Un gobierno sin salida

 

La andanada de despidos está produciendo respuestas colectivas a través de los sindicatos. El golpeado tejido social sigue generando anticuerpos a los ataques del ajuste oficial. La presencia creciente de trabajadores organizados en las concentraciones masivas, como la del aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, con compañeros de ATE, Judiciales, CTERA, Télam, Metrodelegados, demuestra conciencia colectiva y capacidad de adecuar la lucha a las condiciones crecientemente duras que impone el gobierno.

Primero fueron los camioneros de Moyano, luego los maestros de Baradel: el incansable ministro de Trabajo busca la forma de frenar las luchas de los trabajadores con exorbitantes multas aplicadas por supuestas violaciones a las conciliaciones obligatorias. Sin esperar los resultados de la Justicia, congela los fondos sindicales para evitar el normal funcionamiento administrativo y la prestación de los servicios sociales. Esta nueva escalada represiva pretende paralizar la resistencia de los trabajadores organizados e ilegalizar la protesta. Hay que remontarse mucho en la historia para encontrar un Ministro de Trabajo con ese grado de hostilidad hacia el movimiento sindical. Hay mucho más de tradición familiar que de herencia sindical en este comportamiento. Digno hijo de su padre, que durante el menemismo practicó esa política.

Prueba de la negación política de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal son sus intentos por establecer una Ley del Turf que pone en riesgo la ocupación de más de 80.000 trabajadores y que ha empujado al reclamo a sectores alejados de la tradicional puja sindical por salarios o condiciones laborales. Una gran convocatoria en escenarios no tradicionales como los hipódromos de San Isidro y La Plata coronó con la queja de los estirados patronos de la Asociación de Criadores de Pura Sangre en la Exposición Rural.

Obligada por fallos judiciales, Vidal deberá convocar a la paritaria docente para destrabar el aumento salarial. Hasta aquí la provincia de Buenos Aires se mantiene a la cabeza de un ajuste sin antecedentes en la educación pública. Siguen ofreciendo una recomposición del 15 % cuando esa inflación ya fue largamente superada en el primer semestre. La estrategia de desgaste que impulsó la gobernadora tiene como objetivo dar cuenta del poderoso sindicato de los docentes. Al decir de Sonia Alesso, de CTERA, “más grave que los sucesivos conflictos paritarios de varias provincias es la intención del gobierno nacional de hacer desaparecer el incentivo docente”. Esta quita significaría en los hechos una rebaja salarial generalizada a nivel nacional de entre el 6 y el 10 %, de imposible recuperación. El juego de la negociación salarial permite a veces perder algún punto frente a la inflación un año y recuperarlo al año siguiente. La desaparición del incentivo apunta a hacerla definitiva e irreversible. Es la marca en el orillo de aquella conquista histórica de los más de mil días de ayuno en la Carpa Blanca. Como no puede doblegar a los maestros ahora amenaza con una multa de cerca de setecientos millones de pesos al Suteba, por no acatar la conciliación obligatoria. La dudosa legalidad de los argumentos esgrimidos, dado que la medida fue convocada por CTERA y Suteba apenas la acató, el antecedente de Camioneros significa un insomnio para los dirigentes que verían la quiebra de su organización.

Mientras las miserias de la paritaria se atragantaban en la voracidad del ajuste planificado por la gobernadora, un punto de referencia central para los sindicatos en las mesas de negociación, la maltrecha infraestructura escolar de los colegios de la provincia, saltó a la primera plana con la explosión de gas en la escuela 49 de Moreno. Allí la desidia ganó la batalla contra la razón y triunfaron la impericia, el abandono o la falta de presupuesto del Consejo Escolar intervenido por el gobierno de Vidal. Perdieron la vida la vicedirectora y un auxiliar. La tristeza por la pérdida de dos mártires de la educación pública se hizo bandera de lucha y la bandera negra del luto se impuso en la lucha docente.

Sigue firme y activo, por otro lado, el acampe de los portuarios de la ciudad de Buenos Aires en momentos en que se confirma, oficialmente la intención de imponer un operador único. Gonzalo Mórtola, titular de Puertos de Buenos Aires, anunció que en un par de semanas se presentará el Master Plan del puerto de Buenos Aires. El ambicioso proyecto a 50 años prevé que caduquen las concesiones actuales en 2020, que se llame a una nueva licitación para un prestador único. Con ese argumento desecha el pedido de prórroga de los concesionarios actuales por cinco años. Mórtola asegura que no se dejará presionar por los “librepensadores” (sic) ni por las bases (sindicales). Atento a la “modernización” que conlleva el mencionado proyecto se impone la necesidad de reducir drásticamente el plantel de personal comenzando por los “faltadores”. El ausentismo se convierte de esa manera en el nuevo enemigo interior al que van a combatir. En nombre de futuras inversiones que realizarán en forma conjunta el Estado y el concesionario entrante (dentro de dos años y por el generoso plazo de otros 15), la actual administración va ganado tiempo y empieza a achicar la plantilla de trabajadores. Esta lógica explica cabalmente lo que viene pasando. Los despidos masivos que está llevando a cabo el gobierno tienen, expresamente, débil justificación. De lo que se trata, además de ajustar, es de confrontar con los sindicatos para deslegitimarlos y obligarlos a echarse la opinión pública en contra.

Los Metrodelegados continúan con su plan de acción consistente en liberar los molinetes y culminar con paros rotativos en las diferentes líneas. El martes lo combinaron con 6 intervenciones en las cabeceras de línea en apoyo al proyecto de legalización del aborto. La Secretaría de Género de la Asociación Gremial del Subte y Premetro cobijó la creativa iniciativa que culminó con un masivo pañuelazo en la Plaza de Mayo

Los trabajadores de Télam siguen la permanencia pacífica en la sede de la agencia a pesar de las denuncias de usurpación por parte de la gerencia y las desmentidas por los inspectores del Ministerio de Trabajo y por la Justicia respectivamente. El juez Martínez de Giorgi ordenó archivar la denuncia por usurpación y el Ministerio de Trabajo, tras realizar la tercera inspección, concluyó que no hay usurpación sino permanencia pacífica en los lugares de trabajo y en los diversos turnos con total ausencia del personal jerárquico. En la conferencia de prensa realizada en local de la avenida Belgrano con motivo de la convocatoria al primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, lograron la cobertura de todos los medios. La solidaridad siempre llega aún en las circunstancias más adversas. El jueves la iniciativa pasó por la instalación de 357 mesas a nivel nacional, con la consigna “Un grito recorre la argentina”. Distribuyeron material explicativo sobre la lucha que llevan adelante y el papel que cumple la agencia Télam y la inviabilidad de cumplir sus propósitos tras el ajuste. La mesa central fue instalada en el CCK, donde está guarecido el ministro Hernán Lombardi. Miles de viandantes alentaron a los periodistas en su lucha y se interiorizaron de los pormenores silenciados por la prensa cómplice.

Los despidos en Atucha de la semana pasada generaron un paro por tiempo indeterminado y una movilización que partió de aquella planta de la localidad de Lima y recorrió en una larga caravana de más de doce horas uniendo todos los sectores en conflicto, para culminar en la ciudad de La Plata. Allí llegó la solidaridad activa a los angustiados trabajadores del astillero Rio Santiago, virtuales condenados al despido por la absurda decisión presidencial de dinamitar dicha fuente de trabajo. El extremismo verbal del mandatario suena a decisiones terminales para acobardar los reclamos y servir como muestras de cumplimiento al ajuste firmado con el Fondo Monetario Internacional.

En el centro del país los directivos de Luz y Fuerza de Córdoba realizaron una grave denuncia contra el gobernador Juan Schiaretti por la presentación de los balances de la Empresa provincial de la Energía de Córdoba (EPEC).

El doctor Miguel Ortiz Pellegrini, abogado de los trabajadores, explicó sobre la presentación judicial a la revista “Electrum”, órgano oficial del sindicato cordobés:

¿Cómo se caratula la denuncia?

El nombre del delito está contemplado en el artículo 309 del Código Penal y es Ofrecimiento Fraudulento de Títulos Públicos.

Como dijo el Secretario General, se trata de cotizar en Bolsa y tiene un tratamiento especial muy delicado en el país y por supuesto en el exterior. Como para que tengan una idea, la empresa argentina Loma Negra –una de las más importantes, cotiza en Nueva York desde hace unos meses—, por no haber informado la situación económica del país ha sido denunciada ante los tribunales de Estados Unidos por incumplimiento de lo que se llama prospecto, que es la emisión de títulos públicos. En el caso de EPEC, lanza títulos públicos al mercado que se cotizan en Bolsa con un balance que nosotros denunciamos como falso porque de tener pérdidas, sorpresivamente la empresa tiene un saldo positivo que dura el tiempo necesario para la emisión de títulos. Ni bien son emitidos en agosto de 2017, empieza a funcionar este proceso delicado de cotización en Bolsa. El 8 de junio pasado dictan un estado contable donde indican que de un balance positivo de 4.500 millones, ahora pasan a perder 1.600 millones. No sabemos cómo mágicamente un balance que arrojó tanta ganancia se transforma en 76 días en una enorme pérdida.

¿Por qué van a la Justicia Federal?

Porque está afectado lo que se llama el Mercado Financiero de la Nación, es decir, la credibilidad pública de la Nación Argentina, y esto da posibilidad que cualquier tenedor de esos títulos pueda pedir la ejecución de las garantías que es la coparticipación provincial. Esto no tiene antecedente en el país. No se puede jugar así con los títulos públicos.

Y aclaro algo, dentro de los compromisos asumidos por EPEC figura el no modificar toda su estructura laboral, lo cual está planteado y firmado públicamente, y todos sabemos que no sólo lo han modificado sino que además hay cesanteados, sancionados… Cualquier persona que invierta en la Bolsa con estos títulos debe pensar que es una joda.

Por otro lado, el día miércoles se realizó la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde el gobierno pretende discutir las garantías consagradas en el convenio colectivo de trabajo. No solo el gobierno nacional pretende terminar con conquistas históricas de los convenios colectivos sino también el gobernador de Córdoba. El único vínculo político conocido entre ellos es su pasado común en la empresa Fiat.

La complicación política que trae aparejada la financiación de las campañas políticas, agregadas a las consecuencias sociales que producen los tarifazos y la recesión, ya no pueden ser disimulados por los safaris humanos que pergeña el juez Claudio Bonadío con fotocopias en mano de presuntos delitos. Esta espiral creciente de crisis política se deberá resolver en el Parlamento, o democráticamente en las calles. El próximo miércoles será la oportunidad de articular los dos escenarios: o sale la legalización de la IVE en un escenario de una enorme movilización o se niega ese derecho y el Poder Legislativo quedará también de espaldas al pueblo. La democracia está en tensión después de 17 años de haber superado su peor crisis.

 

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