Hay que pasar el infierno

 

Sólo por la hegemonía ideológica muy fuerte del poder económico concentrado sobre amplios sectores de la población, se puede lograr instalar la idea de que “lo están logrando”, es decir, que el plan económico mileísta está dando frutos positivos y permanentes para la economía.

Hace pocos días, un grupo de 36 gremios de la CGT y la CTA ha reclamado con claridad la actualización metodológica de las mediciones de precios del INDEC, que, como ya se ha señalado, están registrando una inflación artificialmente más baja que la que realmente ocurre.

Por ejemplo: la inflación de enero oficial fue del 2.2%, pero el subgrupo de servicios registró un incremento del 3,8% y los precios de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” subieron el 4%. Son precisamente estos gastos los que el INDEC vino subestimando durante 2024, y que arrojarían un resultado inflacionario mayor que el actual. La “hazaña” mileísta, aceptando incluso la errónea metodología actual, arrojó un 84,5% de inflación durante 2024, que en la muy destruida y construida percepción social, sería mucho más baja  que el “insoportable” 25%  anuales de inflación registrado en algunos de los peores años de la gestión de Cristina Kirchner.

En cambio, en lo único que realmente le importa al gobierno, que es lo financiero, se expresaron turbulencias que denotan un mayor clima de incertidumbre en el sector.

Desde el  9 de enero y hasta la segunda semana de febrero, las acciones que cotizan en Bolsa cayeron cerca de un 20%, un número apreciable que no se asemeja a una de las tradicionales “toma de ganancias”. Se parece más a una retirada por parte de los inversionistas de cierto mercado financiero, para buscar otros activos con mayores perspectivas de rentabilidad.

El riesgo país, que había registrado una baja significativa en enero, se movió hacia una zona que refleja mayor incertidumbre. Hasta mediados de febrero creció un 16% (de 580 a 675 puntos).

La baja de las retenciones a las exportaciones agrícolas que realizó Caputo recientemente, urgido por conseguir dólares retenidos internamente parar sostener la política cambiaria, promueve la suba de precios internos. Ya en la primera semana de febrero, tanto en carne como en panificados, se observaron importantes aumentos.

Pero frente a la realidad no hay magia, ni control perfecto de las redes: el malestar salarial que expresaron en esta semana efectivos de la Gendarmería habla de una realidad social que diverge cada día más de las estadísticas y los discursos oficiales.

 

 

Dólar atrasado o precios adelantados

Vale detenernos por un momento en la puja interna de los sectores dominantes en Argentina: devaluar o no devaluar.

Hay dos datos objetivos que parecen incontrovertibles:

1. que la devaluación de diciembre de 2023 que Milei realizó para restaurar la “competitividad” de la economía se evaporó completamente.
2. que el efecto económico global del “amigo” Trump, con sus aranceles del 25% al acero y al aluminio de todos los países, y sus políticas comerciales agresivas y proteccionistas, están acelerando la incertidumbre, la desglobalización económica y las devaluaciones competitivas. Es el caso de nuestro gran vecino y socio comercial. Se calcula que sólo con Brasil, en 2025, el déficit comercial será de 4.000 millones de dólares.

Con un tipo de cambio anti competitivo, y un escenario de mayores pujas comerciales globales, Argentina parece adentrarse en las aguas turbias del mercado mundial de 2025 con el casco del barco agujereado por una moneda local completamente desfasada de la realidad que la circunda.

Sólo un dato: los bancos de plaza le ofrecen a los ahorristas tasas de plazos fijos entre el 24/26%, suponiendo que se cumplirían las metas inflacionarias mileístas. Pero al mismo tiempo fijan para los préstamos tasas del 87% anual. Si bien el negocio de intermediación bancaria se basa en que haya un “spread”, una diferencia entre las tasas que cobran y las que pagan las entidades para que haya ganancias, esto no es un spread “normal”, sino un mega diferencial, que no refleja otra cosa que el riesgo percibido por las entidades financieras de que la inflación este año no será del “24/26%” sino mucho más alta, producto de un salto inflacionario. Pero, ¿por qué ocurriría ese salto, si todos están oficialmente embelesados con los prodigios del gobierno liberal libertario?

En el corto plazo, el único disparador imaginable para un brusco reacomodamiento alcista de los precios sería un salto cambiario. Eso es lo que está contenido en el 87% anual que piden los bancos para otorgar un crédito. Para fijar la tasa que le pagan a los ahorristas, “le creen” a Milei. Total, si hay algún problema, si le licuarán los ahorros a los pequeños ahorristas. Pero para dar créditos, en los que arriesgan perder capital, le creen al Fondo Monetario Internacional, que reclama con insistencia una devaluación. Y todos sabemos el comportamiento remarcatorio posterior a cualquier devaluación.

Esta semana el ministro Caputo fue consultado reiteradamente sobre el problema cambiario, y sostuvo que no era que el dólar estaba atrasado, sino que los precios estaban adelantados. Fue objeto de burla, ya que en materia de precios relativos todos están relacionados con todos, y elegir uno que sea parámetro es discutible. Sin embargo, entendemos que las palabras del ex Messi de las finanzas aluden a una situación sobre la que conviene reflexionar.

Lo que no entra en la discusión convencional sobre la carestía argentina en dólares es que existe, en la composición del precio final de todos los bienes que se transan en el mercado, un elemento relevante, que es la ganancia empresaria. En una economía de mercado ideal, en donde existe competencia perfecta, ese beneficio está acotado por la propia competencia, y tiene una dimensión “razonable”, con una incidencia no muy alta en el precio final.

En cambio, en la economía real, con monopolios y oligopolios, con abuso de poder en el mercado, con falta de transparencia por efecto de la inflación y otros factores, la ganancia empresaria es mucho más arbitraria y deja de tener límites objetivos: depende del poder del actor concreto en la economía en cada momento.

Esta aclaración viene a cuento porque las grandes empresas argentinas remarcaron sus precios durante 2023 y 2024 en base a un dólar imaginario, “estimado” por los gerentes financieros. En base a ese dólar imaginado se fijaron precios finales, desvinculados de la evolución de los costos reales. Los precios fueron fijados con amplios márgenes de arbitrariedad, pero siempre lo suficientemente altos para cubrir a las empresas de eventuales subas de costos y del dólar, y “equivocándose para arriba”, sobre todo en el caso de los sectores empresarios que tienen demandas “inelásticas”, es decir, consumidores que no pueden prescindir de sus productos más allá del nivel de precios.

En El Cohete, en los primeros meses de 2024, advertimos sobre esa situación, que era disimulada porque todavía el impacto de la gran devaluación de diciembre hacía que los precios, incluso conteniendo enormes ganancias, estuviesen competitivos en dólares.

A lo largo del año, y más allá de la errónea política cambiaria oficial, continuó la distorsión de precios, que siguen conteniendo rentabilidades completamente excesivas. No es meramente una avivada empresaria que no le incumbe al resto. Esas ganancias extra que están cosechando son a costa de los consumidores y de otras ramas productivas o comerciales. Son híper rentabilidades que finalmente redundan en un menor nivel de actividad económica por compresión del salario real, peor distribución del ingreso y baja competitividad externa del conjunto de la economía.

 

 

 

¿A quién le van a echar la culpa?

Si colapsara el programa de Milei-Caputo —con el apoyo externo del macrismo— en algún momento del año, la gran pregunta política será: ¿a quién le atribuiría la sociedad la responsabilidad de un nuevo fracaso económico?

Ni qué hablar que esta sociedad está profundamente fragmentada en muchos tipos distintos de votantes y de sensibilidades, con lo cual es muy difícil pensar en reacciones o interpretaciones que reflejen el comportamiento de macro-agregados homogéneos.

Además, nuestra sociedad está intervenida profundamente, en su pensamiento e intercambios, por el sesgo que la concentración económica da a la información y a la comunicación: punto a favor de la incomprensión colectiva de los fenómenos económicas y de la impunidad de sus protagonistas.

Y ni qué hablar que por un problema de despolitización, o de degradación del debate político, buena parte  del espectro partidario es incapaz de visualizar la relación entre las crisis económicas que ocurren y el comportamiento de los actores económicos influyentes. Sostenemos que la relación entre las políticas económicas en Argentina y el resultado de las mismas no son como las imagina el ciudadano común.

No ocurre como se piensa: el electorado vota un determinado programa, y luego el gobierno elegido trata de ejecutarlo, pero no sabe hacerlo, o lo traiciona. No está para nada elaborado, ni en la política, ni en el pensamiento académico, la complejidad del “co-gobierno” Estado-grandes empresas desde que se restauró la democracia en Argentina.

El co-gobierno no es un chiste. Existe. Alguien podría decir que en todas las sociedades capitalistas existe tal cosa, simplemente porque los Estados capitalistas no están contra el capital, sino que intentan regularlo de una forma u otra para que cumpla determinados objetivos sociales o nacionales.

Diversos autores, entre ellos Dani Rodrick, han estudiado las complejas y muy diversas formas de relación entre las grandes empresas y los gobiernos en diversos tipos de naciones periféricas, encontrando que no están asegurados los resultados de tal interacción. Pueden ser virtuosos o pueden significar la consolidación del atraso, según sea la calidad de la relación.

En el caso argentino, esa articulación existió estructuralmente, tanto en la etapa agro-exportadora como en la de industrialización mercado-internista. Pero a partir de la vuelta de la democracia, se agregó un nuevo problema que es la herencia directa de la dictadura cívico-militar. Desde el primer tramo del gobierno de Alfonsín, con Bernardo Grinspun como ministro de Economía, se pudo observar que la relación de fuerzas entre el Estado nacional y el poder económico había cambiado significativamente durante el denominado “proceso”.

Grinspun intentaba encauzar a la economía en una dirección tomando medidas “dirigistas” que en otro tiempo habían sido eficaces, pero resultaba que naufragaban ante las reacciones tanto productivas como financieras de las grandes corporaciones.

Estábamos en presencia de una nueva realidad. A la supuesta potestad de gobernar de los partidos electos en forma mayoritaria y democrática, le fue impuesta una doble restricción, con la cual convivimos hace 41 años, y que parece que no entra en la conciencia ni de las mayorías, ni de las dirigencias populares: 1) los condicionamientos políticos y económicos severos que genera el masivo endeudamiento externo, y 2) las restricciones de gobernabilidad que le imponen a las gestiones de todo signo los grupos económicos y sectores que manejan y regulan, desde la actividad privada, partes importantes de la economía.

Es una ficción sostener que los gobiernos democráticos, en Argentina, hacen lo que quieren. Los gobiernos neoliberales hacen lo que programáticamente quieren las grandes empresas (“los mercados”), con lo cual no tienen conflictos con los poderes fácticos. En todo caso, se encuentran con otros problemas de gobernabilidad económica que se derivan de las incongruencias estructurales de las propuestas empresariales. De esos gobiernos sí se puede decir que “hacen lo que quieren”, porque hacen con convicción lo que las diversas fracciones del capital les demandan.

El problema es más visible con los gobiernos que tienen alguna ambición política más allá del libreto pro-empresario.

Porque se encuentran con que efectivamente no manejan las principales palancas de la economía.

Los gobiernos con vocación popular, hasta ahora:

• No controlan en forma efectiva el comercio exterior porque no saben realmente cuánto exportamos en materia de hidrocarburos, minerales, productos agropecuarios y de la pesca. Salen las riquezas de nuestra economía en forma parcialmente registrada. La mayor o menor provisión de dólares a la economía la manejan las grandes empresas exportadoras.
• No captan en forma eficiente los flujos de dólares que circulan por el país, que son el instrumento fundamental que permite la dolarización y fuga de los excedentes económicos de las empresas locales y extranjeras, así como de los grandes ahorristas internos.
• No recaudan los recursos impositivos que corresponden según las leyes vigentes, porque hay vacíos en la legislación que permiten eludirla, y porque los organismos encargados de garantizar que se cobren los impuestos –incluido el Poder Judicial— no cumplen con sus funciones en forma eficiente. Por lo tanto se recauda, en definitiva, a la “gorra”, lo que desean pagar los privados.
• Al no recaudar lo que corresponde, los gobiernos no controlan sus propias cuentas públicas, y por lo tanto, o achican el gasto a los niveles que determinan “los mercados”, o tienen que endeudarse o emitir moneda en magnitudes tales que finalmente generan efectos inflacionarios.
• El Presupuesto Nacional, en vez de ser la condensación de las prioridades de gasto que los distintos sectores de la sociedad negocian en la arena parlamentaria, es el resultado que definen desde afuera los evasores impositivos y desde adentro, los acreedores internos y externos y los lobistas privados que actúan a través del sistema político.
• No pueden regular los precios, porque el Estado se desprendió de muchas empresas públicas que eran formadoras de precios, porque los organismos públicos capaces de controlar flujos relevantes de producción fueron desmantelados, y porque hoy el Estado no está en condiciones de sancionar a quienes violan los derechos de los consumidores. En caso de comprobarse flagrantes ilegalidades, difícilmente los culpables serán sancionados porque la Justicia –en claro alineamiento con la derecha social— no está dispuesta a acotar los abusos de los más poderosos.

En ese sentido, una forma de comprender con claridad qué es el gobierno de Milei, con la colaboración central de Federico Sturzenegger en esta tarea, es observar cómo favorece el debilitamiento estructural de las capacidades públicas de intervenir en los procesos económicos. Es grosera la forma en que este gobierno intenta que se agudice aún más la capacidad privada para modelar la economía y la sociedad argentina.

En síntesis: la realidad es que los gobiernos con algún sentido popular tienen muchas dificultades de gobernabilidad, porque parte de las decisiones económicas las toman los privados, que pueden llegar a neutralizar medidas racionales en función del bien común y erosionar la credibilidad de las políticas con sentido popular.

Lo que viene ocurriendo en los últimos 40 años es que el público tiende a responsabilizar en exclusiva a los gobiernos, al poder político, porque sigue inmerso en la ilusión de que con sentarse en el Ministerio de Economía y emitir resoluciones basta para conducir la economía.

Volvemos entonces a la pregunta: ¿quién va a ser el responsable si el gobierno capota?

No van a ser sus mandantes reales, el poder económico local y los grandes intereses multinacionales que quieren jugar en y con la Argentina, porque están invisibilizados por las razones arriba analizadas.

¿Será Milei, será Caputo el culpable? Sacrificar a Caputo serviría para preservar a Milei, aunque haya dicho que es el mejor ministro de Economía del mundo. No tiene ninguna importancia.

Pero también podría ocurrir que se culpe a la oposición por “obstruccionismo”. Eso podría parecer un chiste para cualquier persona informada de la notable cantidad de agachadas serviles —por parte de la oposición “centrista”— al poder que respalda a Milei. O que se demonice el limitado perfil opositor que ha asumido el kirchnerismo, que se circunscribe a la denuncia mediática y a la disputa parlamentaria, que ha sido neutralizada gracias al DNU 70/2023.

Cómo se hará para lograr la impunidad para quienes impulsaron y protagonizaron el actual experimento desastroso para el país es un tema político.

Lo que hoy sabemos con certeza es que en los experimentos neoliberales anteriores lograron la impunidad, ya que los chivos emisarios, en todos los casos, fueron el personal político, y jamás los beneficiarios materiales e impulsores reales de las experiencias antipopulares.

También sabemos que con el actual nivel de consciencia colectiva, podría volver a pasar lo mismo: que el malo de la película resulte ser un panelista libertario que pasaba por la calle y que “nos engañó a todos”.

Hay un gran trabajo pendiente, conceptual y político, que es que se logre perforar la capa más visible de la realidad institucional de cómo es gobernada la Argentina, para pasar a una comprensión superior, que permita abordar con más eficacia política los problemas de fondo de una democracia vaciada de contenido democrático.

 

 

 

 

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