Dos presos como ofrenda

Incendios en El Bolsón

Por Susana Lara

 

“Prisión para quienes atenten contra El Bolsón”, determinó Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, desde su cuenta personal de X, planteando el discurso institucional para la temporada 2025, de contornos tan amplios como imprecisos. La doctrina de verano de incendios la aplica el Poder Judicial local, tal como se advierte al menos en tres legajos abiertos en la circunscripción andina, mientras continúan ardiendo dos incendios en la provincia que suman más de 15.000 hectáreas consumidas. No es la primera vez que este gobernador ordena al Poder Judicial a quién perseguir. Durante su mandato anterior, por la prensa, le indicó con nombre y apellido los supuestos culpables de la crisis de los supermercados en diciembre de 2012 en Bariloche, por la que un grupo de activistas sociales estuvo en prisión largo tiempo. Ante la crisis que desataron los incendios, Weretilneck muestra una estrategia criminalizadora propia, a diferencia de su par de Chubut, Ignacio Torres, que sigue a pie juntillas el digesto de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

Dos hombres sin relación entre sí llevan la carga más pesada hasta el momento, privados de la libertad por supuestos intentos incendiarios de focos que nada tienen que ver con el origen del siniestro, en la confluencia de los ríos Azul y Blanco, en una zona rural ubicada entre Bariloche y El Bolsón, el 30 de enero pasado. Nicolás Damián Heredia, obrero de la construcción de paso por EL Bolsón, y Jorge Hermosilla, vecino de la localidad andina, cumplen prisión preventiva en tanto el Ministerio Público Fiscal sostiene casos muy endebles. Mejor suerte corrió, hasta el momento, un grupo de seis amigos profesionales, que participó como voluntario en las jornadas iniciales de combate contra el fuego en la zona de chacras. La extracción de clase de este grupo y el vínculo familiar de una de las mujeres pudieron haber inclinado la balanza en favor de su presunción de inocencia.

 

 

Voluntariado

La zona de la comarca andina del paralelo 42 tiene una dinámica social de integración y alta movilidad entre los habitantes de El Bolsón (y su extensa área rural cercana) y sus vecinos de Chubut: El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y El Maitén. Los vecinos de la comarca comparten, además, prácticas autogestivas, solidarias y de autonomía respecto del Estado. Esos rasgos se expresan ante y durante el combate de los incendios, en el pasado y en esta ocasión.

El jueves 30 de enero comenzó el incendio. El domingo 2 y el lunes 3, seis amigos de El Hoyo se movilizaron por decisión propia y por sus propios medios, poniéndose a disposición de una coordinación local que gestionaba los aportes voluntarios. Así, este grupo llegó a una chacra junto al río Azul, alcanzada por las llamas cuando los amigos estaban en el lugar, junto a decenas de otras personas, los propietarios y combatientes del servicio público provincial. Hasta el jueves pasado, la Fiscalía de Bariloche insistió en formularle cargos por el presunto incendio de una chacra, cuando ni siquiera las autoridades técnicas de la policía aseguraban que hubiera sido intencional. Ese día, a esa hora, simplemente el fuego pudo haber saltado la barrera natural del río, avanzando de oeste a este. Este grupo sufrió allanamientos en sus domicilios, y quedaron dos mujeres detenidas en Dina Huapi y otrxs en Bolsón hasta el sábado 8 de febrero.

Tronaron los teléfonos del Juzgado ese sábado, con actividad inusual. Una de las mujeres es familia de Alejandro Raúl Alberto Pérez Chada, abogado penalista que tiene vínculo personal con Mauricio Macri desde hace 25 años. Además, tiene residencia en el country Arelauquen, junto al lago Gutiérrez, lo que contribuye a que su apellido sea algo familiar en algunos espacios.

Lo cierto es que Ricardo Calcagno, juez de Garantías que dispuso la libertad del grupo de El Hoyo, se mostró inusualmente garantista durante esa audiencia y rechazó el pedido de formulación de cargos que impulsaba la Fiscalía. Martín Lozada, jefe de fiscales de Bariloche, insistió la última semana sin éxito ante Marcelo Álvarez Melinger, juez de Revisión.

Calcagno desarrolla su carrera judicial en Bariloche. Su perfil criminalizador y antimapuche tuvo momentos descollantes antes de la reforma judicial que lo transformó, irónicamente, en juez de Garantías. Él fue quien desató una cacería por los barrios populares requisando pan dulce, yerba y sidra presuntamente robada en supermercados de Bariloche y dispuso la prisión de cinco integrantes de la cooperativa Primero de Mayo, supuestos instigadores de saqueos y destrozos. Todo entre diciembre de 2012 y enero de 2013, otro verano caliente. En aquella ocasión, Weretilneck se reunió con Calcagno el 12 de enero y al día siguiente detuvieron al grupo. Las tres mujeres fueron separadas de sus hijxs y trasladadas a Fiske Menuco (General Roca); los varones, a Viedma. 

Este vínculo explícito permite poner en duda la posición garantista de Calcagno en esta oportunidad, en favor de la acción lícita del grupo voluntario. El Calcagno auténtico se mostró contra Heredia, en la misma semana.

 

 

Preso político

“No seré el mismo cuando salga de acá”, le dijo Nicolás Heredia a una integrante de la Multisectorial contra la Impunidad y la Represión de Bariloche durante una breve visita en el lugar de detención. Referentes de organismos defensores de los derechos humanos, gremiales, políticos y sociales movilizaron ante el Juzgado en reclamo de la libertad del joven de 30 años con prisión preventiva desde el 8 de febrero y por un mes, como presunto autor del intento frustrado de incendio en el área rural de Bolsón. Estos espacios también acompañaron al grupo de El Hoyo durante su detención y las audiencias judiciales.

Este joven estaba de vacaciones alojado en un camping cuando se desataron los incendios. Acompañó al propietario del lugar a combatir como voluntario el incendio. Llevaba una mochila con frutas y un sándwich, que le secuestraron y falta peritar. Su teléfono celular fue peritado y de los resultados parciales no surge ninguna información que lo incrimine, aseguró su defensor en audiencia pública realizada el 21 de febrero. Nelson Vigueras, defensor oficial que lo representa, informó también que no se registraron huellas de Nicolás en la botellita que supuestamente contenía combustible. Es más, la pericia determinó que ni siquiera era combustible al cien por cien el contenido del envase ofrecido como prueba para su detención. 

El último viernes, un tribunal de Viedma confirmó la prisión preventiva del muchacho. Pero los días previos hubo movimientos judiciales que dan cuenta de que es una decisión controvertida. El 11 de febrero, Sergio Pichetto, juez de Revisión, confirmó la detención de Heredia que había dispuesto Calcagno. Su defensor apeló y se fijó audiencia para el pasado viernes 21. En tanto, se conocieron los resultados de dos pericias en favor del muchacho. La Fiscalía pidió el miércoles 19, a las 13, una audiencia urgente para el día siguiente para revisar la medida cautelar. Cinco horas después, la misma Fiscalía pidió anular su propio pedido. La madre y una tía viajaron desde Senillosa, provincia de Neuquén, con el respaldo de la seccional local de ATE. Pero la mañana del jueves 20 se enteraron de que se había suspendido esa audiencia y se volvía a la fecha original del viernes.

 

 

En enero de 2013, urgió discutir a nivel local qué es un preso político. El gobernador publicó una lista de supuestos autores de los saqueos y el Poder Judicial actuó. Ahora, la situación es comparable.

 

 

Gallos y medianoche

Jorge Hermosilla es, tal vez, el más débil entre los débiles en esta coyuntura en que toda una sociedad quedó vulnerable ante el fuego —con su lógica— y el poder operando ante y con el fuego que le costó la vida a un hombre y destruyó en horas los esfuerzos de toda una vida de más de un centenar de familias.

Este hombre estaba pasado de copas cuando, en las primeras horas del sábado 8 de febrero, en las inmediaciones de su vivienda, en un barrio de El Bolsón, inició un fuego en el suelo. Otro hombre a caballo lo encontró, lo grabó en video, lo obligó a apagarlo con sus propias manos y difundió el caso en un grupo de WhatsApp. A las 8:22 el gobernador lo difundió en su cuenta de X.

 

 

En la audiencia pública de control de acusación se confirmó lo que se advierte a simple vista. El hombre había consumido alcohol, tiene un cuadro de epilepsia y hace un tiempo sufrió el incendio intencional de su vivienda, según recordaron dos fuentes de la localidad consultadas. Además, por otro delito cumplió condena hace unos años, lo que hace más difícil que reciba la solidaridad en esta ocasión.

Un hombre desde el caballo —que puede ser percibido desde el suelo como amenaza— obliga a otro a quemarse con las brasas. Y el gobernador de una provincia lo publica sin filtro. Demasiados papeles se quemaron.

 

 

 

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