La tRAMa secreta
El ministerio de Inseguridad dobla la apuesta
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció la creación de un comando conjunto con las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén para combatir a la evanescente entidad que el gobierno denomina RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y de cuya mera existencia no hay pruebas convincentes. El largo informe difundido ayer menciona 96 causas judiciales de características y autores distintos. Bullrich señala que se trata de un “movimiento etnonacionalista violento que desde hace ocho años opera en territorio argentino”, cuyos activistas “cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas”, con el propósito de “promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”. Las distintas organizaciones mapuche que repudian las acciones violentas, denuncian al mismo tiempo que empresas privadas, como las de Luciano Benetton y John Lewis, ocupan territorios que la Constitución nacional reconoce como propiedad comunitaria de los pueblos indígenas argentinos, de preexistencia étnica y cultural. Según el artículo 75, inciso 17, el Congreso debe “reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. En el acuerdo anunciado ayer el Congreso es cuidadosamente soslayado. Para el gobierno argentino, la RAM es una réplica de una análoga organización chilena (la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, CAM), o Coordinadora Arauco Malleco, y ambas desconocen “la legitimidad de la frontera internacional argentino–chilena”. Usando la analogía que el derecho penal veda, Bullrich dice que la justicia chilena caracteriza la CAM como terrorista y extiende ese mote a la presunta filial argentina. Sin temor al ridículo, el informe muestra las “armas utilizadas” por el enemigo así creado: un par de carabinas, botellas presuntamente usadas para causar incendios en pozos petroleros, una pistola, un revólver, balas de fusil Mauser de 1907, destornilladores, cuchillos, un machete, serruchos oxidados, una hoz y varios martillos, un rollo de alambre, un taladro, una motosierra, dos teléfonos celulares de los ’90, pintadas en paredes, reclamos por la libertad del líder detenido Facundo Jones Huala, un libro de la Biblioteca del Círculo Militar de 1987, panfletos sobre “Dos mundos opuestos: Mapuche vs Capitalismo”, un afiche que llama usurpador a Benetton, presuntos comunicados reivindicando “actos de resistencia” y numerosas fotografías de los mapuche perseguidos por la Gendarmeria el 1º de agosto, en el operativo ilegal que le costó la vida a Santiago Maldonado. También incluye un ingenuo “Informativo para la Defensa, Resistencia y Recuperación”, para crear una “situación de alarma” que atraiga al periodismo. Recomienda ocultarse detrás de la sombra de árboles y edificios.
Las conclusiones son que “nos encontramos frente a un grupo de individuos organizados que recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos. Podemos además afirmar que los hechos descriptos anteriormente no son hechos aislados sino forman parte de una organización de carácter ilícito que intenta solaparse en la reivindicación legítima de los pueblos originarios presentes en territorio argentino y reconocidos por la Ley 26.160. El presente informe representa el accionar conjunto entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de Neuquén, Chubut y Rio Negro, quienes alertados por la escalada del conflicto en territorio chileno, buscan evitar llegar a la situación en la que se encuentra actualmente el país trasandino respecto a estos reclamos territoriales. Por ello, tanto la Justicia Federal en la zona de conflicto como la Justicia Provincial se encuentran trabajando actualmente en forma conjunta para avanzar en las investigaciones en curso, en estado avanzado. Y así, poder alcanzar una perspectiva penal acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad afectando la seguridad, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en nuestro país”. Una coordinación similar planteó en Bariloche el jefe de gabinete de Bullrich, Pablo Noceti, quien dijo que se podía detener a cualquier persona acusada de pertenecer a esa supuesta organización sin orden judicial, porque todo lo que hacen constituye el delito de intimidación pública, que el artículo 213 bis del Código Penal castiga hasta con ocho años de prisión. El derecho penal del enemigo se ha asentado en la Patagonia, y desde allí avanza sobre el resto del país, ya que Bullrich sostiene que esa organización también tiene ramificaciones en la Capital Federal.
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