Limpiar Gaza

 

En el año 1917 el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña, Arthur James Balfour, prometió al banquero judío Lionel Walter Rothschild un “hogar nacional” para los judíos en los lejanos territorios de Palestina. A pesar de su generosidad, Balfour no propuso establecer ese hogar en Escocia, que era su lugar de nacimiento. De igual modo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar su deseo de que los 2,5 millones de habitantes de Gaza sean trasladados a Jordania y Egipto. Con la misma retaceada generosidad de Balfour, no ha ofrecido la posibilidad de alojarlos en los Estados Unidos. Esta disposición a trasladar poblaciones sin contar con su consentimiento, como si de ganado se tratase, fue una característica de los gobiernos totalitarios del siglo XX. Los primeros deportados por Stalin fueron los cosacos del Don debido a su resistencia al régimen soviético durante la guerra civil rusa. Se estima que alrededor de 500.000 fallecieron como consecuencia de esos traslados en una población de tres millones de habitantes. En 1941 fueron los alemanes del Volga y otros germanos étnicos los que corrieron igual suerte. Se estima que más de un millón y medio de personas fueron deportadas a regiones inhóspitas como Siberia y Kazajistán. Entre 1943 y 1944 se procedió a la “limpieza” de nacionalidades dudosas por supuesta colaboración con los nazis en los territorios de Crimea y el Cáucaso. Más de 900.000 búlgaros, armenios, turcos, kurdos y tártaros fueron redistribuidos en Siberia, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. De modo que tanto Trump como Netanyahu pueden ahora, en este siglo XXI, inaugurar una nueva etapa de limpieza étnica para devolvernos al horror que creíamos haber superado. 

 

La primera operación de limpieza étnica en Palestina

El plan de partición de Palestina, diseñado en la ONU en 1947 por la influencia del imperialismo inglés, no fue muy equitativo. Concedía el 4 % de la tierra del Mandato británico de Palestina a los 1,25 millones de habitantes árabes nativos, al tiempo que los recién llegados colonos judíos —alrededor de 600.000— recibían el 55% de la tierra.  Este trato desigual explica por qué la población árabe no aceptó de buen grado que las grandes fincas de 400.000 árabes quedaran dentro de las fronteras del propuesto Estado judío. La guerra de 1948, iniciada por los árabes, facilitó paradójicamente la operación de “limpieza étnica” que ya estaba en los planes de los dirigentes sionistas. Como resultado, Israel amplió el territorio bajo su control hasta el 78%, es decir, tomó la mitad del territorio que la ONU había asignado a Palestina. Los estudios de historiadores judíos como Ilan Pappé, Beny Morris y Avi Shlaim, entre otros, prueban que las fuerzas israelíes utilizaron una diversidad de medios, entre ellos el terror, para provocar el desplazamiento de las poblaciones árabes. Se estima que 400 aldeas árabes fueron destruidas y que cerca de 700.000 habitantes se convirtieron en refugiados sin hogar. De acuerdo con las leyes internacionales, cuando las familias abandonan sus hogares por el temor de ser abatidas en el fragor de las batallas, una vez que cesa el fuego, tienen el derecho de regresar a sus tierras. Sin embargo, desde 1949, Israel se ha negado sistemáticamente a permitir el regreso de los refugiados. Se estima que el número actual de refugiados bajo la protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA) suma cinco millones y medio, que están dispersos en numerosos campamentos situados en Gaza, Jordania y Líbano. Por medio de la Ley de Propiedad Ausente de 1950, el Estado judío expropió el 40% de toda la tierra de propiedad árabe. Parte de esa tierra fue transferida a la Agencia Judía y al Fondo Nacional Judío, organismos que tienen prohibido transferir tierras a no judíos. Al mismo tiempo promulgó la Ley de Retorno de 1950 que permite a todo aquel que pueda probar su condición de judío, cualquiera que sea su lugar de nacimiento, a emigrar a Israel y obtener la nacionalidad. De modo que la política de pureza racial practicada por el Estado de Israel tiene larga data. 

 

 

La segunda operación de limpieza étnica

En 1967, acabada la guerra de los Seis Días, después de la conquista de Jerusalén Este, Moshé Dayán declaraba: “Hemos regresado a nuestros lugares sagrados. Hemos regresado para nunca separarnos de ellos otra vez”. El gobierno israelí promulgó una orden por la que dejaba de señalar la línea del armisticio de 1949 —conocida como la línea verde— en los mapas del país. Como consecuencia de su victoria, Israel se apoderó de la península del Sinaí, de los Altos del Golán y de la Ribera occidental (Cisjordania), incluyendo Jerusalén Este. La península del Sinaí debió ser devuelta como consecuencia de la guerra de 1973 y la intervención del Presidente norteamericano Jimmy Carter. Pero desde 1967, Israel inició una política de asentamientos ilegales en Cisjordania.  Según las denuncias de varias agencias de la ONU, la construcción de los asentamientos israelíes se ha realizado en numerosas ocasiones a costa del desplazamiento de palestinos y de demoliciones y expropiaciones sin indemnización de las tierras que ocupaban. Un sobrecogedor documental, titulado No Other Land, nominado al Oscar en 2024, muestra los violentos desalojos de palestinos y la destrucción de sus viviendas en Cisjordania. Se calcula que los asentamientos en Cisjordania han facilitado la presencia permanente de más de 600.000 colonos israelíes. Originariamente, los colonos sionistas de principios del siglo XX habían sido seculares socialistas, pero en la actualidad, la iniciativa ha quedado en manos de movimientos ultra-religiosos como Gush Emunim, que abrazan el mito de una nación eterna que debe reunirse en la tierra cedida por Dios al patriarca Abraham hace 2.500 años. 

El derecho internacional prohíbe la ocupación permanente del territorio ocupado militarmente. No obstante, en los Acuerdos de Oslo, Israel no aceptó detener la política de asentamientos. De allí que la comunidad internacional considere ilegales los asentamientos en las tierras ocupadas en la guerra de los Seis Días. Son numerosas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se han pronunciado contra la política de asentamientos (194/48, 242/67, 337/73, 446/79, 478/80, 3236/74). La más reciente es la Resolución 2334/2016 adoptada por el Consejo de Seguridad que reafirma “que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal”. También señala “su grave preocupación por el hecho de que la continuación de la política de asentamientos israelíes está poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967”. Esta era también la posición de Estados Unidos hasta que en diciembre de 2019 el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, anunció que su gobierno dejaba de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania. Nadie pone en duda que la presencia de tantos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Occidental convierte al territorio de Cisjordania en una suerte de queso gruyere, tornando imposible la solución de dos Estados. 

 

 

La posición de la ONU

El 18 de septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU adoptó por una holgada mayoría una resolución que exige a Israel “poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado”, otorgando un plazo de 12 meses para su cumplimiento. El texto se basa en una opinión consultiva que la Corte Internacional de Justicia emitió en julio y en la que subrayó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal, y que Israel tiene la obligación de cesar de inmediato cualquier nueva actividad de asentamiento y de evacuar a todos los colonos de allí. La Asamblea también “exige que Israel cumpla sin demora todas sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional, incluidas las estipuladas por la Corte Internacional de Justicia”, entre otras cosas retirando todas sus fuerzas militares del territorio palestino ocupado, incluidos su espacio aéreo y marítimo, y poniendo fin a sus políticas y prácticas ilegales, como el cese inmediato de toda nueva actividad de asentamiento, la evacuación de todos los colonos y el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel que están situadas en el territorio, y derogando toda la legislación y las medidas que crean o mantienen la situación ilegal.

La propuesta de Trump de trasladar a la población de Gaza a Jordania y Egipto es muy difícil que pueda ser implementada, pero explica el motivo que llevó al gobierno de Israel a bombardear y destruir en Gaza toda clase de edificios, incluyendo escuelas, universidades, mezquitas, hospitales y barrios enteros de viviendas. Tanto Jordania como Egipto han reiterado su conocida oposición a estos traslados, al igual que los dirigentes palestinos. Por consiguiente, estamos ante siniestros delirios de un Presidente torpe que demuestra una supina ignorancia acerca de los temas internacionales. En cualquier caso, es inadmisible que operaciones de limpieza étnica puedan ser reivindicadas públicamente. En otros tiempos, al menos, estas operaciones se hacían en secreto, buscando ocultarlas bajo falsos subterfugios. La nueva estrategia de Trump y Netanyahu demuestra que el deleznable y despreciable racismo étnico todavía anida con fuerza en el subconsciente de muchas de nuestras modernas sociedades. 

 

 

 

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