Memoria suspendida

 

En tiempos del cincuenta aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, se temió lo peor. Lo que iba a significar un acontecimiento histórico en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo en España permaneció suspendido en el tiempo por una decisión judicial de última hora. Hubiera sido la primera vez que un familiar declaraba por una causa de desaparición forzada en un contexto de crímenes contra la humanidad. Carolina Martínez estaba llamada este 20 de febrero a acudir a los juzgados de Paterna, en Valencia, para testificar por el asesinato y desaparición de su abuelo, José Manuel Elías Murcia Martínez, pero le suspendieron la audiencia. “Teníamos mucha ilusión, pero el contexto actual donde la ultraderecha ya está agitando actividades por los cincuenta años del dictador fue clave para frenar a una justicia que lamentablemente nos acostumbró a la impunidad”, expresa Martínez a El Cohete a la Luna. 

La Justicia argentina ocupa un lugar destacado en esta historia. En abril de 2010, familiares de víctimas del franquismo impulsaron una macroquerella por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La jueza María Servini de Cubría, en virtud del principio de justicia universal, asumió el reto. En seis años, cerca de 500 querellantes se habían sumado a la causa. Un intento que, sin embargo, no logró los resultados esperados: España se negó sistemáticamente a cumplir con las órdenes de detención emitidas por la magistrada, además de no poder tomar interrogar a los represores españoles. Aun así, la causa continúa abierta, y en 2020 consiguió tomar declaración al ex ministro de Relaciones Sindicales Martín Villa. “La Argentina es un país fundamental para nosotros en materia de juicios de lesa humanidad y por haber aceptado la macroquerella —acota Carolina Martínez—. Lo preocupante es que ha reaparecido la extrema derecha, reivindicando el signo del terror y la intolerancia. No podemos seguir negando nuestro pasado que resurge en el presente”.

Hace más de cinco años, con el gobierno de Pedro Sánchez, se había ordenado la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. No había sido la única novedad. Más de 50 años después, un tribunal español aceptó una querella contra integrantes de un escuadrón policial que detuvo y torturó a 13 estudiantes en Valencia. Era la primera vez que se abría una investigación por torturas durante el régimen franquista en España. Y a la par, también se reactivó el debate por leyes de memoria histórica junto al trabajo de científicos y familiares de represaliados —como les llaman a los perseguidos políticos— en la excavación de fosas comunes y la búsqueda de los cuerpos. Desde la pandemia, sin embargo, todo volvió a quedar en suspenso.

“La declaración suspendida de Carolina Martínez constituía un hecho reseñable, ya que hasta la fecha la totalidad de las más de 115 querellas presentadas en todo el Estado español por distintos crímenes, como desapariciones forzadas, torturas o bebés robados, ocurridos durante la dictadura franquista, han sido inadmitidos a trámites, a pesar de haberse producido en un contexto de represión generalizado y sistemático contra la población civil. El desamparo judicial a las víctimas es absoluto”, firmaron en un comunicado conjunto la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo (plataforma de apoyo a la Querella Argentina), Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática y la Plataforma de familiares de víctimas de franquismo de las fosas de Paterna. Desde CEAQUA, marcaron que la resolución de los juzgados argentinos “contrasta enormemente con las resoluciones judiciales dictadas por los juzgados y tribunales españoles”, quienes se niegan a investigar los crímenes franquistas. En efecto, desde España viajaron recientemente varias delegaciones para prestar declaración ante la jueza Servini, así como entregar un detallado informe sobre el contexto de los crímenes que tuvieron lugar durante la transición democrática.

Jornalero de profesión, José Manuel Elías Murcia Martínez terminó fusilado y enterrado en la fosa común número 94 del cementerio de Paterna el 6 de noviembre de 1939. Murió con 47 años sentenciado a pena de muerte por “adhesión a la rebelión”, según el tribunal franquista y militar que le condenó por haber sido concejal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Ayora durante la Segunda República. Había sido parte de la Cooperativa Agrícola de Ayora y, aunque descendía de una familia acomodada, defendió durante toda su vida los derechos de los trabajadores. “Ni siquiera tuvo un juicio justo ni legal y no pudo elegir a su abogado. Estuvo en prisión hasta que lo llevaron al paredón de Paterna y fue asesinado por un pelotón militar de fusilamiento junto a 38 personas más y posteriormente arrojado a una fosa común para que sus familiares no lo encontraran jamás”, explica Carolina Martínez, desde España.

Su abuela, también llamada Carolina, quedó sola y sacó adelante a sus hijos en condiciones extremas; pasaron hambre y calamidades durante años, hasta el punto de comer únicamente, durante días, amapolas y plantas silvestres recolectadas en el campo. “Gracias a la ayuda de algún vecino y su constancia, voluntad y el orgullo de no haber hecho nada malo, pudieron resistir modestamente y nunca perdieron las ganas de vivir y el humor. Ella y sus hijos estuvieron durante su vida muy orgullosos de José Manuel por su contribución y labor desempeñada para engrandecer y mejorar la vida de las personas”, reconstruye. 

Aradia Ruiz, abogada de Carolina e integrante de la Cooperativa El Rogle, cita varios  casos en los que la Justicia española anuló la toma de declaraciones a última hora o archivó el expediente, sacando argumentos como la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción del delito y el principio de legalidad penal. Raquel Tribaldos Cuallado, magistrada del juzgado que instruye la querella de Carolina Martínez, decidió paralizar su declaración “sin ningún tipo de explicación jurídica”, según la abogada, ya que los informes requeridos habían sido entregados en tiempo y forma, uno de ellos de Arqueantro, la organización científica encargada de la exhumación de José Manuel Elias Murcia Martínez realizada en 2018, y otro del Archivo Histórico Nacional. Ante tal panorama, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina denunció que “Carolina Martínez ha vuelto a ser revictimizada, porque la esperanza de poder acercarse a la justicia se debilita el ejercicio de reparación que para ella supondría exponer ante una jueza lo que ha representado para ella y los suyos el asesinato de José Manuel Elías Murcia Martínez se aplaza”.

Carolina, a sus 70 años, se siente desconcertada. En su memoria se hunde la historia familiar que las ha marcado de generación en generación. “De pequeña dormía con mi abuela, Carolina Ródenas Ortiz, porque no era muy grande la casa, y ahí por las noches me iba diciendo algunas cosas. Yo le preguntaba que por qué no estaba el abuelo, y ella me decía que no podía estar con nosotros”, cuenta, y desde siempre, por información que consiguieron por su cuenta, supieron que el cuerpo estaba en alguna fosa del cementerio de Paterna, considerado como “el paredón de España”, ya que allí se fusilaron a 2.238 personas llegadas desde 191 pueblos de Valencia. Uno de ellos era José Manuel Elías Murcia Martínez, otra víctima de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) que aún languidece en los sombríos rincones de la memoria.

 “Mi abuela siempre dijo que estaba en la fosa 94, pero todo eran habladurías, no sabíamos nada con seguridad”, reitera Carolina. Tras años de silencio y miedo, la nieta comenzó a hablar, refugiada en sus dos hijos y su marido. En 2016 se enteró de que había excavaciones en las fosas comunes de Paterna y  empezó con el trabajo de ADN con los antropólogos y arqueólogos. Se juntó con otros familiares, armaron una asociación, el Estado les otorgó una subvención y en mayo de 2024 se decidió a presentar una querella. Para entonces, los restos de su abuelo ya habían sido exhumados, en 2018, e inhumados en Castellón en 2022, tras ser identificados genéticamente. “A los restos de mi abuelo los pudimos poner junto a mi abuela; era lo que ella quiso. Me siento orgullosa como nieta de haberlo hecho”, se emociona Carolina Martínez.

Cada excavación comprende un acontecimiento de emotividad y de memoria histórica. A las excavaciones, por ejemplo, concurren familiares llevando mechones de pelo que conservan de sus parientes para colaborar en la identificación. En la provincia de Valencia —fue capital de la República entre 1936 y 1937 y verdadero reducto anfifascista— se realizaron 2.980 sentencias de pena de muerte a partir de abril de 1939; una muy buena parte de ellas, 2.238, se ejecutaron en Paterna, desde 1939 a 1956. A los traslados y tandas de fusilamientos los llamaban “sacas”: los tiraban como basura a las fosas, luego le echaban cal a los cuerpos. En las excavaciones se han encontrado cadáveres en las posiciones más extrañas, en un caos horrorífico. Y “objetos asociados”, como ropa, carnets, sogas. 

Hace un tiempo, los familiares de las víctimas visitaban las fosas y se organizaban en asociaciones para darles un entierro digno, y sacarlos del amontonamiento. Pero las excavaciones están siendo cada vez más discontinuas e irregulares. “El daño que causaron se tiene que pagar. Yo, como familiar, quiero saber toda la verdad. Los asesinos de mi abuelo vivieron muy bien durante décadas, pero nosotros hemos sufrido el miedo, la miseria, muchas desgracias, la libertad vigilada, porque mi abuela y mis tíos sufrieron también la cárcel. A mi abuelo lo desaparecieron sin dejar rastro y cuando te vas haciendo mayor te das cuenta de que todo esto hay que sacarlo a la luz. Y con esta nueva demora de la justicia siguen jugando con nuestros sentimientos, pero no tenemos que bajar los brazos”, reflexiona, en un largo compás de espera, que, más allá de todo, no renuncia a la perseverancia por la condena de sus verdugos. 

 

 

 

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