UNA EPIDEMIA REGIONAL

 

Una nueva forma de injerencia se ha incorporado recientemente al repertorio estadounidense aplicado a nuestra región latinoamericana: el intervencionismo mediático/judicial. Viene a agregarse al intervencionismo militar que fue profusamente practicado en épocas anteriores sobre la base de la influencia y el control que el Pentágono y otras agencias complementarias habían alcanzado sobre las Fuerzas Armadas vernáculas. Hoy en día, el golpe de Estado —antaño el exponente mayor de esta modalidad— ya casi no se practica. Pero persisten, en algunos casos, modos menores como la presión o el comportamiento tutelar de los uniformados sobre los sistemas políticos.

La intervención mediático/judicial prescinde de la participación militar directa y hasta podría decirse que tiende a sustituirla. Viene con frecuencia acompañada de un ingrediente parlamentario e incluye también la participación de diversas agencias gubernamentales estadounidenses, en particular, los Departamentos de Estado y de Justicia. El blanco predominante de este tipo de injerencia son los partidos, movimientos y/o gobiernos de signo nacional-popular, contestatarios del neoliberalismo en boga y por tanto heterodoxos, a los que busca desprestigiar, desestabilizar y, en el límite, expulsar del poder o, si estuvieren en el llano, neutralizarlos o sacarlos del juego. A esto se lo ha denominado lawfare, un insuficiente neologismo que por analogía con warfare (guerra) remite a una guerra judicial. Esta nueva modalidad no es, sin embargo, unidimensional. Al contrario, tiene más de un componente, se desarrolla en diversos planos y es, por lo tanto, compleja. Por eso conviene examinar sintéticamente algunos casos para detectar rasgos, explorar dimensiones y verificar coincidencias que permitan caracterizarla más adecuadamente.

Bolivia. El 3 de febrero de 2016 el periodista Carlos Valverde reveló que el presidente Evo Morales tenía un hijo llamado Ernesto Fidel Morales, fruto de su relación con Gabriela Zapata. Mostró incluso su partida de nacimiento, que indicaba que había llegado al mundo el 30 de abril de 2007.

 

 

El hecho estuvo orientado a socavar las posibilidades de triunfo de Morales en el cercano referéndum sobre una reforma constitucional que abogaba por la reelección presidencial, cosa que finalmente ocurrió pues el oficialismo fue derrotado. Tuvo amplia repercusión periodística, impulsada especialmente por un pool mediático vinculado a la oposición. Hubo incluso un conato de deriva judicial pues Zapata era una gerente de la empresa china CAMC Engineering Co., a la que se le habían adjudicado seis contratos gubernamentales por alrededor de u$560 millones. Se insinuó que la relación de Zapata con el presidente había facilitado esos contratos, pero la acusación sucumbió rápidamente por falta de evidencia. Detrás de la escena operó el encargado de negocios de Estados Unidos, Peter Brennan, cuyos significativos destinos previos habían sido Managua e Islamabad y el posterior la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado; Morales lo amenazó con la expulsión varias veces. Finalmente, se constató que el niño no existía y la partida de nacimiento era falsa. Es decir, que todo fue un mero montaje. Zapata terminó procesada y condenada; Valverde –un hombre de derecha vinculado en algún momento a la inteligencia policial— abandonó preventivamente La Paz.

En este caso hubo acción mediática y judicial, y apoyo norteamericano; la intervención parlamentaria, en cambio, fue escasa, lo mismo que la presión sobre el empresariado, que sí sucedieron en otros casos como se verá seguidamente.

Brasil. La destitución de Dilma Rousseff es ampliamente conocida. Hubo una intensa y amplia presión mediática: las cadenas más importantes del país batieron el parche con singular estrépito. El Poder Judicial intervino de una manera moderada: la investigación penal no consideró delictivo su comportamiento. En cambio al Tribunal de Cuentas le pareció incorrecto. Con base en esta apreciación se puso en marcha un impeachment que en jornadas verdaderamente bochornosas pasó por la Cámara de Diputados y por el Senado, y culminó con la destitución de la entonces Presidenta. El caso de Luis Inácio Lula da Silva hubo una presión mediática similar pero fue judicialmente diferente. El juez Sergio Moro, sobre la base de declaraciones de empresarios procesados por el Lava Jato, condenó al líder del Partido de los Trabajadores a nueve años y medio cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, por aceptar un tríplex de lujo en Santos como pago de una empresa constructora por sus favores políticos; un tribunal de segunda instancia elevó la pena a 12 años. No hubo ni hay prueba sólida más allá de la declaración empresarial. Y se lo encarceló antes de que hubiera sentencia en firme, lo que es reprobable. Moro, por su parte, ha desarrollado sólidos lazos con medios judiciales y académicos norteamericanos vinculados al derecho. En 2007, por ejemplo, recibió una beca oficial del Departamento de Estado para el “Programa Liderazgo”. En octubre del 2009 participó del Proyecto “Puentes: construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil”, patrocinado por el Departamento de Justicia norteamericano, realizado en Río. Estuvieron presentes allí jueces y fiscales de los 26 estados brasileño, junto con invitados de Argentina, México, Panamá y Paraguay, entre otros países. Dio conferencias en el Wilson Center e incluso en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, en la que estuvo acompañado por el ministro Germán Garavano.

 

 

Para mayor información puede mencionarse que Kenneth Blanco, Fiscal General Adjunto del recién mencionado Departamento de Justicia, compartió junto con el Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, una exposición organizada en Washington por el Atlantic Council y el Interamerican Dialogue, en julio del año pasado. Dijo allí: “Es difícil imaginar una mejor relación de cooperación en la historia reciente que la que hemos tenido el Departamento de Justicia y los fiscales brasileños.” Afirmó también que esa cooperación, el año anterior, había conducido a resultados extraordinarios: la Sección de Fraudes del Departamento y la fuerza de tareas del Lava Jato “habían coordinado resoluciones en cuatro casos: Embraer, Roll Royce, Braskem y Odebrecht”. Como si esto no fuera suficiente y para concluir añadió: “1) No es una coincidencia que Rodrigo y yo estemos juntos hoy; 2) no es extraño que mi buen amigo Raúl Cervantes, el Fiscal General de México, estuviera ayer en el Departamento de Justicia; 3) o que los ecuatorianos se encontraran con la Sección Fraudes, aquí en Washington la semana pasada; 4) o que los panameños estuvieran aquí, pocas semanas atrás, enviados por mi buena amiga la Fiscal General de Panamá, Kenia Porcell; 5) o que nosotros estuviéramos en Bogotá, con el Fiscal General de Colombia, hace tres semanas”. No deja de resultar curioso cómo ventiló que prácticamente estaban concertados.

En el ámbito diplomático también hay cosas que destacar. El actual embajador Peter McKinlay sirvió previamente en Perú (2007-2010), en Colombia (2010-2013) y en Afganistán (2014-2016). Podría calificárselo como un “todoterreno”, ya que los tres países son productores de estupefacientes.

Argentina. Como se sabe, si bien en años anteriores ha habido presiones y encarcelamientos de funcionarios políticos, muy recientemente se ha avanzado de manera parecida a la de Brasil. Se ha detenido a numerosos y destacados empresarios del país, a quienes se ha procurado amedrentar para que se convirtiesen en imputados/colaboradores e informaran sobre sus conexiones con el mundo de la política. Ha habido también una intensa campaña mediática, hay intentos de intervención parlamentaria que en particular apuntan hacia Cristina Fernández de Kirchner y hay una acción diplomática probablemente ya en marcha, anticipada por el flamante embajador Edward Prado, un ex juez que asumió el 8 de mayo pasado y no tiene antecedentes en el rubro. En su comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado indicó que iba a “acompañar los esfuerzos de las agencias estadounidenses encargadas de cumplir la ley” y “apoyar a la Argentina en su lucha contra el crimen”. También dijo que iba a tratar de ayudar en el desarrollo de la causa Nisman y del atentado contra la AMIA, justamente dos casos que son intensamente agitados contra la ex Presidenta y el ex canciller Héctor Timerman.

Resulta interesante destacar el cierre de la intervención de Kenneth Blanco aludida más arriba, que reconoció casi con orgullo que su dependencia mantiene relaciones y trabajo concertado con las fiscalías de Colombia, Ecuador, México y Panamá, además de la brasileña.

El intervencionismo mediático/judicial es complejo y multifacético; es un “combo” que mezcla de manera variable manipulaciones judiciales, campañas mediáticas, actuaciones parlamentarias, presión sobre el empresariado e influencia externa, como se viene de ver. Más allá del debate sobre su naturaleza intrínseca importa comprender  que no es una casualidad que haya ocurrido u ocurra en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay en un grado extremo; que excede a los sistemas judiciales locales; que su escenario es la región y que quien en última instancia mueve los piolines es el Tío Sam.

 

 

 

 

 

 

 

 

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