La precarización institucional como estrategia
¿Qué quedará en pie después de la tormenta?
A partir de diciembre de 2015 se inició un proceso de desmantelamiento de las normas que afectaban a los medios audiovisuales y las telecomunicaciones a través de una tormenta de decretos que alteró leyes, creó ministerios, cambió las reglas de juego de modo inconstitucional, eliminó ministerios, volvió a cambiar las reglas de juego y, ante organismos internacionales, prometió que habría una ley que daría coherencia jurídica a esta suma de discrecionalidades políticas y económicas.
Hace un tiempo anticipábamos que “no hay ninguna vocación de cumplir con el compromiso de reparar la ‘legalidad provisoria’, ni de reponer en las autoridades a la sociedad civil, ni de sostener mecanismos de pluralismo y diversidad” (https://www.elcohetealaluna.com/ley-corta-e-incumplimientos-largos/). Lamentablemente la realidad nos vuelve a dar la razón.
El pasado 13 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 490/2018 del Ministerio de Modernización que dispone una nueva prórroga de 90 días hábiles para el “proceso de análisis para la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522 y 27.078, para ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional”.
Para un breve racconto: el 1° de marzo de 2016, la resolución 9/16 del Ministerio de Comunicaciones estableció las pautas básicas del proyecto cuya escritura encomendaba a una comisión en un plazo de 180 días corridos. En octubre, cuando ya estaba vencido ese plazo, la resolución ministerial 1098/16 prorrogó el tiempo de trabajo de la comisión. El 24 de febrero se venció el nuevo plazo, sin que se conociera ni un borrador de la ley. Al mes siguiente, una nueva resolución del entonces ministro Oscar Aguad (Res. 601/17) habilitó una nueva prórroga. Esta vez se argumentaba que la Comisión había “dado cumplimiento a su cometido consistente en la confección de un anteproyecto de Ley” pero que era necesario abrir “un nuevo proceso de consulta” para el que otorgó otros 180 días. Al finalizar ese año la resolución 694/17, esta vez del Ministerio de Modernización, volvía a prorrogar.
Venimos de una sucesión de prórrogas desde 2016 y el anteproyecto en cuestión nunca fue presentado oficialmente por las autoridades (con la notable excepción de la difusión por parte de uno de los redactores de motu proprio, véase https://www.elcohetealaluna.com/lastima-sea-cierto/). Pero lo que resulta más llamativo es que entre los considerandos de la resolución se justifique la prórroga en el tratamiento de la “Ley Corta” (con nombre largo Ley de Fomento de despliegue de infraestructura y la competencia de tecnologías de la Información y las comunicaciones) que obtuvo media sanción en la Cámara Alta cuando la sola propuesta de dicha ley es por definición la negación del desarrollo de la “Ley Larga”.
Vale recordar que en abril de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al gobierno argentino a una audiencia en Washington para dar explicaciones por sus decretos, por petición del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). La delegación del Estado Argentino manifestó allí que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional revestían un carácter provisional y que se encontraba en proceso de elaboración el nuevo proyecto de ley vinculado a la convergencia. Sobre estos tópicos la Comisión se expidió en el Comunicado N°49/16 ofrecido a finales del período de sesiones y señaló: “La CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso”. Sin embargo, transitoriedad, precariedad y regresividad serían las palabras claves para pensar la regulación de la comunicación en la Argentina de allí en adelante.
Al mismo tiempo, las organizaciones de la comunicación democrática volvieron a denunciar el incumplimiento del plazo y las nuevas medidas en favor de la concentración ante la Relatoría especial de Libertad de Expresión de la CIDH, por lo que sería más que probable que vuelva a cursar pedidos de información al Estado.
Vaciamiento institucional
La fragilidad normativa fue acompañada con lo que antiguamente las relaciones exteriores estadounidenses llamaban la estrategia de la silla vacía, que no era otra cosa que ir dejando vacantes las representaciones institucionales, conjugada con designaciones que no responden al espíritu normativo. Así, por ejemplo, la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales se mantiene acéfala desde 2016 y el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos tiene sus mandatos vencidos hace un año, mientras que los consejos Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522) y Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización (ley 27.078) fueron reemplazados por un Consejo Federal de Comunicaciones (COFECO) sin ningún funcionamiento.
Esta inacción institucional, por un lado, y silla vacía, por otro, da lugar a convenientes definiciones para las empresas. (http://www.elcohetealaluna.com/lastima-sea-cierto/).
Por ejemplo, que haya desaparecido de hecho la lista de eventos de interés relevante que debía conformarse cada año para eximir de exclusividad de derechos a los espectáculos trascendentes para la vida deportiva y cultural de las audiencias argentinas, deja las manos libres a las empresas que se han apropiado de derechos de exclusividad de los eventos deportivos (léase fundamentalmente el fútbol) en contra de la ley pero con la venia del gobierno, y de la mano de una más que cuestionable medida cautelar a favor de los nuevos tenedores de derechos de la Superliga. https://www.elcohetealaluna.com/futbol-y-pais-para-pocos/
Del mismo modo, la resolución 420/2018 del Ministerio de Modernización propone al Poder Ejecutivo la designación de una nueva directora de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado dado que, “hasta tanto se constituya el COFECO”, sus funciones eran ejercidas por el extinguido Ministerio de Comunicaciones y luego recayeron en el Ministerio firmante. Con lo cual, una vez más, las instancias de participación social presentes en las leyes son suprimidas de un modo y otro para dejar todo en manos del Poder Ejecutivo Nacional, como sucedió con ENACOM como reemplazo de AFSCA y AFTIC (véase https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289841-2016-01-08.html).
En otras palabras, vemos como la regulación no es otra cosa que el furgón de cola de decisiones que, lejos de responder a algún tipo de política pública o a necesidades planteadas por la innovación tecnológica, atiende a los requerimientos de los diferentes grupos empresarios en intentos vanos de jugar para la tribuna como si quisieran contener a tirios y troyanos. En tanto, la preocupación por una esfera pública diversa y pluralmente informada ha desaparecido ante el avance incesante de una concentración infocomunicacional inaudita. Por su parte, el vaciamiento institucional ha sido acompañado por el vaciamiento laboral y de audiencias en medios y organismos informativos públicos. Pero eso sí: con un discurso que hace referencia permanentemente a la supuesta reconstitución de una institucionalidad teóricamente derruida.
La pregunta que flota en el aire es: ¿qué quedará en pie después de la tormenta?
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