LA VIDA TE DA SORPRESAS
El gobierno abrió una caja que ahora no puede cerrar
El gobierno vio con agrado la investigación del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Glock, porque debilitaba al kirchnerismo y corría de escena los aportes truchos a las campañas de María Eugenia Vidal y/o Cambiemos en 2015 y 2017. Pero pronto advirtió que no saldría ileso, porque entre los investigados había dos íntimos del presidente Maurizio Macrì: su primo Angelo Calcaterra, hijo de María Pía Macrì, la única hermana de Franco y Tonino, y su cajero y amigo Javier Sánchez Caballero.
La socia política de Macrì, Elisa Carrió, no tuvo reparos en revelar su diálogo con el Presidente al respecto. La jefa de la Coalición Cívica Libertadora se atribuyó, y no fue desmentida, haberle dicho que debería entregar a su primo para ser creíble. Esto es lo que aquí se llama ética republicana.
Lo que ni Macrì ni Carrió previeron es el efecto económico del episodio, lo cual no es sorprendente dado el desconocimiento de ambos sobre la materia: la imputación a los directivos de las mayores constructoras del país reduce la ya mínima inversión y estimula la corrida contra el peso, al tiempo que hace crecer el riesgo país y profundiza la recesión. Como es parte de la puja distributiva, también impulsa la inflación.
Un economista que sigue el proceso con atención sentenció que esto se sabe cómo comienza, pero no cómo, ni cuándo, termina.
Lo que hasta ahora nadie asoció es que la causa Ciccone, por la que al mismo tiempo que se difundieron los cuadernos fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, se inició por la denuncia de un compañero del suboficial Centeno en destinos del Ejército, lo cual refuerza la sospecha general de que detrás de lo que se ve y escucha hay un lado oscuro de la historia. Y todavía falta que la conciencia colectiva registre la sociedad entre Odebrecht y SOCMA en un fondo de inversión global que precisamente se llama Blackwood Group, del que informé en El Cohete.
Con Odebrecht mal herida por el Lava Jato, el avance sobre Techint, Roggio, Corporación América, IMPSA, BTU y el propio Grupo Macrì despeja el camino para las constructoras estadounidenses en la región, así como antes las leyes contra la corrupción en el extranjero debilitaron a la competencia europea. Como bien decía Macrì, la Argentina volvió al mundo. Lo que no previó es qué le esperaba allí.
Amigos son los amigos
La causa fue promovida por un periférico del oficialismo, el periodista de La Nación Diego Cabot, vinculado con varias fundaciones de Cambiemos, para las que dio conferencias en distintos lugares del país, a los que llegó con pasajes de la jefatura del gabinete de ministros. Tomando un café acordó que la instara Stornelli en un expediente previo, que no guardaba relación con coimas ni cuadernos.
Jefe de seguridad del Club Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici, Stornelli es el principal operador judicial de Macrì en el serpentario de Comodoro Py. La madre de sus tres hijos, Claudia, es hija del ministro de la dictadura Llamil Reston, declarado insano en un juicio por crímenes de lesa humanidad en el que estaba detenido, y alta funcionaria del Ministerio de Justicia.
Stornelli no podía intervenir, porque ya había sido separado por recusación de Roberto Baratta. Sin embargo, también negoció que la denuncia la recibiera el juez federal Bonadío, designado como perseguidor de CFK por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y por el hombre fuerte de la Cámara Federal, Martín Irurzun, en una sucesión interminable de causas que, por sorteo, magia o licitación, caen en las diestras manos del doctor Glock. Quien lo salvó de la destitución en el Consejo de la Magistratura es el precandidato presidencial del Peornismo Federal, Miguel Pichetto. Stornelli sumó a la causa al fiscal Carlos Rívolo, el investigador de Boudou en Ciccone, quien dijo públicamente que por la causa Los Sauces, Cristina y sus hijos deberían ir presos. En cambio, ha desestimado diversas denuncias contra actuales funcionarios y forma parte del programa oficial Justicia 2020.
Otro pequeño detalle: Bonadío debió enviar la causa a sorteo y no lo hizo. En su primera declaración, el memorioso Centeno dijo que no recordaba dónde estaban los cuadernos y sacó a pasear a Stornelli en la búsqueda. En la segunda dijo que los quemó, de modo que sólo quedan los escaneos que realizó La Nación.
Si se aplicara la doctrina del fruto del árbol envenenado, podrían anularse todas las actuaciones, pero es improbable que esto ocurra en los próximos meses, porque la Cámara de Apelaciones es parte de la combinación y todos creen que esta vez sí consiguieron atrapar a Cristina. Integran la sala Irurzun y el último juez designado ad hoc en ese tribunal, Leopoldo Bruglia. Su carrera judicial comenzó con Carlos Menem, en premio por hacer dictaminado como sumariante del ministerio de Bienestar Social que no encontró irregularidad alguna en la compra de un millón de guardapolvos. Cuando comunicó las primeras citaciones a indagatoria, Bonadío tenía poco más que las imágenes de los cuadernos: la declaración de un testigo de identidad reservada, notas periodísticas, certificaciones de fojas de otras causas y de firmas, informes policiales, notas de empresas telefónicas, de la secretaría general de la presidencia, del ministerio de energía, de la jefatura de gabinete de ministros y del registro de la propiedad automotor; anotaciones de ingresos a la residencia presidencial de Olivos, legajos de varios agentes de la secretaría general de la presidencia, comunicaciones de empresas automotrices, registros de Migraciones, declaraciones testimoniales de la exposa del chofer Centeno, del suboficial Jorge Bacigalupo que recibió y devolvió los cuadernos a Centeno, del periodista Diego Cabot que los recibió y de su colaboradora Candela Ini. Mucho ruido y pocas nueces.
Pero la sucesión de arrepentidos que compran su libertad provisoria confirmando las anotaciones de los cuadernos dejó en segundo plano la ausencia de los originales y generó consenso social para la alegada depuración de corruptos, aunque todos perciban que nada de esto ocurre por casualidad. Nadie se escandaliza por el matiz extorsivo de la negociación, que Stornelli sintetizó en la perfecta metáfora de las sortijas que no alcanzan para todos. Por el contrario, incluso el riguroso periodista Hugo Alconada Mon celebró las detenciones preventivas como clave para la eficacia investigativa, y mencionó su origen en la institución estadounidense del plea bargain y su aplicación en Brasil. Es una clave que merece seguirse.
El amigo americano
Además de un suboficial de la Policía Federal que admira al jefe de la Triple A, comisario Alberto Villar, y ávido de venganza contra el kirchnerismo por su política de enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad, que entregó los cuadernos a Cabot; y de dos suboficiales del Ejército vinculados con los servicios de informaciones, hay que introducir en la escena al embajador de los Estados Unidos, el ex juez federal de Texas y ex fiscal Edward Prado, que habla un fluido castellano. Donald Trump lo propuso el 17 de enero, el Senado lo confirmó el 22 de marzo y el 8 de mayo asumió.
Prado reveló que “hice amigos dentro de la comunidad jurídica de la Argentina”. Entre ellos mencionó al actual ministro de Justicia, Germán Garavano, a la ministra de la Corte Suprema Elena Highton y al juez Federal Julián Ercolini, el otro magistrado con causas contra Cristina.
Los conoció cuando el Departamento de Estado de su país lo envió a los seminarios de capacitación de jueces que se dictan para moldear la judicatura al paladar estadounidense, así como la Escuela de las Américas se dedica a los militares de la región. Su primera visita ocurrió en 2002, invitado por el programa Justicia en Cambio, que integraban Highton, Garavano y el actual Secretario de Justicia y presidente del GAFI, Germán Santiago Otamendi. Ese programa, que se prolongó por una década, procuraba trasladar a la Argentina una serie de instrumentos usuales en Estados Unidos: bases del esquema constitucional y legal estadounidense, características del Poder Judicial de ese país, sus aspectos penales, las normas de conducta para sus jueces, la resolución alternativa de disputas, la capacitación de sus magistrados y funcionarios. Durante la campaña electoral de 2015, la Alianza Cambiemos anunció que introduciría la figura penal del arrepentido en causas por corrupción. Esta es una de las pocas promesas que cumplió.
Se aprobó en octubre de 2016 con el voto de Cambiemos y del Frente Renovador. Se trata de uno de los instrumentos usuales en Estados Unidos, expuestos en los seminarios de capacitación de Justicia en Cambio. Esa ley 27.304/16 que consagró la figura del imputado colaborador fue redactada por el abogado oficialista Ricardo Gil Lavedra, responsable del programa Justicia 2020, y sostiene que en caso de negociación con un imputado la Procuración General debe informar en detalle a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento del Ministerio Público. Pero esta comisión, creada para hostigar a Alejandra Gils Carbó, una vez forzada su renuncia no se constituyó, lo cual es muy conveniente para Stornelli y para los empresarios vinculados con el Presidente (Calcaterra, Sánchez Caballero y De Goycoechea, quienes han recibido un trato preferencial). Todos ellos tienen los mismos abogados: el estudio de Javier Landaburu, Ricardo Rosental, Alejandro Carrió, César Mayer y Santiago Feder. No por casualidad, también defendieron a Maurizio Macrì cuando fue procesado por las escuchas ilegales y el espionaje como intendente de Buenos Aires.
Hasta hace dos meses, Sánchez Caballero continuó como principal ejecutivo de la constructora de los Macrì, cuyo aparente comprador es Marcelo Mindlin, el íntimo amigo de Gianfranco Macrì. Mindlin se anotó en el blanqueo con 770 millones de pesos, suma equivalente a la que afirma haber pagado por IECSA, que ahora se llama SACDE . Antes de irse, ya había sacado de la oficina el disco rígido de su computadora, no sea cosa que alguien curioseara su contenido.
En la audiencia de confirmación ante el Senado de su país, Prado destacó que trabajaría “con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar la justicia y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial". También dijo que había trabajado con las fuerzas de seguridad de su país para “apoyar a sus contrapartes de la Argentina en su lucha contra el delito” y que se comprometía a “generar capacidad dentro de la policía de la Argentina para promover la seguridad en un aliado regional vital”. Además ratificó el “apoyo a las fuerzas militares de la Argentina” dada “la amenaza del terrorismo”. Por si faltara algo, expresó el propósito de “aumentar las oportunidades para las empresas estadounidenses en la Argentina” y dijo que apoyaría las investigaciones por el atentado a la DAIA y la muerte del fiscal Natalio A. Nisman. Las desdichas de Techint (el primer proveedor mundial de caños sin costura, el principal productor de gas en Vaca Muerta) son muy convenientes para las empresas estadounidenses en la Argentina, y no sólo en la Argentina. ¿Qué no se entendió cuando Trump dijo America first, Paolo?
Al pie del Pan de Azúcar
La mecánica de los cursos para jueces es descripta con detalle en un cable enviado al Departamento de Estado el 30 de octubre de 2009 por la segunda a cargo de la embajada de los Estados Unidos en Brasil, Lisa Kubiske.
Conocido por una filtración de Wikileaks, se titula “En la Conferencia sobre Financiamiento Ilícito se empleó exitosamente la palabra T" (por Terrorismo). La conferencia fue organizada en Río de Janeiro por la oficina antiterrorista del Departamento de Estado e inaugurada por su vicecoordinadora, Shari Villarosa, ex Asistente Especial del subsecretario de Asuntos Económicos. Por primera vez incluyó en un mismo encuentro a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y prestó más atención a la práctica que a la teoría. Asistieron cerca de un centenar de jueces y fiscales brasileños, tanto federales como estaduales, y medio centenar de policías, además de representantes de la Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica y Panamá.
Villarosa habló del terrorismo y su financiamiento ilícito, “un problema global que debe ser abordado en forma global”. Kubiske se congratula de que de este modo se evitó el mantra tradicional que obligaba a usar el término menos polémico de Delitos Transnacionales, como “un eufemismo para todas las actividades que incluyen amenazas y violencia organizada”.
La figura brasileña de la conferencia fue el juez federal de Curitiba, Sergio Moro, quien expuso sobre los casos sobre lavado de dinero ante los tribunales de su país. Los panelistas estadounidenses se refirieron a la investigación y enjuiciamiento de casos de financiamiento ilícito y lavado de dinero, incluyendo la cooperación internacional formal e informal, la extinción de dominio de bienes, los métodos de prueba, la negociación con el fiscal, los interrogatorios y la forma de tratar con Organizaciones No Gubernamentales sospechosas de ser usadas para el financiamiento ilícito. Incluso se teatralizó el interrogatorio a un testigo. Ese mismo año 2009, un informe del Departamento de Estado señaló como un serio problema la corrupción estatal en la Argentina. Moro ha viajado a Estados Unidos para participar en este tipo de actividades, tantas veces y con similares compañías, como el fiscal argentino Natalio A. Nisman. También vino a la Argentina, invitado por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que nuclea a los lawyers de las empresas multinacionales, a comunicar sus métodos a los encargados de su aplicación aquí.
En un artículo académico publicado en 2004 sobre el proceso italiano de Mani Pulite, el juez brasileño teorizó sobre la conveniencia del acompañamiento de la prensa: “La información se filtraba como un colador. En cuanto alguien era detenido, detalles de su confesión eran conocidos en L’Expresso, La Repubblica y revistas amigas”. Moro sostiene que la inspiración de Lava Jato fue Mani Pulite. Según el periodista italiano Giampiero Calapà, entre 1992 y 1994 se produjeron 4525 arrestos de políticos y empresarios; hubo 1300 condenas, 430 absoluciones y 31 suicidios. Calapà cita un estudio del economista Mario Deaglio sobre el costo de Mani Pulite: en dólares actuales, 9.500 millones de dólares para los bolsillos ciudadanos; unos 240.000 millones de endeudamiento público y algo menos de 20.000 millones de intereses sobre esa deuda. Pero además exterminó a una entera clase política, sin distinción de partidos, y abrió las puertas del poder al empresario de medios y fútbol Silvio Berlusconi, cuyo grado de corrupción superó todo lo conocido hasta entonces. Un cuarto de siglo después, Italia no se ha recuperado ni política, ni económica ni moralmente y su actual gobierno sigue una deriva que Calapà no vacila en llamar fascista, con una alianza entre la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, que se sostiene por el apoyo parlamentario de... Berlusconi.
En el Blog del Banco Interamericano de Desarrollo Sin Miedos, el abogado argentino Roberto de Michele comparó ambos procesos. Los dos “comenzaron por investigaciones del ministerio público fiscal. Tanto los investigadores italianos como los brasileños actuaron a partir de sus propias pesquisas, incluso antes que algún periodista presentara una investigación. Este es un dato importante para valorar la contribución a la integridad de sistemas judiciales independientes”. No puede decirse lo mismo del caso argentino. De Michele también compara el impacto económico de cada proceso: “En agosto de 1992, apenas 7 meses después de que (el fiscal Antonio) Di Pietro y sus colegas iniciaran las acusaciones contra los principales exponentes de la dirigencia política y económica de Italia, la agencia calificadora Moody’s bajó la calificación de riesgo de Italia, precipitando la devaluación de la lira y profundizando la crisis económica. En 2015, en los albores del Lava Jato, Standard & Poor hizo lo propio con Brasil, citando eufemísticamente un incremento de problemas políticos. Idéntica suerte sufrieron Petrobras y Odebrecht, dos de las principales empresas relacionadas con las investigaciones”. Todo sugiere que el mismo efecto se producirá aquí.
Además de los casos de Italia y Brasil, también debe observarse el de México. La semana pasada fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Pero antes pasó cinco años, cinco meses y once días privada de su libertad por acusaciones que no se comprobaron, algo que no le preocupa a quienes postulan la prisión preventiva antes de la condena firme.
¿Quién es el general de estos sargentos?
El sargento 1° Oscar Bernardo Centeno revistó en el Batallón de Arsenales 601 y en 1980 hizo el curso de mantenimiento de camiones Mercedes Benz junto con otros 19 suboficiales. Uno de ellos era el sargento 1° Jorge Orlando Pacífico, un hombre que siempre está en el lugar justo en el momento debido. En noviembre de 2011, pocos días después de la victoria electoral de la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou, Clarín mencionó por primera vez a Alejandro Paul Vandenbroele y a The Old Fund. Su fuente fue la denuncia de “un ciudadano común, Jorge Pacífico”, quien dijo que tomó conocimiento de delitos de acción pública por una conversación oída en un café entre hombres desconocidos. No los vio porque estaba de espaldas, pero los escuchó decir que The Old Fund “resulta ser una pantalla de la familia Ciccone” y de una persona “políticamente expuesta, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida”. Así comenzó la causa que la semana pasada concluyó con la condena del ex vicepresidente a 5 años y 10 meses de prisión, que comenzó a cumplir ese mismo día, aun antes de que se dieran a conocer sus fundamentos y pudiera apelarla.
Contra lo que quiso hacer creer Clarín, Pacífico es un ciudadano tan poco común como su compañero grafómano en el Ejército. Especialista en explosivos, Pacífico fue comando en la guerra de las Malvinas, participante en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército y se constituyó en el primer hilo de la pista carapintada en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la DAIA y la AMIA. Esa mañana, Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros del edificio demolido. Su explicación fue que “estuve ayudando a las víctimas”. Pero el chofer del no tan pacífico ciudadano común, Omar Cañete, declaró en el juzgado que entonces atendía Juan José Galeano que Pacífico visitaba la Embajada de Irán, que sus funcionarios pagaron cinco millones de dólares por el atentado y que Pacífico mató a un iraní y lo sepultó en Campo de Mayo luego de discutir por el 10 por ciento de ese botín. No hubo otra fuente que ese testigo ni se encontró el presunto cadáver y la causa judicial se corrompió por la siembra de pruebas falsas y las operaciones cruzadas de desinformación que terminaron con la destitución y procesamiento de Galeano. Todo ello impidió que se llegara a cualquier conclusión sobre la pista carapintada y en 2011, el Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Pacífico de la acusación de haber provisto los explosivos para el atentado, aunque eso no explica su presencia en el lugar a la hora de la explosión, con tanto sentido de la oportunidad como en el caso Ciccone. Pacífico es suboficial del arma de Ingenieros, igual que Centeno y que el teniente coronel Atilio Stornelli, el padre del fiscal, cuya última asignación antes de pasar a retiro con el fin de la dictadura, fue como comisario ideológico en Radio Belgrano. Su consuegro Reston fue uno de los redactores del documento final de la dictadura sobre los detenidos desaparecidos.
A mediados de la semana llegará a la Argentina el ministro de Defensa de los Estados Unidos, el general James Mattis, a quien en su país llaman Mad Dog, o Perro Rabioso. En su primera gira por la región en este Año de las Américas como lo declaró la Casa Blanca, Mattis destacará los fuertes lazos del Pentágono con Brasil, la Argentina, Chile y Colombia. Según la información oficial, la relación con estos países (todos con gobiernos de derecha) es fundamental para un Hemisferio Occidental seguro y próspero. En cada uno se reunirá con líderes políticos y de defensa. Aquí analizará “cuestiones de defensa de interés mutuo”.
Fernando Orís de Roa, enviado como embajador argentino a Washington, reveló las ilusiones de su gobierno: “A Estados Unidos le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Una agenda de corte político internacional. No es que a nosotros no nos interese eso, sino que nuestra agenda es económica. Una agenda para, de alguna manera, abrir el mercado norteamericano a una cantidad de productos que la Argentina exporta”. Con el macrismo siempre hay que preguntarse cuál es el negocio. Orís de Roa fue director de Citrus Trade Famaillá, de Argenti Lemon y de San Miguel, los nombres sucesivos de la productora de limones que el Grupo Macrì le vendió al Grupo Bemberg y cuyas recientes exportaciones a Estados Unidos son el principal éxito de la relación de Macrì con Trump.
Una de esas satisfacciones a los intereses de Estados Unidos fue el decreto que inconstitucionalmente modificó las leyes de defensa nacional, seguridad interior e Inteligencia nacional, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en los campos de la seguridad y la inteligencia interior, que le está vedada por esas leyes sancionadas bajo las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Ya Estados Unidos está construyendo una base de ayuda humanitaria en Neuquén, cerca de los yacimientos de gas y petróleo no convencional, comparables en importancia a los de China y Estados Unidos y a ningún otro en el mundo. Con la idea de protección de objetivos estratégicos, fuerzas militares argentinas podrán ser desplegadas allí (aunque las leyes reclaman la previa declaración de zona militar por el Congreso, que difícilmente la daría). El carácter ilusorio de esta transacción quedó claro con las palabras del Ministro de Defensa Oscar Aguad luego de celebrar el Día de la Fuerza Aérea. Sin vueltas, dijo que no habría refuerzo presupuestario para cumplir con las nuevas funciones porque el Estado tiene que achicarse y el año próximo será duro. Para colmo, añadió que sólo una parte de los recursos que se obtengan por la venta de inmuebles de las Fuerzas Armadas se aplicará al reequipamiento, poco más de 150 millones de dólares, que es lo que el gobierno despilfarra en un par de días liquidando divisas para atesoramiento. A cambio de esa disponibilidad, Estados Unidos ofrece know how y apoyo a jueces y fiscales para contarles las costillas a las mayores empresas locales y alejar el riesgo de un retorno triunfal del populismo.
La música que escuché mientras escribía esta nota
--------------------------------Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí