de los cuales la cuarta parte están ya en actividad. Terminada la auditoría, las obras se reanudaron en febrero, pero junto con la detención de Ferreyra se inició una presión oficial sobre la constructora china para que cancele el acuerdo con Electroingeniería. El gobierno nacional podría sugerirle un socio local más aceptable. Cuando dispuso la auditoría, China hizo saber que si no se respetaba ese contrato, también se caería el swap de monedas que fortaleció las reservas del Banco Central y no se concretarían las inversiones ferroviarias, nucleares ni espaciales.

* Embarcado en la Operación Transparencia Ma Non Troppo, el gobierno busca despegar a las empresas de la investigación, de modo que no se paralicen más inversiones, aunque las estructuras putrefactas persistan. La idea del fideicomiso estatal que intermedie el financiamiento privado para que los corruptos confesos no pierdan el negocio de los corredores viales difícilmente resista el examen judicial, si es que antes es posible convencer a los prestamistas internacionales, que huyen del riesgo argentino. La única forma de impedir que se caigan también esas obras sería recrear el club de contratistas, esta vez bajo la conducción de Guillermo Dietrich, cuya ventaja comparativa es crucial: se mueve en bicicleta y, por lo tanto, no tiene chofer.

 

 

* La publicación por la Corte Suprema de un informe sobre la causa, acordada por Bonadío con Ricardo Lorenzetti, encendió todas las alarmas. Aparte de dar por probados delitos que recién comienzan a investigarse, el juez sostuvo que su objeto procesal iba de 2008 a 2015. También los informes que solicitó la Oficina Anticorrupción a distintas entidades públicas y privadas se ceñían al mismo lapso. Pese a que el juez no dio ninguna razón, lenguaraces explicaron que el delito de asociación ilícita tiene un plazo de prescripción de diez años. De este modo, quedarían excluidas de reproche las contrataciones firmadas por las distintas empresas del Grupo Macrì cuando el Presidente era uno de sus directivos. Fue tan grotesca esa verónica, que días después el tribunal la corrigió, ampliando las imputaciones también al lapso 2003-2008. De paso, eso le permitió una nueva citación a Cristina. Mientras, sigue sin justificación la exclusión del abogado defensor de la ex presidente, Alberto Beraldi, del allanamiento efectuado por medio centenar de personas durante 13 horas en el departamento que habitaba en Juncal y Uruguay. No se comunicó la identidad de los funcionarios que realizaron las tareas en el lugar, y ni siquiera su nacionalidad. Cristina decidió no volver al lugar ni llevarse los objetos que pudieron manipular los incursores durante esa jornada sin control, ya sea para contaminarlos de modo de contagiar alguna grave enfermedad o colocar aparatos de espionaje.

 

Confirmación serial

Por ahora, tampoco hay verdadero control jurisdiccional de las actuaciones, ya que la sala II de la Cámara Federal confirma en serie todas las decisiones de Bonadío, el juez que más revocatorias sufrió de esa misma sala desde que terminó la dictadura y hasta que se convirtió en el Superhéroe Caza Kas. En una de ellas, el tribunal fustigó a Glock por negarle al ex director del Banco Central, Pedro Biscay, fotocopias del expediente que en cambio sí le concedía a la fiscalía. Pero rechazó la recusación porque dijo que no era discriminatorio, ya que esa conducta incorrecta era habitual en él.

El viernes, en una audiencia oral en otra causa, la defensora Eli Gómez Alcorta, que representa al presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Adrián Lutwak, argumentó ante el camarista Martín Irurzun por la nulidad de tareas de Inteligencia clandestina dispuestas por el fiscal Guillermo Marijuan en ocho centros de la Universidad Nacional de Buenos Aires. La Constitución Nacional consagró en 1994 la autonomía universitaria y al año siguiente una ley estableció que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente”.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, convalidó lo actuado por el fiscal con un razonamiento que Gómez Alcorta consideró tanto o más grave que el desconocimiento de la ley por Marijuan: dijo que la reforma del '94 había equiparado a jueces y miembros del Ministerio Público, por lo cual el fiscal tenía potestades en la investigación (pero no expuso cuáles) “dejando a salvo aquellas que le son propias a la actividad jurisdiccional” (que es lo que en este caso se debatía).

Lo que la reforma hizo, precisamente, fue darle al ministerio público una existencia constitucional de la que carecía. Las leyes posteriores diferenciaron con precisión las competencias y atribuciones de cada uno, explicó la abogada.

Martínez De Giorgi concluye sin embargo que la diligencia probatoria fue dispuesta en un proceso penal debidamente delimitado y es una de las que “pueden ordenar los fiscales sin necesidad de recurrir a un juez”, lo cual para la defensora es lisa y llanamente falso. El juez entiende que el Código Procesal Penal le permite al fiscal practicar los actos que considere indispensables, “salvo aquellos que la ley atribuye a otro órgano judicial”, que es exactamente este caso. Pero la ley no dice magistrado, sino juez competente. Martínez De Giorgi entiende que la ley debería modificarse. “Interesante desarrollo. El fiscal se arroga las funciones del juez, y el juez pretende desplazar al legislador”, señaló la defensora, quien dijo que le costaba seguir dando clases en la facultad de Derecho, que se sentía ingenua explicando un diseño institucional que la justicia federal ignora en la práctica. Durante la media hora de su exposición, Gómez Alcorta mencionó siempre al fiscal como Stornelli. Al concluir la audiencia, le pregunté:

—¿El fiscal no era Marijuan?

—¿Y yo que dije?

-Stornelli. Pensé que era a propósito.

—¡Noooo, jamás haría una cosa así!

A veces no hay como un inconsciente indignado para poner algunas cosas en su lugar.

 

 

 

La música que escuché mientras escribía esta nota

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