Un game over financiero

1. La experiencia monetarista

La situación financiera que atraviesa el país es cada día más grave. En poco tiempo pasamos de episodios aislados de inestabilidad cambiaria (de los que fui dando cuenta en informes dirigidos al ex Presidente del BCRA Federico Sturzenegger y en notas periodísticas aquí en El Cohete a la Luna), a una crisis marcada por la profundidad —cada vez mayor— de corridas hacia el dólar, que marcaron un desplome de la moneda nacional de tal magnitud que, si al 10 de diciembre de 2015 el tipo de cambio de referencia era de 9.74 por dólar, al 31 de agosto de 2018 cerró en 37,10: una devaluación realizada del 281%. La primera formación de monetaristas del gobierno que asumió en el BCRA pregonaba las bondades de la flotación, explicando que les preocupaba más que el tipo de cambio no flotara a que sí lo hiciera. Pasaron más de dos años y medio de gestión y el gobierno se encamina a recorrer como puede el último tramo de su mandato. Durante todo este tiempo los sacudones constantes que sufrió la moneda nacional demostraron que el tipo de cambio no flota, vuela. También demostraron que la tesis que sostiene que a mayor flotación mayor capacidad de absorción del shock externo, no se cumple en el caso argentino.

El fracaso del programa monetarista es tan rotundo que ni siquiera logró reducir moderadamente la inflación recibida en torno al 24%. El acumulado de inflación de este gobierno le hizo ganar el pergamino de país hiperinflacionario. Asociado a ello, las políticas implementadas destruyeron todo el sistema de precios de la economía nacional. En cualquiera de sus sectores los empresarios ya no saben si vender o retener mercadería. Y en el caso particular de la actividad financiera, volvieron tan pero tan onerosas las condiciones del financiamiento, que están provocando una asfixia de grado tal, que en los últimos días terminó de desmoronarse la cadena de pagos de cualquier actividad productiva. Lo más curioso es que el primer directorio monetarista justificaba las virtudes de liberalizar la tasa de interés (activa y pasiva) para favorecer la competencia entre entidades bancarias en el segmento de colocación de créditos. Cuando Mauricio Macri recibió el gobierno, en el sistema financiera estaban vigente dos reglas que fijaban un piso y un techo a las tasas de interés que pagan los depósitos y cobran los bancos por la colocación de créditos. Y además estaba vigente la Línea de crédito para la Inversión Productiva, que subsidiaba tasa al sector productivo MiPyME: mediante este canal el sistema financiero había colocado al mes de agosto de 2015 montos por el orden de los 137.000 millones de pesos en créditos productivos, equivalente a un 2,52% del PBI. Es decir, una política monetaria de orientación del crédito, regulación del spread bancario, generación de incentivos para el ahorro en moneda nacional y defensa del usuario de servicios financieros. Esos pilares, que no son otros que las bases políticas de un modelo de actividad bancaria orientada al servicio público, fueron borrados de un plumazo por un grupo de cuadros orgánicos de las finanzas, que vinieron a edificar un modelo de política monetaria —incompatible con la Carta Orgánica del BCRA— basado en la proyección de tasas de interés real positivas, desregulación cambiaria y liberalización de todo tipo de control sobre la actividad financiera.

Hacia fines de agosto de 2018, el resultado es una economía herida de muerte con quiebras que florecen desde el fondo de la tierra, con tasas de desocupación que se encaminan hacia los dos dígitos y un sistema financiero que empachado de especulación comienza a tomar nota del salto que tuvo la mora crediticia durante el último tiempo (de la zona del 2.5% se fue al 5%). En los directorios de los bancos hay preocupación por inminentes problemas de iliquidez en algunas entidades y además saben que muchas empresas, que no generan dólares, tomaron créditos en esa divisa y sus balances podrían estar descalzados como consecuencia del impacto devaluatorio. Para remate, los encajes bancarios rondan el 40% de la base monetaria, como consecuencia de una política que fue jugando con esa herramienta tan sensible de regulación prudencial a la que la gestión Caputo agregó la posibilidad de sustituir su integración con títulos públicos en vez de depósitos a la vista. Además Caputo admitió su integración con letras y notas del Banco Central, que no son títulos públicos sino instrumentos de regulación monetaria.

El Financial Times publicó el último viernes de agosto una nota de opinión titulada “Por qué los mercados de divisas están tan preocupados por la Argentina”, en la que se afirma que el desplome de la moneda nacional es de tal magnitud que “los compromisos de deuda externa de la Argentina están colocando al país como el segundo de mayor riesgo de impago luego de Venezuela, que ya está en default”. Ese también es el resultado de la experiencia monetarista y por eso Standard & Poor's está revisando negativamente la calificación del país.

Todos los caminos conducen por un sendero en el que se necesitará una Superintendencia de Bancos a la altura de las circunstancias. Hoy esas condiciones no parecen estar garantizadas de manera directa. Tal vez por eso se rumoreó en la City que el jueves el ANSES compró acciones de una entidad financiera con una parte significativa de su capital accionario, localizado en un paraíso fiscal. De paso, la Inspección General de Justicia (IGJ) acaba de emitir la resolución 6/2008, que facilita la inscripción de sociedades offshore en el país, síntoma desesperado de una visión que piensa que los dólares van a venir por el canal especulativo, y a la vez una solución construida a medida de algunas entidades financieras inscriptas con mayor laxitud. ¿Cuánto faltará para que los bancos on line utilicen esa plataforma suministrada por la IGJ?. El plan sigue siendo el mismo: alimentar la fuga de capitales en beneficio de grupos económicos afines. En el plano político han dado muestras sobradas de ineptitud para la administración de los asuntos públicos.

 

2. Una herramienta contracíclica

El Banco Central de la República Argentina, creado por Ley 12.155 del año 1935, tenía por objeto “concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de las fluctuaciones en las exportaciones y las inversiones de capitales extranjeros, sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales, a fin de mantener el valor de la moneda”. A esta primordial función se le agregaron otras como la regulación del crédito bancario, la promoción de la liquidez del sistema financiero, la aplicación de las disposiciones sobre inspección establecidas en la ley de bancos y, por último, la actuación como agente financiero y consejero del gobierno en operaciones de crédito.

La óptica bajo la cual fue diseñado el mandato de la primer Carta Orgánica del BCRA reconocía que la historia monetaria y financiera del país era (y aún es) profundamente dependiente de los problemas asociados a los desequilibrios en el balance de pagos. Esa primera versión introducía el punto de vista de las políticas contracíclicas. Luego con la reforma del año 1946 —cuando el primer gobierno de Perón introdujo la nacionalización de los depósitos— el mandato amplió su objeto para incluir metas de pleno empleo “y la expansión ordenada de la economía, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación” (Decreto-Ley 14.957). Además incorporó las funciones de control de cambios. Tras el derrocamiento de Perón, la modificación de la Carta Orgánica definió al BCRA como una entidad autárquica del gobierno nacional y eliminó el sistema de nacionalización de depósitos, hasta que la vuelta de Perón en el año '73 reintrodujo la visión de un sistema de Banco Central con administración nacionalizada de las cuentas de los depositantes. La ley 24.144 de 1992 volvió al viejo sistema de caja de conversión, diseñado además sobre la noción de independencia del Banco Central. Bajo este modelo, la experiencia de la convertibilidad pretendió resolver los problemas de inflación mediante una política de paridad entre el peso y el dólar, vinculada a un régimen de tipo de cambio fijo y la prohibición de emisión monetaria por sobre el nivel de reservas internacionales. Luego de estimular las rondas privatizadoras (que modificaron el mapa de actores de la patria contratista), provocó la eliminación de la industria nacional, el aumento de la desocupación y el vaciamiento del sistema financiero mediante la fuga de capitales y remisión de utilidades de las filiales locales de empresas y bancos extranjeros a sus casas matrices. Durante ese período, las funciones vinculadas con la inspección de bancos también quedaron en suspenso.

Cuando en 2012 se reformó la Carta Orgánica (Ley 26.739), se establecieron objetivos y funciones orientadas a restablecer —en toda su potencialidad— el uso de herramientas con fines contracíclicos a los que se le agregó el mandato de pleno empleo que el peronismo había introducido en el año 1946. Un diseño fundado en el reconocimiento de que la administración de los asuntos monetarios, cambiarios y financieros requiere utilizar una amplia cantidad de herramientas basadas en la noción de mandato múltiple. Ahora el FMI quiere eliminar de un plumazo este modelo orientado al desarrollo, para restablecer uno más parecido al de la convertibilidad.

 

3. Un aparato organizado para la delincuencia financiera.

Desde su ocupación por operadores del mercado financiero, el Banco Central pasó a funcionar como un aparato organizado para la delincuencia financiera. Esto y no otra cosa está mostrando el comportamiento de la mesa del Banco en el mercado de cambios. Sin ningún grado de coordinación ni planificación, pasa repentinamente de subastar por cuenta y orden de Tesorería dólares a precio subsidiado, después a vender reservas, para luego retirarse del mercado y salir a vender contratos de futuros de dólar, volver a aparecer con ventas directas, retirarse y, mientras tanto, la cotización se dispara. Es decir, entre tanta desorientación y falta de estrategia técnica, en el mercado hay compradores de grandes volúmenes que adquieren dólares a precios más barato y ganan diferencias abismales con la corrida. Lo mismo de siempre, salvo que esta vez el regulador está cooptado por inversionistas que tienen gran parte de su patrimonio en el exterior o que actúan como embajadores de fondos de especulación.

El lunes la mesa de operaciones salió dos veces a licitar 300 millones de dólares y adjudicó primero 100 millones a un precio promedio de corte de $30,86 y luego otros 110 millones a precio promedio de corte de $31,26. No alcanzó; por eso el martes volvió a subir el tipo de cambio y la mesa volvió a licitar 300 millones, colocando unos 100 millones a precio promedio de corte en $31,26, y luego minutos antes del cierre otros 100 millones a un precio de corte de $31,45. Ese día el tipo de cambio mayorista cerró en $31,47, el minorista arriba de 32 y el ilegal en 33. El volumen operado rondó los 790 millones. La moneda nacional perdió unos 50 centavos, pero unos cuantos ganadores lograron dolarizar cartera y las reservas internacionales cedieron unos 449 millones de dólares.

El miércoles arrancó con unas breves palabras del Presidente, comunicando que el gobierno había acordado con el FMI que adelanten todos los fondos necesarios para cubrir el programa financiero de 2019. Es decir que el presidente le imploró al FMI que aumentara el quantum de desembolsos correspondiente al mes de septiembre. Ese fue el mensaje del mendigo lanzado en el momento menos oportuno, porque sí el día previo el mercado se había vuelto plenamente comprador, a partir de la apertura del miércoles no hizo más que consolidar esa tendencia. Ese día Caputo licitó otros 300 millones de dólares y el mercado se los llevó de un plumazo, a un precio promedio de corte en $31,63.  La devaluación se profundizó y la relación de cambio perdió unos $2.41, es decir una devaluación del 7.5%, lo que demuestra que ni el mensaje del Presidente, ni las intervenciones de la mesa de operaciones, ni el optimismo del Ministro Dujovne pueden dar algún tipo de respuesta frente a la fuga de compradores mayoristas y minoristas hacia el dólar. El mayorista tocó la línea de flotación de 34 pesos y el minorista en algunos bancos llegó a los 35. El Presidente habló pero el mercado no le creyó. Malgastó así un comodín clave que ahora le quitó gran parte de su capital político.

El Presidente está ahora tan devaluado como la moneda. Ese capital no se repone con el anunció de Dujovne, que el miércoles por la noche afirmó que el FMI comprometería desembolsos por hasta U$D 18.000 millones adicionales. A las pocas horas se conoció la declaración de la Directora Gerente sobre Argentina, que sutilmente aclaró: “He instruido al personal del FMI para que trabaje con las autoridades argentinas a fin de fortalecer el acuerdo respaldado por el Fondo y reexaminar el cronograma del programa financiero. He acordado que nuestro objetivo es llegar a una conclusión rápida de estos diálogos para presentarla a nuestro Directorio Ejecutivo para su aprobación”. El Ministro dijo que había acuerdo cuando no había nada. El desconocimiento del gobierno en el manejo de las relaciones internacionales es tan profundo, que hasta parecen ignorar la regla básica de funcionamiento de cualquier corporación financiera: quien hace las veces de director gerente prepara y elabora proyectos que se someten a consideración y estudio del pleno del directorio. Es la regla de cualquier cuerpo colegiado. Lo máximo que pueden asegurar los equipos de Lagarde es presentar una propuesta al Directorio del FMI.

El jueves muy temprano habló el Jefe de Gabinete Peña y dijo que estaba todo bien en el país y que no había fracaso alguno en materia económica. A los pocos minutos, la venta de dólares en el minorista marcó precios de 35 para la compra y 37 para la venta. Un margen de ganancia de 2 pesos. A los veinte minutos de la apertura del mercado, el mayorista registró una devaluación del 13%, más de 4 de pesos de un tirón. Esos primeros síntomas del mercado provocaron un efecto de pánico que se propagó durante toda la jornada. Minutos antes de las once de la mañana, el BCRA puso la tasa de referencia en el 60% y subió nuevamente encajes a los bancos: esta vez otro 5%. La eficacia de estas medidas se disipó en apenas una hora. Al mediodía el billete volvió a retomar su sendero alcista, sin freno y sin pausa, rompiendo cualquier racionalidad en el sistema de precios, al punto que los comercios comenzaron a mandar mails a sus clientes en los que se informaban cosas como la siguiente: “Queridos clientes: debido a la corrida cambiaria de público conocimiento, nos vemos obligados a suspender las ventas y las entregas hasta nuevo aviso. Solo entregamos los pedidos pagos hasta el día de ayer. Rogamos no realizar transferencias a partir de este momento. Durante el día lunes nos pondremos en contacto nuevamente. ¡Saludos!”

Para la una de la tarde, el dólar mayorista cotizaba $41.24. Sobre el final de la jornada cambiaria, Caputo volvió a licitar dólares; esta vez 500 millones de los que adjudicó 310 millones a un precio promedio de corte de $38,71, generando un recorte que llevó la cotización a $38.53. El resultado final: una devaluación de 13.44%.

El viernes hubo cambio de estrategia y via WhatsApp comenzó a circular, un rato antes del inicio de la rueda, un cronograma de licitación diario, que incluso llegó más allá del selecto grupo de operadores financieros. Se viralizó como efecto del pánico generado el día previo. A las 10.50 se ofertan U$D 75 millones. A las 12.50 se ofertaron y adjudicaron U$D 100 millones a precio de corte en $37,30. A las 14.57 se ofertaron U$D 500 millones de los que licitaron U$D 75 millones a precio de corte en $36,93. En total se adjudicaron U$D 250 millones, el 37% de lo subastado. Reapareció el Banco Central dispuesto a darle una cross de derecha al mercado y logró bajar el dólar un 4.7%, cerrando en torno a los 38 pesos. Ese día vencían futuros, de modo que se amortiguó la pérdida.

Sin embargo, entre el lunes y el viernes se vendieron 1.280 millones de dólares de las reservas internacionales. Todas las operaciones fueron pactadas a precios sustantivamente menores a la cotización del mercado mayorista. Se subsidió la demanda de los bancos y fondos locales. En criollo, se regalaron las reservas del país para que unos pocos ganen millones de dólares adicionales. El Senado de la Nación tiene que conformar una comisión investigadora que estudie a fondo todas las operaciones transadas en el Mercado Único y Libre de Cambios desde que comenzó la corrida cambiaria, a fines de conocer quienes compraron especulando contra la estabilidad de la economía. El artículo 10 inciso i de la Carta Orgánica del BCRA establece que el presidente de la institución deberá presentar un informe anual al Congreso Nacional, detallado las operaciones del Banco y deberá comparecer al menos una vez al año, o cuando las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, lo convoquen a efectos de informar sobre las operaciones. No hay excusa, hasta los propios “lilitos” parecen kirchneristas hablando de que algunos bancos son golpistas, tal como muestra el siguiente tuit.

 

 

La pregunta obligada es por qué el viernes el Central logró domar el dólar y los días previos no pudo contenerlo, perdiendo cuantiosas reservas que se vendieron a precio de ganga. La respuesta es sencilla: el viernes la mesa de dinero se propuso doblegar la corrida, los días previos suministró dólares a través de una confusa estrategia para que los bancos hicieran ganancias. Por eso, la óptica de trabajo de este Banco Central es estar al servicio de la especulación financiera, mediante el abuso de poder institucional que fue utilizado para determinados fines que distan de los establecidos por el Congreso Nacional en el mandato de la Carta Orgánica vigente. Primero desreguló todo, después generó las condiciones para compras masivas —en cualquier horario del día— a través de plataformas virtuales y aplicaciones de celular, asociado a ello desactivó la superintendencia de bancos y, cada vez que se desató una corrida, no hizo otra cosa que alimentar el fuego con más nafta. La enorme fuga de capitales causada a raíz del efecto que cada medida desregulatoria en materia cambiaria dictó Federico Sturzenegger provocó salidas del orden de los 52.000 millones de dólares, que sumados al resto de los desequilibrios de cuenta corriente muestran que el principal perjuicio causado al balance de pagos es imputable directamente sobre aquellas políticas, como también lo es que el Poder Ejecutivo no restablezca derechos de exportación cuando el código aduanero define el fundamento legal para fijar ese tipo de medidas en cumplir finalidades cambiarias, monetarias, de comercio exterior, de estabilización de precios internos y sostenimiento de las finanzas públicas (Código Aduanero: art. 755, inciso 2). Frente a la falta de dólares, no adoptar estas medidas básicas, cuya omisión impacta tanto más en la mayor inestabilidad financiera del país como en las condiciones de deterioro de la economía y la caída en saco sin fondo de la moneda nacional, genera perjuicios económicos y sociales que también son imputables a la cartera económica.

El perjuicio que estas conductas están generando es de características supraindividuales: se trata de daños sociales que impactan desorganizando la economía, la producción, la distribución de bienes y el consumo, todo lo cual se mide en la caída descomunal de la actividad económica. Además está provocando daños en masa sobre el patrimonio del conjunto de la población, a través del deterioro del poder de compra del salario y el aumento de la inflación. La teoría jurídica y económica deberá pensar la mejor forma de establecer un modelo de política criminal que permita sancionar las ilicitudes cometidas contra la estabilidad económica del país, a través de los canales de la fuga de capitales y la generación de mecanismos irresponsables de endeudamiento externo.

 

 

 

Una vez más, David Baigún en un opúsculo titulado: “¿Es conveniente la aplicación del sistema penal convencional al delito económico?”, ofrece una pista: “El delito económico refleja lo que ya es y lo que puede ser, el hecho tipificado y el que sin serlo exhibe desaprobación social, segundo término este de la ecuación que, sin duda, será resuelta por el desarrollo de la contradicción entre las fuerzas sociales”.

 

 4. La crisis cambiaría es también crisis monetaria

Si el Banco Central interviene en el mercado de cambios sin el objetivo de defender el valor del peso, entonces está favoreciendo negocios especulativos en el sistema financiero. Esto no es más que el reflejo directo de la crisis política que atraviesa el país donde nadie tiene en mente un proyecto político que permita generar bienestar al conjunto de lxs argentinxs, y los funcionarios en puestos de responsabilidad institucional son empresarios que saltaron al otro lado del mostrador (el lado encargado de defender los intereses públicos, es del lado del Estado), y que manejan el país con la visión del trader dedicado a administrar portafolios ajenos. Dujovne, Caputo y tantos otros tienen parte de su patrimonio declarado en cuentas del exterior. Cañonero formó parte del Fondo de Inversión SBS hasta el día previo a asumir en el Banco Central. La promiscuidad institucional en el manejo de la administración de los asuntos públicos es proporcional a la promiscuidad financiera en el manejo de los intereses del país. Por eso vale lo mismo que el Presidente afirme primero que está solicitando todos los fondos necesarios al FMI, que luego diga que tiene un acuerdo cerrado, que a las pocas horas el propio Fondo desmienta el acuerdo, que el Jefe de Gabinete actúe como sí nada malo sucediera en el país, que nadie dé una explicación de lo que está sucediendo o que diga qué medidas van a implementar para defender el peso nacional. Por eso también, el gráfico más ilustrativo que circuló por las redes muestra al peso nacional en forma de dinosaurio en extinción, a lo que habría que agregar que la crisis cambiaria que vive el país es de tal magnitud porque se transformó en crisis monetaria y que encuentra su origen en una serie de decisiones adoptadas por la cartera económica y por el Banco Central, que han generado “una estructura monetaria frágil y mal regulada”, término utilizado por Bruno Théret para abordar aquellos aspectos problemáticos asociados a crisis profundas de confianza en el valor de la moneda.

En un trabajo titulado “La moneda a través del prisma de sus crisis de ayer y de hoy”, Théret dice: “En el momento en que hay dependencia de las finanzas en relación con las monedas, las crisis monetarias perturban necesariamente los mecanismos financieros y la crisis financiera acompaña a la crisis monetaria. Por el contrario, las crisis financieras no conllevan necesariamente crisis monetarias”. Uno de los aspectos más preocupantes de la actual crisis, consiste precisamente en que los dos costados de la crisis se retroalimentan mutuamente bajo la forma de corridas cambiarias en las que el gobierno no controla el dólar porque no puede o porque cree que es el camino para encontrar una nueva condición de equilibrio que restablezca cierta fortaleza del peso nacional. De estar esta última hipótesis en la cabeza de funcionarios del gobierno cometerían un gravísimo error, porque conducirían al país a un escenario de hambruna monetaria, que asociado al impacto destructivo que la tasa de interés de referencia —ahora en el 60%— está provocando en la economía nacional, no hará más que aumentar el daño social provocado sobre el conjunto de la sociedad.

 

 

La semana pasada hubo una reunión en la que participaron funcionarios del gobierno de Entre Ríos, dirigentes y funcionarios del sector agropecuario. Entre los participantes se corrió el mensaje de que a cambio de las medidas adoptadas por Hacienda semanas atrás (suspensión de la quita de retenciones al aceite y la harina + quita del 66% a los reintegros por exportación), el campo habría acordado un dólar a 40 pesos. Listo, tarea cumplida.

Desde que Caputo asumió, el despilfarro de dólares fue creciendo y en pocas semanas se consumió el dinero que el FMI tenía previsto para contener el dólar, tal como se mostró en la nota publicada en El Cohete hace quince días, y reflejan las estadísticas del propio Banco Central, que marcan pérdidas mensuales de reservas internacionales de U$D 3.885 millones en julio y U$D 2.656 millones en agosto (computo hasta el día 24 de ese mes). Los registros históricos desde 2003 en adelante muestran que el año de menor variación de las reservas internacionales fue 2008, epicentro de la crisis financiera global. Aquel año la variación anual había sido de U$D 285 millones, mientras que para el 25 de agosto de aquel año el registro de variación marcaba U$D 1.014 millones. A la misma fecha, pero de este año, la variación anual de reservas registra unos U$D 220 millones. ¿Querrá en estas condiciones el FMI continuar con los desembolsos de dólares, sin exigir mayores condicionamientos a cambio? Habrá que ver qué opinan los países que conforman su mesa directiva.

 

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