Prepagas de fiesta

 

 

El pasado Día de los Enamorados no solo fue el punto de partida para el lanzamiento de la memecoin LIBRA, que catapultó la tormenta de la criptoestafa libertaria. También nos dejó de regalo una segunda estafa, quizás más agraviante que la anterior.

Nos referimos al decreto 102/2025, que modifica un punto sensible de la ley de medicina prepaga 26.682 promulgada en mayo de 2011. El decreto pasó desapercibido porque está confeccionado por equipos de profesionales que saben cómo aumentar generosas tajadas de plusvalor bajo el discreto encanto del silencio, al estilo de la vieja escuela, y no por un grupo de jóvenes incel que llaman al Presidente de la Nación “mi negro”, obligados a borrar videítos y esconder contratos de los que se ufanaban hasta el mes pasado.

Con un Día de los Enamorados como este se añora el verso de Violeta Parra que gritaba (junto con Alberto Zapicán) “maldigo el vocablo amor con todas sus porquerías”.

El decreto habilita el aumento unilateral por parte de las empresas de salud, modificando el artículo 17 de la ley vigente. Los aumentos ya venían dándose desde el balotaje de 2023, con lo cual no son algo nuevo. El cambio radica en que el antiguo artículo establecía que las empresas podían aumentar los valores “respetando las proporciones tanto de las cuotas puras de todos los socios, como de los valores adicionales preexistentes”. La nueva adenda levanta esos pruritos jurídicos y morales. Las empresas pueden aumentar lo que deseen a las cápitas y cohortes etarios que quieran. De hecho, ahora están facultados a aumentar hasta el triple las cuotas o los adicionales a los servicios de las franjas etarias más avanzadas, respecto de las iniciales.

En condiciones normales esto habilita pingües ganancias con el mercado de tratamientos específicos a los adultos mayores. Imagine la lectora o lector lo que este articulo habilita en caso de una pandemia que tenga a esa misma cohorte etaria como pacientes. Además de estos posibles escenarios, hay objetivos organizativos a mediano plazo. Este tipo de acciones son las que quienes se dedican a la economía política de la atención sanitaria denominan “estímulos” del mercado. Cargar los costes de esta forma antojadiza es una manera de “estimular” el ingreso a la prepaga desde joven. Si usted, junto con Fito Páez, nació “en el ‘63, con Kennedy a la cabeza”, fuma desde la guerra de Malvinas, además de tener algún que otro kilo de sobrepeso, entonces prepárese a recibir el castigo de las prepagas. Si además se identifica como mujer, no ha sido diligente con sus controles ginecológicos y posee algún antecedente de enfermedades neoplásicas en su familia, prepárese para una factura cuantiosa por adicionales.

El espíritu del decreto 102 es “liberar las restricciones de los valores de las cuotas del subsistema de medicina prepaga para fomentar la competitividad en el Sistema de Salud”. Hay confesión de parte y nada de esto sorprende. Sí es llamativa la velocidad con que ese decreto estaba preparado e integrado al árbol de decretos del 70/23. Son evidentes los acuerdos de cúpulas. También es llamativo el enésimo intento de invocar la figura del mercado como el dinamizador predilecto de la atención en salud, sea que hablemos de la medicina local o de la internacional.

 

La competitividad decide sobre tu cuerpo

La pregunta sería: ¿por qué invocar el añoso fantasma del mercado en el sector salud? La primera respuesta es: porque la salud pública (las responsabilidades del extinto Ministerio de Salud) sufrió un recorte presupuestario formidable, que impactó de lleno en los grupos profesionales, los espacios, las tecnologías y los insumos con los que se lleva adelante la atención. En el pintoresco lenguaje administrativo, se está generando un “área de vacancia”. En los términos críticos clásicos, el decreto 102 busca generar un ejército de pacientes de reserva en el sector salud. Esto es, expoliar los derechos, capacidades y recursos de la demanda en salud para tonificar el apetito de ganancias de la oferta. Por ejemplo, sacar los medicamentos reconocidos por ley a los adultos mayores, retirando el beneficio de PAMI, o elevándolos a la jerarquía de venta libre, para luego esperar a esos mismos viejos en la farmacia con un índice de precios al consumidor en salud (IPC) de más de 100% de variación interanual.

Este tipo de broma en manos de los cruzados del mercado no es nueva, porque las disputas entre la medicina pública y la privada son visibles y potentes al menos desde 1983. Y claro que tampoco son una potestad local, porque ese tipo de disputa atravesó la medicina occidental durante el intenso siglo que va desde la finalización de la Primera Guerra Mundial hasta la pandemia de Covid-19. Los temas puntuales en esas luchas han sido variados. Pero hay algunos que han gravitado más que otros, como por ejemplo la disputa sobre si la salud es un derecho o una mercancía.

Esa disputa gravitó con fuerza en los países que intentaban reponerse del desastre de las dos guerras mundiales, y de la crisis económica de 1929 provocada por los choznos de los actuales libertarios. Es una historia fascinante y lo suficientemente compleja como para detenerse aquí. Solo se dirá que las disputas sobre los intentos de mercantilizar las prestaciones de salud son constitutivas de la Guerra Fría y los Estados de bienestar, hasta la crisis del petróleo y el ascenso de los neoconservadurismos en los años ‘70.

Surgieron de esa disputa opciones tan antagónicas como el Comisariado de la Salud Publica en la URSS (1918), y el National Health Service británico (1945), que llevaron la consigna de la salud pública gratuita a su máxima expresión, y frente a ellos la utopía de la medicina mercantilizada en Estados Unidos, donde florecieron las modernas corporaciones en salud, que incluso hoy día controlan (y bloquean) cualquier intento de articular una cobertura pública en salud, como por ejemplo el “Obamacare”. El acceso a prestaciones de salud en Estados Unidos es un bien de lujo y caro, núcleo duro de su sistema de desigualdades sociales.

 

Postales de la coyuntura anarcocapitalista

Se dijo que el decreto 102 formalizaba una situación de curso real durante todo 2024. En tal sentido es útil considerar las diez filminas del Power Point con que Presidencia de la Nación intenta transmitir el punto fuerte de la filosofía minarquista local, es decir la “desacelaración de precios” [1].

Con chismes estadísticos de principiantes (atribuir a la gestión saliente un pico de 42% de inflación en diciembre del 2023, producida por sus propias decisiones, y luego atribuirse el porcentaje de aumento salarial acordado por el sistema paritario de esa misma gestión saliente), la presentación invita a concluir que durante los diez meses medidos del año 2024 (enero a octubre) hubo una fuerte desaceleración de precios, porque la canasta de medicamentos aumento el 100% mientras que los salarios habrían aumentado el 137% según la apreciaciones del INDEC (filminas 5 y 8).

Por el contrario, si se toma una medida que contemple los ocho meses que van de marzo a octubre de 2024, el panorama cambia en forma sustancial. La primera fecha responde al salario pactado con el criterio minarquista, sin las adendas de los convenios colectivos de la gestión anterior. Y la segunda es la última disponible con datos sobre el IPC en salud completo reconocido oficialmente. El 3,1% de variación salarial reconocido por el INDEC a diciembre del 2024, multiplicado por los ocho meses da un 24,8% de variación salarial total. Por su parte, el aumento del IPC en salud ofrecido por el Ejecutivo nacional da 34,4%, con un llamativo 10% por arriba de los más acomodados de los salarios, es decir los del sector privado.

Las mediciones del CEPA focalizan sobre la variación del IPC de los medicamentos más utilizados por los jubilados. Los datos son tan contundentes como los anteriores. Los precios aumentan en promedio 102%, la inflación interanual entre enero de 2024 y de 2025 es del 84%. Es decir que los precios aumentaron un 18% por encima. La pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas con bonos es de más del 40%. Es decir, el jaqueo del poder adquisitivo es un movimiento de pinzas, más si se recuerda que esas cifras perdieron el contexto de las políticas públicas en salud, en especial del Plan Remediar [2].

Es claro que el decreto 102 viene a profundizar un nuevo intento de interpretar la atención en salud como mercancía. En un año en que la libertad solo fue para los grupos y fracciones más acomodadas de la clase capitalista, las corporaciones de salud local estuvieron a la vanguardia.

En las utopías mercantilistas de las clases medias y altas locales, Estados Unidos es Miami Beach y la Quinta Avenida, no los barrios marginales de la Detroit desindustrializada. Algo similar ocurre con el mercado de salud. Estados Unidos es sinónimo de medicina de alta complejidad cara, de “turismo médico” para quienes quieran acceder a cirugías estéticas onerosas, a subrogación de vientres sin demasiados controles, y en general a intervenciones médicas amparadas en la eugenesia de mercado, es decir, solo sujetas al deseo y poder de compra del consumidor. Poco se sabe (o se quiere saber) sobre el otro lado de la luna.

Por ejemplo, las pasmosas asimetrías que sufren los sectores más vulnerables de su población, mayormente trabajadores, migrantes o descendientes de migrantes, o afroamericanos, entre otros. Pocas opiniones hay sobre los turbios negociados que las poderosas instituciones médicas del sistema hacen con las grandes coberturas públicas. Tampoco se sabe mucho sobre medidas básicas en la salud de la población, como por ejemplo las diferencias en la esperanza de vida de los sectores acomodados y del mundo del trabajo, o de la propia esperanza de vida de Estados Unidos vis a vis los otros países metropolitanos incluidos en la OCDE, por no mencionar la compleja situación de la mortandad infantil en el primer año de vida, las quejas por el incumplimiento de los seguros de salud o las demoras en la atención médica. Todos esos valores (y algunos más) hacen que la salud pensada como mercancía se aleje de un concepto básico para la economía política, como es el hecho de que una población saludable es beneficiosa para la economía del país en cuestión.

 

 

 

* Pablo Souza es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Historia Social de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina en la Universidad Nacional de San Martín.

 

[1] Informe de Precios de Medicamentos en Argentina.

[2] Informe sobre los medicamentos más consumidos por las personas mayores en Argentina: enero 2025.

 

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