Dolor verde

 

Desde que asumió el actual gobierno estamos presenciando un “cientificidio”, tal como explican Liaudat y Bilmes y como ha denunciado la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. Este, sin embargo, no puede comprenderse del todo fuera del contexto del “industricidio” en marcha: una caída del 21% en la producción industrial respecto del año pasado, motivada por la apertura de importaciones, la baja en el consumo originada en el retraso salarial y el retraso cambiario, entre otros factores. Un ejemplo lamentable de esta dupla es el que analizamos oportunamente para el sector yerbatero y cuyo pronóstico se corroboró: la apertura indiscriminada de importaciones y el desplazamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate no derivaron en una disminución de los precios al consumidor y en mejoras para el sector, sino todo lo contrario: caída del consumo interno, disminución de exportaciones y empeoramiento de la relación precio al productor/precio de góndola, tal como explica el CEPA en su reporte. Aquí  advertimos un nuevo caso de cientificidio e industricidio combinados que tiene como protagonista la naciente industria del cannabis medicinal. 

 

 

Del punitivismo a la salud pública

La domesticación de la planta de cannabis ocurrió hace unos 14.000 años en Asia y desde entonces fue empleada por varias culturas para diversos usos terapéuticos, entre ellos, el dolor, la epilepsia y los espasmos. A mediados del siglo XX, Estados Unidos y luego otros países prohibieron el cannabis debido a su contenido de tetrahidrocannabinol (THC), un componente psicoactivo (pero sin dosis letales comprobadas), impidiendo el desarrollo de sus aplicaciones en la medicina moderna. Sin embargo, durante este período el uso popular del cannabis con fines medicinales no se detuvo y, en los últimos años, asociaciones civiles en todo el mundo comenzaron a reclamar por un ordenamiento normativo de su utilización con fines medicinales. En la Argentina, impulsada por el activismo de ONG como Mamá Cultiva, entre otras, la demanda social llegó a un clímax tal que derivó en que entre el 2020 y el 2023 se concreten una serie de iniciativas legislativas y gubernamentales que no sólo apuntaron a satisfacer esa demanda desde la salud pública, sino que también motorizaron la apertura de emprendimientos productivos con fuerte impronta de innovación tecnológica. 

La sanción de la Ley 27.350 en 2017 estableció la regulación de la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, y a partir de la sanción de su decreto reglamentario N.º 883 del 2020, organismos científicos y técnicos del Estado nacional fueron convocados para hacer realidad la puesta en práctica de la ley. Gracias a esta ley, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y las Universidades Nacionales iniciaron cultivos de cannabis con fines de investigación médica y científica; el Instituto Nacional de Semillas (INASE) comenzó a regular la producción y manejo de las semillas; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) avanzó en la regulación de especialidades de grado farmacéutico o cosméticas para que los pacientes con indicación médica pudiera adquirir derivados de cannabis; y se creó el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), en el que se inscriben los pacientes con indicación médica interesados en obtener la autorización de cultivo. 

En un paso legislativo más, se sancionó en 2022 la Ley 27.699, que establece el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal e industrial (cáñamo). Dicha ley complementa el impulso dado por la 27.350 a la investigación científica, ya que promueve el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial. Además, crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), un organismo novedoso y enfocado en regular, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados, y que alberga en su estructura a representantes de todos los organismos mencionados anteriormente. 

Estas dos leyes y otras legislaciones provinciales y regulaciones menores cambiaron por completo el ecosistema argentino con relación al cannabis medicinal: se salió del tradicional paradigma punitivista/prohibicionista para instalar el tema en el ámbito de la salud pública, se comenzó a responder formalmente a una demanda histórica, se articuló dicha demanda con la sociedad civil, usuarios, pacientes, organismos científicos, tecnológicos y regulatorios, y se creó un ordenamiento legal para el desarrollo de un nuevo mercado con fuerte impronta de innovación tecnológica. 

 

 

Ciencia y tecnología para atender demandas concretas

Organismos como el CONICET reaccionaron rápidamente al nuevo entorno normativo: la Red de Cannabis de Uso Medicinal e Industrial (RACME) creada en el 2020, por ejemplo, nucleó a especialistas del organismo y de las universidades nacionales para generar conocimiento y transferencia de tecnologías y canalizar la demanda de servicios, laboratorios y equipamientos requeridos por el sector público y privado. 

Esta iniciativa tuvo una impronta federal importante. Por ejemplo, en el Centro Nacional Patagónico (CCT CONICET-CENPAT, Chubut) se creó en el 2020 el Programa Interdisciplinario de Cannabis, que llevó adelante líneas de investigación y transferencia sobre cannabis medicinal como respuesta a la creciente demanda de la sociedad y del sistema público de salud de contar con aceites seguros y de calidad. También se trabajó en el desarrollo de un paquete tecnológico que incluye desde la producción de cannabis medicinal con seis variedades propias registradas por CONICET ante el INASE, procesos de cultivo y cosecha, elaboración de fitopreparados, técnicas de laboratorio, medición química de cannabinoides y control de calidad final, a disposición tanto para el sector público como para pymes locales interesadas en instalarse en un mercado naciente. 

En línea con lo realizado en otros centros del CONICET, el Programa de Cannabis Medicinal del CENPAT, junto al hospital local, llevó adelante ensayos clínicos que permitieron el reemplazo de analgésicos tradicionales por fitopreparados con calidad certificada, disminuyendo el dolor y mejorando la calidad de vida de los pacientes. Además puso a punto los laboratorios y el equipamiento existente para ofrecer ensayos de calidad abiertos a la población, atendiendo así una demanda creciente en cuanto a la calidad de los extractos, desarrolló variedades con cualidades químicas conocidas y asesoró a productores y gobiernos provinciales en materia de  producción de cannabis medicinal. En resumen: en pocos años se modificó el marco legal, se reorientó el sistema científico tecnológico local, se estimuló al sector privado de manera concreta, y el resultado fue una disminución real (científicamente mensurable) del dolor de los pacientes, tal como lo demuestran los primeros ensayos clínicos, y la generación de valor agregado en la cadena de valor del cannabis.

 

 

El sector privado en la industria del cannabis medicinal

Hasta diciembre de 2023, podríamos caracterizar a la industria nacional del cannabis como un negocio aún incipiente, pero con una serie de actores sentados en mesas de diálogo e implementación de proyectos en distintas provincias. El desarrollo del sector sólo se ha disparado en países que llevaron adelante una agenda de legislación y regulación que migra del paradigma punitivista/prohibicionista al de la salud pública. Ejemplos como el de Canadá y Estados Unidos en el norte desarrollado y el de Colombia, México, Paraguay, Uruguay y la Argentina en la región son paradigmáticos en ese sentido. Por motivos de escala de las inversiones, el mercado cannábico está integrado por una decena de empresas transnacionales, principalmente de Estados Unidos y Canadá, cuatro de las cuales cuentan con presencia en América Latina y una tiene una representación en Argentina. La industria cannábica es una oportunidad para el país en tanto y en cuanto que el escenario más frecuente es de crecimiento y expansión, tanto en el país como en el exterior, sumado a que el sector científico y tecnológico ha desarrollado un paquete tecnológico concreto (y posee capacidades para seguir avanzando en agregar valor a los productos), y que la diversidad climática ofrece un abanico de posibilidades para eficientizar los cultivos y sus derivados. En este sentido, el rol de los organismos reguladores, que para este caso son la ARICCAME, el INASE y la ANMAT, es fundamental para potenciar y proteger las inversiones locales. 

De acuerdo con un estudio realizado por García Bernado, Lettieri y Mattos, la Argentina enfrenta una competencia internacional que crece a medida que las legislaciones nacionales avanzan legalizando e incluso promoviendo el desarrollo de los distintos niveles de la cadena productiva, a lo que se suman restricciones al comercio mundial del cannabis, dominado aún por una legislación prohibicionista y sin experiencias de comercio internacional relevantes. No obstante, los autores destacan que nuestro país cuenta con ventajas, como una sólida experiencia en incorporar valor a productos agroexportables como la soja, su ventaja histórica para la producción primaria a menor costo, una presencia importante de tecnología agrícola, un sector científico-tecnológico capaz de resolver problemas de innovación, un sistema de trazabilidad y contralor avanzado y un mercado interno creciente y de gran tamaño moldeado por un sistema médico extendido. 

 

 

Del punitivismo a la salud pública y vuelta atrás

Los avances descritos arriba chocan de lleno con las políticas anunciadas por Patricia Bullrich. A sus múltiples víctimas (mapuches, docentes, jubilados, sindicalistas) se suman ahora los pacientes y usuarios y la industria cannábica. La ministra de Seguridad comentó en una entrevista reciente la voluntad de dar de baja el REPROCANN, “empezando de cero” con el objetivo de “combatir el narcotráfico”. “Es ley el cannabis medicinal, no el desvío de marihuana hacia el mercado ilegal”, enunció Bullrich sin presentar ni una mínima prueba o investigaciones que sustenten sus dichos. Inclusive si hubiera tales casos, no serían en absoluto justificación para dar de baja los 300.000 permisos del sistema, afectando directamente la salud de una importante fracción de la población. Esto forma parte de un modus operandi del gobierno de estigmatizar, utilizando casos de mal manejo o corrupción, reales o ficticios, para avanzar sobre lo público y la sociedad civil con voluntad de destrucción.

A esta reedición del punitivismo, en el gobierno de Milei se suman:

1. El desfinanciamiento notorio de los programas de ciencia y tecnología abocados al cannabis medicinal, tanto desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) como desde el CONICET.
2. La desaparición de políticas de incentivo a los productores que comenzaban a ocupar posiciones en el mercado.
3. La intervención y virtual congelamiento de la ARICCAME, que al no extender permisos a emprendimientos en marcha genera un lucro cesante a inversores que, de buena fe, habían decidido invertir grandes sumas en proyectos productivos en cannabis medicinal desde el año 2021.

El combo es explosivo, y tira por la borda años de avance de distintos sectores para articular una respuesta a una demanda sanitaria concreta. Paradójicamente, las autoridades de la SICyT enarbolan el manoseado discurso utilitarista, jactándose de que sólo financiarán “ciencia al servicio del desarrollo del país”, y todo lo demás es politiquería, agenda “woke” y gasto público innecesario. Si aceptamos por un momento ese mantra descabellado, los programas de cannabis medicinal deberían haber pasado un 2024, recibiendo mayor financiamiento público-privado, apoyo institucional, impulso a los organismos de regulación, respaldo a los grupos de investigación involucrados en el tema, etc. Pero lo que ocurrió es todo lo contrario: toman medidas que sólo destruyen la industria, el empleo de calidad, y las capacidades de articulación público-privadas.

Así como la destrucción del sistema productivo puede ser contada desde la óptica de la innovación científica y tecnológica, o bien desde la óptica del sector industrial, creemos que ambos sectores deben encontrarse en el reclamo y en el diseño de un futuro mejor para nuestro país, donde el foco esté en el desarrollo local, la utilización de nuestro potencial para la generación de divisas mediante la innovación y la generación genuina de empleos de calidad.

 

 

 

 

* Rolando González-José es antropólogo biólogo, investigador del CONICET y ex-director del CENPAT; Gregorio Bigatti es biólogo, investigador del CONICET, director del Programa Interdisciplinario de Cannabis del CENPAT, y Mariana Lozada es bióloga, investigadora del CONICET, coordinadora de Química del Programa Interdisciplinario de Cannabis del CENPAT.

 

 

 

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