Dignidades y bajezas

 

Con una actitud tan indeclinable como la renuncia que transmitía, apenas concluyó la feria judicial la abogada Mónica Fernández Avello comunicó al tribunal interviniente su salida de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio por delitos de lesa humanidad en curso en Bahía Blanca. Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría encabezada por el ex juez Alberto Baños no había designado reemplazante para conservar su rol en la principal megacausa en instancia de debate oral.

El escrito de la letrada renunciante —que continuará asistiendo a la querellante regional de H.I.J.O.S.— no olvidó la comprensión hacia “compañeros y compañeras que apremiados por la situación económica han decidido seguir con esta administración”, cuyas prácticas y discursos vinculó a los expresados por los represores sentados en banquillos virtuales. Esa coincidencia fue el motivo por el que interrumpió su vínculo con el Estado nacional el último día de 2024, en medio de una avanzada de despidos y presiones para acogerse a retiros voluntarios sobre el conjunto de la planta del área.

 

 

Los despidos de trabajadores y trabajadoras con quienes Fernández Avello se solidariza en su escrito se cuentan ya por cientos, incluyendo a profesionales que contribuyen al sostén de procesos largos y complejos en que es imprescindible no sólo la acción penal sino también la asistencia a víctimas que buscan finalizar una espera de justicia de medio siglo. Es ostensible que la embestida persigue más que el ajuste económico o el achicamiento del Estado.

 

 

En perspectiva

Desde que en 2011 reemplazó en la querella gubernamental a Víctor Benamo, que en el primer juicio bahiense preguntó a una víctima si había tenido participación guerrillera, Fernández Avello realizó un aporte singular: la perspectiva de género en el abordaje del fenómeno criminal del terrorismo de Estado en el sudoeste bonaerense y el norte rionegrino. El encuadre no tenía aún la aplicación extendida que iría adquiriendo en los años siguientes, con la ola feminista.

Es un ejemplo nítido de la importancia del ahora desguazado cuerpo de profesionales de la Secretaría de Derechos Humanos en el avance de causas de tal complejidad e importancia histórica. El de Fernández Avello fue uno de los principales aportes de las querellas a la investigación y enjuiciamiento en una jurisdicción en que los principales avances en la conceptualización penal habían correspondido en general a la fiscalía federal que con Hugo Cañón se opuso a las leyes de impunidad del alfonsinismo y los indultos del menemato e impulsó el Juicio por la Verdad y la reapertura de los procesos penales.

Incluso con esa histórica predisposición de resistencia e innovación, la acusación pública había omitido requerir la investigación y enjuiciamiento como delitos autónomos de aquellos perpetrados de modo sistemático por el esquema represivo contra la integridad sexual. Fernández Avello lo expuso al pronunciar su alegato en el juicio bahiense inaugural, que concluyó en el segundo semestre de 2012.

Contra la inclusión genérica de esos hechos en las torturas, Fernández Avello planteó que constituían delitos singulares y abrió otro plano de análisis del fenómeno criminal como la intersección de diversas formas de opresión. “La manera de infringir dolor habría tenido condimentos diferenciados cuando la víctima era una mujer”, señaló en 2012. Lo repitió un año más tarde, al finalizar el segundo juicio en Bahía Blanca.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia corroboraron la histórica disposición de sus antecesores no sólo a impulsar las acciones penales, sino también a explorar distintos abordajes del fenómeno criminal. En diciembre de 2013, días después del alegato de Fernández Avello, Palazzani y Nebbia ampliaron la imputación contra más de seis decenas de represores a los que pasaron a acusar por delitos sistemáticos contra la integridad sexual como hechos autónomos de las torturas.

Fue la primera presentación bahiense con tal innovación acusatoria, con dispar suerte en los estrados, que la resistieron primero y aceptaron parcialmente luego. Aunque tales prácticas delictivas se conocían desde los testimonios recogidos por la CONADEP en los ’80, existían pocos antecedentes nacionales de su juzgamiento como hechos incluidos dentro de la lógica represiva, pero autónomos de los tormentos. A fines de la primera década del siglo, el fiscal Federico Delgado había abierto una lectura en tal sentido y el Centro de Estudios Legales y Sociales impulsó una querella enfocada específicamente en las violaciones sufridas por una víctima de la ESMA. Recién en 2010, en Mar del Plata, llegó la primera condena. Para entonces, las causas bahienses ya habían sido instruidas y elevadas para los enjuiciamientos que se concretaron entre 2011 y 2013.

Consultado por El Cohete, el fiscal Palazzani consideró a la actuación de Fernández Avello como “fundamental” y agregó que “aportó siempre una mirada distinta y lúcida sobre las víctimas en estos procesos. Una indispensable”.

Alejandra Santucho, de la regional bahiense de H.I.J.O.S., enmarcó la renuncia de la abogada en coherencia con “su actuar en todos los años que transitó en los juicios, pero también con su carrera como abogada y como militante de todas las causas donde los derechos de los grupos más indefensos eran vulnerados”. Sobreviviente de la dictadura, hija y hermana de víctimas, Santucho relató que Fernández Avello trabajó en la querella gubernamental pese a que las contrataciones no empardaban a otros posibles honorarios. “Era un Estado que reparaba, al fin, años de impunidad”, agregó como razón para una convicción que ubicó como continuidad del camino trazado por profesionales cuyas ausencias siente la zona, como el fiscal Cañón, Mirta Mántaras o Noemí Labrune.

 

 

Acción y dicción

Por su cuantía de 36 imputados, el juicio bahiense —que se encuentra en etapa de alegatos, próximo a su finalización— es el mayor entre los 13 en curso en el país.

Como señala la notificación de renuncia de Fernández Avello al tribunal, un rasgo distintivo fue su tono acorde a la época presidencial. Desde el “lenguaje soez e indigno” con que los acusados han abandonado toda impostación de solemnidad castrense, hasta indicios firmes sobre la comisión de prácticas aberrantes en detención domiciliaria. La tónica común es que la acción o dicción del presente corroboran y extienden las acusaciones sobre el pasado, en particular en la materia más estudiada por la abogada de querella.

Uno de los hechos ilustrativos del clima de época fue reseñado ya por El Cohete. Tuvo como protagonista al militar y abogado Enrique Stel, a quien asiste el defensor Ricardo Saint-Jean, hijo del gobernador dictatorial bonaerense. Al finalizar una audiencia a la que había asistido por vía remota, pareció no preocuparse por su condición de imputado por delitos contra la integridad sexual:

–¡Impecable, doctor! Se lo culeó con la poronga muerta –dijo, ante el indignado estupor de la sala.

Las querellas y la fiscalía solicitaron una sanción, que no se produjo. Stel aludió impericia tecnológica y adjudicó la expresión a sus felicitaciones a un colega por su desempeño en otra causa. No sería menos grave: la agresiva metáfora sexual habría referido al caso de una magistrada renunciante a la que se objetaban resoluciones en expedientes que involucraban a menores abusados.

Peor fue lo ocurrido en torno a José Antonio Maidana. También militar retirado y enjuiciado en la megacausa, Maidana utilizó su declaración en el debate oral para emitir un discurso negacionista y ofensivo, que la fiscalía consideró agraviante y ultrajante.

Lo hizo desde la comodidad del hogar: en 2020, el tribunal le había concedido detención domiciliaria acreditando laxas condiciones etarias y de salud, como señaló la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense al rechazar la decisión. Maidana había estado prófugo durante tres años, no contaba entonces con la edad mínima para el beneficio, su estado de salud era bueno y no padecía hacinamiento carcelario, por lo que ni siquiera bajo la pandemia de COVID-19 su traslado hogareño resultaba admisible.

La detención domiciliaria del acusado se interrumpió en los últimos días del año pasado, cuando quedó nuevamente detenido en un penal. Esta vez, no fue por sus hazañas de medio siglo atrás, sino por conductas del septuagenario que es hoy: se lo investiga en una causa por abusos sexuales contra menores, en el marco de la producción de pornografía infantil.

 

 

 

 

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