MALHECHORES DEL MUNDO
La inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, de pie sobre un banquito para aumentar su estatura, ante un recinto semivacío por la deserción de legisladores hartos de escuchar ensoñaciones y recibir insultos sin poder contestarlos; la designación por decreto de dos comisionados del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, uno de los cuales aún no ha sido aceptado por el repentinamente timorato tribunal; el insólito pedido de renuncia al gobernador de Buenos Aires para que los Hermanos Milei se hagan cargo de facto de la seguridad, y las derivaciones del lanzamiento de Libra, con el sello de calidad del gobierno nacional, que para la revista de negocios Forbes es el mayor cripto-robo de la historia, marcan la transición de una crisis política a otra institucional, donde se pone en juego algo más que la suerte de una administración. Según Forbes, que cita a una firma de análisis de blockchain, unos pocos afortunados se embolsaron 180 millones de dólares. Ante la menguada asamblea legislativa anunció la posible salida del Mercosur y enumeró un catálogo de reformas de inocultable pulsión punitivista, incluyendo el aumento de penas para todos los delitos del Código Penal. Con regocijo lo repitió de modo enfático: todas. También anunció que enviará al Congreso un acuerdo con el FMI que no existe, porque las exigencias del Fondo contradicen la política oficial. Con una referencia irónica mostró su nerviosismo por las repercusiones del caso $Libra.
En su segundo tuit, después de la medianoche del sábado, Milei dijo que no estaba interiorizado con el emprendimiento, con el que "obviamente no tengo vinculación alguna". Pero, en sus propias palabras, lo apoyó.
En la plataforma Pump.fun se creó esta semana un nuevo token, denominado Mileicoin. Pero igual que en el caso de los anteriores, las únicas maneras de atribuírselo al Presidente serían
- Si el propio Milei confesara.
- Si se demostrara que controla las claves privadas de la billetera que creó Mileicoin.
- Si se hallara un contrato inteligente con la firma digital de Milei.
- Si familiares o colaboradores testimoniaran.
- Si un análisis forense de los dispositivos electrónicos o cuentas en línea de Milei, hallara correos electrónicos, mensajes o archivos relacionados con la creación del token.
No hace falta la Inteligencia Artificial para saber que nada de ello ocurrirá. Milei negará hasta el día del juicio final y no hay juez argentino dispuesto a secuestrar o peritar su computadora o su teléfono. Si alguna instancia internacional quisiera hacerlo, ya sería tarde, porque hoy ya se cumplen dos semanas del hecho.
La aparición de una falsa cuenta de Amalia Yuyito González, que pide mayor participación en el negocio y amenaza con revelar intimidades, y la llamativa ausencia de recriminaciones de Milei a quienes lanzaron la criptoshit luego de numerosos encuentros con él y con su hermana, sugiere que alguien está extorsionando al Presidente. A culpas compartidas, silencio recíproco, mientras fuera de cámara se negocia una salida.
La Justicia y la UTI
En buena parte de los análisis sobre la shitcoin o memecoin Libra se da por sentado que, dado su historial, la justicia argentina no esclarecerá lo ocurrido. Tampoco se toma en serio la red de protección tendida con la UTI (que no significa Unidad de Terapia Intensiva). La conduce la jefa de gabinete del Ministro de Justicia. ¿Una valiente señorita encargada de seguir la pista del jefe de su jefe? No. Una encargada de impedir que se filtre a la opinión pública cualquier dato incriminatorio, según el explícito texto de su designación. Del mismo modo, se censuró la ubicación de los reporteros gráficos y los periodistas en la Asamblea Legislativa de anoche, tal como hizo Donald Trump en Estados Unidos.
Descartada la instancia nacional, ¿los responsables deberían preocuparse por la intervención del FBI, de la Comisión Nacional de Valores y de los tribunales estadounidenses?. No parece tan seguro. Recién el viernes el diario New York Times reseñó los pormenores de la crisis investigados por periodistas y blogueros locales. La única novedad es que el diario asocia el lanzamiento de Milei con el que realizó el Presidente Donald Trump un mes antes. "Esa moneda, $Trump, generó enormes ganancias para los iniciados y un acumulado de 2.000 millones de dólares en pérdidas para más de 800.000 otros inversores", afirma.
La Chainsaw y el memecoin Trump
Desde que asumió su segundo mandato, Trump está desmantelando las regulaciones y castigos establecidos durante décadas para todo fraude empresarial. Su declarado objetivo es la defensa de los intereses corporativos y, específicamente, de las criptomonedas. El memecoin con su nombre lo enriqueció tres días antes de reasumir la presidencia.
Sus tokens se comercializaron con una imagen de Trump levantando el puño sobre la palabra Lucha, la respuesta de Trump a un intento de asesinato. El sitio web que vende esos tokens aclara que son expresiones de apoyo y no una oportunidad de inversión. Pese a ello se lanzaron a 10 dólares cada una y se dispararon a 75, antes de desplomarse. Al presentar el caso, la agencia de noticias AP informó que las monedas meme pueden ser utilizadas por estafadores que buscan hacer una fortuna rápida a expensas de inversores desprevenidos.
Y otro tanto hizo su esposa, la ex modelo eslovena Melania Knavs, quien recurrió para ello a los mismos emprendedores dudosos que Milei, con parecido resultado, el tirón de alfombra que deja un tendal de estafados.
El memecoin con su nombre subió 24.000% en pocas horas, con el 90% en un solo monedero cripto y luego cayó a plomo. Si te he visto, no me acuerdo.
En su primera conferencia de prensa ya como Presidente, Trump jugó la misma carta de la ingenuidad que semanas después repetiría Milei. "No sé si me benefició. No sé mucho al respecto, aparte de que lo puse en marcha. Escuché que tuvo mucho éxito. No lo he comprobado. ¿Dónde está hoy?” Igual que Milei, Trump había prometido en julio que convertiría a Estados Unidos en la "capital criptográfica del planeta". Dijo que era "una forma de hacer las finanzas grandes de nuevo".
Plata dulce, para algunos
Estados Unidos está familiarizado con este tipo de apuestas, como detalla el libro de Jacob Silverman, Easy Money: Cryptocurrency, Casino Capitalism, and the Golden Age of Fraud. Es decir Dinero fácil: criptomoneda, capitalismo de casino y la edad de oro del fraude.
O sea, veamos, es decir, Milei es audaz pero no original.
Es posible que un juez federal y una Cámara de Apelaciones de Nueva York sean más severos que sus homónimos argentinos si se trata de una estafa contra estadounidenses. Pero en Washington también hay una Corte Suprema de Justicia, que no es menos militante y corrupta que la que sesiona en la calle Talcahuano de Buenos Aires, antes o después de la jura de Manuel García Mansilla Baring y el standby de Ariel Lijo.
Dos de los justices de esa SCOTUS han sido acusados de gravísimas violaciones éticas, al recibir dádivas de judiciables. Y un tercero fue acusado por varias mujeres de ataque sexual cuando eran compañeros de estudios. Los regalados son Samuel Alito y Clarence Thomas. El multimillonario Paul Singer invitó al juez Alito a una excursión de pesca con todo pago en Alaska, cuando tenía una causa en la Corte, que Alito falló a su favor. Después dijo que veía tantas causas, que no sabía que esa era de Singer.
Durante dos décadas Thomas recibió generosos regalos del multimillonario Harlan Crow (que en inglés quiere decir cuervo). Esto incluyó frecuentes viajes en sus aviones o su super-yate, además de la adquisición y remodelamiento de la casa de la madre del juez y el pago de los estudios de su sobrino nieto. La esposa de Thomas, Ginni, es una activa militante de la derecha anti-woke. Thomas fue designado por Bush padre y Alito por Bush hijo, a quien también debe su cargo el presidente del tribunal, John Roberts.
El denunciado por ataque sexual fue Brett Kavanaugh, uno de los tres jueces que Trump designó en la Corte. Cinco denuncias, dos de ellas anónimas remiten a sus años de estudiante. Deborah Ramirez, compañera de clase en la Universidad de Yale, dijo que Kavanaugh le exigió que tocara sus genitales cuando ella había bebido de más. Christine Blasey Ford dijo que en estado de ebriedad, Kavanaugh la tiró sobre una cama e intentó quitarle la ropa. Julie Swetnick dijo que Kavanaugh estuvo presente en una fiesta en la que fue drogada y “violada en grupo”. No obstante, el Senado se negó a profundizar la investigación y confirmó a Kavanaugh.
Las designaciones de Kavanaugh, Neill Gorsuch y Amy Coney Barret, sumados a Thomas, Alito y John Roberts, le dan una cómoda mayoría de 2/3 de sus miembros. En algún caso puede reducirse a 5/4 si un magistrado conservador sienta que le piden demasiado. Alguna vez puede ser Roberts, otra Coney Barret. Además, por primera vez la mayoría de los jueces de la Corte son católicos.
Inmune, como Pinochet
- En julio de 2024, ese tribunal estableció que el Presidente tiene inmunidad contra el enjuiciamiento por cualquier acto oficial realizado en ejercicio de sus funciones. Es el mismo argumento de la defensa de Pinochet en el juicio de extradición de 1998, que los law lords del tribunal supremo británico rechazaron. Trump lo había anticipado, cuando dijo que podría dispararle a los transeúntes en la Quinta Avenida sin que le ocurriera nada.
- El 12 de febrero de este año un decreto presidencial suspendió la vigencia de la ley que desde 1977 castigaba las prácticas corruptas en el exterior.
- El 21 de febrero la Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, desistió de las acciones legales contra Coinbase, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas.
En 2023, cuando gobernaba Joe Biden, la SEC denunció que los clientes de Coinbase podían sufrir perjuicios financieros al adquirir esas monedas digitales, que no eran valores registrados. Al asumir Trump, presentó su renuncia el presidente de la SEC, Gary Gensler, defensor de la mayor regulación de las criptomonedas. El sucesor Paul Atkins fue presentado por Trump con una definición categórica: "Cree en mercados de capitales innovadores y robustos que respondan a las necesidades de los inversores y que proporcionen capital para hacer de nuestra economía la mejor del mundo". Atkins era vicepresidente de la Token Alliance, favorable a los activos digitales, y fue asesor de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, con participación en los cuatro primeros bancos argentinos. Mientras Atkins aguarda la confirmación del Senado, lo suple como interino Mark Uyeda, otro firme partidario de terminar con lo que llamó la guerra contra las criptomonedas.
Inmediatamente después de las elecciones presidenciales, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, se reunió en privado con Trump. Según el Wall Street Journal analizaron la designación de nuevos funcionarios. Su hermana, Kathryn Armstrong Loving, forma parte del equipo de Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Al mismo tiempo, Coinbase incorporó a su Consejo Asesor al codirector de la campaña de Trump, Chris LaCivita.
Money, money, money
La organización no partidaria OpenSecrets dedicada al estudio del dinero en la política señala que Coinbase invirtió más de 46 millones de dólares para influir en las elecciones de 2024. Esto fue solo una fracción del aporte de un trío de defensores de las criptomonedas, que donaron 130 millones de dólares para "elegir un Presidente y miembros del Congreso favorables a las criptomonedas", según informó OpenSecrets en vísperas de la votación de noviembre pasado.
Public Citizen, una ONG en defensa de los consumidores, creada en 1971 y con medio millón de sostenedores, opinó que el aporte de Coinbase era ilegal porque la empresa es contratista del gobierno federal. Como frutilla del postre Coinbase donó un millón de dólares para la ceremonia de asunción presidencial de Trump. El presidente de Public Citizen, Robert Weissman, dijo que "el abandono de la SEC de su caso contra Coinbase demuestra que la avalancha de aportes de campaña de la industria de las criptomonedas ha dado sus frutos".
"La demanda contra Coinbase, ahora abandonada, implicaba la afirmación más básica de la autoridad de la SEC: las ofertas de criptomonedas de Coinbase son en realidad valores y deben registrarse y regularse como tales", dijo Weissman. "Retirarse de esta afirmación básica es un regalo para la industria, que solo se puede entender a la luz de su enorme gasto político en las últimas elecciones". Weissman asegura que advendrá una crisis de las criptomonedas. En ese momento, la decisión de la SEC de retirar su demanda contra Coinbase "pasará a la historia" como una de las responsables de empeorar sus efectos. El apuro de Trump por abandonar las acciones judiciales y las regulaciones "contra los delincuentes y malhechores corporativos", no sólo abandona a quienes ya han sido perjudicados, sino también es "una invitación a una ola de delitos corporativos y a una epidemia de maldad corporativa. Estadounidenses, tengan cuidado con la cabeza, con sus billeteras y con sus espaldas", advirtió Weissman.
De Teddy Roosevelt a Jimmy Carter
El abandono del escrutinio oficial a las empresas cripto y la suspensión de la ley de prácticas corruptas en el exterior, retrotraen más de un siglo la relación entre el Estado y las grandes empresas. Otra coincidencia con Milei, que añora como modelo la Argentina de 1910. En ese sentido, Trump se erige en el anti Teddy Roosevelt y el anti Jimmy Carter, los Presidentes que en el siglo XX procuraron limitar la influencia de las grandes fortunas sobre la limpieza en los negocios y la transparencia del proceso electoral. Como primer Presidente del siglo XX, Roosevelt puso en práctica leyes antimonopólicas para fomentar la competencia, que obligaron a dividirse a compañías que se habían apoderado de la parte del león en los respectivos mercados. Además de la ley Sherman, Roosevelt reguló las tarifas ferroviarias, creó un departamento de investigar y regular las actividades de Comercio y Trabajo. También dispuso controles bromatológicos de la carne para consumo y promulgó una ley de alimentos y medicamentos puros. Por incumplimientos a esas leyes llevó a la Justicia a grades empresas como Standard Oil y American Tobacco. También promulgó en 1907 la Ley Tilman que prohibió la contribución directa de las empresas a las campañas electorales.
En 1933 y 1934 su sobrino, Franklin Delano Roosevelt, promulgó leyes que llevaron a la creación de una Comisión Nacional de Valores, la SEC. Procuraba defender las inversiones del público arruinado por la Gran Depresión iniciada en 1929 e impedir el fraude y la manipulación. Desde que aparecieron las criptomonedas, distintas agencias se disputan su control, como la SEC, la Comisión de Negociación de Productos Futuros y el ente recaudador de impuestos (IRS). En 1977, bajo el impacto de Watergate y de la guerra perdida en Vietnam, Laos y Camboya, el Presidente Carter promulgó la ley que castiga prácticas corruptas en el exterior de empresas estadounidenses o extranjeras que cotizan en Estados Unidos. Ya en este siglo las leyes de Campañas Electorales Federales (FECA) y de Reforma de Campañas tendieron a restringir aún más la influencia del dinero en la elección de los gobernantes, al limitar los aportes de empresas y personas y obligar a su identificación.
El DOGE de Elon Musk, que adoptó como emblema la motosierra que le regaló el Presidente argentino, la emprende contra todas esas regulaciones, de una forma similar a la que utilizan aquí los Hermanos Milei y su Coloso. Y con idéntica imprecisión en los datos. Un equipo de seis investigadores del New York Times estableció que los cinco principales ajustes de los que se jactó Musk no eran tales:
- Un anunciado recorte de 8.000 millones de dólares en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en realidad era de 8 millones.
- Tres recortes de 655 millones de dólares en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, AID, eran solo uno que se contabilizó tres veces.
- Un recorte de 232 millones de dólares en la Administración del Seguro Social, no superaba en realidad una pequeña porción, de 560.000 dólares.
- El ahorro de 1.900 millones de dólares en el Departamento del Tesoro ya se había producido antes de la creación de DOGE, bajo la presidencia de Joe Biden.
Piedra libre
En 2010 la Corte Suprema estadounidense invalidó las restricciones a los aportes empresariales en las campañas políticas. Su simpático argumento fue la defensa de la libertad de expresión. Se crearon así Super Comités de Acción Política (SuperPacs), habilitados para recaudar y donar cuanto quieran, siempre que no se coordinen con las campañas y actúen como independientes. Sin entidades como La Sociedad Federalista, que orientó la acción de los SuperPacs en contra de cualquier candidato que no fuera de derecha, Trump no hubiera llegado a la presidencia ni su agenda sería tan explícitamente pro corporativa. Tampoco existiría el inquietante proyecto 2025, hoja de ruta de su primer año de gobierno para socavar el estado de derecho, la división de poderes, la separación entre Iglesia y Estado y las libertades civiles.
Sin lugar a dudas, ese es también el formato que persigue en la Argentina el gobierno de los Hermanos Milei. El nombramiento en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla Baring es un paso en esa dirección, de resultado incierto, dadas las resistencias que produce en los otros dos poderes constitucionales. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le tomó juramento a García Mansilla Baring, algo coherente desde que tanto él como Carlos Rosenkrantz aceptaron el mismo atajo cuando los designó Maurizio Macrì. Ante el rechazo inicial del Senado, Macrì sometió sus candidaturas al procedimiento constitucional como le aconsejó Mickey Vainilla y obtuvo el acuerdo. En cambio, la Corte demora la decisión respecto de Ariel Lijo, quien pidió licencia como juez federal de primera instancia. Como de costumbre, los detalles burocráticos y las conveniencias políticas prevalecen sobre la norma constitucional, y se explica por el temor de que Lijo forme un bloque en la Corte que le permita a Ricardo Lorenzetti volver a presidir el tribunal, como durante los mejores once años de su vida. Rosatti, en su manual de Derecho Constitucional fulminó esas comisiones. Advirtió que ese mecanismo para la designación de jueces complicaba su estabilidad. Señaló que fue contemplado en la Constitución del siglo XIX cuando el receso parlamentario se extendía desde octubre hasta abril, pero que no se justifica en la actualidad. Agregó que no queda claro si el Poder Ejecutivo podría proponer otro candidato mientras dura el mandato temporal del juez en comisión, lo que indefectiblemente lo coloca en un lugar de precariedad para el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Este año el receso del Senado durará menos de una semana, es decir que podría expedirse sobre el tema. De hecho, el estéril argumento oficial es que no quiso pronunciarse. De modo que el Poder Ejecutivo decidió sustituir al Senado. Con esta lógica, cada año podría designar jueces en comisión hasta el fin del periodo de sesiones ordinarias, y entonces reemplazarlos por otros. En este punto, artículo 99, inciso 19, la Constitución es taxativa: el Ejecutivo solo puede cubrir en comisión vacantes producidas durante el receso, lo cual no es el caso. Esta Corte es la misma que en 2021 desplazó al Congreso al resucitar la derogada ley del Consejo de la Magistratura, que hizo presidente del organismo al propio Rosatti. La ilegalidad es manifiesta, de modo que, si querés, podés cantarle a Gardel.
El 28 de agosto pasado, al presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado, García Mansilla Baring dijo que el mecanismo es constitucional pero que él no aceptaría ser nombrado por decreto en comisión, para no generar descrédito en la justicia y falta de independencia en causas que interesen al Poder Ejecutivo. La Senadora Anabel Fernández Sagasti lo interrogó entonces sobre la designación por decreto de Rosatti y Rosenkrantz. Ahora García Mansilla Baring deja trascender que fue una pregunta hipotética y que todo depende del contexto en que ocurre cada cosa. La única diferencia evidente es que esta vez no se trata de Rosatti, sino de él mismo.
La intervención federal
Por supuesto que Axel Kicillof no renunciará porque se lo pidan Milei y sus trolls. Pero aun si lo hiciera, el gobierno nacional no podría intervenir Buenos Aires, porque esa es una atribución del Congreso, donde carece de votos para lograrlo. El reagrupamiento del albertismo en La Plata, con el ministro Gabriel Katopodis, la diputada Derrota Dolosa y la conducción en pleno de la CGT, denunció tamaño atropello. La novedad es que el kirchnerismo acudió en auxilio del gobernador, con sendas declaraciones de los presidentes partidarios, Máximo Kirchner en Buenos Aires y CFK en el justicialismo nacional. El problema no es con un gobernador, sino con la institucionalidad democrática. Milei es capaz de unir el agua con el aceite.
La música que escuché mientras escribía.
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